El día 28 de enero de 2023 se dio inicio a la jornada de trabajo con una denuncia por parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), lo anterior debido a la ausencia de los funcionarios de alto nivel del Ministerio de Hacienda y así como representantes de los Ministerios Públicos, en la Mesa de la transformación del Ordenamiento del territorio. Los delegados y su secretaría técnica Indígena de la CNTI, reclamaron al gobierno nacional el incumplimiento de los acuerdos definidos en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, y pidieron la presencia de dichos funcionarios para poder avanzar con el ejercicio de diálogo y concertación acordado.
El Movimiento Indígena colombiano ha sido reiterativo en la exigencia de la presencia de estas entidades del Gobierno Nacional y los ministerios públicos, ya que de ello depende que se garantice adecuadamente el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos Indígenas. Este espacio de consulta debe brindar los mecanismos de participación porque es un derecho constitucional, así mismo se deban respetar la autonomía de los Pueblos Indígenas, entre ellas las leyes de origen y la cosmovisión de los pueblos originarios.
En el marco de las discusiones, las Autoridades Indígenas, resaltaron la importancia de comprender el enfoque diferencial establecido por la Corte Constitucional de Colombia para los espacios de diálogo y concertación de Gobierno Nacional a Gobierno Indígena. El territorio para los Pueblos Indígenas va más allá del pensamiento y la conceptualización que se tiene desde occidente, conceptos que por lo general clasifica a los pueblos Indígenas como sectores de economía campesina, sin tener en cuenta o desconociendo las particularidades ya características sociales, económicas, políticas, culturales y espirituales que diferencian a los pueblos originarios del resto de la sociedad colombiana.
A pesar de esta situación, se logró avanzar con el ejercicio de concertación, lo que permitió desarrollar varias propuestas de acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. Acuerdos que se espera que en el marco de este proceso de construcción del PND 2022-2026 se convertirán en ley o instrumentos normativos. Dentro de estos acuerdos se encuentra el Sistema de Información Geográfica (SIG), es decir, el Gobierno Nacional se comprometió a fortalecer dicho sistema de información con el que cuenta la CNTI así como los sistemas de información propios de las organizaciones nacionales, regionales y locales de los Pueblos Indígenas.
Asumiendo todo lo que tiene que ver con las garantías financieras, técnicas, tecnológicas, operativas, talento humano. En ese orden de ideas se deberá resolver situaciones como el acceso a la toma de decisiones y construcción de políticas públicas que sean necesarias. De igual modo, se acordó que los sistemas estarán administrados por los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.
En dicho articulado, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI, expresó la necesidad de que el Gobierno Nacional se comprometa a cumplir con unas competencias específicas adicionales a las responsabilidades del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y de este modo se pueda resolver cualquier situación en relación con dichos Sistemas de Información de los Pueblos Indígenas.
Por otro lado, en el espacio se contó con la participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), por lo que las Autoridades Indígenas manifestaron la importancia de que el gobierno de Gustavo Petro, garantice los recursos y la oferta institucional para implementar los proceso de reparación colectiva para el retorno, las reubicaciones, la restitución de derechos territoriales y los planes de salvaguardas para las comunidades, pueblos, grupos indígenas y víctimas del conflicto armado del país.
Desde esta entidad manifestaron que vienen avanzando en una ruta que espera poder atender el rezago histórico de los 372 procesos que se encuentran en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva dentro del PIRC (Plan Integral de Reparación Colectivo), teniendo en cuenta que los planes de retorno están en cabeza de las entidades territoriales, con el objetivo de cumplir con la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4633 de 2011.
Además, se discutió la política pública de territorios y territorialidades indígenas. Donde se crearán e implementarán mecanismos y disposiciones especiales para garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, con el fin de modificar, adicionar o suprimir trámites, normas, procesos, procedimientos, sistemas de información y requisitos relacionados con la formalización, seguridad jurídica, acceso a tierras, procesos agrarios especiales, protección a sitios sagrados y territorios ancestrales, ratificación de la vigencia de los títulos de origen colonial y republicano, entre otros derechos territoriales, conforme a un esquema diferencial regulado por el Gobierno nacional en concertación con los pueblos indígenas.
Posteriormente, se mencionaron los derechos ancestrales, territoriales, colectivos y las salvaguardas para la pervivencia física y cultural de los cuatro Pueblos Indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Mata, conocida como “el corazón del mundo” en el marco del Decreto Ley 1500 de 2018. Esto incluye la protección del territorio ancestral de la Línea Negra, con el acceso, protección y el saneamiento o recuperación del sistema de espacios sagrados del territorio tradicional y ancestral, teniendo en cuenta el conocimiento ancestral de estos cuatro Pueblos Indígenas.
Desde este espacio, continuamos trabajando en las mesas de diálogo y concertación de Gobierno a Gobierno para abordar temas de gran importancia para los Pueblos Indígenas, especialmente en lo que respecta a los derechos y la seguridad jurídica de los territorios. Por eso es esencial que el Gobierno Nacional se comprometa a cumplir con todo lo que se viene concertando.
¡Defender los territorios es defender la vida!
