Durante el mes de abril del año en curso, la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STI-CNTI) hizo público un comunicado en el que expuso la ausencia de veracidad en la socialización de cifras respecto a los procesos de formalización de territorios de los pueblos indígenas anunciadas por el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en cabeza de su director Gerardo Vega. A este llamado, recientemente se han sumado otros, como el de la actual ministra de agricultura Jhenifer Mojica, quien ha advertido que las cifras expuestas por la ANT no estarían en correspondencia con los logros realizados por el actual gobierno en el marco de la reforma agraria.
En este contexto de discusión, la STI-CNTI, reitera el llamado al gobierno nacional para que precise las cifras reportadas en relación a las acciones realizadas durante el mandato de Gustavo Petro en materia de formalización de territorios indígenas. Ello por cuanto como se podrá observar en el siguiente análisis, realizado sobre las cifras relativas a la formalización de territorios indígenas que han sido reportadas por la propia ANT a la STI- CNTI, estas siguen presentando inconsistencias que aún no han sido subsanadas, y corren el riesgo de confundir a la ciudadanía en su ejercicio de valoración y contrastación de los avances que en materia de formalización de territorios indígenas han sido logrados por el gobierno actual, en comparación con lo realizado por gobiernos anteriores.
Como antecedente, es importante recordar que en el marco del evento “Colombia, un país diverso y multiétnico: formalización de territorios indígenas e intercambio de saberes ancestrales”, realizado el 4 de octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá, la ANT le anunció al país la entrega de resoluciones de constitución y/o ampliación de 10 resguardos indígenas ubicados en varios departamentos del país, los cuales correspondían a un total de 297.482 hectáreas con 6.273 metros cuadrados (Ver tabla 1).
Tabla 1: Resguardos formalizados presentados en el evento “Colombia, un país diverso y multiétnico”.
*Nota: Del número total de área a titular entiéndase 297.482 hectáreas mas 6.273 metros. Fuente: ANT (octubre de 2022)
Previo a la presentación de nuestro análisis sobre las cifras reportadas por la agencia, es importante señalar que el procedimiento que se adelanta para la formalización de los territorios indígenas en Colombia, según lo establecido en el artículo 14 del Decreto 2164 de 1995 (compilado en el Decreto 1071 de 2015), señala que las providencias de constitución, ampliación o reestructuración de resguardos que sean expedidas por la Junta Directiva de la autoridad de tierras de la nación (ANT), una vez queden en firme, deberá ordenarse su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) que corresponda al lugar de su ubicación, siendo esta la última actividad que cierra el trámite de formalización de los territorios indígenas.
Lo anterior significa, que existen dos momentos claves en el cierre de la actuación administrativa: la expedición del título (acto administrativo) por parte de la junta directiva de la autoridad de tierras, el cual debe ser notificado y publicado en el Diario Oficial; y el registro de ese título ante la ORIP que le sea competente, en aras de solemnizar el derecho a la propiedad colectiva indígena.
En este sentido, el acto de entrega de resoluciones de constitución y ampliación a las comunidades indígenas, es una actividad protocolaria que no está determinada dentro del procedimiento administrativo establecido para la formalización. No obstante, si es de resaltar que obedece a una buena práctica implementada por la autoridad agraria para con las comunidades y los pueblos indígenas que sean atendidos en el marco de sus competencias legales.
Si bien valoramos positivamente esta entrega de títulos a las comunidades una vez estos son registrados ante la ORIP competente, ello no significa que el procedimiento de formalización se materialice con dicha actividad; ello en tanto que el derecho a la propiedad en Colombia se consolida con el debido registro en las oficinas de instrumentos públicos.
Ahora bien, llama la atención que los resguardos vinculados en el evento de entrega del 4 de octubre de 2022 (Tabla 1) cuentan con actos administrativos de constitución o ampliación que fueron expedidos entre diciembre de 2021y el 30 de junio de 2022, es decir, antes de darse inicio al actual periodo de gobierno.
De este grupo de actos administrativos, según información reportado por la ANT, sólo uno cuenta con registro ante la ORIP, es el caso del Resguardo de Quintín Lame ubicado en el municipio de Ortega (Tolima), el cual, además, fue inscrito en la ORIP el 12 de julio de 2022, también con anterioridad al inicio del actual gobierno.
Validado la información consultada en la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro (VUR), se halló que, de estos 10 resguardos, dos cuentan con fechas de registro del 12 de agosto de 2022 y uno del 24 de agosto de 2022, es decir, en el marco del presente gobierno; mientras que en los seis restantes, el registro se logró entre febrero y agosto de 2022 en el periodo del gobierno anterior.
Posterior a este acto de entrega, en noviembre de 2022, al cierre de los primeros cien (100) días del gobierno Petro, la ANT anunció en la ciudad de Valledupar, la formalización de 276 mil hectáreas de tierras en el marco de lo que fue presentado por la entidad como “la titulación masiva de comunidades étnicas más grande que se haya realizado hasta ahora”. En este acto, se hizo la entrega de las resoluciones de constitución o ampliación de lo que en su momento se anunció que involucraba a 32 resguardos indígenas.
Una vez más aclaramos, que los resguardos involucrados según la información reportada por la ANT a la STI-CNTI, además de responder al listado de 31 y no 32 resguardos como lo anuncia la publicidad, hacían referencia a predios que también habían sido formalizados en gobiernos anteriores como son los casos del resguardo Naexal Lajt ubicado en el municipio de Mapiripan, Meta y el resguardo El águila del municipio de Belén de los Andaquíes en Caquetá. Ambos con actos administrativos que fueron adoptados en el año 2019.
Con estos dos anuncios presentados a la opinión pública entre octubre y noviembre de 2022, se dio a entender que se trataría de al menos 573.000 hectáreas formalizadas para pueblos indígenas en el marco del presente gobierno.
Este último anuncio llevó a que en el marco de la sesión formal de la CNTI del 11 de noviembre de 2022, las organizaciones indígenas en el marco de la CNTI y su secretaria Técnica Indígena realizara un llamado al gobierno nacional para que aclarara la información relativa a la formalización de los territorios indígenas, señalando que esos 32 resguardos que habían sido anunciados como formalizados por el actual gobierno, no se correspondían con la realidad, en tanto correspondían a gestiones gubernamentales y de los pueblos indígenas que fueron realizadas en vigencias anteriores.
Posteriormente, y a pesar del llamado realizado desde la STI de la CNTI al gobierno en el sentido de ofrecer mayor precisión a la hora de mostrar sus logros, el 1 de marzo del 2023, nuevamente la Agencia Nacional de Tierras anunció la entrega de 826.340 hectáreas a comunidades indígenas, y seguido de ello, el día 16 de marzo, la Presidencia de la República informó a la opinión pública la entrega de 910.893 hectáreas formalizadas en favor de los pueblos indígenas. Reporte que además indicaba un contraste notorio, con relación al muy bajo reporte de formalización de tierras y territorios en favor de la población afro y campesina. A continuación, puede verse la diferencia entre el reporte de cifras que fue presentada en redes sociales por parte de la Agencia Nacional de Tierras, y como este reporte se diferencia del presentados solo 15 días después en las redes sociales de la presidencia de la República.
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Es preciso destacar que, si bien ambos reportes, el de la agencia (el 1 de marzo) y el de presidencia (el 16 de marzo) se refieren a ¨entregas¨, en un posterior reporte realizado por la ANT en ese mismo mes, la Agencia informó que a esa fecha había adelantado la formalización de tierras a beneficio de comunidades campesinas, negras e indígenas, últimas de las que reportó un total de 910.893 hectáreas como formalizadas, dificultando la distinción entre lo que se entiende por la entrega de los títulos de propiedad, de la formalización propiamente dicha y realizada por el actual gobierno.
Recientemente, en el marco de la Segunda Sesión Mixta de la CNTI, realizada el 14 de julio de 2023, el director de la ANT, Gerardo Vega Medina, presentó los avances de la ANT durante el gobierno actual en materia de formalización de territorios indígenas. En ese espacio, las cifras presentadas por Vega Medina, indicaban la formalización de un total de 854.811 hectáreas en beneficio de los pueblos indígenas, tal y como puede apreciarse en la tabla siguiente.
Tabla 2: Cifras de hectáreas formalizadas a comunidades indígenas según reporte de la ANT del 14 de julio de 2023.
Fuente: Diapositiva presentada por el director de la ANT Gerardo Vega en el marco de la Segunda Sesión Mixta de la CNTI, 14 de julio de 2023.
Con base a este último reporte y según el director de la ANT, a fecha del 14 de julio de 2023, se había formalizado un número importante de hectáreas a beneficio de las comunidades indígenas (854.811 hectáreas). Sin embargo, al contrastar estas cifras con la información entregada (con corte del 27 de julio de 2023) en el marco de la Mesa Técnica para Revisión y Análisis de Cifras que fue desarrollada en las instalaciones de la ANT el día 01 de agosto, podemos dar cuenta que, desde el inicio del periodo de gobierno actual han sido expedidos 26 actos administrativos tendientes a la formalización de territorios indígenas, 14 de ellos correspondientes a casos de constitución de resguardos y otros 12 más para lograr su ampliación, los que suman un total de 174021 hectáreas + 4901 metros cuadrados. Cifra que finalmente sería la que el actual gobierno podría presentar como parte de su gestión en términos de formalización de tierras para pueblos indígenas. Es de resaltar que 14 de estos 26 actos administrativos expedidos ya se encuentran debidamente registrados ante la ORIP competente.
Ahora bien, llama la atención que, en la matriz entregada por la ANT en la mesa técnica a la que se ha hecho mención, se evidencian tres momentos diferentes que se incluyen en el conteo general para el reporte de cifras; estos momentos son: (i) actos administrativos registrados y pendiente de registro gestionados en este gobierno; (ii) actos administrativos expedidos en anteriores gobiernos y registrados en el gobierno Petro y; (iii) actos administrativos entregados materialmente.
Teniendo esto claro, según la ANT, la cifra que se corresponde con el primer momento sería la que se mencionó anteriormente de 174021 hectáreas + 4901 metros cuadrados; para el segundo momento sería la cifra de 22.898 hectáreas + 6066 metros cuadrados; y para el tercer momento la cifra es la de 580.516 hectáreas con 7.645 metros cuadrados. En suma, en el marco de la Mesa Técnica de Revisión de Cifras, el número de hectáreas reportadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras sobre las cuales el gobierno de Gustavo Petro ha tenido algún tipo de gestión, ya sea tendiente a la formalización y que incluye la entrega protocolaria de títulos, es de 777.436 hectáreas + 8612 metros cuadrados.
A simple vista se puede observar que este número es mucho menor al reportado por el director de la ANT Gerardo Vega el pasado 14 de julio en el marco de la Segunda Sesión Mixta de la CNTI, haciendo la salvedad de que también se está presentando un doble conteo entre los tres momentos que la Agencia se encuentra diferenciando. Como ejemplo de ello, está el caso del Resguardo Indígena Intillagta del pueblo Yanacona, o el caso del Resguardo Indígena Mandiyaco del pueblo Inga, los cuales están siendo contabilizados dentro del conteo de actos administrativos expedidos en anteriores gobiernos y registrados en el gobierno Petro, y también siendo contabilizados dentro de los actos administrativos entregados materialmente.
Igual situación se presenta con actos administrativos que están siendo expedidos y entregados sin haber culminado el proceso de registro, tal como lo es el caso del Resguardo Indígena de Chaisalu del pueblo Wayuu, cuyo acto administrativo fue expedido el 28 de junio de 2023, y según los datos aportados por la ANT en el marco de la Mesa Técnica de Revisión de Cifras, fue entregado materialmente el mismo 28 de junio de 2023, sin que haya evidencias de que se haya culminado el proceso de registro.
En ese mismo sentido, otro punto que genera preocupación es el hecho de que la ANT no cuenta con información clara y diferenciada del número de hectáreas que están siendo formalizadas mediante la implementación de la política de Reforma Agraria de la administración actual, de las que corresponderían al número de hectáreas formalizadas en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral que es parte del compromiso de implementación tanto del punto 1 como del capítulo étnico que están contenidos en el Acuerdo Final de Paz. Y por lo mismo, la agencia no ha logrado determinar y comunicar de manera clara y oportuna qué cifras corresponden a cada una de las reformas en mención, lo cual genera serias dificultades al ejercicio de seguimiento de avances diferenciados en la materia. Tema al que habría de agregarse que en el marco de la consulta previa que fue realizada al Decreto Ley 902 de 2017, se incorporó una salvaguarda en favor de los pueblos indígenas en su artículo 22, en el que se definen las tierras y territorios indígenas que habrán de ser parte del Fondo Nacional de Tierras solo para efectos de su administración, y que por lo mismo no podrían ser contabilizadas dentro de la meta de adjudicación de las 3 millones de hectáreas provenientes del Fondo, ni de las 7 millones e destinadas a formalización, según lo establecido en el Acuerdo Final.
Por lo anteriormente expuesto, desde la STI-CNTI se quiere reiterar el llamado que desde noviembre de 2022 se ha hecho al gobierno nacional, al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras, para que ofrezcan a la opinión pública, un mayor nivel de precisión respecto a las cifras reales que corresponden a los avances en el proceso de formalización de territorios indígenas en lo va durante el periodo de gobierno actual, diferenciándolas de las gestiones que fueron adelantadas y que finalizaron con la formalización de territorios indígenas durante gobiernos anteriores.
Es claro que, en algunos casos, las nuevas administraciones recogen la cosecha de las gestiones que previamente pudieron ser adelantadas por administraciones pasadas, razón por la cual incluso es necesario que exista un mayor nivel de claridad respecto a esta información que se comparte a la ciudadanía, a fin de mejorar el seguimiento a las políticas públicas mediante las que se espera un significativo avance en la garantía y materialización del derecho a la tierra y al territorio en Colombia. Y por lo mismo, evitar malentendidos que puedan generar posibles e innecesarios conflictos y tensiones entre la población indígena y otros sectores de la sociedad, a razón del contraste y el malentendido de las cifras.
¡Defender los territorios es defender la vida!
