La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alerta sobre la grave vulneración de derechos en los territorios indígenas del departamento de Guainía, que ha terminado en la colonización, la deforestación, la profanación de territorios ancestrales y la afectación a los espacios sagrados, así como en la amenaza a las comunidades para que abandonen sus territorios.
Según datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a julio de 2019 había once (11) solicitudes de legalización sin resolver, además de dos (2) para la protección ancestral en Guainía. La falta de seguridad jurídica en los territorios indígenas (certeza de su reconocimiento) es un factor que ha propiciado el aumento de la colonización en los mismos. Otra causa que ha agudizado la colonización ha sido el establecimiento de entidades territoriales, como fue la creación del municipio de Barrancominas bajo el Decreto 1454 de 2018.
Sin embargo, tres meses antes de que se creara el municipio en territorios ancestrales indígenas, el Gobierno emitió el Decreto 632 de 2018, a través del cual se establece el procedimiento para que funcionen de manera transitoria las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) en áreas no municipalizadas de Guainía, Amazonas y Vaupés, hasta que el Congreso expida la ley.
Esta figura, que reconoce los espacios habitados por los pueblos indígenas y brinda garantías para que estos ejerzan sus propias formas de organización, debía funcionar de manera transitoria hasta la legalización de los territorios por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. No obstante, el Gobierno avanzó hacia la creación del municipio de Barrancominas y ha puesto trabas para garantizar la autonomía a los pueblos indígenas a través de las ETIs.
Los obstáculos para su formalización y la falta de titulación de tierras por parte del Estado colombiano han generado una situación de vulnerabilidad en la que los territorios son amenazados por los procesos de colonización. Los responsables buscan explotar los recursos naturales históricamente protegidos por las comunidades indígenas, sin pensar en el daño ambiental y social que pueden generar.
