La mayor superficie forestal del planeta está siendo afectada por las actividades económicas que en ella se realizan, sin tener en consideración la diversidad étnica, cultural y biológica que allí confluye. Los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica denuncian esta situación crítica y continúan en pie de lucha por la defensa de su territorio ancestral.
Por Redacción CNTI
¿Cómo coexisten cultura y biodiversidad en la Amazonía?
Para los pueblos indígenas de la Amazonía, estos dos conceptos no pueden ser entendidos por separado, pues esta unidad es el fundamento para el equilibrio y es contemplada en sus principios de vida. Así mismo, existe una relación directa entre los pensamientos, los sueños y la existencia conjunta con la Madre Tierra, como mencionó Sandra Tukup, lideresa indígena del pueblo Shuar de Ecuador, quien sostuvo que son los pueblos indígenas quienes han heredado de los abuelos el cuidado de la naturaleza.
Mateo Estrada, asesor de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y experto en temas ambientales amazónicos, señaló: “Lo importante del tema entre biodiversidad y cultura es el entendimiento igualitario entre la persona y la naturaleza, es la esencia de la protección y el buen uso de los recursos naturales”.
Por su parte, Fany Kuiru, lideresa indígena uitoto y coordinadora de Niñez y Mujer de la OPIAC, agregó la importancia del rol de la mujer en este contexto, ya que tiene un papel fundamental como receptora y cuidadora de la cultura. También comentó que al sembrar toda clase de especies para el alimento, protege la familia, el territorio y garantiza tanto la soberanía alimentaria como la biodiversidad.
¿Es posible armonizar las actividades extractivas con las políticas de protección étnica y ambiental?
El sociólogo y docente universitario Octavio Villa apuntó que no es posible, ya que son precisamente los principios de los pueblos indígenas de la Amazonía los que han permitido que sea protegida durante siglos y estos no coinciden con los intereses del extractivismo. Además, una de las principales preocupaciones frente a este modelo es que su práctica deja contaminación, pobreza y muerte en las poblaciones locales, toda vez que destruye el vínculo de los pueblos indígenas con la Madre Terra y arrasa sus territorios.
Uno de los casos es el del Bajo y el Medio Putumayo a los que intentaron denominar distrito minero y que por la lucha de las organizaciones, líderes y lideresas locales, permanecen hasta el momento sin ese título, como dijo Rossy Guzmán, lideresa indígena del pueblo Kamtsa y vicepresidenta de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP). La preocupación de permitir la expedición de estos títulos es que la idea de “desarrollo” de las empresas extractivas y los Gobiernos no coinciden con la visión de los pueblos indígenas, que temen la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de su culturalidad.
Estrategias por la defensa del territorio y la biodiversidad en la Amazonía
Es claro que históricamente los pueblos de la Amazonía se han encargado de su protección a través de prácticas ancestrales que siguen los ciclos naturales. Ejemplo de ello son las áreas de cultivo llamadas chagras, en las que la selva se regenera a sí misma, después de abandonado el espacio. Por esta razón, los llamados apuntan a la unidad, a aunar esfuerzos para la defensa del territorio y a hacer respetar la presencia de los pueblos indígenas allí, para que el Gobierno nacional y los intereses de particulares dejen de ver la Amazonía como “tierra de nadie”.
El profesor Octavio Villa resaltó la necesidad de “llenar de mucho conocimiento para que los pueblos indígenas puedan defenderse dentro de la normatividad, alrededor de los derechos colectivos y acudir a estrados internacionales frente a las arremetidas del extractivismo”. Así mismo, Mateo Estrada, asesor de la OPIAC, recordó la importancia de la consulta previa, ya que esta garantiza transparencia y una verdadera participación de las comunidades.
Por eso, la lideresa indígena ecuatoriana Sandra Tukup agregó: «Nosotros tenemos que cambiar y pensar de otra manera. Invitó a los hermanos indígenas y no indígenas a entender que el planeta está en nuestras manos. Nuestra casa es nuestra tierra, donde nos alimentamos”.
Finalizó con la siguiente reflexión para las presentes y las futuras generaciones, a propósito de la contaminación de las fuentes hídricas a causa de las actividades extractivas: “El agua es la vida, sin el agua no somos nada; el territorio es nuestra casa, sin él no tienes dónde poner el pie. Esos dos se complementan. Puedes tener mucho dinero pero este no se bebe, con el dinero puedes comprar el agua pero si no hay agua, no hay vida”.
Asunto: Solicitud de Revocatoria Directiva Presidencial 08 y exigencia del cumplimiento a la debida Consulta Previa al proyecto de decreto “por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”.
I. Hechos
La presente solicitud de revocatoria directa y exigencia del derecho a la consulta previa, se funda en lo siguiente:
1. Evidenciamos con alarma que el Gobierno Nacional, de manera inconsulta con los pueblos y las organizaciones indígenas, expidió el pasado 9 de septiembre la Directiva Presidencial No. 08 denominada “Guía para la realización de la consulta previa”, en la que pretende reglamentar nuestro derecho fundamental a la consulta previa.
2. Conocimos que se prevé la expedición, igualmente inconsulta, del “proyecto de decreto por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”.
3. Este proyecto de decreto ha sido publicado, con un plazo hasta el 21 de septiembre para recibir comentarios generales.
4. Ni la directiva, ni el proyecto de decreto fueron consultados de manera previa, pese a que regulan el derecho fundamental de consulta previa de los pueblos indígenas, esto en abierto desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, del artículo 46 del CPACA, y el bloque de constitucionalidad, incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de acuerdo con la cual es claro que, dentro de las medidas que han de ser consultadas por suponer una afectación directa a los pueblos étnicos, se encuentran aquellas que se orientan al desarrollo del Convenio 169 de la OIT, tal como lo hacen la mencionada norma y el proyecto.
La implementación del catastro multipropósito y barrido predial inició en Colombia en 2019. No obstante, los pueblos indígenas y habitantes del sector rural han manifestado su preocupación frente a las medidas que pueden representar una vulneración directa de sus derechos territoriales.
Panorama del catastro multipropósito en Colombia
Según Henry Rodríguez, director del Catastro de Bogotá, este es un proceso que puede aportar información fidedigna siempre y cuando se haga de forma participativa, toda vez que abre puertas para que la relación con el territorio físico quede garantizada. Sin embargo, señaló que «el país no tiene formado su territorio nacional y mucho menos totalmente actualizado. El diagnóstico que se hizo en los CONPES es demoledor. Tenemos más del 70% sin actualizar; aún es un porcentaje muy grande sin formar, justamente el de la Colombia profunda”.
Para Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales, este escenario se debe en gran medida al debilitamiento del IGAC en tema presupuestal, pues ha provocado que la calidad de la información técnica y catastral, de la que era responsable, disminuya considerablemente. Así mismo, mencionó que la liquidación del Incoder y su división en cinco agencias ha sido un problema en términos de cumplimiento de los procesos para la formalización de tierras, ya que no han podido articularse para responder a la población como deberían.
Los funcionarios destacaron que, si bien el modelo contempla la participación de gestores públicos que pueden a su vez contratar operadores del sector privado para llevar a cabo las tareas, no hay forma de alcanzar las metas propuestas en los tiempos estipulados por el actual Gobierno, aún más cuando la pandemia frena las actividades en territorio.
¿Cuáles son las afectaciones que este modelo representa para los pueblos indígenas?
La forma en que está planteada la implementación del catastro es un factor que genera legítima preocupación por el riesgo en el que se encontraría la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.
Para Jhenifer Mojica, abogada del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el hecho de que desde 2014 se haya expedido un procedimiento para proteger los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y a día de hoy la Agencia Nacional de Tierras no haya protegido ninguno, es un claro ejemplo de falta de garantías.
Además, las comunidades denuncian que al no ser acordadas con ellas, las políticas pueden terminar generando problemas mayores al ignorar la realidad territorial. De hecho, hay mucho recelo al respecto de si este catastro va a limitarse a una individualización de títulos de propiedad, para eventualmente introducirlos al mercado de tierras, sin tener en cuenta el factor humano.
¿Qué proponen los pueblos indígenas desde sus territorios?
Guilliana Arrieta, gobernadora del pueblo Mokaná, hizo hincapié en la necesidad de contar con la participación de los pueblos indígenas en el levantamiento de la información necesaria para el catastro, ya que son ellos quienes han tenido siempre el ordenamiento de su territorio y quienes mejor conocen los sitios sagrados, los lugares destinados a cultivo, las fuentes de agua y otros puntos vitales que tienen estrecha relación con las dinámicas propias de quienes allí habitan.
Destacó que el Estado tiene una deuda histórica en la implementación del enfoque diferencial que reconozca los saberes de los grupos étnicos y que, además, garantice los espacios de participación que contempla la ley, tal como el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, antes de ejecutar procesos que atraviesen sus territorios.
Jessica Villamil, geógrafa y asesora del cabildo Inga de Colón, en el departamento de Putumayo, socializó la experiencia que han desarrollado allí con la georreferenciación de puntos de interés y sitios sagrados, un ejercicio que busca demostrar que las asociaciones indígenas están en capacidad de contribuir con el levantamiento de la información y que se les debe tener en cuenta, pues la visión centralizada de las entidades desde Bogotá ignora los conocimientos de los/as sabedore/as acerca de la importancia de cada espacio que integra la territorialidad de sus comunidades.
Como señaló Guilliana Arrieta, lideresa del pueblo Mokaná: “El Gobierno no puede seguir pensando en un catastro que no sea respetuoso de los derechos y los territorios indígenas. No es solo un levantamiento de polígonos o un inventario de bienes para que entren a ser parte de un mercado. Va mucho más allá; es un tema de conexión con la Madre Tierra, de pervivencia, de ancestralidad, del vientre de las mujeres indígenas y la memoria de nuestros mayores”.
Para ver el Encuentro de Saberes completo, clic aquí:
Representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y organizaciones sociales comprometidas con la defensa del decreto resaltaron la importancia que este tiene en materia de la defensa cultural y ambiental para las comunidades ancestrales y el resto del mundo. Además, mencionaron los riesgos que enfrenta por los intereses particulares que se concentran sobre este territorio.
Redacción CNTI
Juan Pablo Muñoz, abogado e integrante del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), explicó que esta es la norma jurídica mediante la cual el Gobierno colombiano redefinió y precisó el territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como la Línea Negra y previamente reconocido en las resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995.
Para la expedición del decreto fue elaborado un documento madre con las autoridades tradicionales de los cuatro pueblos y el acompañamiento de representantes gubernamentales, en un proceso que llevó cuatro años. Como lo mencionó Leonor Zalabata, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y comisionada de la Confederación Indígena Tayrona: «El Decreto 1500 de 2018 no es solo para proteger a los pueblos indígenas, sino de todos los seres. El deber ser del indígena de la Sierra es convivir y compartir».
Lo que representa su expedición
Según Silvestre Gil, líder del pueblo Kogui, la Línea Negra es muestra de la importancia que tiene la conexión de los ecosistemas de la Sierra y las dinámicas de los pueblos indígenas que la habitan, toda vez que respiran, caminan y comen de esa tierra porque conviven allí en paz, respetando los ciclos de la naturaleza. Además, Julio Estrada, dirigente indígena Wanano, añadió que «es un elemento más que garantizaría la pervivencia cultural de los pueblos de la Sierra, la protección de esos territorios, la ancestralidad, la seguridad jurídica y todo lo que eso conlleva».
Este decreto reconoce visiones culturales diferentes a las de “occidente” y ese es otro de los componentes que lo hace tan valioso, pues las respalda desde lo jurídico. Los argumentos que acoge hacen visibles otras formas posibles de concebir y relacionarse con el territorio, que abogan por la protección de los seres humanos y todas las formas de vida, como puntualizó Juan Mayr, exministro de Ambiente y ecologista de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.
Sin embargo, la implementación ha sido compleja por la oposición de ciertos sectores económicos y actualmente cursa en su contra una acción de nulidad en la Sección Primera del Consejo de Estado. Por ello, la abogada ambientalista Juana Hofman, asesora del Consejo Territorial de los Cabildos Indígenas (CTC), resaltó la necesidad de que las entidades del orden regional y nacional se involucren activamente para hacer seguimiento a las problemáticas que se tejen sobre la Sierra.
El avance de proyectos de infraestructura y la expansión de la minería son algunas de las principales amenazas que aquejan esta zona. Actualmente hay más de 250 títulos mineros que no contemplan las medidas de protección al territorio, que las comunidades han manejado tradicionalmente, y ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas; además, generan incalculables daños ambientales por la importancia ecosistémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, única para el planeta.
Esto se debe en gran medida a la falta de compromiso que ha mostrado el Gobierno en relación al cumplimiento de lo acordado con los cuatro pueblos de la Sierra. “La falta de adecuación y articulación institucional con los derechos indígenas es de vieja data. Se habla de protección de la Sierra Nevada y al mismo tiempo de licenciamiento ambiental por parte del Gobierno nacional», señaló la lideresa arhuaca Leonor Zalabata.
Como aclaró el jurista Juan Pablo Muñoz, «la territorialidad de la Línea Negra no niega otras territorialidades de la Sierra Nevada ni los derechos de otras comunidades de la región». De hecho, los pueblos indígenas resaltan que están abiertas al diálogo para superar los obstáculos que las interpretaciones del texto puedan generar. Las organizaciones hicieron un llamado a las entidades responsables para que respalden lo acordado en el proceso de construcción conjunta del Decreto 1500 de 2018 y trabajen por una garantía real de los derechos de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
A su vez, instaron a tener presente que son las comunidades ancestrales las que deben liderar los procesos de defensa de este decreto, ya que son los artífices de su construcción y tienen conocimiento pleno del territorio, sus espacios sagrados y la urgencia de preservar la biodiversidad del “Corazón del Mundo”.
Para ver el Encuentro de Saberes “Línea Negra, El Decreto 1500 de 2018 y la protección de la diversidad étnica, cultural y biológica “, haga clic aquí:
El recrudecimiento de la violencia a manos de actores armados ha puesto nuevamente en evidencia el estado de amenaza en el que viven las comunidades del sector rural en el país, especialmente los Pueblos Indígenas. Preocupa que la respuesta del Gobierno para detener estas acciones parezca reducirse al afán por reactivar las aspersiones aéreas con glifosato.
Por Redacción CNTI
¿Qué tan cierto es que las aspersiones aéreas pueden llegar a detener las masacres?
Rosa María Mateus, coordinadora del Eje Defensa del Territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), dijo frente a este punto que “lo que genera es más violencia, es caos, es miedo, es que estos cultivos de uso ilícito incluso se sigan corriendo y estaríamos frente a una eventual y mayor deforestación”.
Agregó que “atacar a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico nunca ha sido una solución efectiva y hay muchas otras maneras en las que el Estado y el Gobierno actual deberían estar operando. Esas otras formas están determinadas en el Acuerdo Final de Paz, somos el único país que cuenta con una base que son las propuestas que están en el punto cuatro y que el Gobierno ha insistido en desconocer”.
A esto, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), agregó que “no es cierto históricamente que cuando ha habido más fumigaciones hayan disminuido las masacres. Durante la vigencia del Plan Colombia, 1.800.000 hectáreas fueron fumigadas, se presentaron 1.824 masacres de más de cuatro personas y hubo más de 10.500 muertos. Si se tomaran como masacres de más de tres personas, esta cifra aumentaría a más de 15.000 asesinatos”.
Desde su análisis, la postura del Gobierno nacional es relacionar todos los problemas de violencia con el narcotráfico y no debería ser así, pues las situaciones más críticas se están presentando en algunas regiones por disputas de territorios para la minería, la explotación de hidrocarburos y la realización de megaproyectos. Denunció a su vez la visión “simple” del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien sugirió que las aspersiones eran la respuesta para detener la exacerbación de la violencia en las zonas afectadas.
También denunció la estigmatización de la que fueron objeto los jóvenes asesinados en Samaniego, así como los pueblos indígenas en el suroccidente del país e incluso las comunidades campesinas, poblaciones revictimizadas con el uso de apelativos desobligantes por parte de las autoridades y los representantes del Gobierno, quienes justifican lo sucedido relacionándolos con grupos o acciones al margen de la ley.
Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) destacó frente a esta situación que “las masacres son un delito grave de lesa humanidad, basta ver las víctimas que han caído para saber que estamos ante una situación desastrosa de derechos humanos que requiere la máxima atención del Estado y no evasivas, argumentos dilatorios ni utilización artificial de conceptos, que lo que hacen es evadir la responsabilidad del Estado y esto proviniendo de las autoridades del órgano de Gobierno es realmente problemático”.
¿Las aspersiones aéreas son entonces la respuesta en el marco de la lucha antidrogas?
Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare, miembro del Observatorio de Cultivos y de la Corporación Viso Mutop, recordó que las aspersiones aéreas con glifosato comenzaron en la administración de Belisario Betancur y, a finales 1994, ya en la administración de Ernesto Samper, iniciaron las fumigaciones directamente contra los cultivos de coca que se realizaron de manera ininterrumpida hasta 2015, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspenderlas ante las alertas emitidas por la OMS y el Ministerio de la Salud, entre otras organizaciones.
Añadió que las aspersiones pueden tener resultados a muy corto plazo en términos de la oferta pues llegan a “afectar una cosecha y restringen un poco la economía que se deriva de los cultivos, pero ese resultado no es sostenible y eso lo muestra mucha evidencia alrededor de la resiembra”. Dejó claro que el actual Gobierno no ha dejado de usar el glifosato, ya que las fumigaciones siguen haciéndose por vía terrestre y manualmente.
Uno de los puntos a considerar es el incumplimiento en la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz, ya que no se está teniendo en cuenta el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, toda vez que este señala que primero debe ensayarse la sustitución voluntaria de cultivos y los métodos de erradicación solo deben ser utilizados si estas fracasan.
Casos de comunidades directamente afectadas por las aspersiones áreas con glifosato
El exalcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, citó casos como el del pueblo indígena Carijona del sur de este departamento, que tuvo que acudir a instancias judiciales para que le fuera reconocido un plan de reparación y salvaguarda pues, según los análisis de la Corte Constitucional, fueron las mismas fumigaciones las que afectaron su territorio hasta condenarlos casi a la desaparición.
También mencionó que un grupo de campesinos desplazados de las estribaciones de la Serranía de la Macarena, tuvieron que hacer uso de los mismos mecanismos para que les fuera reconocida su situación de desplazamiento debido a las fumigaciones, y que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó para estudio el caso de una familia campesina que sufrió afectaciones al ser rociada con glifosato en Caquetá.
Así mismo, mencionó el caso de la indemnización que el Estado colombiano tuvo que hacer a Ecuador por los efectos del glifosato en su territorio y los otros procesos administrativos que avanzan actualmente en los tribunales de ciudades como Cali, Cartagena, Pasto y Popayán, todos relacionados a los daños generados por el uso del herbicida.
Jairo Guerrero, ingeniero agrónomo, experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas y delegado de AICO para la CNTI, mencionó que muchas comunidades en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó se unieron a los acuerdos de sustitución voluntaria pero una vez firmado el Acuerdo, el Estado no hizo presencia en estos territorios, por lo que no existe para ellos ningún tipo de política en materia social o económica y obliga a la población a continuar con su única fuente de sustento.
Reiteró que en los lugares donde se vienen presentando las masacres hay problemas por la falta de formalización de los territorios y sus pobladores están en una encrucijada pues las entidades del Gobierno responsables de estos procesos, señalan que no pueden avanzar mientras no se adelanten procesos de desminado y se restablezca el orden público. Por lo tanto, ante el actual panorama, sus territorios no son liberados ni reconocidos formalmente.
Actualmente, ¿qué tan viable es la reactivación de las aspersiones aéreas en Colombia?
Rosa María Mateus, jurista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, frente a la intención de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de adelantar las audiencias virtuales para la reanudación de las aspersiones, señaló: “insistimos en que son ilegales, ilegítimas y por supuesto son muchísimas comunidades que ya han sufrido los impactos, las que se están negando, y por eso tenemos que insistir en que no deben generarse”.
Agregó que desde lo jurídico “se proyectó una acción de tutela por parte del CAJAR que suscribieron más de 90 organizaciones y personas. Esta se unió a otras que ya habían presentado en Nariño y se profirió allí un fallo que dijo que no están dadas las condiciones para una participación real y efectiva [para llevar a cabo las audiencias virtuales]”.
Estas condiciones fueron garantizadas tanto por el Juzgado como por el Tribunal que recibieron informes de la ANLA y la Policía, en los que sostenían estar cumpliendo las condiciones requeridas para adelantarlas y comunicaban una nueva fecha para las audiencias. Dichos informes presentaban los mismos datos previos al fallo del Tribunal de Nariño, por lo que ante la justicia se abrió el incidente de desacato en el que se investiga las actuaciones del subdirector de Participación de la ANLA y la Dirección nacional de la Policía.
Jhenifer Mojica, abogada de la CNTI, reiteró que en el país están suspendidas las aspersiones con glifosato hasta que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y las comunidades afro que están en los 104 municipios comprendidos en el plan de erradicación con glifosato, así como la participación masiva de todas las personas que puedan verse afectadas por el uso de este herbicida.
¿Cuál es la agenda oculta que lleva a querer forzar la reactivación de las aspersiones?
Según Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop, el tema del narcotráfico se suele asociar con los pequeños productores y no con las grandes mafias que están detrás de la producción de drogas.
Señaló que esto está relacionado con un modelo de apropiación territorial, una estrategia para el despojo y una presión para que las poblaciones afectadas se adentren en los bosques mientras sus territorios terminan siendo usados para la agroindustria y la ejecución de megaproyectos. De igual manera, dijo que “el partido de Gobierno quiere regresar al país al peor escenario de conflicto armado para volver a levantar la bandera de su ‘seguridad democrática’”.
Para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la lucha antidrogas se quiere utilizar como una estrategia geopolítica, en la que el Gobierno está desconociendo uno de los pilares fundamentales del Acuerdo con una criminalización del pequeño cultivador y paulatinamente se está “pasando de una seguridad que se suponía era para la transición al posconflicto, a ser la seguridad para una nueva guerra”.
¿Cuál es la alternativa en la lucha antidrogas y el glifosato que ayuden a cumplir con los derechos humanos?
Para la jurista Rosa María Materus, “lo que se necesita es cumplir con lo pactado en el Acuerdo, con los PENIS, con la inversión necesaria y darle respuestas efectivas a la gente”. Por su parte, Pedro Arenas sugirió que el problema no son los cultivos sino la dependencia económica que las comunidades tienen sobre sus producciones y aquellas en las que se presentan disputas territoriales sin presencia del Estado.
Acto seguido, cuestionó: “¿qué está haciendo este Gobierno para interrumpir la cadena de provisión de insumos químicos necesarios para la producción de la pasta de coca, para desmantelar los grandes laboratorios e infraestructura para el procesamiento?”
Camilo González Posso, de Indepaz, recalcó que debe haber un tratamiento diferencial, toda vez que es estratégico tener un plan concertado con los grupos étnicos para establecer economías alternativas. Además de esto, la respuesta no puede ser militar ni punitiva, sino que debe ir acompañada de los procesos propios de las comunidades y fortalecer la incorporación de estos cultivos a fuentes de negocio viables en el marco de la legalidad.
Las Organizaciones Nacionales Indígenas y Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, respaldamos las proposiciones realizadas por los congresistas y hermanos indígenas Feliciano Valencia y Abel David Jaramillo, para la modificación del artículo 2° del Proyecto de Ley 185 de 2020 Senado y 296 de 2020 Cámara “Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021” en donde se solicita un aumento de recursos para el proyecto de inversión Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas’’ de la ANT para la vigencia 2021 de cincuenta mil millones de pesos moneda legal ($50.000.000.000); y para el proyecto de inversión “ Implementación del programa de restitución de tierras rurales a las víctimas de despojo y/o abandono de predios Nacional” vigencia 2021 de la URT de doce mil millones de pesos moneda legal ($12.000.000.000).
Hoy nuestros derechos territoriales se encuentran desfinanciados debido a que los recursos asignados no generan una oferta institucional que los garantice de manera integral. Es una obligación del Gobierno Nacional cumplir con los acuerdos realizados con los Pueblos Indígenas en el marco de la expedición de la Ley 1955 del 2019 ‘’Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022’’, los compromisos adquiridos en las mingas y mesas regionales, las providencias judiciales que ordenan la tutela de nuestros derechos territoriales, atender todas las solicitudes de formalización y de protección de territorios presentadas por las comunidades indígenas, así como las realizadas para la restitución de nuestros derechos territoriales.
