Escrito por: Semana Sostenible
En el recurso jurídico también se le solicita al Gobierno nacional suspender todos procesos de este tipo, hasta tanto no se supere la crisis sanitaria y social por la que atraviesa el país por cuenta del coronavirus. También se pide dejar sin efecto las circulares emitidas por el MinInterior al respecto.
Ante el Tribunal Superior de Bogotá fue instaurada una acción de tutela contra el Ministerio del Interior por parte de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STICNTI).
Con este recurso jurídico, soportado en 25 páginas, se busca que el Gobierno nacional garantice y respete el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos aborígenes, a partir de la prohibición total de la consulta virtual.
Y es que, para la STICNTI, las dos circulares externas expedidas por esa cartera ministerial sobre este tema dejaron abierta la posibilidad de realizar consultas previas de tipo virtual, «siempre que las comunidades cuenten con los medios tecnológicos y condiciones necesarias para tal fin».
Para esta organización sigue latente el riesgo de que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales para vulnerar el derecho a la consulta de las comunidades. En tal sentido, aseguran que la tutela busca prohibir al Gobierno que replique estos intentos de reforma a derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada, y el debido proceso.
Asegura que a pesar de que el Ministerio del Interior derogó una de las circulares externas que había proferido, el problema continúa y por esa razón solicitan, además, dejar sin efecto dichas circulares.
Ricardo Camilo Niño Izquierdo, secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, indicó que a la fecha no se han adoptado medidas especiales que garanticen a las comunidades indígenas su derecho a la vida, salud, integridad y consulta previa, libre e informada, en el marco de la emergencia social que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.
En la acción judicial también le solicitan al Gobierno nacional ordenar la suspensión de todo proceso de consulta previa, hasta tanto se supere la crisis humanitaria desatada por el coronavirus en el país. Adicionalmente, que se adopten las medidas sanitarias diferenciales para garantizar a las comunidades indígenas el goce efectivo de este derecho.
“En especial esta suspensión debe aplicarse frente a proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y demás que impacten de manera directa e indirecta los territorios indígenas”, solicitó la comisión.
De igual manera, la tutela le pide a la justicia colombiana, conforme al principio de progresividad, ordenar al Ministerio del Interior que consulte con los representantes de las organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Indígena todas las propuestas diferenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, según sus condiciones de múltiple vulnerabilidad.
La secretaría reitera que en ninguna circunstancia se puede proceder a realizar nuevas consultas previas en los territorios a través de los términos propuestos por el Ministerio del Interior, porque, en su concepto, proponer la realización de este tipo de procesos a pueblos indígenas en situaciones de extrema vulnerabilidad y carentes de tecnología, viola sus derechos fundamentales.
«No estamos preparados para enfrentar la pandemia y por eso las comunidades han concentrado en este instante todo su esfuerzo en proteger el territorio, a partir del no ingreso de personas externas. Hoy debemos concentrarnos en eso, en resolver la crisis sanitaria y humanitaria frente a la covid-19 y no ponernos a pensar en hacer consultas virtuales debido a que no están garantizados los estándares mínimos para su implementación ni los principios que por ley se deben tener en cuenta», expuso.
Jhenifer Mojica Flórez, abogada y especializada en derecho procesal, considera que las consultas previas virtuales no se pueden hacer ni ahora ni nunca. «Aquí lo que está de fondo es una presión de los empresarios de la economía extractiva para que se les quiten obstáculos y como los pueblos indígenas son eso para ellos, por eso insisten en la realización de este tipo de medidas», dijo.
La jurista explicó que en la tutela también se le pidió al Gobierno que fortalezca los mecanismos de participación haciéndolos más eficientes y que dialogue y consulte con los indígenas antes de tomar decisiones para que ellos puedan ejercer sus derechos de manera adecuada y más en un momento humanitario tan grave como el que están atravesando», recalcó.
Mojica aseguró que para los pueblos indígenas las consultas previas virtuales constituyen una burla, porque son comunidades muy vulnerables que, si no tienen acceso a derechos mínimos fundamentales como el agua o salud, pues mucho menos a la tecnología. «Con esto los que se quiere es sacar adelante los proyectos que están detrás de todo», apuntó.
La abogada advirtió que los pueblos indígenas enfrentan, además, en situaciones corruptividad, pues podría presentarse manipulación o constreñimiento hacia algunos de sus líderes por parte de las empresas, aprovechándose de su vulnerabilidad.
