A pesar de la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, que ordena la realización de la consulta previa a pueblos indígenas y afros, y la adopción de medidas reales y efectivas que garanticen el derecho a la participación de las comunidades rurales afectadas, la ANLA convocó nuevamente a audiencia virtual para el próximo 1 de septiembre desacatando las órdenes del juez constitucional.
Boletín CNTI
En el mes de julio, el Tribunal de Nariño respaldó al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto al dejar en firme la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental para la reanudación de fumigaciones con glifosato, destinadas a 170.000 hectáreas de cultivo de coca en 104 municipios del país.
Esta sentencia se dio para proteger el derecho a la consulta previa para indígenas y afrodescendientes, así como el derecho a la participación de las poblaciones campesinas y comunidades foco del programa de erradicación mediante aspersión aérea con glifosato. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha querido sustituir la audiencia ambiental con mecanismos virtuales, desconociendo los problemas de conectividad y extrema vulnerabilidad que impiden a las comunidades una participación masiva, real y efectiva para decidir sobre los asuntos que atañen a sus territorios.
Dentro de las órdenes del juez constitucional está: realizar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas, garantizar la disponibilidad de la información ambiental del proyecto y modificar el plan de socialización y difusión que de garantías a la población en general, ya que los mecanismos de difusión por internet y convocatoria radial en concepto del tribunal no son adecuados.
El incumplimiento de la sentencia
Según la denuncia hecha por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR): “tan solo unos días después de emitido el fallo de la tutela (…) la ANLA y la Policía, de forma unilateral, decidieron convocar mediante edicto otra vez una audiencia virtual a celebrarse el martes 1 de septiembre de 2020 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”.
Para tal fin, la ANLA programó tres reuniones informativas preparatorias para los días 11, 13 y 15 de agosto, respectivamente. El CAJAR señaló que «los únicos cambios “sustanciales” ahora incorporados consisten en transmitir la audiencia vía televisión por el Canal 13 solo durante tres horas, en once municipios se habilitará un espacio en los que se tendrán pantallas para proyectar la transmisión y se contará con un teléfono móvil. Dichos espacios solo permitirán un aforo máximo del 35% de la capacidad total del recinto».
La ANLA insiste en la realización de la audiencia sin acatar primero las órdenes de las sentencias de tutela, lo cual constituye desacato.
El llamado de las comunidades y las organizaciones sociales
En la defensa por el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de estas poblaciones, se exige a la ANLA la suspensión de estas jornadas, toda vez que no se ha cumplido con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y afros, ni tampoco existen condiciones para celebrarlas con las garantías ordenadas por los jueces de tutela con la adopción de garantías reales y efectivas para la participación, para el acceso y consulta de la información ambiental.
A las voces de alerta ante esta situación se han sumado administraciones y personerías municipales, así como la Procuraduría General de la Nación, pidiendo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales haga uso de su facultad de detenerlas hasta que se garanticen las condiciones de participación para las comunidades que serían afectadas directamente con las aspersiones aéreas.
Es importante tener en cuenta que este no es solo un reclamo desde los territorios sino que el accionar de la ANLA desobedece lo señalado por el Tribunal Administrativo de Nariño en su fallo de tutela. Por lo tanto, representa un desconocimiento a las decisiones tomadas por la Justicia colombiana.
La relevancia de la posible reactivación de aspersiones aéreas con glifosato va más allá de la erradicación de cultivos de uso ilícito. Como lo sostienen los representantes de las comunidades en los municipios del programa de erradicación, el herbicida genera afectaciones en la tierra dejándola infértil, contamina las fuentes hídricas de las cuales se abastecen y se presentan casos de enfermedades o malformaciones no solo en las especies de fauna presentes en el lugar, sino en los mismos habitantes de la zona.
