La comunidad indígena Yajotja perteneciente al pueblo Waüipijiwi, ubicada en el departamento de Vichada, hace un llamado urgente a las organizaciones gubernamentales para que brinden atención prioritaria a la difícil situación de vulneración de sus derechos colectivos e individuales, generada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el no reconocimiento de un territorio digno, lo que perjudica su pervivencia física y cultural.
Los Waüipijiwi, quienes también son conocidos como Wipiiiwi, Waüpiiiwi, Huupiwi, Wipiwi o Wipijiwi, se autodenominan de acuerdo a su cultura como «La gente que camina» o “La gente del Alto Vichada”. Según datos suministrados en 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este pueblo ancestral solo cuenta con 299 integrantes, lo que reafirma la necesidad de su protección especial y prioritaria.
De acuerdo a la cosmovisión de los Waüpijiwi, su “Weunuekua” o “territorio de origen” (en su lengua materna) está ubicado en Caño Gavilán, cerca al río Tomo y a Yumemuje, en el actual municipio de La Primavera, departamento de Vichada. De este lugar fueron desplazados por la presencia de grupos armado al margen de la ley, el narcotráfico, la invasión de colonos, la persecución y el asesinato de indígenas durante las “cacería de indios”, también conocidas como “guajibiadas” o “guahibiadas”, en los años ochenta.
En el año de 1982, 65 indígenas Waüipijiwi fueron reubicados en el Resguardo de Caño Mochuelo, en el asentamiento de Caño Agua Clarita, donde conformaron la comunidad El Merey, en el departamento de Casanare. Esto, en compañía de otros ocho grupos indígenas que también fueron desplazados por la violencia.
Su llegada a este territorio generó conflictos interétnicos con los otros pueblos originarios de este resguardo, como son los Maiben, los Masiware y los Tsiripus, como se relata en el libro “Huellas de la Madre Laura en los Caminos de los Pueblos Indígenas”, publicado en noviembre de 2011 por la editorial Kimpres.
El traslado de este pueblo ancestral terminó afectando las dinámicas propias de los Waüpijiwi, pues ancestralmente desarrollaban sus actividades como nómadas y recolectores. Durante su estadía en la comunidad El Merey, fueron obligados a llevar una vida sedentaria y de agricultores que no les era propia, hecho que limitó sus correrías tradicionales a los sitios sagrados que los proveían de espiritualidad y sus economías propias como la pesca, la caza, la recolección y el intercambio con otros pueblos, como se evidencia en la investigación y Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia ENSANI (2012, 2014).
Ante esta crisis territorial y alimentaria, fueron incorporados insumos externos que no hacen parte de la dieta alimenticia de la comunidad Waüpijiwi y generaron una crítica situación de salud en mayores y niños. Además, la comunidad no cuenta con los recursos para acceder a lamedicina occidental y tampoco tienen acceso a agua potable, a un sistema de acueducto o a un sistema de manejo de basuras, lo que agrava la situación de salud y de pervivencia.
Para el año de 2003, los Waüpijiwi nuevamente fueron amenazados por grupos armados. Así lo expresaron en el comunicado del 2018: “Para el año 2003 un grupo de en promedio 40 hombre, según la comunidad, al parecer de las FARC, asegura la comunidad, llegan por el río Aguas Claras en un planchón donde se transportaban y se instalaron en la finca conocida como Hato Manare que limita con el Resguardo”.
Esta situación una vez más los obligó a desplazarse, algunas familias de la comunidad Merey llegaron a Santa Rosalía en Vichada y pasaron por municipios como Puerto López y Orocué. Muchos miembros de la comunidad vieron la opción de regresar a su territorio ancestral que, de acuerdo a las historias de los abuelos y mayores, estaría ubicado en La Primavera, Vichada, cerca al sitio conocido como “Mate Ñame” en Agua Verde, donde se encuentra enterrado Yajotja, un emblematico capitán Waüpijiwi.
Entre finales de 2005 y principios de 2006, con ayuda del Ministerio del Interior, las familias retornaron al Merey en el Resguardo de Caño Mochuelo. Sin embargo, volvieron a una situación de conflicto interétnico que interrumpió la armonía al interior de la comunidad y con el territorio.
De acuerdo a las denuncias realizadas por el propio pueblo Waüpijiwi, en 2017 sufrieron situaciones internas que los llevaron a tener problemas de gobernabilidad, lo que provocó que se limitará su participación en los espacios de decisión del resguardo indígena, lo que hizo que los otros pueblos indígenas con los que comparten territorio no priorizaran las necesidades del pueblo Waüpijiwi.
A esta difícil situación se sumó el reclutamiento forzado de menores y los abusos sexuales a menores por parte de grupos armados, como lo expresaron en la denuncia realizada en la tutela del 2018. “Durante 2017, al Merey llegaban personas mestizas, inicialmente vestidas de civil y después en uniforme camuflado para reclutar a las niñas de la comunidad, algunas de ellas regresaron embarazadas y otras no regresaron”.
Tras este acontecimiento, en diciembre de 2017 se dio el desplazamiento definitivo de 57 personas integrantes del pueblo Waüpijiwi, entre estas 18 menores de edad, desde Caño Mochuelo hacia la inspección de Agua Verde del municipio de La Primavera, enVichada.
Un territorio sin garantías
Cuando los Waüpijiwi llegaron a Agua Verde, vieron su regreso como un posible retorno armónico a su territorio de origen. Sin embargo, la poca garantía institucional y las limitaciones propias del lugar, representaron una vez más la vulneración de la comunidad de manera social, física y cultural.
En 2018 la comunidad fue ubicada por parte de la Alcaldía de La Primavera en la finca Las Reliquias. Luego, para noviembre de ese mismo año, la comunidad fue trasladada a un terreno a orillas del río Meta. Debido a las crecintes del río Meta que causan inundaciones, los Waüpijiwi no contaban con un terreno apropiado para la siembra y cultivo de sus alimentos, además de sufrir de infecciones respiratorias, poniendoles en condiciones de vulnerabilidad por las enfermedades y falta de una alimentación adecuad.
A raíz de esas dificultades, la Alcaldía Municipal de La Primavera decidió reasentarlos nuevamente en la finca Las Reliquias, un espacio de tan solo 4 hectáreas donde viven como arrendatarios, pago que debe asumir la Alcaldía del municipio.
En este limitado lugar conforman la comunidad Yajotja del pueblo Waüpijiwi. Sin embargo, denuncian la reiterada vulneración a sus derechos, porque se les impide que desarrollen actividades propias de su pueblo como la caza, la pesca y la recolección. Además, la comunidad denuncia que no existe ningún plan de reubicación o extensión del pago de arrendamiento de la ubicación actual por parte del gobierno local.
Ante esta situación, le han solicitado al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras que se den las garantías adecuadas para la pervivencia de este pueblo ancestral en dicho territorio con unas condiciones más dignas. Sin embargo, los Waüpijiwi aún se encuentran censados en el Resguardo de Caño Mochuelo en Casanare, lo que al parecer impide a las entidades gubernamentales para dar las garantías correspondientes que resuelvan esta problemática.
En caso de un posible retorno al Casanare, este pueblo ancestral le pide al Gobierno nacional la ampliación del Resguardo Caño Mochuelo como se estipula en el plan de vida del resguardo de 2013, para así resolver las diferencias interétnicas y brindar las garantias para que todos los pueblos indígenas puedan tener equilibrio y armonía territorial.
El 18 noviembre de 2019, comunidad Yajotja del pueblo Waüpijiwi radicó documentos para la oferta voluntaria de compra de un predio ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT, en el marco de solicitud de constitución de resguardo y protección de territorio ancestral referenciado en el expediente No. 201851008299800037E. Sin embargo dicha solicitud fue negada porque el desplazamiento de pueblo Waüpijiwi supuestamente se dio por conflictos interétnicos y no por el conflicto armado.
El pasado 19 de diciembre de 2019, el capitán Ángel Tadache y demás firmantes de la comunidad indígena Yajotja, del pueblo Waüpijiwi. hicieron la denuncia formal bajo una acción de tutela contra las entidades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Alcaldía Municipal de La Primavera, el departamento de Vichada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Minorías del Ministerio del Interior, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Puerto Carreño, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud, por no atender de manera diferencial y prioritaria a esta comunidad indígena en situación de riesgo.
Se espera que en el trámite de tutela que cursa ante la Corte Constitucional con el número de expediente: T-8.113.378, garanticen los derechos territoriales de la comunidad Yajotja, del Pueblo Indígena Waüpijiwi, y tome las medidas efectivas para su pervivencia de este pueblo ancestral.
De acuerdo al auto 004 de 2009 de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, los Waüpijiwi o Wipiwi presentan altos índices de morbimortalidad y la disminución progresiva de la población. Por su parte, la Organización Nacional Indígena De Colombia (ONIC)manifiesta que “Aunque conservan su lengua, sus autoridades tradicionales se han debilitado, han perdido sus saberes ancestrales en torno a la medicina, al manejo ambiental y a desarrollos culturales. (…) La ausencia e sabedores tradicionales de nivel superior, demuestra el debilitamiento para afrontar los diversos malestares como su capacidad organizativa, de ejercicio del a autoridad y gobierno al interior del pueblo, eso ha disminuido los procesos de transmisión de los saberes y conocimientos”.
Es así que, en el marco de los derechos constituionales y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, el Estado colombiano en este caso de la Corte Constitucional debe tomar desiciones que permitan resolver las problematicas del PuebloWaüpijiwi, entre ellas resolver la situación territorial de dicho Pueblo indígena, cuyas condiciones sean por lo menos iguales o similares a las tierras que ocupaban anteriormente, garantizando el goce efectivo de sus derechos y permitiendo que puedan resolver sus necesidades y garantizar su futuro desarrollo.
Por tal motivo, el pueblo Waüpijiwi reitera el llamado al Estado colombiano en especial a las entididades judiciales y las instituciones competentes del gobierno nacional, para que existan las garantías que la comunidad necesita para poder vivir en un territorio digno de acuerdo a sus cosmovisiones, a usos y costumbres donde pervivan sus futuras generaciones.
Por. Secretaría Técnica Indígena Comisional Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
En el segundo momento de la primera jornada de trabajo de la IV sesión mixta de la CNTI del 2021 y tras la socialización por parte de los representantes del gobierno nacional de los temas y puntos establecidos en el marco de agenda de trabajo, los delegados de las Organizaciones Indígenas expresaron su descontento por la falta de claridad en la argumentación de la información, las cifras y los conceptos presentados por los delegados del gobierno.
Una de las conclusiones a las que llegaron los delegados indígenas y la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI es que el gobierno de Iván Duque, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), responsable de todo lo relacionado con las tierras en Colombia, interpretó a su conveniencia lo establecido en el Acuerdo Final de Paz (AFP) con relación a la figura del acceso y formalización de la propiedad rural, debido a que presentaron como metas de cumplimiento los predios que los Pueblos Indígenas ya tenían definidos con anterioridad a la firma de dicho acuerdo.
Según lo presentado por los representantes del gobierno nacional frente al Fondo de Tierras creado con ocasión del Acuerdo Final de Paz (AFP), ha sido imposible establecer cómo la ANT definió los predios con los que dice cumplir la formalización o el acceso a tierras para los Pueblos Indígenas. Lo anterior se evidencia debido a que la ANT no compartió los criterios con los que se determina si los predios ya eran de los Pueblos Indígenas antes de la firma del acuerdo o si en efecto se trata de nuevos predios para las comunidades.
Durante la intervención de sus representantes en el primer día de la sesión mixta de la CNTI, fue evidente que la entidad no está teniendo en cuenta el artículo 22 del Decreto Ley 902 de 2017, que busca impedir que los predios que ya estaban en posesión de los Pueblos Indígenas antes de la firma del AFP en 2016, entren al reporte como cumplimiento de esta nueva política en el marco de la Reforma Rural Integral, pues estos solo debían entrar al Fondo de Tierras para su administración.
Para los delegados indígenas y STI-CNTI es preocupante que dichos predios puedan ser contabilizados de manera irregular en los 10 millones de hectáreas que tiene el Fondo de Tierras como meta de cumplimiento. Cabe recordar que la Reforma Rural Integral contempla 7 millones de hectáreas para la formalización y 3 millones para la adjudicación de tierras a comunidades y pueblos étnicos. Con dichas metas se debe cumplir con la formalización de los territorios de los Pueblos Indígenas en posesión ancestral al igual que adjudicar tierras a los que no tienen tierras o carecen de las mismas.
Se espera que para el tercer día de espacio mixto, que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de septiembre, la entidad finalmente socialice los criterios y dé claridad a los vacíos que permanecen frente al cumplimiento de la Reforma Rural Integral y más específicamente, de las asignaciones en el marco del Fondo de Tierras.
Los días 17 y 18 de agosto de 2021, el equipo de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STI-CNTI) y el Observatorio de Derechos Territoriales de los pueblos indígenas (ODTPI) realizó un acompañamiento a las comunidades y autoridades Inga de la Asociación de Cabildos Indígenas del municipio de Villagarzón, Putumayo (ACIMVIP).
La actividad inició con la presentación del espacio de formación que viene desarrollando la ACIMVIP, en el marco del fortalecimiento del trabajo de los guardianes del territorio ancestral indígena del pueblo Inga en el municipio de Villagarzón. Este espacio de formación tiene como propósito fortalecer las capacidades de las comunidades que hacen parte de la guardia indígena, así como los nuevos semilleros de liderazgo en defensa territorial de las comunidades indígenas de esta región del Putumayo.
En este proceso de formación y fortalecimiento de las capacidades políticas, técnicas y conceptuales de las y los guardianes de los territorios indígenas de Villagarzón, en el ejercicio de la defensa territorial, el equipo de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y el ODTPI realizó la presentación de la estructura de este espacio concertación y del trabajo que viene desarrollando en relación a la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia.
Así mismo, el equipo hizo énfasis en el trabajo desarrollado desde el área de soporte y sistemas de información geográfica, en relación al registro y la consulta de solicitudes de formalización realizadas sobre territorios indígenas.
Posterior a la presentación de la STI-CNTI, se desarrolló una actividad participativa con las comunidades y autoridades indígenas allí presentes. Dicha actividad consistió en realizar un ejercicio de cartografía de sus territorios ancestrales y para ello se crearon grupos de trabajo que, con los respectivos mapas de sus territorios, identificaron los lugares más representativos para la comunidad, especialmente sus sitios sagrados, espacios ceremoniales, zonas de cultivo y espacios comunitarios.
De igual modo, fueron identificados los lugares que están siendo amenazados o que se encuentran en condición de riesgo, bien sea por la implementación de economías de uso ilícito, agendas extractivas y usurpación del territorio, entre otras situaciones o actividades que han provocado desarmonía y desequilibrio de los territorios y planes de vida del pueblo Inga de Villagarzón.
Posteriormente fue adelantada una actividad pedagógica con la comunidad indígena de ACIMVIP sobre la Consulta Previa Libre e Informada. Esta consistió en realizar una puesta en escena con los participantes y el equipo de la STI-CNTI, sobre cómo suelen darse las fases o cómo se llevan a cabo los procesos de consulta por parte de empresas y/o entidades del gobierno, cómo suelen ser las estrategias que estas desarrollan para conseguir la implementación de sus iniciativas, así como las alianzas o artimañas que se dan en estos escenarios para imponer en las comunidades el desarrollo de intereses particulares.
Esta actividad pedagógica tenía como propósito dar herramientas a las y los guardianes del pueblo indígena Inga de Villagarzón para hacer frente a la llegada de proyectos que puedan impactar el territorio y la vida de las comunidades indígenas, en especial de quienes requieren realizar procesos en el marco del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada.
En un primer momento, el mayor Carlos Sánchez, líder del pueblo Nasa y cofundador de la CNTI, mencionó que hace 30 años, con la proclamación de la nueva Constitución Política de Colombia, sintieron que las exigencias de los pueblos indígenas habían sido escuchadas y serían atendidas sus reivindicaciones. Sin embargo, según recuerda, al evaluar los resultados de su aplicación fue evidente que lo allí consagrado no era suficiente para alcanzar las garantías por las cuales habían luchado.
El contexto social y político en el que estaban los pueblos indígenas para 1996 estaba enmarcado en una serie de acuerdos incumplidos que habían sido pactados con el Gobierno a nivel local y nacional. “Habíamos venido reclamando nuestros territorios a través de la vía normativa, pero también a través de las vías de hecho, porque a pesar de la creación de la autoridad de tierras, no había respuestas a la formalización de los territorios y eso nos llevaba a estar totalmente desprotegidos”, dijo.
Fue así como se dio una acción conjunta de los pueblos indígenas en diferentes zonas del país y fueron ejecutadas acciones como la ocupación de las instalaciones en la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en Bogotá, de la sede de la Gobernación de Putumayo en Mocoa; de las oficinas del entonces Incora en Ibagué y el bloqueo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán, entre otras.
Justamente, el origen de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se remonta a una de las principales acciones adelantadas por los pueblos indígenas ese año: la toma de la Conferencia Episcopal en Bogotá, motivada por el ánimo de lograr un espacio en el que el Gobierno tuviera que sentarse a dialogar. Así, después de más de 40 días de permanencia y férreas negociaciones con los representantes de la institucionalidad, fue acordada la expedición de dos decretos, uno de ellos el que contempló la creación de la comisión para resolver las problemáticas de las comunidades en el orden territorial (Decreto 1397 de 1996).
El panorama actual de los derechos territoriales para los pueblos indígenas
Los delegados destacaron los avances en el acercamiento con el Gobierno por la existencia de un espacio de diálogo y concertación de carácter nacional que se ha fortalecido con los años. No obstante, resaltaron las preocupantes cifras respecto a la gestión de las entidades responsables, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para garantizar el goce efectivo de los derechos.
El delegado de AICO por la Pacha Mama para la CNTI, Jairo Alberto Guerrero, expuso que a la fecha hay más de 1000 solicitudes para la formalización de territorios indígenas ante la ANT y esta a su vez resuelve 25 procesos por año. Así, de acuerdo a sus palabras, harían falta 40 años para dar respuesta a la totalidad de requerimientos.
Respecto a la implementación del Decreto 2333 de 2014, que pretende agilizar los mecanismos de protección para la seguridad de los territorios indígenas ancestrales, expuso que este año la agencia solo planea resolver 2 de las 180 solicitudes que tiene en su poder. Ya frente al Decreto 4633 de 2011 que dicta las medidas para la restitución de derechos territoriales a los pueblos indígenas, expuso que existen más de 573 de solicitudes con tan solo 17 fallos favorables.
Otra de las grandes preocupaciones está relacionada a las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos, así como el avance de la agenda extractiva que está permitiendo el Gobierno en territorios indígenas y que pone en riesgo la vida y las formas de organización propia de las comunidades. De hecho, el delegado Jairo Guerrero fue enfático al denunciar que actualmente hay 39 comunidades indígenas en riesgo de desaparición inminente y 35 tienen menos de 200 habitantes.
Todo el conocimiento de los pueblos indígenas en temas territoriales está al servicio de la humanidad
Los pueblos indígenas son uno de los actores principales para la preservación de la diversidad natural en el mundo. Julio César López, coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), expresó que son estos quienes han encontrado el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, pues no se trata de ser “dueños” por encima del agua, de las plantas y de los animales, sino de tener una relación de respeto y una conexión espiritual con el entorno.
Así, los pueblos indígenas tienen su Gobierno propio y unas estructuras que a lo largo de la historia han sido establecidas y organizadas. Por esta razón los territorios tienen una administración propia en lo que tiene que ver con lo ambiental, lo territorial, lo social, lo cultural, etc., que los convierte en reservas para la diversidad natural y todo el sistema de conocimientos tradicionales que no solo benefician a los pueblos indígenas, sino a todo el mundo.
“Nunca nos hemos opuesto al progreso, nos oponemos al modelo económico de desarrollo que se quiere implementar en los pueblos indígenas y es una discusión que estamos dispuestos a dar en el marco de la CNTI”, agregó López.
Conclusiones y retos del espacio
Para finalizar, como observó Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, el encuentro conmemorativo de los 25 años recordó el nacimiento del espacio y las causas que motivaron a los fundadores a resistir en una jornada tan exigente, por ello era imprescindible contar con su participación y recoger su legado para los nuevos delegados y las generaciones futuras.
En más de dos décadas de trabajo, la comisión ha apostado por fortalecer el diálogo y concertar soluciones para los problemas que afectan a los pueblos indígenas en lo territorial, ha incidido en la creación de acuerdos y la expedición de normas para garantizar el avance en el cumplimiento de derechos, y ha buscado consolidar el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), una herramienta técnica para apoyar los procesos de exigibilidad e incidencia política adelantados por los delegados de las organizaciones indígenas.
En adelante, de acuerdo a las palabras del secretario técnico, la comisión debe crear mecanismos para agilizar los procesos de las demandas históricas de los pueblos indígenas, posicionar ante la opinión publica la importancia de los territorios y exigir al Gobierno que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales para que proteja ágilmente los derechos territoriales.
Fundadores, delegados salientes y nuevos comisionados se dieron cita el pasado jueves 12 de agosto en Bogotá para integrarse, compartir conocimientos y honrar el legado de la lucha que condujo al origen de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
Valiosos testimonios, reflexiones y propuestas fueron escuchados en el círculo de la palabra propuesto por el equipo de la secretaría técnica indígena de la CNTI, en cabeza del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI). Un simbólico bastón de mando pasó de mano en mano para marcar las intervenciones de cada uno de los delegados dispuestos a contar sus experiencias y aconsejar a quienes a partir de 2021 ocuparán sus asientos en la comisión.
Al mismo tiempo, una vela encendida en medio de todos los reunidos acompañaba los relatos que en otro momento habrían sido convocados alrededor de un fuego mayor. De esta manera y en un invaluable intercambio generacional, fueron entretejiéndose memorias y lineamientos a modo de una hoja de ruta para fortalecer los procesos de la CNTI hacia el futuro.
Más adelante, el equipo del ODTPI expuso el trabajo adelantado como componente de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y posterior a ello, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, junto a su equipo técnico, realizó una serie de presentaciones en las que evidenció los resultados de las estrategias implementadas por cada una de las áreas.
Dada la socialización, los delegados indígenas que hicieron parte del espacio y que cedieron su lugar a los nuevos integrantes de la CNTI, agradecieron por su tiempo de participación y felicitaron al grupo de la Secretaría Técnica Indígena. Además, dieron la bienvenida formal a los nuevos comisionados con el compromiso de que estos continúen luchando con convicción por la defensa de los derechos fundamentales y territoriales.
En una de sus intervenciones el mayor Jairo Guerrero, delegado de las Autoridades Indígenas-AICO por la Pacha Mama, resaltó tanto los esfuerzos realizados por el secretario técnico indígena como las iniciativas desarrolladas para cumplir con el compromiso de defender los derechos y posicionarse como autoridad en materia territorial, vocera y representante de los 115 pueblos indígenas de Colombia.
A su vez hizo un llamado al trabajo constante y disciplinado, pues reconoció la importancia del compromiso ante un escenario de diálogo y concertación de carácter nacional que debe ser cuidado. “Nosotros los pueblos indígenas sin territorio no somos nada, por eso necesitamos este espacio que garantiza y hace seguimiento a todo lo relacionado con el territorio”, fueron sus palabras.
Para cerrar el encuentro, voceros, delegados y fundadores trajeron nuevamente a la memoria las causas, el desarrollo y los eventos que tuvieron lugar después de la toma de la Conferencia Episcopal en 1996. Reflexionaron acerca del camino recorrido y los retos que aún quedan por superar, todos unidos ya no como miembros de un pueblo o una organización, sino como representantes de todos los pueblos indígenas que habitan y resisten en todo el territorio nacional por una causa común.
“Sabemos que vivimos en un país con un sentir y actuar diferente, por eso tenemos que exigir que nos respeten, para nosotros la tierra es parte de nuestra vida y sin ella no podemos hacer nada, tenemos que luchar por la recuperación y la formalización de nuestro territorio hasta que el sol se apague”, Jairo Guerrero, delegado de Autoridades Indígenas de Colombia-AICO por la Pacha Mama.
El evento que se llevó a cabo en el Fondo de Cultura Económica de Bogotá, contó también con transmisión en vivo en el canal de YouTube y la página de Facebook de la CNTI.
La agenda contempló el lanzamiento del informe “25 años en defensa de los territorios: diálogo, exigencias y concertación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas” que puede ser consultado en la página web de la CNTI.
Durante el espacio fue denunciado el riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia, pues según datos del observatorio de la CNTI, desde la adopción del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz hasta el año 2020, fueron registrados 361 homicidios contra personas indígenas.
El pasado viernes 13 de agosto en la ciudad de Bogotá, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) reunió a los fundadores y a los delegados que han hecho parte del espacio, creado tras la toma pacífica de la Conferencia Episcopal por parte de los pueblos indígenas en 1996. De igual manera, fueron convocados/as los y las representantes de organizaciones amigas y otros sectores sociales.
Con la realización de un panel sobre derechos territoriales, la entrega de reconocimientos a fundadores y delegados, la proyección del video “Memoria viva de la CNTI” y la instalación de una galería fotográfica, la comisión buscó honrar las causas, la historia y a los protagonistas que dieron pie a su origen.
Respecto al evento, Camilo Niño Izquierdo, líder del pueblo Arhuaco y secretario técnico indígena de la CNTI, dijo: «Es [recordar] toda esa memoria junto a las personas que estuvieron en la creación del decreto y sobre todo en el proceso que condujo a la expedición, porque este espacio no nació por la voluntad del Gobierno, sino que es el resultado de las exigencias autónomas de los pueblos indígenas».
Por su parte, Abadio Green Stocel, líder y académico indígena, quien además participó de la toma de más de 40 días a la Conferencia Episcopal, mencionó durante el panel la importancia de entender la relación intrínseca que los pueblos indígenas tienen con el territorio, pues esta va mucho más allá de la mirada occidental de la propiedad. “El mundo nos está mirando, que escuchen que estamos peleando por el territorio, no por nuestros resguardos, sino reclamando la armonía del mundo entero”, agregó.
Los delegados reforzaron las denuncias a las que hace eco la CNTI, frente a la deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos indígenas a causa de la falta de reconocimiento formal de los territorios, una necesidad mínima para la garantía de los demás derechos.
Según Carolina Gil, directora regional Noroeste Amazonas de Amazon Conservation Team, las organizaciones aliadas deben movilizar todo el apoyo posible, no solo para la constitución de resguardos, sino para la reivindicación de los territorios de uso y ocupación ancestral.
Respecto a esto, July Calderón, coordinadora del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), señaló: «Estamos en alerta por el despojo territorial. Hemos tenido éxito en unos casos, pero las situaciones de violencia prevalecen y generan desplazamiento o confinamiento».
En este contexto, los representantes de los pueblos y organizaciones indígenas dieron lineamientos para fortalecer la exigencia por los derechos en materia territorial y responder a los retos que implica superar la inseguridad jurídica de los territorios.
El programa del día finalizó con la muestra cultural encabezada por el grupo musical Moque y la exposición de fotos con registros del equipo de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y las imágenes ganadoras del concurso de fotografía de los pueblos indígenas, realizado por la comisión en el mes de julio.
Acerca de la CNTI
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas es un espacio de interlocución y concertación entre el Gobierno indígena y el Gobierno nacional, creado en el año 1996 mediante el Decreto 1397, con el fin de tratar temas relacionados a la garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en Colombia.
Cuenta con representación de las siguientes organizaciones: Confederación Indígena Tayrona (CIT), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, así como de cinco representantes indígenas de las macro regiones del país: Norte, Centro-Oriente, Occidente, Orinoquía y Amazonía; los senadores indígenas en ejercicio y los exconstituyentes indígenas.
