En el marco del espacio autónomo de la tercera sesión mixta de la CNTI, los pueblos y las organizaciones indígenas solicitamos para el desarrollo del tercer día de concertación de esta sesión la presencia de la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Ministro de Hacienda, Director del Departamento Nacional de Planeación, Contraloría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, dado el incumplimiento reiterado y sistemático de los acuerdos suscritos por este Gobierno con los pueblos indígenas a nivel nacional. Motivo por el cual hemos agotado diversas instancias, resaltando la interlocución con la Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Márquez, a quien expresamos vehementemente la gravedad de estos incumplimientos.
Como pueblos indígenas hemos caminado la concertación para mayor asignación presupuestal que garantice nuestros derechos territoriales, y que sean suficientes para responder a las solicitudes y necesidades de los pueblos indígenas en el país, reflejado en el ejercicio de consulta previa del PND, específicamente en el acuerdo IT1-1. Hoy, esta lucha se ha traducido en tener el presupuesto más alto en muchos años pero con menor ejecución, aumentando el riesgo de las garantías para la formalización, acceso a tierras y seguridad jurídica de nuestros territorios. Por tanto, exigimos la ejecución del 100% del presupuesto asignado para la vigencia, que, actualmente no supera un 23% en el Programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional.
Bajo ese panorama, solicitamos el seguimiento y acciones correspondientes por parte de los organismos de control estatal, ya que, la no ejecución aumenta el rezago histórico institucional y acentúa un estado de cosas de inconstitucionalidad en materia territorial indígena. Adicionalmente, esta inoperatividad compromete el cumplimiento del Estado colombiano a sus deberes legales, constitucionales e internacionales y al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.
Como parte de las falencias identificadas, señalamos que la contratación del personal encargado de adelantar los procedimientos misionales de la entidad es insuficiente y son contratados por términos reducidos, lo que ocasiona la ralentización de los procesos y no permite la superación adecuada de la curva de aprendizaje. Por tanto, exigimos a los organismos de control hacer seguimiento a los principios de contratación estatal, conforme lo consagra la Ley 80 de 1993 (eficacia, eficiencia y planeación), el incumplimiento de estos principios refleja una planeación deficiente por parte de la entidad.
Finalmente, alertamos, que a la fecha este espacio de concertación creado mediante decreto 1397 de 1996, no cuenta con las garantías presupuestales para su funcionamiento, erosionando la confianza que los pueblos indígenas hemos depositado en la apuesta por el cambio que enarbola este Gobierno.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
