En un primer momento, el mayor Carlos Sánchez, líder del pueblo Nasa y cofundador de la CNTI, mencionó que hace 30 años, con la proclamación de la nueva Constitución Política de Colombia, sintieron que las exigencias de los pueblos indígenas habían sido escuchadas y serían atendidas sus reivindicaciones. Sin embargo, según recuerda, al evaluar los resultados de su aplicación fue evidente que lo allí consagrado no era suficiente para alcanzar las garantías por las cuales habían luchado.
El contexto social y político en el que estaban los pueblos indígenas para 1996 estaba enmarcado en una serie de acuerdos incumplidos que habían sido pactados con el Gobierno a nivel local y nacional. “Habíamos venido reclamando nuestros territorios a través de la vía normativa, pero también a través de las vías de hecho, porque a pesar de la creación de la autoridad de tierras, no había respuestas a la formalización de los territorios y eso nos llevaba a estar totalmente desprotegidos”, dijo.
Fue así como se dio una acción conjunta de los pueblos indígenas en diferentes zonas del país y fueron ejecutadas acciones como la ocupación de las instalaciones en la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en Bogotá, de la sede de la Gobernación de Putumayo en Mocoa; de las oficinas del entonces Incora en Ibagué y el bloqueo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán, entre otras.
Justamente, el origen de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se remonta a una de las principales acciones adelantadas por los pueblos indígenas ese año: la toma de la Conferencia Episcopal en Bogotá, motivada por el ánimo de lograr un espacio en el que el Gobierno tuviera que sentarse a dialogar. Así, después de más de 40 días de permanencia y férreas negociaciones con los representantes de la institucionalidad, fue acordada la expedición de dos decretos, uno de ellos el que contempló la creación de la comisión para resolver las problemáticas de las comunidades en el orden territorial (Decreto 1397 de 1996).
El panorama actual de los derechos territoriales para los pueblos indígenas
Los delegados destacaron los avances en el acercamiento con el Gobierno por la existencia de un espacio de diálogo y concertación de carácter nacional que se ha fortalecido con los años. No obstante, resaltaron las preocupantes cifras respecto a la gestión de las entidades responsables, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para garantizar el goce efectivo de los derechos.
El delegado de AICO por la Pacha Mama para la CNTI, Jairo Alberto Guerrero, expuso que a la fecha hay más de 1000 solicitudes para la formalización de territorios indígenas ante la ANT y esta a su vez resuelve 25 procesos por año. Así, de acuerdo a sus palabras, harían falta 40 años para dar respuesta a la totalidad de requerimientos.
Respecto a la implementación del Decreto 2333 de 2014, que pretende agilizar los mecanismos de protección para la seguridad de los territorios indígenas ancestrales, expuso que este año la agencia solo planea resolver 2 de las 180 solicitudes que tiene en su poder. Ya frente al Decreto 4633 de 2011 que dicta las medidas para la restitución de derechos territoriales a los pueblos indígenas, expuso que existen más de 573 de solicitudes con tan solo 17 fallos favorables.
Otra de las grandes preocupaciones está relacionada a las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos, así como el avance de la agenda extractiva que está permitiendo el Gobierno en territorios indígenas y que pone en riesgo la vida y las formas de organización propia de las comunidades. De hecho, el delegado Jairo Guerrero fue enfático al denunciar que actualmente hay 39 comunidades indígenas en riesgo de desaparición inminente y 35 tienen menos de 200 habitantes.
Todo el conocimiento de los pueblos indígenas en temas territoriales está al servicio de la humanidad
Los pueblos indígenas son uno de los actores principales para la preservación de la diversidad natural en el mundo. Julio César López, coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), expresó que son estos quienes han encontrado el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, pues no se trata de ser “dueños” por encima del agua, de las plantas y de los animales, sino de tener una relación de respeto y una conexión espiritual con el entorno.
Así, los pueblos indígenas tienen su Gobierno propio y unas estructuras que a lo largo de la historia han sido establecidas y organizadas. Por esta razón los territorios tienen una administración propia en lo que tiene que ver con lo ambiental, lo territorial, lo social, lo cultural, etc., que los convierte en reservas para la diversidad natural y todo el sistema de conocimientos tradicionales que no solo benefician a los pueblos indígenas, sino a todo el mundo.
“Nunca nos hemos opuesto al progreso, nos oponemos al modelo económico de desarrollo que se quiere implementar en los pueblos indígenas y es una discusión que estamos dispuestos a dar en el marco de la CNTI”, agregó López.
Conclusiones y retos del espacio
Para finalizar, como observó Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, el encuentro conmemorativo de los 25 años recordó el nacimiento del espacio y las causas que motivaron a los fundadores a resistir en una jornada tan exigente, por ello era imprescindible contar con su participación y recoger su legado para los nuevos delegados y las generaciones futuras.
En más de dos décadas de trabajo, la comisión ha apostado por fortalecer el diálogo y concertar soluciones para los problemas que afectan a los pueblos indígenas en lo territorial, ha incidido en la creación de acuerdos y la expedición de normas para garantizar el avance en el cumplimiento de derechos, y ha buscado consolidar el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), una herramienta técnica para apoyar los procesos de exigibilidad e incidencia política adelantados por los delegados de las organizaciones indígenas.
En adelante, de acuerdo a las palabras del secretario técnico, la comisión debe crear mecanismos para agilizar los procesos de las demandas históricas de los pueblos indígenas, posicionar ante la opinión publica la importancia de los territorios y exigir al Gobierno que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales para que proteja ágilmente los derechos territoriales.
