“Los ríos son las venas y el agua la sangre, por eso el territorio es el cuerpo”
Mayor José Vicente Villafañe,
delegado de la Confederación Indígena Tayrona ante la CNTI
El 21 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento paralelo “Aguas y territorios indígenas: contribuciones a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad”. El encuentro tuvo lugar en Ereván, Armenia, en el Pabellón de la UICN de la Zona Azul.
Cultural Survival organizó este espacio, en el que participamos como coorganizadores junto con Turning Tides, el Consorcio TICCA, U Yich Lu’um y la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. El encuentro permitió compartir experiencias y propuestas sobre los derechos territoriales y las contribuciones de los Pueblos Indígenas al cuidado de las aguas y la biodiversidad.
En el panel participó Camilo Niño Izquierdo, nuestro Secretario Técnico Indígena, junto con Yohana Coñuecar Llancapani de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar de Chile; Salatou Sambou de la Asociación de Pescadores del Municipio Rural de Mangagoulack de Senegal; y Nataly Domicó, del Pueblo Embera Eyabida, y Aimee Roberson de, la Nación Chahta/Chikashsha , ambas de Cultural Survival.
El agua es territorio. Los Pueblos Indígenas mantenemos una relación integral con el agua, en la que se entrelazan la espiritualidad, la cultura, la memoria, la alimentación y las prácticas de cuidado. Esta relación orienta nuestras formas de habitar y gobernar los territorios, transmitir nuestros conocimientos y sostener la vida colectiva. Por eso, reconocer las aguas como parte integral de nuestros territorios es una condición para garantizar nuestra permanencia, ejercer el gobierno propio y cuidar la vida desde nuestros sistemas de conocimiento.
Un río une lugares sagrados; una laguna es a la vez espacio de vida, de sustento y de conocimiento; y el mar está unido a las montañas y a los ríos del interior. Lo que le pasa a uno le pasa a todos: si se seca un nacimiento, se afecta el río; si se contamina el río, se afectan la ciénaga y el mar. Por eso, represar o desviar un río rompe el equilibrio del territorio, y separar el agua del territorio es partir su cuerpo.
Esta discusión es central para la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que busca conservar y gestionar eficazmente, para 2030, al menos el 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales, y de las zonas marinas y costeras. Su implementación incorpora la conectividad, la gobernanza equitativa y el reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios tradicionales.
Planteamos que los territorios indígenas deben reconocerse como una vía propia de conservación, distinta de las áreas protegidas y de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC). Este reconocimiento debe respetar nuestros sistemas de conocimiento y gobierno, e incorporar las aguas continentales, costeras y marinas que hacen parte de nuestros territorios.
Los datos presentados permiten dimensionar estas contribuciones. Según los análisis de la CNTI, en los territorios indígenas se encuentra el 61% de las aguas superficiales de Colombia, cerca de 1,18 millones de hectáreas. También está el 20% del área de acuíferos del país, aproximadamente 4,38 millones de hectáreas. Estas cifras muestran la importancia de reconocer tanto las aguas superficiales como las subterráneas en las decisiones territoriales y de conservación.
Asimismo, el 71% de los territorios indígenas presenta una integridad del paisaje alta o muy alta. Las áreas con estas condiciones dentro de nuestros territorios representan el 57% de las áreas del país con dicha integridad. A esto se suma que el 91% de los ecosistemas en territorios indígenas se encuentra en estado natural. Estos resultados dan cuenta de la continuidad de la vegetación y de funciones esenciales para la regulación del agua, el almacenamiento de carbono y el control de inundaciones.
En los resguardos se han registrado 21.544 especies, cerca de una cuarta parte de las registradas en Colombia. Entre ellas hay 1.344 endémicas, 532 migratorias y 411 amenazadas. Y esto es apenas lo documentado: nuestras comunidades saben mucho más. Solo en nueve resguardos se han inventariado 1.125 nacimientos de agua, una cartografía propia en la que cada nacimiento une memoria, espiritualidad, lengua y prácticas de cuidado.
Frente a estas contribuciones, advertimos sobre los vacíos del reconocimiento territorial. El equipo del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI revisó 1.360 resoluciones correspondientes a los 984 resguardos indígenas reconocidos e identificó que las aguas continentales y marinas no están incorporadas en su reconocimiento. Esta exclusión debilita las garantías para ejercer nuestras autoridades y cuidar espacios expuestos a proyectos extractivos, energéticos y otras intervenciones.
Para el Estado, el río, el humedal, la ronda hídrica, la playa, la costa y el mar tienen reglas, procedimientos y autoridades distintas. Una entidad decide sobre el título, otra sobre el agua, otra sobre la cuenca, otra sobre la conservación y otra sobre la costa y el mar; cada una decide sobre un pedazo, y nadie mira el territorio completo. Así, el 20% de los acuíferos, el 64% de las playas y el 21% de los páramos del país quedan sujetos a decisiones que no pasan por nuestras autoridades.
Las decisiones sobre el agua no pueden separarse de nuestras autoridades, que ordenan, cuidan y gobiernan el territorio completo, incluidas sus aguas. No somos actores interesados a los que se invita a procesos ya definidos: somos sujetos colectivos de derechos y autoridades en nuestros territorios. Un título colectivo es fundamental, pero no basta con un título más grande ni con garantizar el acceso al agua: exigimos que se garanticen nuestros derechos territoriales en su conjunto.
Desde el trabajo que adelantamos en la CNTI, pedimos a las Partes que la implementación de la Meta 3 reconozca los territorios como una vía propia de conservación y en su integridad, con sus aguas continentales, costeras y marinas; respete nuestras autoridades, sistemas de ordenamiento, mandatos propios y el consentimiento libre, previo e informado; y garantice financiamiento directo, sin intermediarios, que fortalezca nuestra autonomía.
Reafirmamos, además, que la información sobre nuestros territorios y sitios sagrados debe estar bajo nuestro control y servir a su protección. Su uso requiere respetar nuestras decisiones y los cuidados necesarios para evitar que estos espacios sean puestos en riesgo.
Donde el Estado ve competencias distintas, nosotros vemos un solo territorio. Por eso nuestros derechos no pueden fragmentarse. Sin agua no hay territorio, y sin territorios no hay Meta 3.
Los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas son históricos, colectivos y fundamentales. Su garantía constituye una obligación permanente del Estado colombiano que debe materializarse mediante políticas, recursos y acciones concretas en nuestros territorios. Nuestro mandato responde a la misión encomendada por nuestros mayores: defender los territorios como fundamento de nuestra pervivencia y permanencia como pueblos.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1397 de 1996, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) dialogamos, concertamos y exigimos la garantía efectiva de nuestros derechos territoriales. En cumplimiento de nuestro mandato, hacemos seguimiento a las políticas, los compromisos institucionales, las solicitudes ante las entidades responsables y los recursos presupuestales destinados a su cumplimiento. Asimismo, impulsamos las adecuaciones normativas, procedimentales e institucionales necesarias para avanzar en la constitución, ampliación, saneamiento y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Durante 30 años hemos desarrollado este trabajo en el diálogo y concertación de Gobierno a Gobierno. Solicitar información completa y verificable, analizar los avances, identificar las dificultades y exigir medidas para superar los rezagos forma parte de nuestras funciones y de la defensa de los derechos de nuestros pueblos.
Los derechos territoriales son históricos, colectivos y fundamentales. Su garantía constituye una obligación permanente del Estado colombiano. Las entidades responsables deben cumplir los acuerdos concertados, disponer los recursos y adoptar las medidas necesarias para avanzar en la constitución, ampliación, saneamiento y seguridad jurídica de nuestros territorios.
Los avances alcanzados deben tener continuidad y los compromisos asumidos deben cumplirse, con independencia de los cambios de gobierno o de las administraciones de las entidades. Exigimos que las actuaciones del Estado se desarrollen bajo los principios de buena fe, progresividad, no regresividad y coordinación institucional.
Como Pueblos Indígenas participamos en la CNTI desde nuestra autonomía, nuestros mandatos y nuestro derecho propio. Sostenemos nuestra disposición al diálogo y a la concertación con el Estado colombiano, así como el seguimiento permanente al cumplimiento de sus obligaciones. Esperamos que las posiciones de nuestros delegados y delegadas sean reconocidas y comunicadas con respeto al sentido de sus intervenciones y a la representación que ejercen.
El diálogo y la concertación de Gobierno a Gobierno debe permitir avanzar en el cumplimiento de los acuerdos, la entrega de información completa y verificable y la adopción de medidas que permitan superar los rezagos históricos en la garantía de nuestros derechos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
¡Que defender los territorios no nos cueste la vida!
En el marco de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia. El 19 de octubre, nuestro Secretario Técnico Indígena, Camilo Niño Izquierdo, presentó cómo los Pueblos Indígenas, desde nuestros territorios y sistemas de gobierno propio, contribuimos al cuidado de la naturaleza, y los riesgos que enfrentamos quienes los defendemos.
La intervención tuvo lugar en el evento paralelo “De la apropiación verde a la conservación basada en los derechos: impulsar una aplicación equitativa y eficaz del objetivo 30×30”, durante el panel “Derechos, conservación y rendición de cuentas”, junto a representantes de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) y Synchronicity Earth. Allí planteamos que la implementación de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad debe reconocer nuestros sistemas de gobierno y garantizar los derechos que permiten sostener el cuidado de los territorios.
Camilo Niño Izquierdo presentó los resultados de los análisis realizados por la CNTI a través de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Estos muestran que los territorios indígenas en Colombia abarcan aproximadamente 41 millones de hectáreas, cerca del 36 % de la superficie continental del país, y albergan el 58 % de sus bosques y el 61 % del área nacional de aguas superficiales.
A partir de esta información, identificamos que el 71 % de los territorios indígenas presenta una integridad del paisaje alta o muy alta y el 91 % de sus ecosistemas se encuentra en estado natural. Estos resultados dan cuenta de la conectividad de la vegetación y de funciones esenciales como el almacenamiento de carbono, la regulación del agua y el control de inundaciones y erosión.
En los resguardos indígenas se han registrado 21.544 especies, el 25,7% de las registradas en Colombia, de acuerdo con información del SiB Colombia con corte al 31 de marzo de 2026. Y esto es apenas lo documentado, ya que solo alrededor del3% de los registros biológicos del país se ha tomado en estos territorios con título de propiedad colectiva. Por ello, destacamos la necesidad de fortalecer el monitoreo propio y el reconocimiento de los conocimientos de nuestras comunidades.
Durante la intervención relacionamos estas condiciones con nuestras autoridades tradicionales, guardias indígenas, planes de vida, mandatos territoriales y conocimientos ancestrales. Desde esa experiencia, insistimos en que la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, conocida como 30×30, debe respaldar nuestras formas de cuidado y respetar nuestros derechos en las decisiones de conservación.
También advertimos sobre las presiones extractivas, la deforestación y la violencia que afectan a nuestros territorios. La información presentada muestra que en nuestros territorios se encuentra el 15,44% de las áreas con títulos mineros vigentes del país, el 9,79% del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10% del área deforestada en el último año. Estas presiones deben abordarse junto con el conflicto armado y la inseguridad jurídica territorial, señalados en nuestros análisis como factores estructurales de la violencia contra los Pueblos Indígenas.
El Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) registró 144 personas indígenas víctimas de homicidio entre enero de 2025 y agosto de 2026. Aproximadamente una de cada tres víctimas ejercía funciones de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional. La muerte de quienes cumplen estas funciones afecta la transmisión de conocimientos, la justicia propia y las capacidades colectivas que sostienen el territorio.
Los datos presentados también señalan que el 80% de las víctimas registradas en 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica, mientras 1.650 solicitudes de formalización territorial permanecen pendientes de resolución por parte del Estado. A estas afectaciones se suman amenazas, desplazamiento, confinamiento, desapariciones forzadas, secuestros y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El miedo y el control armado, además, favorecen el subregistro.
Frente a este panorama, presentamos cuatro recomendaciones a la COP17. Exigimos seguridad jurídica y material mediante el reconocimiento y la protección integral de nuestras tierras, territorios y aguas, con garantías para permanecer y ejercer el gobierno propio.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible y respetuoso de nuestra autonomía, que responda a las prioridades de nuestros pueblos y respalde sus capacidades de cuidado territorial. También exigimos mecanismos efectivos de protección para autoridades, líderes, lideresas, guardias y demás personas defensoras.
Reivindicamos nuestro reconocimiento como titulares de derechos en las decisiones sobre biodiversidad. Esto requiere participación plena, segura, efectiva y vinculante desde el diseño de las políticas hasta su implementación y seguimiento, con respeto por nuestras formas propias de representación y deliberación.
Con nuestra participación en este espacio, insistimos en que proteger a quienes defienden los territorios también es proteger la biodiversidad. El cumplimiento del Marco Mundial debe fortalecer nuestros derechos colectivos y nuestros sistemas de gobierno. Honramos la memoria de quienes han defendido el territorio con su vida y exigimos garantías para la continuidad de nuestros pueblos.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exigimos que las decisiones sobre biodiversidad y cambio climático se traduzcan en garantías para nuestros pueblos y territorios. En el marco de la COP17 y la COP31, llamamos a los Estados a reconocer nuestros derechos colectivos, respaldar nuestros sistemas de gobierno y conocimiento y proteger la vida de quienes ejercemos la defensa territorial.
La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica se realiza del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia. En este encuentro se abordarán la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. También tendrá lugar la primera revisión mundial de los avances colectivos en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, junto con discusiones sobre financiamiento, seguimiento y compromisos relacionados con los Pueblos Indígenas.
Por su parte, la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. En este escenario se discutirán acciones para reducir emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y atender pérdidas y daños. El financiamiento y la transición justa, con enfoque de derechos, son asuntos fundamentales para nuestros pueblos.
Las Conferencias de las Partes, conocidas como COP, reúnen a los Estados que forman parte de un convenio internacional para evaluar su cumplimiento y negociar decisiones. Cada una tiene objetivos y una agenda propios. Sus acuerdos orientan la implementación de los convenios y requieren políticas, recursos y acciones nacionales que se traduzcan en resultados concretos en los territorios.
Para nuestros pueblos, la biodiversidad y el clima están vinculados en la integridad territorial. En nuestros territorios se relacionan las aguas, los bosques, la espiritualidad y nuestros sistemas de conocimiento y gobierno. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad afectan esas relaciones y las condiciones para sostener nuestras formas de vida. Desde nuestros gobiernos propios mantenemos prácticas de cuidado que deben ser reconocidas y respaldadas en ambas COP.
Exigimos seguridad jurídica y material para nuestros territorios y aguas. Los Estados deben avanzar en su reconocimiento y protección integral, con garantías efectivas para permanecer, ejercer el gobierno propio y enfrentar el despojo y las amenazas. Nuestros derechos territoriales tienen fundamento ancestral, histórico y colectivo, y deben respetarse en las políticas de conservación y acción climática.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible, predecible y respetuoso de nuestra autonomía. Los recursos deben responder a prioridades definidas por nuestros pueblos y respaldar las capacidades que sostienen el cuidado territorial. Su acceso y gestión deben reconocer nuestras instituciones, procedimientos colectivos y sistemas de conocimiento.
Exigimos protección efectiva para nuestras autoridades, liderazgos y personas defensoras. Las amenazas, los homicidios, el desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento forzado afectan a nuestros pueblos y debilitan nuestros sistemas de gobierno, conocimiento y cuidado. Cada agresión compromete vínculos comunitarios, la transmisión de saberes y la continuidad de nuestros procesos organizativos. Los compromisos ambientales deben incluir mecanismos de prevención y protección que atiendan estas dimensiones colectivas y territoriales.
Exigimos participación plena, segura, efectiva y vinculante como titulares de derechos. Para incidir en la construcción, implementación y seguimiento de las decisiones, necesitamos información oportuna, interpretación, recursos y mecanismos que incorporen nuestras propuestas. Todo el proceso debe respetar nuestras formas propias de representación y deliberación, así como nuestro consentimiento libre, previo e informado.
El cumplimiento de los compromisos debe poder verificarse mediante responsables, plazos, presupuestos y resultados. Esto implica conocer cómo avanzan la protección territorial, el financiamiento a nuestros procesos y las garantías para ejercer nuestros derechos. La conservación y la transición justa deben respetar nuestra autonomía y fortalecer las condiciones para cuidar y permanecer en nuestros territorios.
En la COP17 y la COP31 insistimos en que nuestra palabra y nuestras propuestas se traduzcan en decisiones y garantías. La protección de la biodiversidad y la justicia climática requieren reconocer el lugar de nuestros pueblos en las decisiones que afectan la vida territorial.
En el desarrollo de la V Sesión CNTI de diálogo de alto nivel de Gobierno a Gobierno, realizada entre el 15 y 16 de octubre, los delegados, delegadas y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, reafirmamos que la garantía de nuestros derechos territoriales constituye una obligación permanente del Estado colombiano.
La CNTI, creada mediante el Decreto 1397 de 1996, es una conquista histórica del movimiento indígena y un escenario de alto nivel para la concertación, el seguimiento y la exigibilidad de nuestros derechos territoriales. Su existencia, como la de nuestros derechos, es resultado de luchas históricas y de siglos de resistencia. Los Pueblos Indígenas somos sujetos colectivos de derechos y de especial protección constitucional, y continuaremos resistiendo y existiendo para garantizar su respeto y cumplimiento, con independencia de los cambios de gobierno.
En los últimos cuatro años, la formalización de los territorios indígenas aumentó en un 137 %. Este avance demuestra, con datos técnicos, que es posible fortalecer la respuesta institucional cuando existen coordinación, recursos y mecanismos adecuados para garantizar nuestros derechos territoriales.
Los gobiernos pasan, pero los Pueblos Indígenas permanecemos. Por ello, en esta V Sesión, la primera con el nuevo Gobierno Nacional, planteamos que estos avances deben continuar bajo los principios de progresividad, no regresividad e integralidad. La progresividad implica que los avances alcanzados continúen materializándose, que los compromisos pendientes tengan un cierre adecuado en el actual Plan Nacional de Desarrollo y que esos resultados constituyan un punto de partida para el próximo PND, con las debidas garantías de consulta previa, libre e informada.
Asimismo, las adecuaciones institucionales y normativas que han permitido fortalecer y agilizar los procedimientos territoriales requieren una implementación efectiva y sostenida para seguir avanzando en la materialización de nuestros derechos.
En este propósito, la buena fe, la coordinación y la articulación institucional son condiciones indispensables para que las decisiones adoptadas por el Estado se traduzcan en garantías efectivas en los territorios. Esta garantía debe comprender integralmente nuestros derechos colectivos, incluida la participación, la consulta y el ejercicio legítimo de la movilización social como expresión de nuestras demandas y de la defensa de los territorios.
Reconocemos los avances alcanzados y, al mismo tiempo, señalamos los rezagos, las solicitudes pendientes y las necesidades históricas que aún requieren respuesta. La progresividad implica dar continuidad a lo logrado, avanzar en el cumplimiento de los compromisos pendientes y garantizar un cierre adecuado del actual Plan Nacional de Desarrollo en materia de derechos territoriales indígenas.
Los acuerdos suscritos durante esta sesión buscan establecer rutas concretas para avanzar en nuestra lucha por la defensa y la garantía efectiva de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Como parte de nuestras funciones, desde la CNTI haremos seguimiento a su desarrollo, cumplimiento y a los cronogramas definidos, y evaluaremos los avances y asuntos pendientes en la próxima sesión, prevista entre el 25 y el 27 de noviembre de 2026.
Reafirmamos nuestra voluntad permanente de diálogo y coordinación con el Estado colombiano. Los gobiernos cambian, pero la obligación estatal de proteger y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas permanece.
Estamos convencidos de que defender los territorios es defender la vida, y que defender nuestros territorios no puede costarnos la vida.
Este 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, reafirmamos que nuestra historia no comienza con la invasión europea ni puede reducirse al relato del “descubrimiento”. Somos pueblos milenarios y ancestrales que hemos sostenido nuestra pervivencia física, cultural, espiritual y territorial frente a más de cinco siglos de despojo, violencia y silenciamiento. La resistencia continúa porque seguimos defendiendo la vida, la Madre Tierra y los territorios que habitamos y cuidamos.
Para nosotros, el territorio no es una superficie disponible para la explotación ni una suma de recursos. Es un sistema vivo de relaciones ancestrales entre pueblos, aguas, montañas, bosques, animales, espíritus, memorias y conocimientos. Allí se sostienen nuestras lenguas, formas propias de gobierno, prácticas de cuidado y los mandatos que hemos recibido de nuestros ancestros y ancestras. Defender los territorios es, por tanto, defender las condiciones materiales, culturales y espirituales que hacen posible nuestra existencia como pueblos.
Por eso, nuestra resistencia tampoco pertenece únicamente al pasado. El colonialismo cambió de formas, pero sus efectos continúan expresándose en decisiones y proyectos que desconocen nuestra autonomía y Gobierno Propio, en presiones extractivas sobre los territorios y en políticas que fragmentan nuestras formas de vida y las relaciones que hemos construido ancestralmente con la Madre Tierra.
Frente a estas presiones, seguimos afirmando los sistemas propios de conocimiento, nuestras autoridades, espiritualidad y palabra colectiva. La resistencia indígena no es únicamente memoria de lo que ocurrió hace siglos. Es una práctica cotidiana de cuidado, decisión y permanencia. Se expresa en la defensa territorial, en la transmisión de las lenguas, en la educación propia, en la comunicación, en los sistemas de conocimiento y en las formas colectivas mediante las cuales seguimos sosteniendo la vida.
Más de cinco siglos después, seguimos de pie. No porque la historia haya sido benevolente con nuestros pueblos, sino porque hemos construido caminos de resistencia, reorganización y continuidad colectiva. Nuestra espiritualidad, autonomía y palabra han sido fundamentales para sostener esa permanencia y para enfrentar los distintos intentos de exterminio, subordinación y silenciamiento.
En esta fecha también honramos a nuestros ancestros y ancestras, a quienes defendieron la vida y los territorios antes que nosotros, a quienes caminaron estos procesos y retornaron a la Madre Tierra. Sus luchas, conocimientos y mandatos siguen presentes en las decisiones que tomamos y en las responsabilidades que asumimos con las generaciones que vienen.
Pero no somos únicamente memoria. Somos presente y futuro. Somos pueblos que hablan desde sus propias voces, lenguas, conocimientos, medios de comunicación y sistemas de gobierno. Somos autoridades, comunidades y procesos organizativos que continúan defendiendo el derecho a permanecer en los territorios y a decidir sobre ellos desde las formas propias de comprender y ordenar la vida.
En este 12 de octubre también cuestionamos las narrativas que aún presentan nuestra historia desde una mirada colonial y reafirmamos que la pervivencia de los Pueblos Indígenas está estrechamente ligada a la garantía de nuestros derechos territoriales. No puede hablarse de diversidad cultural mientras se desconocen los territorios que la sostienen, ni de protección de la naturaleza mientras se debilitan las formas propias de gobierno y los sistemas de conocimiento que ancestralmente han cuidado la vida.
En este marco, al Gobierno Nacional le recordamos que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país exige respetar plenamente nuestras autoridades, formas de Gobierno Propio y los derechos colectivos y territoriales de los Pueblos Indígenas, reconocidos en la Constitución, la ley, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos derechos no dependen de coyunturas políticas ni pueden quedar sujetos a interpretaciones regresivas que desconozcan su carácter histórico, colectivo y fundamental.
Cualquier decisión, política pública o reforma que incida sobre nuestros pueblos y territorios debe partir del respeto a la autonomía, la participación efectiva y los derechos ya reconocidos. No aceptamos retrocesos en las garantías alcanzadas ni medidas que debiliten nuestras autoridades, fragmenten nuestros territorios o reduzcan el alcance de nuestros derechos colectivos. La relación con los Pueblos Indígenas debe construirse desde el diálogo y la concertación de Gobierno a Gobierno, reconociendo nuestra diversidad, sistemas de conocimiento propio y formas de organización.
Nuestra lucha sigue siendo diaria, ancestral y colectiva. Somos palabra, memoria, conocimiento y territorios vivos. Seguiremos defendiendo la vida, fortaleciendo el Gobierno Propio y transmitiendo a las nuevas generaciones los conocimientos que han permitido nuestra permanencia.
Este 12 de octubre no conmemoramos un descubrimiento. Reafirmamos nuestra resistencia, ancestralidad y derecho a seguir existiendo como pueblos en nuestros territorios.
