Declaración política sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato-PECIG

Las organizaciones indígenas denunciamos incumplimientos graves del Gobierno Nacional de sentencias judiciales que ordenan suspender las fumigaciones aéreas con glifosato  en detrimento de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las poblaciones rurales en Colombia

Desde que en Colombia se implementó la guerra antidrogas a partir del uso del glifosato, los pueblos indígenas hemos manifestado nuestra inconformidad debido a las afectaciones irreversibles e impactos nocivos de las fumigaciones para los territorios, el ambiente, la biodiversidad, los recursos hídricos, la vida e integridad de las personas; hoy hemos soportado tres décadas de daños acumulados en nuestros territorios y espacios sagrados y, tras cinco años de haberse suspendido el uso del glifosato por sus efectos cancerígenos, una vez más estamos luchando porque se nos respete nuestros derechos fundamentales a la consulta previa, consentimiento previo, libre e informado y participación ambiental en el proceso que se impulsa para lograr la reactivación del PECIG en 104 municipios del país.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 suspendió de manera definitiva el programa de fumigaciones aéreas con glifosato por sus efectos nocivos para la salud y vida de las poblaciones, así como para el territorio, ambiente y recursos hídricos respecto a los cuales opera el principio de precaución, en virtud del cual el Estado debe abstenerse de implementar acciones que conllevan este tipo de riesgos. Por decisión de la Corte, este programa de erradicaciones debe ser revisado y modificado, para prevenir daños en las personas y territorios, para lo cual además deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • En el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado debe evaluarse los riesgos a la salud, territorio, medio ambiente, así como los daños a la integridad física, cultural, social y económica de los pueblos étnicos, entre otros riesgos ocasionados a las comunidades afectadas por las fumigaciones.
  • Debe garantizarse una participación efectiva de todos los afectados, en especial de pueblos étnicos y campesinos dentro del proceso ambiental.
  • Debe haber evidencia técnica y científica, referida a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y, a la solución al problema de las drogas ilícitas, conforme a los instrumentos de política pública, partiendo por la evaluación de la efectividad de la erradicación forzada y las alternativas de sustitución voluntaria del punto 4 del Acuerdo Final de Paz.

Leer más:

CNTI Radio