2 de septiembre de 2020.
Representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y organizaciones sociales comprometidas con la defensa del decreto resaltaron la importancia que este tiene en materia de la defensa cultural y ambiental para las comunidades ancestrales y el resto del mundo. Además, mencionaron los riesgos que enfrenta por los intereses particulares que se concentran sobre este territorio.
Redacción CNTI
Juan Pablo Muñoz, abogado e integrante del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), explicó que esta es la norma jurídica mediante la cual el Gobierno colombiano redefinió y precisó el territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como la Línea Negra y previamente reconocido en las resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995.
Para la expedición del decreto fue elaborado un documento madre con las autoridades tradicionales de los cuatro pueblos y el acompañamiento de representantes gubernamentales, en un proceso que llevó cuatro años. Como lo mencionó Leonor Zalabata, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y comisionada de la Confederación Indígena Tayrona: «El Decreto 1500 de 2018 no es solo para proteger a los pueblos indígenas, sino de todos los seres. El deber ser del indígena de la Sierra es convivir y compartir».
Lo que representa su expedición
Según Silvestre Gil, líder del pueblo Kogui, la Línea Negra es muestra de la importancia que tiene la conexión de los ecosistemas de la Sierra y las dinámicas de los pueblos indígenas que la habitan, toda vez que respiran, caminan y comen de esa tierra porque conviven allí en paz, respetando los ciclos de la naturaleza. Además, Julio Estrada, dirigente indígena Wanano, añadió que «es un elemento más que garantizaría la pervivencia cultural de los pueblos de la Sierra, la protección de esos territorios, la ancestralidad, la seguridad jurídica y todo lo que eso conlleva».
Este decreto reconoce visiones culturales diferentes a las de “occidente” y ese es otro de los componentes que lo hace tan valioso, pues las respalda desde lo jurídico. Los argumentos que acoge hacen visibles otras formas posibles de concebir y relacionarse con el territorio, que abogan por la protección de los seres humanos y todas las formas de vida, como puntualizó Juan Mayr, exministro de Ambiente y ecologista de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.
Sin embargo, la implementación ha sido compleja por la oposición de ciertos sectores económicos y actualmente cursa en su contra una acción de nulidad en la Sección Primera del Consejo de Estado. Por ello, la abogada ambientalista Juana Hofman, asesora del Consejo Territorial de los Cabildos Indígenas (CTC), resaltó la necesidad de que las entidades del orden regional y nacional se involucren activamente para hacer seguimiento a las problemáticas que se tejen sobre la Sierra.
El avance de proyectos de infraestructura y la expansión de la minería son algunas de las principales amenazas que aquejan esta zona. Actualmente hay más de 250 títulos mineros que no contemplan las medidas de protección al territorio, que las comunidades han manejado tradicionalmente, y ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas; además, generan incalculables daños ambientales por la importancia ecosistémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, única para el planeta.
Esto se debe en gran medida a la falta de compromiso que ha mostrado el Gobierno en relación al cumplimiento de lo acordado con los cuatro pueblos de la Sierra. “La falta de adecuación y articulación institucional con los derechos indígenas es de vieja data. Se habla de protección de la Sierra Nevada y al mismo tiempo de licenciamiento ambiental por parte del Gobierno nacional», señaló la lideresa arhuaca Leonor Zalabata.
Como aclaró el jurista Juan Pablo Muñoz, «la territorialidad de la Línea Negra no niega otras territorialidades de la Sierra Nevada ni los derechos de otras comunidades de la región». De hecho, los pueblos indígenas resaltan que están abiertas al diálogo para superar los obstáculos que las interpretaciones del texto puedan generar. Las organizaciones hicieron un llamado a las entidades responsables para que respalden lo acordado en el proceso de construcción conjunta del Decreto 1500 de 2018 y trabajen por una garantía real de los derechos de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
A su vez, instaron a tener presente que son las comunidades ancestrales las que deben liderar los procesos de defensa de este decreto, ya que son los artífices de su construcción y tienen conocimiento pleno del territorio, sus espacios sagrados y la urgencia de preservar la biodiversidad del “Corazón del Mundo”.
Para ver el Encuentro de Saberes “Línea Negra, El Decreto 1500 de 2018 y la protección de la diversidad étnica, cultural y biológica “, haga clic aquí:
