30 de julio de 2020.
El Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se refirió al mes de julio de 2020 como el más violento para estas comunidades, ya que desde que iniciaron las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, se ha registrado un crecimiento del 53% de asesinatos en contra esta población, para un total de 40 asesinatos cometidos desde el 25 de marzo hasta el 28 de julio.
De hecho, desde el 25 de agosto de 2019 hasta el 18 de julio del presente año, se habían reportado 253 asesinatos de miembros de pueblos indígenas, a los que se sumaron en los últimos días el atentado contra una familia Zenú en San José de Uré, Córdoba, que generó el desplazamiento de dos cabildos indígenas, así como el asesinato de Sonia Bisbicuz y el exgobernador indígena Fabio Guanga en el resguardo Awá de Ñambi Piedra Verde, ubicado en el municipio de Barbacoas, Nariño.
La situación de Colombia en el mundo
El informe publicado en julio por la ONG Global Witness y titulado en español “Defender el Mañana”, estableció que Colombia fue el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos territoriales en 2019, representando el 30% de los asesinatos documentados a nivel mundial. América Latina, la región más afectada por los asesinatos de líderes y lideresas, registró el año pasado 148 de los 212 casos a nivel mundial, mientras que solo en Colombia se perpetraron 64 de ellos.
Según el reporte, los crímenes fueron dirigidos contra personas involucradas en la defensa del territorio frente a la minería y las industrias extractivas, la agroindustria, la explotación forestal, la sustitución de cultivos ilegales y otros casos relacionados a la pesca, la caza ilegal, entre otros. Para Global Witness, “Los grupos indígenas (en Colombia) estuvieron particularmente en riesgo: representan la mitad de los asesinatos documentados, a pesar de representar solo el 4,4% de la población”.
Es importante aclarar que las conclusiones son obtenidas de los datos debidamente registrados. Sin embargo, existe una preocupación latente ante los casos que, debido a las mismas condiciones de amenaza o falta de acceso a las vías de denuncia, no son documentados y generan una situación de subregistro en la que no es posible dimensionar la totalidad de las afectaciones sufridas por los defensores en sus territorios.
