Entre los meses de marzo, abril y julio de 2024, el equipo técnico del Observatorio de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas -ODTPI, en compañía de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, realizaron un recorrido territorial en el departamento del Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villagarzón y Orito, con el objetivo de establecer un relacionamiento y articulación con cinco organizaciones indígenas en este departamento.
Las organizaciones fueron la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS), la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí (AMPII CANKE), Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón (ACIMVIP), las cuales representan y agrupan a comunidades de los pueblos indígenas Koreguaje, Cofán, Nasa, Inga, Murui, Siona, Kichwa, Embera y Awá.
La iniciativa del recorrido responde a que este departamento cuenta con el mayor número de solicitudes de formalización y protección de territorios indígenas, aunque esta en conocimiento de la administración, no hay mayores avances por parte de la institucionalidad agraria y buena parte de estas no están resueltas.
Como resultado del recorrido, el ODTPI realizó un informe denominado situación territorial de los Pueblos Indígenas en el departamento del Putumayo donde hace un análisis de contexto y se menciona la situación territorial en este departamento. Además, se realizó unas recomendaciones que permiten repensar e interpretar las problemáticas territoriales de los Pueblos Indígenas, analizando y explicando los factores que subyacen a los conflictos territoriales, presentes en la problemática por el derecho al territorio y el reconocimiento de la ancestralidad de los Pueblos Indígenas de Putumayo.
Gracias a este relacionamiento con las comunidades, se logró comprender la situación y el estado de la seguridad jurídica de los territorios en este departamento. Durante los espacios de interlocución se identificaron de manera preliminar algunos de los conflictos territoriales de los pueblos indígenas, al igual que las acciones y estrategias que las organizaciones indígenas han empleado para la búsqueda y materialización de sus derechos territoriales.
Los diálogos sostenidos posibilitaron conocer directamente de las organizaciones las condiciones territoriales en que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas. Se reconoció una serie de obstáculos que resultan ser transversales en los diferentes municipios del departamento, y que a raíz del trabajo desarrollado por la Secretería Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI, y el ODTPI, se identificó que son problemáticas comunes a nivel nacional; por un lado, lo que refiere a los obstáculos de los territorios que se encuentran en proceso de formalización, y por el otro, los que presentan aquellos territorios que aunque ya formalizados, siguen presentando situaciones que impiden a los pueblos el goce efectivo de sus derechos territoriales.
La incidencia realizada logró mejorar la capacidad de incidencia y conocimientos de las organizaciones sobre los procedimientos para la garantía de sus derechos y seguridad jurídica en materia territorial e identificar y responder al impulso de las solicitudes mediante la asesoría técnico-legal. No obstante, desde el ODTPI se espera que el acompañamiento pueda ser permanente e integral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico en el que se declara la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos del pueblo U’wa. Una decisión que ocurre después de treinta años de lucha por la justicia, caso en el cual la Comisión Nacional de Territorios Indígenas actuó como perito.
Con esta decisión se confirma la responsabilidad de Colombia por no proteger de manera efectiva los derechos ancestrales sobre el territorio del pueblo U’wa, en parte por permitir que allí se ejecuten actividades extractivistas y turísticas, sin realizar consulta previa, libre e informada, lo cual ha afectado el plan de vida de este pueblo, desde lo cultural, territorial y espiritual.
El fallo reconoce que “la cosmogonía U’wa se fundamenta en el permanente equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y su universo cósmico, de modo que la defensa del territorio ha sido una parte central de su identidad y modo de vida. Particularmente el Zizuma (nevado en castellano), constituye una fuente hídrica del territorio y un espacio de gran importancia cultural y espiritual del Pueblo U’wa”. Este equilibrio ha sido alterado de manera significativa por acciones que externos que rompieron la armonía del territorio.
En este caso, la CIDH analizó de manera particular siete proyectos extractivos, varios de ellos ejecutados dentro del resguardo U’wa. Además, se tomó en cuenta la afectación a los derechos por actos de violencia ejecutados por el Ejército Nacional y grupos armados ilegales que realizan sus acciones de control en su territorio.
Además, se encontró que a más de 23 años de la creación del resguardo hay una clara violación al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los estados a delimitar y titular los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Esto queda en evidencia en el traslape que existe entre el resguardo U’wa y el Parque Nacional Natural El Cocuy, lo que ha llevado a que los indígenas hayan solicitado el cierre del parque porque esta situación no les permite ejercer su autonomía.
Algunas de las decisiones más importantes de la CIDH frente a las obligaciones del Estado con el pueblo U’wa son las siguientes: Saneamiento integral del resguardo Unido U’wa y resguardo Kuita.
Involucrar al pueblo U’wa en la administración y conservación de la zona en la que se traslapa el resguardo con el Parque Nacional Natural El Cocuy.
Realizar proceso de participación para los proyectos extractivos vigentes y vigilar los que se encuentran en áreas cercanas al resguardo.
Realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por permitir la violación de los derechos del pueblo U’wa.
Reparar el daño generado a la participación en la vida cultural, la vida digna y la integridad personal de los miembros del Pueblo U’wa.
Esta es una decisión histórica, producto de años de luchas, que se puede convertir en un referente importante para los pueblos indígenas de América Latina que enfrentan una situación similar de violación sistemática de sus derechos ancestrales por parte de los estados.
La crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad han alcanzado niveles alarmantes y los Pueblos Indígenas del mundo, especialmente en Colombia, han decidido alzar su voz ante la comunidad internacional. Este llamado no solo busca preservar la naturaleza, sino también que se reconozca el papel esencial que ellos juegan en su cuidado. Además de que se comprenda que la única forma de asegurar un futuro sostenible para la humanidad es estableciendo una relación más profunda y respetuosa con la tierra, basada en sus conocimientos ancestrales y en la defensa de sus territorios.
Para los Pueblos Indígenas, la relación con la naturaleza es un principio fundamental; sus territorios son lugares de profunda conexión espiritual, cultural y ecológica. Sin embargo, estos han sido objeto de despojo y explotación por parte de políticas coloniales y extractivas. Hoy, se exige un reconocimiento integral de los derechos territoriales, pues solo a través de la protección de estos será posible restaurar el equilibrio del planeta.
La sabiduría indígena es otro de los pilares que que se destaca como esencial para enfrentar la crisis ecológica. Estos sistemas de conocimiento, que han sido transmitidos a lo largo de generaciones, están basados en una comprensión profunda de los ecosistemas y una relación respetuosa con la naturaleza. Integrarlos con las ciencias modernas no es solo una posibilidad, sino una necesidad urgente para lograr soluciones efectivas a los problemas ambientales. La visión indígena de la conservación no se limita a la protección de especies o áreas específicas, sino que contempla una gestión integral de los territorios, donde la biodiversidad, la cultura y el bienestar humano son elementos inseparables.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Marco Mundial de Biodiversidad, ofrecen herramientas clave para que los Pueblos Indígenas exijan el respeto de sus derechos. Estas iniciativas internacionales pueden y deben incluirlos como actores fundamentales en la lucha contra la crisis climática y en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, este reconocimiento no puede limitarse a simples formalidades, debe implicar un compromiso real con la autodeterminación y el respeto por los sistemas de conocimiento propios.
A la hora de implementar los compromisos internacionales en torno a la biodiversidad, los Pueblos Indígenas insisten en que las políticas no deben quedarse en planes abstractos o promesas incumplidas. Es necesario que se traduzcan en medidas concretas, respaldadas por recursos financieros y voluntad política.
Por esta razón, los acuerdos internacionales deben tener un enfoque que valore y respete a los Pueblos Indígenas como socios en la conservación. Esto incluye la asignación de recursos que fortalezcan las iniciativas locales y el apoyo a la implementación de proyectos que respeten los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Una parte fundamental de este reconocimiento es garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, especialmente aquellos que han sido despojados a lo largo de la historia. El Estado debe asumir la responsabilidad de proteger estos territorios, asegurando que las comunidades puedan seguir gestionándolos de acuerdo con sus tradiciones y sistemas de gobernanza. El reconocimiento de la posesión ancestral de estos territorios no solo implica la protección de su propiedad, sino también el respeto por el derecho a decidir sobre el manejo y uso de los recursos naturales. La restitución de territorios y la garantía de su conservación son pasos fundamentales para garantizar la autonomía y autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
El futuro de la biodiversidad, y por ende de la vida en la Tierra, depende en gran medida de una transformación en las relaciones entre los Pueblos Indígenas y el resto del mundo. Para que esto suceda, es imprescindible que las políticas internacionales y los compromisos globales incluyan de manera plena las voces y las perspectivas indígenas.
Es hora de que las naciones reconozcan que la defensa de los territorios indígenas es, en última instancia, la defensa del planeta. Solo trabajando juntos, en un marco de respeto y colaboración, podremos asegurar un futuro más armonioso y equilibrado para todas las formas de vida.
En las montañas, los bosques, los ríos y las sabanas de Colombia, más de 35 millones de hectáreas son gestionadas y protegidas por los Pueblos Indígenas. Son guardianes de los territorios ancestrales que albergan una biodiversidad única, esencial no solo para el país, sino para el equilibrio ecológico del planeta.
En Colombia viven 115 pueblos indígenas, algunos de los cuales han logrado mantener sus tradiciones, sistemas de vida y conocimientos durante siglos, resistiendo a los intentos de despojo, desplazamiento y exterminio cultural. Hoy, la comunidad internacional comienza a reconocer, aunque de manera aún parcial, el papel fundamental de los Pueblos Indígenas en la conservación de la biodiversidad y la protección del planeta.
Los pueblos indígenas protegen con sus conocimientos ancestrales los ecosistemas. Esta conexión espiritual y material con la naturaleza es la base de la conservación que ejercen desde tiempos inmemoriales. Son ellos quienes, a través de su cosmovisión, logran mantener un equilibrio entre los recursos naturales y la vida humana, pues sus sistemas de manejo y organización territorial son inseparables de sus prácticas culturales, sociales y espirituales.
Los resguardos indígenas, reconocidos legalmente en Colombia, constituyen un vasto espacio territorial donde la protección de la biodiversidad no se da en términos aislados, sino como parte de un tejido de relaciones de respeto mutuo entre las personas, los seres vivos y la tierra. Estos resguardos no solo son espacios de vida, sino también de resistencia y lucha. Son la respuesta histórica a los intentos de despojo que se han enfrentado durante siglos, ya sea por la expansión de la agricultura, la minería o la deforestación indiscriminada.
A través de las luchas por el reconocimiento de los derechos territoriales, se ha logrado algo que la humanidad entera debe reconocer: la conservación no es una cuestión de imposición, sino de derechos. La diversidad biológica no debe considerarse solo desde una perspectiva científica o de conservación «externa», sino como un derecho fundamental que debe ser respetado. Los Pueblos Indígenas no solo protegen la biodiversidad, sino que la enriquecen con sus saberes ancestrales, sus prácticas agrícolas, sus conocimientos medicinales y su relación armónica con los ciclos de la naturaleza.
El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, en el que se establece un enfoque basado en derechos para la conservación, constituye un avance importante en este reconocimiento. Este enfoque, al incorporar a los Pueblos Indígenas como actores clave en la preservación de la biodiversidad, reconoce que los territorios que albergan la mayor biodiversidad son, en su mayoría, tierras indígenas.
El compromiso con este enfoque de derechos exige a los Estados una responsabilidad mayor. No basta con firmar acuerdos o crear políticas ambientales, sino que es necesario asumir un compromiso real con el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. En Colombia, aunque la legislación ha avanzado en el reconocimiento de estos derechos, aún persisten deudas históricas. Muchos territorios indígenas siguen siendo invadidos por actividades extractivas que afectan la biodiversidad y los líderes indígenas que defienden estos territorios enfrentan amenazas constantes. El respeto por estos derechos implica la protección de la vida de los defensores de la tierra, la garantía de la tenencia de la tierra y la autonomía para gobernar los territorios conforme a sus propias formas de organización y autoridad.
El camino hacia la plena integración de los pueblos indígenas en las políticas globales de conservación no está exento de desafíos. Los Estados deben trabajar en la adecuación de sus marcos jurídicos y de gobernanza para reconocer a las autoridades indígenas como las legítimas guardianas de sus territorios. El principio de autodeterminación debe ser el eje central de cualquier política que busque garantizar la conservación de la biodiversidad.
Es necesario, además, que las políticas de conservación se diseñen de manera integral, entendiendo que el territorio indígena no es solo un espacio físico, sino un espacio cultural, social y espiritual que debe ser respetado en su totalidad. La implementación de estos enfoques integrales de conservación, en coordinación con los Pueblos Indígenas, permitirá superar los modelos de conservación que históricamente han sido impuestos sin el consentimiento de las comunidades, y que han resultado en el desplazamiento forzado de pueblos enteros.
El reconocimiento de los Indígenas como aliados en la lucha contra la pérdida de biodiversidad es también una invitación a repensar los modelos de desarrollo. Sus conocimientos tradicionales no son un obstáculo para el progreso, sino una herramienta invaluable para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. En este sentido, la conservación debe ser entendida no como una meta aislada, sino como un proceso continuo que involucra a las comunidades locales, sus saberes y su relación con la tierra.
El 21 de noviembre de 2024, en el marco de la VI sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, se realizó el espacio autónomo donde se avanzó en el análisis de los insumos técnicos presentados por el Gobierno Nacional. En este espacio se advirtió sobre varios temas de carácter estructural que afectan la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia.
Por un lado, se destacó la problemática estructural identificada respecto a la Dirección de asuntos indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior, para cumplir con su misionalidad, expresada en la reducción de la capacidad del personal para atender el rezago acumulado y la cantidad de solicitudes sin resolver asociadas al registro de autoridades, autocensos y estudios etnológicos.
En relación a la Agencia Nacional de Tierras ANT se subrayó la importancia de comprometer el 100% de los recursos asignados para la presente vigencia, así como, la necesidad de realizar una planeación integral efectiva para la vigencia 2025.
Finalmente, respecto al cumplimiento de las órdenes de las medidas cautelares y la ruta étnica de protección (artículo 150 del Decreto 4633 del 2011), relacionadas con procesos de formalización y protección de los territorios indígenas, se señaló la necesidad de la articulación interinstitucional entre la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras para la materialización de sus derechos.
Los pueblos indígenas reafirmamos nuestro compromiso con nuestras posturas políticas y técnicas, y continuamos trabajando en la defensa y garantía de los derechos territoriales de nuestros pueblos indígenas.
Entre el 20 y el 22 de noviembre se realiza en la ciudad de Bogotá la VI Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas del 2024. Este es un espacio de concertación entre delegados de los pueblos indígenas y funcionarios del Gobierno Nacional, con el fin de revisar los acuerdos clave para el avance en la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas con enfoque de paz.
En el primer día, el Gobierno presentó informes sobre las gestiones que están realizando y avances del cumplimento de acuerdos. Estos reportes se generaron alrededor de varios temas: reparación integral, mecanismos propios y estándares para resolución de conflictos, garantías institucionales y orgánicas, garantías institucionales para el autorreconocimiento, sistemas de información indígena, seguridad jurídica, impulso y seguimiento o estratégico integral de casos.
Por un lado, la Unidad de Restitución de Tierras -URT-, realizó un balance de los acuerdos, mencionando las demandas que se han radicado en relación con la estrategia de aceleración y el Plan de Acción Étnico. Se resalta la necesidad de que la URT y la Agencia Nacional de Tierras -ANT- fortalezcan su trabajo en relación con la ruta étnica de protección y las medidas cautelares, para impulsar los procesos de formalización de territorios indígenas.
Por su parte, la dirección de asuntos indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior, resaltó en su informe dificultades estructurales para atender su misionalidad, que se relacionan especialmente con la falta de personal. Esta situación ha disminuido la capacidad de respuesta de la dirección, lo que genera graves afectaciones al derecho al autorreconocimiento como pueblos y comunidades indígenas y con este sus derechos conexos: derecho al reconocimiento del gobierno propio, derecho a la protección del territorio ancestral, derecho a la propiedad colectiva, derecho a la salud, entre otros.
En lo relacionado con las garantías institucionales para el autorreconocimiento, se relacionaron las acciones realizadas durante el 2024 en relación con la incidencia para que se agilicen los procedimientos de formalización dotación, protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas, lo cual se ha llevado a cabo mediante articulación constante con el Gobierno Nacional para las adecuaciones institucionales y normativas necesarias dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo -PND.
Frente a los sistemas de información indígena, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- del Ministerio de Interior expuso el avance que existe para la integración entre el Sistema de Información de Consulta Previa -SICOP- y el Sistema de Información Geográfica Indígena -SIG-I-, lo cual se realiza con el fin de contar con información actualizada y accesible sobre el estado de los procesos de Consulta Previa a Pueblos Indígenas de todo el país. Otro aspecto importante en esta línea, son los procesos de reconstrucción de polígonos de resguardos indígenas, que debe contar con la participación efectiva de los pueblos indígenas y para lo cual la ANT presentó la metodología.
Sobre la seguridad jurídica, se abordaron las garantías presupuestales que viabilizan la atención efectiva de las solicitudes de los pueblos indígenas, el cumplimiento de metas pactadas para esta vigencia, el fortalecimiento de adecuación institucional y el registro de los actos administrativos que permiten entrega material de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Estas acciones buscan activar todos los mecanismos para reconocer, proteger y agilizar de manera integral los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Por último, en una mesa paralela, durante este primer día se abordaron algunos de los casos emblemáticos que evidencian problemáticas estructurales transversales a los procedimientos de formalización, dotación y seguridad jurídica de los pueblos indígenas. El objetivo de este espacio es generar rutas que permitan el impulso de los casos para que esto se concrete. La CNTI ratifica su compromiso con el acompañamiento a las comunidades y pueblos indígenas para las garantías del derecho fundamental al territorio.
Esta sesión es la última del año y se convierte en un escenario clave para evaluar los avances de los compromisos del Gobierno, y para dar seguimiento a los aspectos que deben fortalecerse con el fin de avanzar en las garantías para los pueblos indígenas. El día viernes se realizará la concertación con base en los informes entregados durante el primer día y los consensos a los que llegue el movimiento indígena en su espacio autónomo.
