19 de febrero de 2021
El estudio realizado en Colombia, Brasil, Perú, Indonesia y República Democrática del Congo, concluyó que sus Gobiernos están dando prioridad a la reactivación de las economías afectadas por la pandemia, mediante la implementación de políticas que favorecen la desregularización de las actividades extractivas y que ponen en riesgo la vida misma de los pueblos indígenas y de la vida silvestre.
La ONG Forest Peoples Program compartió el pasado jueves 18 de febrero el informe “Retroceso de las salvaguardias sociales y medioambientales en nombre de la COVID-19″, que realizó con el apoyo de Land Portal, las universidades de Yale y Middlesex, The Tenure Facility y el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). El documento da cuenta de cómo los Gobiernos de cinco países están priorizando la expansión de los sectores de energía, infraestructura, minería, tala y agricultura industrial, tanto en territorios indígenas como sus adyacencias.
Según Cathal Doyle, líder de programa y becario Leverhulme Early Career Fellow en la facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, los entes de Gobierno no están haciendo cumplir la legislación nacional o el derecho internacional que prohíben el acaparamiento de tierras. Por el contrario, han estado desarrollando políticas de uso de la tierra y de ordenamiento territorial potencialmente dañinas, que violan los derechos de los pueblos indígenas. Esto se vería reflejado en que, a pesar de la desaceleración económica general en época de pandemia, la deforestación está en aumento y es probable que empeore en 2021.
El caso de América Latina
Respecto a la situación actual de Brasil, Bivyane Rojas Garzón, abogada y coordinadora del Instituto Socioambiental (ISA), expresó que si bien la deforestación es un proceso que se viene dando desde hace muchos años en el país, ha aumentado considerablemente en épocas recientes y el 80% de estos procesos han sido adelantados en territorios indígenas.
Agregó que se debe principalmente a una expectativa de cambio de la legislación dirigida por el Gobierno de Jair Bolsonaro, quien haciendo uso de actuaciones administrativas como la desregulación, el desmantelamiento de políticas públicas, el debilitamiento de los órganos públicos relacionados con los pueblos indígenas y con la protección de los bosques amazónicos, ha desmoralizado los territorios y ha abierto paso a la desforestación para monocultivos masivos en zonas de reserva. Además, ha habido cambios en las agencias especializadas en conservación ambiental y la creciente participación del Ejército en la atención a posibles crímenes ambientales, ha implicado la ejecución de muchos más recursos públicos con una efectividad menor, ya que no cuenta con la experiencia específica para atender dichos escenarios.
Por Colombia participó Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco, ecólogo y secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). En su reflexión dejó claro que uno de los problemas que enfrenta el país es el cambio en la legislación sobre los terrenos baldíos. “La dinámica que se presenta es que se despoja a las comunidades indígenas de sus territorios aduciendo que no están siendo utilizados y que por lo tanto son baldíos, para posteriormente ser entregados para su explotación a multinacionales”, dijo.
Los territorios que han sido despojados son aquellos que no cuentan con seguridad jurídica, falencia que se debe, entre varias razones, a obstáculos de tipo administrativo, debido a que el Gobierno actual sostiene como excusa que todos los esfuerzos están concentrados en hacerle frente a la pandemia y que por lo tanto no se puede dar respuesta a las solicitudes de formalización de los territorios.
Otro punto a tener en cuenta según lo manifestado por Camilo Niño, es cómo se ha desdibujado el sentido y el fin del derecho fundamental a la consulta previa, ya que se está reduciendo a un procedimiento para otorgar licencias ambientales. El Gobierno no ofrece garantías para este derecho y ejemplo de ello es la propuesta de consultas previas virtuales a pesar de que el 83% del territorio colombiano no cuenta con buena conectividad.
En su intervención resaltó la grave vulneración de derechos humanos que representa el alarmante número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales desde la firma del AFP, de los cuales, la tercera parte corresponde a representantes de las comunidades indígenas. Así mismo, señaló el impacto por las muertes por covid-19 en los pueblos indígenas, debido a la falta de atención en salud en los territorios, que ha cobrado la vida especialmente de mayores, quienes conservan la sabiduría ancestral, la guía espiritual y la cultura de sus pueblos.
Para el contexto de Perú, Cathal Doyle, de la Universidad de Middlesex, expuso que como en otras partes del mundo, el mayor problema que enfrentan comunidades indígenas es la deforestación para las explotaciones de petróleo que ha arrasado sin más con zonas protegidas. El Gobierno local ha sugerido que el petróleo debe adelantar la reactivación económica del país y en estas discusiones no tiene en cuenta a los pueblos originarios ni las graves amenazas que esto significa para la diversidad natural y el equilibrio ambiental.
El caso del Sudeste Asiático
Para el contexto de Indonesia, Rukka Sombolinggi, secretaria general de Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN, por sus siglas en indonesio), planteó que los 50.000 pueblos indígenas, que cuentan con más de 52 millones de hectáreas en el archipiélago, están siendo explotados por los poderes económicos pues no han sido considerados.
Agregó que “actualmente se han presentado unas reformas legislativas que se muestran ante la opinión pública como fuentes para generar empleo, pero lo que realmente buscan es promover la inversión extrajera en Indonesia y reducir las pocas salvaguardas que existen para proteger los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente”. De aquí la importancia de reconocer y fortalecer las acciones que llevan a cabo las comunidades indígenas para la conservación, ya que a pesar del rol clave que estas tienen para la protección de la vida silvestre, siguen siendo invisibles para la sociedad y para un modelo económico que excluye sus formas de organización y de entender la vida.
Conclusiones durante el lanzamiento del informe
Desde cada una de las experiencias hubo un punto en común, la importancia indiscutible de garantizar la seguridad jurídica de los territorios y el reconocimiento de las acciones que llevan a cabo los pueblos indígenas para la conservación, siguiendo su conocimiento ancestral, pues es un factor clave para enfrentar la crisis climática. De igual manera, la necesidad de exigir a los Estados y sus respectivos gobiernos que eliminen la unilateralidad a la hora de plantear proyectos que impliquen la intervención de los territorios, pues debe haber un diálogo permanente con los pueblos indígenas y respetarse el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
