No a la Reforma Agraria vía Plan Nacional de Desarrollo

Se pretende incluir una contrarreforma agraria en el Plan Nacional de Desarrollo

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Las organizaciones, procesos y congresistas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por el respaldo que el gobierno nacional le ha dado a tres proposiciones presentadas por el Senador Ciro Ramírez y los representantes Wadith Manzur, Yamil Hernando Arana y Erasmo Zuleta, para introducir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 una Reforma al Régimen Agrario de la Ley 160 de 1994, que contienen disposiciones lesivas y regresivas para los derechos de las poblaciones más vulnerables del campo colombiano.

Por esto, solicitamos al Ministro de Agricultura, así como a los ponentes del proyecto de ley, que dichas proposiciones no sean avaladas ni incluidas en el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo que se adelanta en el Congreso, sustentando nuestra petición en las siguientes razones.

Los baldíos son bienes públicos destinados a campesinas y campesinos sin tierras o con tierra insuficiente, que por sus condiciones de pobreza y marginalidad deben ser reconocidos por el Estado como sujetos de reforma agraria con el fin de garantizar el mandato constitucional de acceso progresivo a la tierra, reiterado por la Corte, que ha ordenado que toda modificación a su régimen de adjudicación debe orientarse a cumplir con esa finalidad constitucional. Pero dicha finalidad se ve gravemente comprometida con las proposiciones radicadas, ya que con éstas se pretende reformar la Ley 160 de 1994, así:

1. Creando un nuevo mecanismo judicial de “reconocimiento de expectativas legítimas” para acceder a la propiedad de los baldíos. Este procedimiento otorgaría facultades a jueces para legalizar la propiedad de baldíos en favor de pocos dueños, distintos a los sujetos de reforma agraria porque no cumplieron en ningún momento con los requisitos de la Ley 160 de 1994, y sanearía actuaciones que de forma ilegal han conllevado a la ocupación irregular y acumulación indebida de estas tierras en extensiones muy superiores al límite establecido a través de la Unidad Agrícola Familiar – UAF.

2. Reformando el artículo 48 sobre el procedimiento de acreditación de la propiedad privada, que permitiría validar las prescripciones de dominio sobre baldíos que se hubieran hecho con anterioridad al año 1994, contrariando la legislación agraria que ha protegido los bienes públicos rurales desde inicios del siglo anterior, y las ordenes de la Corte Constitucional sobre el inventario de baldíos y el Plan Nacional de clarificación de propiedad rural para adelantar programas de Reforma Agraria, necesarios para disminuir las brechas de desigualdad en la tenencia de la tierra rural (Sentencia T – 488 de 2014).

3. Reformando el artículo 72, que establece el régimen de adjudicación de baldíos y las prohibiciones de su acumulación, pues introduce excepciones para legalizar la acumulación indebida de baldíos a partir del año 1994, en favor de personas naturales y jurídicas que adelantan actividades de utilidad pública, es decir, minería y zidres. Esta reforma, además de evadir la priorización de sujetos de reforma agraria en la política de acceso y formalización de tierra, favorece situaciones fraudulentas y desvirtúa la función social y ecológica de la propiedad.

Finalmente, nos oponemos a estas propuestas porque no es muestra de buena fe del gobierno que, faltando menos de un mes para la finalización del trámite del Plan Nacional de Desarrollo, se avalen reformas estructurales para la ruralidad que no habían sido siquiera contempladas, y que no cuentan con ningún tipo de socialización con los sectores afectados, es decir las comunidades rurales del país. Más aún cuando acaba de culminar la Minga de suroccidente en la que comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas alzaron su voz para reivindicar los derechos que no les han sido garantizados, además:

– Ya que las disposiciones propuestas podrían afectar abiertamente derechos territoriales de comunidades indígenas y afrocolombianas, se requeriría adelantar un proceso de Consulta Previa con las comunidades étnicas del país. Sin este requisito el proyecto de ley estaría viciado de inconstitucionalidad1.

– Estas reformas implicarían una limitación para las expectativas de acceso a tierras en condiciones de dignidad que las comunidades campesinas están exigiendo, a través del reconocimiento de su igualdad

material, pues constituyen una grave regresión en la protección de sus derechos.

POR LO ANTERIOR REITERAMOS NUESTRA SOLICITUD PARA QUE ESTAS PROPUESTAS, TAN LESIVAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES MÁS DESPROTEGIDAS, NO SEAN TENIDAS EN CUENTA EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

Congresistas

  • Senador Iván Cepeda Castro
  • Senadora Aida Avella
  • Senador Feliciano Valencia
  • Senador Wilson Arias
  • Senador Alexander López
  • Senador Alberto Castilla
  • Senador Iván Marulanda
  • Senador Antonio Sanguino
  • Senadora Victoria Sandino
  • Senador Pablo Catatumbo
  • Senador Gustavo Bolivar
  • Senadora Sandra Ramírez
  • Senador Julián Gallo
  • Representante Abel David Jaramillo
  • Representante David Racero
  • Representante María José Pizarro
  • Representante Ángela Maria Robledo
  • Representante Jairo Cala
  • Representante Omar Restrepo
  • Representante Luis Alberto Albán
  • Representante Carlos Alberto Carreño

Organizaciones

  • Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC
  • Asociación Nacional de usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción – ANUC/UR
  • Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas – Anzorc
  • Asorenacer
  • Asocampo
  • Autoridad Nacional Afrocolombiana – Anafro
  • Autoridades Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor
  • Congreso de los Pueblos – CdP
  • Coordinación Étnica Nacional de Paz – Cenpaz
  • Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
  • Coordinación Nacional Agrario – CNA
  • Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
  • Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
  • Corporación Jurídica Libertad
  • Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP
  • Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro
  • Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables – Fundapad
  • Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP
  • Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales
  • Mesa de Unidad Agraria – MUA
  • Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
  • Movimiento Ríos Vivos
  • Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
  • Plataforma de Mujeres Rurales Colombianas
  • Pensamiento y Acción Social – PAS
  • Proceso de Comunidades Negras – PCN
  • Fundación por el Medio Ambiente y la Paz en Colombia – FUMPAZ
  • Sisma Mujer
  • Aluna ¨Espacio de creación¨- Suecia
  • Asociación Revivir víctimas del conflicto armado de Colombia en España
  • Asociación Inmigración Asila Torrevieja – España
  • Sofeut Solidaridad Paz y Desarrollo – Suecia
  • Grupo Europa de Familiares de personas desaparecidas en Colombia
  • Carrers de Món – España
  • Paz a la calle Barcelona – España
  • Organización de Colombianos Refugiados en Chile – OCORCH
  • Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales
  • Fundación Fundexco Colombia
  • Corpocolombia – Verde
  • Colectivo por La Paz en Colombia desde México, ColPaz
  • Colectivo de Refugiados/as y Exiliados/as Colombianos/as en Ecuador – CRECE
  • S.O.S Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Panamá – SOVIC
  • Red de Víctimas Colombianas por La Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ – LAC
  • Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz – MECoPa
  • Organización Multicultural de de Integración – OMI Suecia
  • Foro Internacional de Víctimas (FIV)
  • FIV Holanda
  • FIV Torrevieja
  • FIV Mediterráneo
  • FIV Suecia
  • FIV Elche
  • FIV Panamá

17 de abril de 2019

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1 Es necesario recordar que mediante sentencia C-175 de 2009, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley 1152 de 2007 “Estatuto de Desarrollo Rural” que derogaba la ley 160 de 1994, justamente por violación de la consulta previa.

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