Falta de garantías para el ejercicio del derecho a exigir y defender nuestros territorios
En calidad de órgano asesor y coordinador de interlocución y concertación de carácter permanente entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas para los asuntos propios de nuestros derechos territoriales, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI creada por el Decreto 1397 de 1996 se permite denunciar y poner en conocimiento la actual y sistemática violación a los derechos a la vida e integridad de nuestras autoridades, líderes y lideresas. Esta situación de violencia se vincula y ve agravada con la brecha en el reconocimiento, la restitución y protección de los derechos sobre nuestros territorios, la cual no solo debilita el ejercicio de nuestra autonomía, sino además pone en riesgo nuestra pervivencia física y cultural.
Los Pueblos Indígenas hemos expresado y reafirmado nuestro indeclinable compromiso con el diálogo, la construcción de la paz en el país, y con ello nuestro apoyo al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y la ex guerrilla de las FARC, cuya firma celebramos con la esperanza de que sea este un aporte a esa paz en nuestros territorios. Hoy, sin embargo, los asesinatos y amenazas a nuestros líderes y lideresas continúan siendo no solo una constante, sino que actualmente son también un fuerte y fundado motivo de preocupación e incertidumbre para nuestros pueblos frente a la verdadera voluntad del Estado colombiano con el proceso de paz, la reparación a sus víctimas y la protección reforzada a los Pueblos Indígenas.
El escenario del posacuerdo es entonces ya un nuevo y agudizado capítulo de esta victimización y conflicto en los territorios. Tan solo entre los meses de agosto de 2016 – una vez incluido el Capitulo Étnico en el Acuerdo Final de Paz- y su posterior firma en el mes de noviembre del mismo año, fueron asesinados 9 líderes indígenas. Desde entonces puede afirmarse un crecimiento exponencial porque en 2017 asesinaron 39 indígenas (33%) y en 2018 se ha registrado hasta el momento el asesinato de 69 indígenas (59%), es decir, se registra una tasa de crecimiento del 77% de los casos reportados. Los Pueblos Indígenas que han sido más afectados por el incremento de la violencia son el Pueblo Nasa con el 37% de las víctimas, seguido por el Pueblo Awá con el 31% y la nación Emberá con el 20% de los casos.
Tal situación pone hoy de manifiesto la incapacidad del Estado colombiano para reconocer y enfrentar esta crisis humanitaria y la actual situación de violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas en términos de prevención, investigación de las estructuras armadas responsables y su respectiva sanción penal. La situación es de tal gravedad que las amenazas hoy vienen incorporando un precio a la vida de nuestras autoridades y comuneros (as) Indígenas, una situación favorecida por la impunidad que se alimenta de la indiferencia de las entidades y organismos responsables de la protección de nuestro derecho a la vida.
Esta victimización sistemática es clara y no debe haber lugar a dudas, sigue vinculándose estrechamente a la legítima exigencia de nuestros derechos territoriales, a su defensa en el marco de un modelo extractivo de desarrollo económico, ante la presencia y reconfiguración de actores armados y con ocasión del ejercicio de nuestra autonomía y control territorial.
Al respecto es preciso advertir sobre el rezago en la formalización de nuestros derechos territoriales que es factor subyacente y vinculado a nuestra victimización, el mismo se expresa hoy en el trámite inconcluso de cerca de 934 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, los nulos avances de cerca de 124 solicitudes para la protección de la posesión sobre nuestros territorios ancestrales y los irrisorios resultados en la restitución de los territorios despojados por el conflicto.
Por esta razón, las Organizaciones Indígenas de la CNTI expresamos nuestro rechazo ante el silencio e impunidad como respuesta del Estado colombiano ante el genocidio que están viviendo nuevamente los Pueblos Indígenas en Colombia y hoy en un contexto de paz. Por ello hacemos un llamado concreto para que se convoquen a todos los espacios nacionales de concertación con los Pueblos Indígenas y el alto nivel del Gobierno Nacional para que se discutan y adopten medidas estructurales sobre la prevención, protección y justicia, que permitan enfrentar la situación de violencia en nuestros territorios.
“El llamado a la posición es a mantenernos, si nos vamos a mantener como territorio, si vamos a ser fuertes debemos empezar por ahí, no tolerando que nos sigan matando (…) el llamado puntual es avanzamos más y enfatizamos más en el control territorial (…) yo creo que ese es el llamado, y que no nos de miedo […] Sin ningún interés podemos dar la vida por el territorio.”
