Hacia el mes de septiembre de 2021 los medios de comunicación registraron nuevamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de personas indígenas de los pueblos Emberá Dobidá y Emberá Katío, quienes permanecen en condición de desplazamiento desde hace años en Bogotá y decidieron acampar de manera permanente en el Parque Nacional Olaya Herrera para reclamar atención real y efectiva.
Esta problemática no se reduce a un hecho aislado, sino que responde a una serie de factores que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos y territoriales de estas comunidades. La presencia de actores armados, los conflictos internos y la inseguridad jurídica de sus territorios dieron paso a un éxodo masivo que ha tenido como receptoras, entre otras, a las ciudades de Pereira, Armenia, Medellín y Bogotá.
El caso de los Emberá es sin duda uno de los más documentados respecto al desplazamiento forzado de comunidades indígenas que han tenido que movilizarse a ciudades intermedias y principales, con la inminente amenaza que esto representa para su existencia física y cultural. Lo anterior, debido al desarraigo de sus territorios, la pérdida de sus espacios sagrados y celebraciones tradicionales, además de la entrada en desuso de su lengua materna.
¿Por qué salir de los territorios?
La Nación Emberá ha vivido históricamente en lo que la división administrativa del país reconoce como los departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Antioquia, Cauca, Nariño y Putumayo, así como están presentes también en Panamá y Ecuador.
El occidente del país, como muchas otras regiones de Colombia, ha sido testigo del desarrollo del conflicto armado y la barbarie que no ha sido ajena a los pueblos indígenas. Hacia la década de 1990 la presencia de actores armados marcó un cambio drástico en las dinámicas de las comunidades, pues no solamente estaban en el territorio las Farc y el ELN, sino que también disputaban el control los grupos paramilitares.
El accionar de las fuerzas militares en la zona para hacer frente a las incursiones armadas de los actores ilegales no alivió la situación precisamente, en las confrontaciones se vieron afectadas las comunidades que vieron interrumpidas sus acciones cotidianas y cómo tanto sus lugares de cultivo como de crianza de animales fueron perdidos.
Las afectaciones no pararon ahí, toda vez que otro tipo de violencias aparecieron bajo el mando de los armados legales e ilegales, y es que los indígenas Emberá han tenido que soportar durante años las violencias basadas en género sobre los cuerpos de las mujeres, las amenazas, los asesinatos selectivos, el reclutamiento de menores y por supuesto el desplazamiento forzado que a día de hoy no se ha podido superar.
Cabe recordar que, para el caso de los Emberá Katío, entre las décadas de 1970 y 1990 se vivió un periodo muy violento a causa de la explotación del oro en Bagadó donde a su vez está el Resguardo Indígena del Alto Andágueda. Durante décadas ha habido disputas en el área por la extracción del metal y junto a estas vino el derramamiento de sangre y la expulsión de centenares de personas.
En la búsqueda de estrategias para defenderse a sí mismos y a su tierra, los emberá comenzaron en 1979 los trámites para ser reconocidos como resguardo indígena y así, delimitar claramente la tierra que les sería adjudicada. En diciembre de ese año el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora les reconoció como Resguardo del Río Andágueda y con esto quedó claro que su territorio estaba compuesto por 50 mil hectáreas. Aún así, la violencia por parte de colonos y grupos armados guerrilleros continuó[1].
Por estos motivos, a los que se suman problemáticas internas, familias completas han abandonado sus territorios en los últimos años para llegar a las ciudades en las que se alejan de sus prácticas tradicionales y acuden a otras salidas económicas como la elaboración y venta de artesanías, además de trabajos informales, etc., con los que muchos cancelan el precio de los llamados «pagadiarios», sistemas de vivienda en los que no es extraño encontrar condiciones de hacinamiento.
La problemática actual en Bogotá
La minga permanente instalada en el Parque Nacional llamó la atención por la gran presencia de los Emberá y personas de otros pueblos indígenas, además de la forma en que la comunidad está pasando los días, sobre todo por las condiciones de salubridad que afectan principalmente a algunas mujeres y a la niñez, debido a los brotes de sarna, la aparición de diarrea, deshidratación, desnutrición y riesgos para las gestantes, que se sumaron a las enfermedades estacionales, fruto de las bajas temperaturas y las fuertes lluvias en la capital del país.
Un claro ejemplo de ello es el caso del menor Yhosquin Murry Queregama, de un año de edad, quien falleció el 28 de noviembre a causa de complicaciones de salud por las condiciones en las que permanecía y cuyos hermanos, otros dos menores, presentan también fiebre y signos de desnutrición.
Según la información difundida por la Defensoría del Pueblo, luego de espacios de conversación con líderes y representantes indígenas
En el Parque Nacional se hallan concentradas 480 familias, integradas de la siguiente manera: 390 niños y niñas menores de 5 años, 90 niños y niñas de 6 a 11 años, 70 adolescentes de 12 a 17 años, 80 mujeres gestantes, 120 madres lactantes y 60 personas mayores de 60 años. Adicionalmente, se registran 4 casos de rubeola y sarampión y 11 casos graves enfermedades respiratorias[2].
Mientras algunos líderes indígenas han afirmado que la atención de los profesionales médicos no ha sido constante ni oportuna, la Secretaría de Salud señaló que a sus funcionarios se les ha negado el ingreso y la prestación de servicios a la comunidad. En este sentido sería necesario evaluar si en efecto ha habido negligencia o puede deberse a una ausencia de confianza en los procedimientos y manejos provistos desde la institucionalidad.
Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en cabeza de Margarita Barraquer y del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se argumentó que ha sido brindada atención especial a las comunidades desde el inicio de la emergencia sanitaria por covid-19. Esto, según los funcionarios, mediante la destinación de 1895 millones de pesos[3] entregados como bonos canjeables por alimentación, pago de alojamiento, alimentación y enceres.
Es importante tener en cuenta que dichos recursos fueron destinados en el marco de la pandemia y responden también al Auto 149 de la Corte Constitucional, que exhortó al Gobierno nacional a adoptar medidas para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado durante la pandemia.
Aunque la administración distrital ha ofrecido reiteradamente el traslado de las comunidades al albergue provisional del Parque La Florida, existe una contradicción evidente entre las condiciones que la Alcaldía dice ofrecer en este lugar y lo que las mismas han denunciado a través de redes sociales con la toma de fotografías y videos de los sitios en los que han sido reubicados.
En los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá han sido compartidas imágenes que dan cuenta de una infraestructura con camas individuales, cocinas equipadas y espacios de recreación para las personas indígenas, misma que ha sido promocionada como un «entorno que fortalece su identidad étnica y cultural». Por otra parte, las imágenes publicadas dan cuenta de hacinamiento, falta de enceres y poca protección contra el frío y la lluvia.
A esto se suma el manejo atropellado que ha tenido la Alcaldía de Bogotá para atender la situación, pues si bien ha establecido espacios de diálogo, no han tenido garantías plenas para los representantes indígenas e incluso ha intervenido de forma arbitraria la fuerza pública, sin reparar en la presencia de infantes, mujeres en embarazo, lactantes y adultos mayores.
Incluso antes de la muerte del menor se habían presentado denuncias por parte de las organizaciones que acompañan el proceso, quienes en su momento dieron cuenta del traslado de emergencia de una mujer que tuvo riesgo en su embarazo tras las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 29 de septiembre, así como de una menor de tres meses de edad que presentó complicaciones respiratorias a causa de los gases lacrimógenos empleados por el mismo escuadrón el pasado 6 de octubre.
De acuerdo al proceso de Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB), actualmente hay más de 1000 personas indígenas en el Parque Nacional, pues hacen presencia parcialidades de 14 pueblos en la Minga Permanente declarada el pasado 2 de octubre, en la que reclaman «la defensa y salvaguarda de los derechos colectivos e integrales de los pueblos o comunidades indígenas». Así, junto a los Emberá Dobidá y Katío, permanecen también indígenas Kokonuko, Nasa, Kubeo, Koreguaje y Zenú, entre otros.
La zozobra del retorno
La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) informó que está adelantando conversaciones y comités de justicia transicional con las entidades competentes y las administraciones de los posibles municipios receptores, a fin de realizar viajes de regreso[4] a los territorios antes de que finalice el 2021. Este despliegue logístico se haría, en un primer momento, en beneficio de las comunidades ubicadas en el Parque La Florida.
Los Emberá ya habían tomado otros espacios hace unos años, como el Parque Tercer Milenio en Bogotá, y esta no es la primera vez que reclaman atención para la reubicación o el retorno a sus territorios ancestrales. Lo que no ha sido posible asegurar, y mucho menos mantener por parte de las entidades estatales con injerencia en el tema, son las condiciones propicias y las garantías para la vida, la paz y la permanencia. En este punto no se puede olvidar la necesaria vigilancia de los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Distritales y Municipales.
El acompañamiento más reciente fue el iniciado por la Alcaldía de Bogotá en coordinación con la UARIV el 1 de diciembre, en el que después de un proceso de diálogo con 127 familias Emberá Chamí (aproximadamente 460 personas) que permanecían en el punto de atención de La Florida, se procedió a su traslado con destino al municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, a los resguardos Gito Dokabu y Unificado del Río San Juan.
Por lo tanto, este representa un nuevo intento y un reto más para la institucionalidad de cara a lograr el retorno de las comunidades que desean volver y que han visto obstaculizadas una y otra vez las iniciativas para volver y quedarse en sus territorios, pues estas intenciones fallidas son una revictimización por las afectaciones que han sufrido de forma reiterada.
De igual forma corresponde al Gobierno comprometerse a crear las condiciones para el cumplimiento efectivo de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, ya que la época del posacuerdo no ha configurado realmente un escenario en el que las comunidades puedan recuperar el tejido social en los territorios que han sido suyos ancestralmente.
El contexto actual del recrudecimiento de la violencia, el surgimiento de aún más grupos armados al margen de la ley, y sus disputas a sangre y fuego por el control de las economías ilícitas no hacen más que imposibilitar las garantías de reparación y no repetición, indispensables para la población indígena víctima del conflicto armado.
Además de ello, es vital fortalecer los canales de atención en las ciudades receptoras, pues las situaciones en las que sobrevive esta población en las urbes no puede seguir rayando la mendicidad ni mucho menos poniendo en riesgo la vida de menores que en muchos casos no han conocido otra realidad distinta a la incertidumbre y el desarraigo, bien sea por el accionar directo de actores externos que obliga a sus familias a desplazarse o a la falta de voluntad y oferta institucional para brindar servicios propicios, permanentes y de calidad en su atención.
[1] Tierra en Disputa. (s,f), El Resguardo del Alto Andágueda lucha por expulsar la minería de sus tierras. http://tierraendisputa.com/caso/alto-andagueda
[2] Defensoría del Pueblo. (29 de noviembre de 2021). Muerte de niño de comunidad embera que permanece en el Parque Nacional no tiene justificación: Defensor del Pueblo. https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10586/Muerte-de-ni%C3%B1o-de-comunidad-embera-que-permanece-en-el-Parque-Nacional-no-tiene-justificaci%C3%B3n-Defensor-del-Pueblo-Parque-Nacional-Defensor%C3%ADa-ni%C3%B1o-muerto-embera-ind%C3%ADgenas.htm
[3] Alcaldía de Bogotá. (5 de octubre de 2021). Distrito ha destinado 1.895 millones de pesos para atención de familias Embera. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/distrito-ha-destinado-1895-millones-de-pesos-para-atender-los-embera
[4] Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. (19 de octubre de 2021). Unidad prevé que en noviembre se podría dar el retorno de algunos integrantes de la comunidad embera asentados en Bogotá. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/asuntos-etnicos/unidad-preve-que-en-noviembre-se-podria-dar-el-retorno-de-algunos-integrantes-de-la
