La Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI, a través de la Secretaría Técnica Indígena, celebró el fallo judicial emitido el pasado 6 de agosto de 2024 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio. Esta medida cautelar marca un hito para la defensa del territorio colectivo donde habitan las comunidades indígenas Sikuani, Sáliba y Piapoco, en los asentamientos de Itwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsabilonia, ubicados en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.
El fallo, respaldado por los artículos 151 y 152 del Decreto Ley 4633 de 2011, impone una serie de acciones urgentes a diversas entidades del Estado, entre ellas, la Unidad de Restitución de Tierras-URT, la Agencia Nacional de Tierras -ANT, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, y otras instituciones nacionales y locales. Estas acciones tienen como objetivo fundamental la protección y el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas afectadas.
Entre las órdenes emitidas, se destaca la implementaciónn de campañas de información y socialización para educar a la población sobre la importancia de los territorios indígenas y su valor cultural y ambiental. Estas iniciativas no solo buscan proteger el derecho de las comunidades a preservar sus tradiciones, costumbres y creencias, sino también asegurar el respeto a sus sitios sagrados. En este sentido, se propone establecer mecanismos que eviten la profanación de estos lugares y, cuando sea necesario, considerar el traslado adecuado de los ancestros ubicados en terrenos privados.
Además, la medida cautelar ordena a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -Cormacarena a tomar acciones inmediatas para investigar y sancionar a las personas y empresas responsables de la deforestación y otros daños ambientales en la región. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación deberá adelantar las investigaciones penales correspondientes por los daños medioambientales y las amenazas dirigidas a los líderes indígenas.
Para garantizar el cumplimiento de estas órdenes, se conformará una Comisión Interinstitucional temporal, liderada por la Unidad de Restitución de Tierras, que supervisará y coordinará las acciones necesarias para proteger los derechos de las comunidades indígenas.
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, se ha acompañado y fortalecido este proceso judicial, que es el resultado de más de cinco años de trabajo conjunto con las comunidades. El apoyo ha sido clave en la presentación de acciones judiciales y recursos, así como en la recopilación de información territorial que ha permitido la visibilización de los problemas de despojo y desplazamiento sufridos por las comunidades en la Altillanura.
Asimismo, en colaboración con organizaciones como ONIC y UNUMA, se ha presentado un estudio exhaustivo sobre la acumulación irregular de tierras en el territorio ancestral de Barrulia. Este análisis reveló preocupantes casos de extranjerización y acumulación de tierras baldías, lo que refuerza la necesidad de una intervención judicial para proteger estos territorios ancestrales.
La CNTI destaca la trascendencia de esta Medida Cautelar y llama a todas las entidades del Estado a cumplir con las órdenes establecidas, garantizando así el derecho fundamental de los pueblos indígenas a sus territorios. Seguiremos acompañando este proceso y velando por la efectiva implementación de las acciones necesarias.
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