por STI | Jul 21, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica la intromisión violenta de un grupo armado en la comunidad Sabaneta del Resguardo Indígena Saracure Río Cada, localizado en el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, en la madrugada del 17 de julio de 2026. Dentro de los hechos violentos se encuentra la pérdida de 5 vidas humanas, heridos, la incineración de viviendas de la comunidad, el desplazamiento forzado de las familias, hechos que siembran dolor y destrucción en los territorios tal como lo manifiestan las autoridades indígenas.
De manera preliminar, se identificó el homicidio de la autoridad indígena Yeison Maicol Díaz Cumanica, así como la desaparición de tres comuneras, entre ellas, una menor indígena de 3 años. Posteriormente, las autoridades y la comunidad encontraron a salvo a la menor, mientras que Tania Mercedes Gaitán Rodríguez de 19 años y Clara Estrella Gaitán Rodríguez de 17 años, fueron halladas sin vida. Ambas mujeres se encontraban en estado de embarazo y, como consecuencia de estos hechos, también perdieron la vida los bebés que esperaban, por lo que se confirmó una masacre con un total de cinco víctimas.
El resguardo Saracure denunció la falta de una respuesta oportuna y eficaz por parte de las instituciones competentes, pese a que la comunidad alertó desde el primer momento sobre los hechos y el riesgo en que se encontraban las personas desaparecidas. La ausencia de las acciones inmediatas para la búsqueda, protección y atención de la emergencia, así como las demoras en la recuperación de los cuerpos, evidencian un grave incumplimiento del Estado como garante de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Al respecto, la comunidad y la autoridad del Resguardo, manifestaron:
“El día que se anunció este acto violento a las instituciones no vimos la reacción inmediata, por lo cual, yo creo, perdimos las dos vidas que estaban desaparecidas. Anoche llegué del sitio y aún no vimos ni siquiera la Fuerza Pública – el Ejército Nacional – que debió garantizar la protección de esta familia. Solamente en el lugar nos acompañó el señor personero, el inspector de policía y la Secretaria de Gobierno Municipal, nadie más. Entonces, sí nos vimos abandonados de nuestros derechos y protección. Nos sentimos preocupados a la fecha porque no ha habido pronunciamiento de ninguna de las instituciones que tienen que ver con estos hechos de violencia y además del desplazamiento forzoso.” (Autoridad Resguardo Saracure Río Cadá)
“Hasta la fecha estos dos cuerpos llevan más de 5 días y no se les ha hecho el proceso de recuperación de los cuerpos para los trámites correspondientes. El primer cuerpo que es Yeison ya está en Medicina Legal y también tenemos una persona herida en Villavicencio en atención médica.” (Autoridad Resguardo Saracure Río Cadá)
“El personero solicitó a CTI para que fueran por los cuerpos, indicando las coordenadas exactas y ni así fueron al lugar.” (Comunero Resguardo Saracure Río Cadá)
Estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No es un caso aislado. Expresa la persistencia del conflicto armado en nuestros territorios.
A pesar de la gravedad de los hechos y de las constantes solicitudes de atención por parte de las autoridades indígenas a las entidades competentes no se ha recibido respuesta. Ante esta situación, nos sumamos al llamado urgente del Resguardo Saracure para que adopten de manera inmediata las acciones necesarias que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de la comunidad Sabaneta, el resguardo Indígena Saracure Río Cada, los Pueblos Sikuani y Piapoco, con quienes hemos venido desarrollando jornadas de trabajo para evaluar la eficacia institucional en los procesos de restitución y defensa del territorio.
Ninguna de estas vidas puede ser absorbida por el lenguaje de la guerra, ni reducida a una cifra. Cada caso interpela al Estado y a la sociedad sobre el daño profundo que deja estos hechos atroces los cuales atentan contra la vida, la dignidad y la armonía de nuestros Pueblos.
Hacemos un llamado directo a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato estas prácticas que vulneran gravemente nuestros derechos. Deben entender el momento histórico y político del país, el dolor acumulado de las víctimas y la obligación elemental de respetar la vida de niñas, niños y adolescentes. Ninguna estructura armada puede pretender legitimidad mientras ataque sistemáticamente a los Pueblos Indígenas.
Exigimos también al Estado colombiano medidas urgentes, integrales y sostenidas de prevención, protección y atención para las víctimas y sus familias, especialmente en territorios indígenas y rurales donde este riesgo persiste. La violencia armada contra la población civil indígena no solo constituye un crimen de guerra, sino que configuran un exterminio que fractura el relevo generacional y destruye de manera irreversible la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.
- A la Fiscalía General de la Nación, Fuerza Pública y Defensoría del Pueblo: Coordinar de forma prioritaria las garantías de seguridad y la logística requerida para ingresar a la comunidad Sabaneta (Saracure – Río Cada) y realizar la inspección y el levantamiento de los dos (2) cuerpos que permanecen en el lugar, con el fin de realizar su correspondiente identificación y entrega digna a las familias.
- Al ICBF: Desplegar de manera inmediata un equipo de atención de emergencia para verificar el estado de los niños, niñas y adolescentes de las familias sobrevivientes que se encuentran desplazadas, garantizando su restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial.
- A la Defensoría del Pueblo y Personerías departamentales y municipales: Emitir las alertas o activar las rutas de emergencia humanitaria requeridas, haciendo acompañamiento en terreno y verificando la situación de derechos humanos de la comunidad indígena.
- A la Procuraduría General de la Nación: Iniciar las acciones de seguimiento, de control disciplinario y de prevención frente a las instituciones que teniendo conocimiento previo de esta tragedia han incurrido en omisión o dilación para responder a la emergencia humanitaria.
- A las Autoridades Competentes: Activar de inmediato una Ruta Humanitaria de Atención Integral a Víctimas de Desplazamiento Forzado para garantizar alimentación, albergue seguro, salud y protección integral a las familias sobrevivientes.
Por último, exigimos al Estado Colombiano celeridad en la atención de la solicitud de ampliación y de restitución de derechos territoriales, las cuales no han sido atendidas por las instituciones competentes, ya que estos derechos son los primeros a garantizar para la protección de los demás derechos fundamentales que se desarrollan en nuestros territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 17, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco del seguimiento a la implementación de la Ruta Indígena del Plan de Acción de Biodiversidad 2030, la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Secretaría Técnica Indígena de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y las organizaciones indígenas nos reunimos el 16 de julio para consolidar los insumos técnicos que orientarán la próxima jornada de concertación con el Gobierno Nacional, prevista para el 22 de julio.
El encuentro permitió avanzar en la construcción de las rutas de implementación de las cinco acciones concertadas para la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, con el propósito de asegurar que su desarrollo responda a los acuerdos alcanzados y fortalezca la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Uno de los principales avances se concentró en el fortalecimiento de la ruta correspondiente a la Acción 2, relacionada con la identificación de los territorios indígenas. Durante la jornada reiteramos que este proceso constituye una condición indispensable para avanzar en la implementación de la Meta 3 y garantizar el reconocimiento efectivo de nuestros derechos territoriales.
En este sentido, insistimos en que la identificación de los territorios indígenas no puede limitarse a criterios cartográficos o administrativos. Debe partir de una comprensión integral del territorio, que reconozca la posesión y la ocupación ancestral, los sistemas propios de gobierno, así como los vínculos espirituales, culturales y de cuidado que los Pueblos Indígenas mantenemos con nuestros territorios.
Esta visión reconoce que los territorios indígenas no son únicamente espacios de conservación. Son territorios de vida, gobierno propio, memoria y ejercicio de derechos. Por ello, la implementación de la Meta 3 debe contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica territorial y garantizar que las medidas de conservación se desarrollen con pleno respeto por la autonomía, el gobierno propio y los sistemas de conocimiento de los Pueblos Indígenas.
Con este encuentro reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo, desde el diálogo y la concertación, una implementación de la Meta 3 que fortalezca los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y garantice que los acuerdos protocolizados se traduzcan en acciones concretas. Solo así será posible avanzar en el cumplimiento de las metas nacionales de biodiversidad desde un enfoque de derechos y con el reconocimiento de nuestro papel como autoridades territoriales y actores fundamentales en el cuidado de la vida y de los territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 8, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 5 de julio de 1996, los Pueblos Indígenas de todo el país protagonizamos una toma pacífica de la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, en Bogotá. Esta acción histórica no fue un hecho aislado ni una reacción circunstancial. Fue una expresión contundente de dignidad, resistencia y exigencia política frente a siglos de despojo, exclusión y vulneración de derechos que el Estado colombiano no había resuelto de manera estructural.
Durante más de un mes, los Pueblos Indígenas permanecimos en este espacio demandando garantías reales para el goce efectivo de los derechos colectivos, así como el reconocimiento pleno de la autonomía y de los territorios ancestrales. La permanencia en la Conferencia Episcopal expresó una decisión colectiva de sostener la palabra, de afirmar la legitimidad de nuestras exigencias y de interpelar al Estado desde una movilización pacífica, firme y con profundo sentido político.
Esa acción marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento indígena en Colombia. No solo puso en evidencia la gravedad de las deudas históricas del Estado con los pueblos, sino que abrió un camino de interlocución que transformó la relación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. Después de más de un mes de resistencia pacífica, diálogo persistente y firmeza colectiva, la toma concluyó con un acuerdo fundamental: la creación de una instancia permanente de interlocución entre ambas partes.
Como resultado de ese proceso, el 9 de agosto de 1996 se expidieron dos decretos históricos para los Pueblos Indígenas de Colombia. El Decreto 1396, por el cual se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y el Decreto 1397, por el cual se crean la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC).
30 años después, la CNTI, la MPC y la CDDHHPI siguen siendo espacios legítimos de interlocución, concertación y diálogo entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional. Su existencia confirma que los avances en derechos no han sido gratuitos ni automáticos. Han sido conquistados por la fuerza de la organización, por la persistencia de la movilización y por la capacidad de convertir la exigencia política en escenarios concretos de diálogo de gobierno a gobierno.
Recordar la toma de la Conferencia Episcopal no es solo hacer memoria de un hecho del pasado. Es reconocer una lucha que sigue teniendo plena vigencia. La defensa de los territorios, la autonomía, los derechos humanos y la pervivencia de los pueblos continúa exigiendo voluntad política, cumplimiento efectivo de los acuerdos y respeto por los escenarios construidos históricamente. A 30 años de esta acción, reafirmamos que estos espacios de concertación existen porque los Pueblos Indígenas los hicimos posibles, y porque la resistencia organizada sigue siendo una fuerza decisiva para abrir caminos de dignidad, justicia y vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 2, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En la Casa Ka’sankwa, en Santa Marta, avanzamos en el segundo día de la Sesión Autónoma del Gobierno Indígena CNTI. En este espacio propio, los delegados indígenas de la CNTI, en articulación con la Secretaría Técnica Indígena de la Mesa Permanente de Concertación, seguimos desarrollando una evaluación política de los asuntos prioritarios en materia territorial indígena, a la luz de las funciones de los espacios enmarcados en el Decreto 1397 de 1996, de la agenda propia indígena y de la estructura consolidada del Gobierno Indígena.
Durante la jornada profundizamos en el análisis de los avances, retos y brechas que persisten en materia de formalización, protección, restitución, agilización de procesos administrativos y expedición de normativas orientadas a fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas. Reconocemos que en este periodo se han producido avances importantes, pero también reafirmamos que esos logros no eliminan las deudas históricas ni sustituyen la necesidad de seguir exigiendo el cumplimiento integral de los compromisos suscritos.
Este balance confirma que el diálogo político sostenido en los últimos años ha avanzado bajo un enfoque de derechos, en el que los Pueblos Indígenas no solo participamos como interlocutores, sino como tejedores de estándares jurídicos y políticos. Los acuerdos construidos en estos espacios no son orientaciones simbólicas ni compromisos de buena voluntad. Son decisiones vinculantes y exigibles ante el Estado, y deben traducirse en garantías reales para la protección territorial, la autodeterminación y la pervivencia de los pueblos.
En el segundo día de trabajo avanzamos también en la consolidación de la estrategia indígena y en la definición de acciones clave para fortalecer la estructura de gobierno propio. Revisamos elementos técnicos, políticos, organizativos, autonómicos y jurídicos que refuerzan nuestra postura y orientan el camino colectivo de resistencia, exigibilidad y defensa territorial. Este ejercicio no responde a una coyuntura aislada ni a un calendario gubernamental de corto plazo. El ejercicio político de la autonomía no se limita a la representatividad institucional de cada cuatro años; es un camino permanente de construcción, defensa y afirmación del Gobierno Indígena.
La jornada permitió cerrar con tareas claras para el corto, mediano y largo plazo. Seguimos fortaleciendo una posición colectiva que articula la defensa de la vida, la paz y la pervivencia de los Pueblos Indígenas, en un contexto que exige claridad política, unidad y capacidad de incidencia. Los derechos indígenas no se suspenden, no se delegan y no se agotan en el reconocimiento formal: se caminan, se mambéan y su exigibilidad es permanente.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 1, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la Sesión Autónoma del Gobierno Indígena CNTI, los delegados indígenas y la Secretaría Técnica Indígena avanzamos en una evaluación política del cumplimiento de los acuerdos suscritos en materia territorial entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional, particularmente en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. Este ejercicio propio no se limita a revisar balances administrativos. Busca precisar lo alcanzado, nombrar con claridad lo pendiente y definir la posición política con la que asumiremos el diálogo con el Gobierno entrante.
Durante la jornada reconocimos que, a pesar de los retos, las dificultades y las brechas históricas que persisten, en este periodo se registraron avances importantes en materia de reconocimiento, ampliación y constitución de resguardos. Lo alcanzado en ese campo tiene un carácter histórico y debe ser leído como resultado de la exigencia sostenida de los pueblos, de la concertación política y de la obligación estatal de avanzar en la garantía de los derechos territoriales.
En este balance también reconocemos la disposición política del Gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en asuntos territoriales que durante años permanecieron estancados. Aunque persisten brechas históricas y obligaciones pendientes, los avances logrados en este periodo constituyen un referente que debe ser profundizado y no interrumpido por el Gobierno entrante.
Persisten asuntos estructurales que siguen comprometiendo la permanencia y la pervivencia de los pueblos, entre ellos la conversión de reservas indígenas en resguardos, la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano y el reconocimiento efectivo de los territorios ancestrales. Estas materias no son rezagos menores ni simples asuntos procedimentales. El territorio es parte integral de la existencia de los Pueblos Indígenas. De él dependen la vida colectiva, la continuidad espiritual y cultural, el gobierno propio, la soberanía alimentaria y la posibilidad de sostener los sistemas de conocimiento que han garantizado la permanencia de los pueblos a lo largo del tiempo.
También insistimos en que la agenda territorial indígena no puede desligarse del debate ambiental y político del país. Los territorios indígenas albergan hoy más del 50 % de los bosques que existen en Colombia. Esto confirma que la garantía territorial no solo responde a un mandato constitucional y a estándares internacionales de derechos humanos, sino que constituye una condición concreta para la protección de la biodiversidad y para enfrentar la crisis climática. Desde nuestros sistemas de conocimiento y nuestras formas de relación con la Madre Tierra, aportamos de manera real a los procesos de mitigación y adaptación. Por eso, reconocer y proteger los territorios indígenas es también una decisión estratégica para la vida del país.
En esta Sesión Autónoma reafirmamos que el Gobierno Nacional entrante debe afianzar la confianza con los Pueblos Indígenas como actores fundamentales para la vida democrática, ambiental y territorial de Colombia. Esa confianza no puede reducirse al reconocimiento discursivo ni a compromisos parciales. Debe expresarse en la progresividad real de los derechos, en el cumplimiento efectivo de la Constitución Política, en la observancia de los estándares internacionales y en la comprensión de que Colombia es, por mandato constitucional, un Estado pluricultural y multicultural. La relación entre el Estado y los pueblos exige decisiones de fondo, continuidad política y voluntad real de transformación.
Desde este espacio propio seguimos tejiendo una palabra colectiva orientada a fortalecer la vocería del Gobierno Indígena y a sostener una posición clara frente al presente y al futuro. Defendemos los territorios porque en ellos se sostiene la vida. Y reafirmamos, con la fuerza de ancestral y política de los pueblos, que defender los territorios no puede seguir costándonos la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 1, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la Tercera Sesión 2026 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), los delegados y delegadas indígenas y las entidades del Gobierno Nacional concertamos acuerdos bajo un enfoque de derechos, donde los pueblos indígenas somos tejedores de estándares de derecho y los acuerdos aquí suscritos adquieren una vinculancia dado los mandatos de los pueblos indígenas y las funciones del espacio por decreto.
En esta sesión concertamos sobre la expedición de instrumentos normativos que son de alta relevancia para la protección y formalización de los territorios indígenas; decreto que adecua y agiliza la adquisición de predios para formalizar territorios indígenas y la identificación como instrumento que reconoce las relaciones y el territorio en integralidad. Asímismo se discutió la ruta para complementar el decreto de autoridad ambiental indígena, con elementos estratégicos para la protección y formalización. Asimismo, se avanzó en los lineamiento adoptados para el intercambio de información, fortaleciendo la coordinación y transparencia entre las instituciones y la CNTI.
Por otra parte, concertamos las acciones priorizadas para el cierre de gobierno y de vigencia de la Agencia Nacional de Tierras conforme a las acciones de derechos territoriales indígenas: ejecución presupuestal, plan acelerado de compra de tierras, fortalecimiento del mecanismo de registro de actos administrativos, el fortalecimiento institucional para completar las solicitudes que han sido catalogadas como incompletas. Finalmente, tambien fue importante avanzar en una ruta de espacialización de la información actualizada en materia territorial indígena que mejore la toma de decisiones y el mapeo real de nuestros territorios.
Finalmente abordamos la urgencia de culminar el rezago institucional en los procesos de restitución de tierras, dado que esta política tiene vigencia hasta el 2031. Y por otro lado, se logró establecer lineamientos cuando se identifican cruces de ruta individual con ruta colectiva indígena, permitiendo articulación con garantias institucionales para los pueblos indígenas.
En esta sesión reiteramos que los acuerdos, luchas y apuestas construidas en la CNTI deben ser incorporados en los escenarios de empalme de gobierno. El nuevo Gobierno Nacional debe conocer la existencia, legitimidad y alcance de este espacio de concertación de Gobierno a Gobierno, así como los aportes que la CNTI ha hecho a la construcción de país desde la defensa de los derechos territoriales, la autonomía y el gobierno propio.
Los compromisos asumidos en la CNTI no pertenecen únicamente a una administración. Son obligaciones del Estado colombiano frente a los Pueblos Indígenas. Por eso, deben tener continuidad institucional, responsables definidos, cronogramas verificables y seguimiento permanente, especialmente en un contexto de cambio de Gobierno Nacional.
Durante la sesión también dejamos constancia sobre actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras que generan preocupación. Advertimos que la Resolución 202610300179036 del 24 de abril de 2026 no fue consultada ni concertada con los Pueblos Indígenas, y no surtió un proceso de consulta previa, libre e informada.
Desde la CNTI reafirmamos que nuestros vínculos especiales con el territorio sostienen la vida. Por eso, la defensa territorial no es un asunto sectorial ni administrativo: es una condición para la pervivencia de los pueblos, la protección de los sistemas de conocimiento y la continuidad de nuestras formas de gobierno propio.
Hoy reiteramos, más que nunca, que defender los territorios es defender la vida.
Página 2 de 56«123»Última
