En el marco de la segunda Sesión del 2019 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional se reunieron este 2 y 3 de septiembre en el Hotel Inter de Bogotá, el espacio autónomo se comenzó con el mensaje enviado por los Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre la importancia de fortalecer y sembrar espiritualmente este escenario. La agenda comprendía temas coyunturales para los pueblos Indígenas, como el análisis de los avances al cumplimiento de la ruta metodológica acordada para avanzar en la expedición del Decreto de clarificación de los resguardos de origen colonial y republicano, la socialización de los resultados obtenidos en las mesas técnicas de concertación del proyecto de inversión para la vigencia 2020, el informe detallado sobre el presupuesto asignado por cada actividad del Plan de acción 2019, el informe de ejecución y proyección en la vigencia 2019 para compra de predios y la presentación del Plan de Atención 2019 por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
En cuanto a la ruta metodológica para la expedición del decreto de clarificación de los resguardos de origen colonial y republicano, el Ministerio del Interior y el delegado de Viceministro de Desarrollo Rural, acordó con las organizaciones indígenas la realización del encuentro nacional para debatir y socializar el proyecto del futuro decreto éste se desarrollará los días 11, 12 y 13 de noviembre. Posteriormente se realizará un análisis por parte de las instituciones del gobierno para los días comprendidos entre 13 de noviembre y el 6 de diciembre, seguida de la concertación técnica entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional entre los días comprendidos entre el 16 de diciembre y el 19 de diciembre y finalizar la ruta con la protocolización del decreto en el marco de la Mesa Permanente de Concertación el día 20 de diciembre del presente año.
En cuanto al tema presupuestal, la agencia Nacional de Tierras manifestó la existencia de un bloqueo del 29% al proyecto de inversión para Pueblos Indígenas, a lo que las organizaciones indígenas manifestaron la violación y regresividad de los derechos territoriales. Ya que las asignaciones presupuestales frente al número de solicitudes históricas de legalización de los Pueblos Indígenas están aproximadamente en 932 solicitudes según la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, de continuar con el mismo promedio de asignación presupuestal anual se demorarían 147 años en dar respuesta a las actuales solicitudes.
Estas cifras sustentan la preocupación para los delegados de las diferentes organizaciones frente al incremento de asesinatos sistemáticos que se han venido presentado en los territorios que coincide con los territorios que donde existen solicitudes.
Siendo las 4:00 a.m. del 4 de septiembre finalizó la Sesión II de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
En el Hotel Inter de Bogotá D.C., los días 8 y 9 de agosto, se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, donde participaron las organizaciones con asiento en este espacio: la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamama, Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia – Gobierno Mayor, con el fin de hacer un balance de los acuerdos suscritos en el marco de este espacio, así como los del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y generar estrategias sobre los impactos sociopolíticos, económicos y ambientales a los que se están enfrentando.
En el marco de este espacio, se socializaron casos tipo de procesos de legalización que actualmente se están adelantando, donde el avance no ha sido significativo, ni se les ha dado una solución de fondo, además de no contar con las garantías mínimas de protección; dejando como consecuencia la inseguridad de los territorios frente a la intervención de empresas extractivas, actores armados y cultivos ilícitos, lo que ha conllevado al aumento de amenazas a las comunidades, violación de los derechos humanos, aumento de los asesinatos selectivos, confinamiento y el desplazamiento de las comunidades por la reclamación de los Derechos Territoriales.
Posteriormente, ante los asesinatos sistemáticos que se están presentando en los territorios indígenas, los delegados de las organizaciones Indígenas declararon el estado de emergencia. Según el análisis del Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de territorios Indígenas, desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 se han registrado 143 asesinatos de los cuales corresponde un 38% a líderes y lideresas indígenas, 30% en contra de comuneros indígenas, 13% a guardias indígenas y el 6% para el caso del Norte del Cauca (ver imagen).
¡Cuente con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
#CNTIComunicaPara entendernos como familia humana y restablecer la armonía, requerimos refundar el pacto social desde el más alto principio de celebración y conservación de la vida: La Tierra es un ser vivo con derechos inalienables, y todo lo que la conforma: Ríos, mares, arroyos, árboles, montañas y animales, la Naturaleza en todas sus formas, tiene el derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales.
Únete al movimiento por los Derechos de la Madre Tierra#SíDerechosdelaNaturaleza #SoyTerritorioconDerechos #SomosArteparaLaTierra
Para entendernos como familia humana y restablecer la armonía, requerimos refundar el pacto social desde el más alto principio de celebración y conservación de la vida: La Tierra es un ser vivo con derechos inalienables, y todo lo que la conforma: Ríos, mares, arroyos, árboles, montañas y animales, la Naturaleza en todas sus formas, tiene el derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales.
Únete al movimiento por los Derechos de la Madre Tierra
1.490 Km de vías que atravesarán las 3 cordilleras de Colombia
Desde los Pueblos y Organizaciones Indígenas que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, ponemos en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional el megaproyecto de la construcción del Túnel Multimodal que planea realizar la firma constructora EDL, el consorcio conformado por las firmas DIS – EDL y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Esta trasversal inicia en el puerto de Buenaventura hacia la población de Lobo Guerrero, donde se está terminando el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada. Continua hasta el cruce de Mulaló en concesión, actualmente en pre construcción, de allí a Florida por vías en operación y de Florida a Colombia, en estudio. De Colombia a La Uribe en estudio, de La Uribe a Mesetas, tramo en construcción. De Mesetas a Granda en operación, de allí a Villavicencio y Puente Arimena en concesión y de Puente Arimena a Puerto Carreño en estudio.
De los 32 departamentos que conforman el país la transversal tiene influencia directa en 5 departamentos, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta y Vichada, además bordea los parques naturales de Paramo de las hermosas, Nevado del Huila, Meridiano, el Tuparro, entre otras. Y en donde existe presencia de los Pueblos indígenas Nasa, Coyaima, Ahagua, Guayabero, Piapoco, Sikuani, Kurripaco, Piaroa, Puinave, Sáliba, entre otros.
Según el diagnóstico ambiental en el sector Pacífico – Orinoquía para Florida – Ruta 45 se han realizado varios análisis de la mejor alternativa para el cruce de la cordillera central, arrojando así la opción de túnel multimodal férreo de 40 kilómetros de longitud a 1700 metros sobre el nivel del mar. Se dispone entonces mediante el Auto 587 de febrero 19 de 2018 que esta será la forma más viable de llevar este proyecto a cabo desde el punto de vista abiótico, biótico y social.
El túnel de la alternativa escogida estará a una profundidad de 2500 metros, con el cual se promete mitigar el impacto de la posible pérdida de aguas superficiales en el páramo de las tinajas. Como se evidencia, el proyecto se ha socializado a los Pueblos y Comunidades Indígenas como una propuesta de construcción con optimas especificaciones para la conexión vial Pacífico – Orinoquía y sin aparentes afectaciones al territorio y quienes lo habitan.
Sin embargo, este megaproyecto impactará principalmente El páramo de las Tinajas y el Páramo de las Hermosas donde afectaran aproximadamente 365 lagunas, ríos, quebradas, bosques y cultivos los cuales tienen un carácter sagrado para nuestros Pueblos Indígenas.
Para el 20 de octubre del año en curso, se tiene previsto que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgue al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la licencia ambiental del tramo que conecta el municipio de Florida, Valle.
Por lo anterior y dada la importancia que reviste la integralidad de los territorios Pueblos Indígenas como elemento estructural para la pervivencia física y cultural ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 y sus respectivos Autos de seguimiento, exigimos se garantice el derecho fundamental que tienen los Pueblos Indígenas a la consulta previa, libre e informada[1] .
Desde este espacio, los cabildos centrales, asambleas locales, comunidades y autoridades indígenas con asiento en este escenario hacemos un llamado a nivel nacional e internacional para que se respete el derecho a la vida, al medio ambiente, al territorio, a visibilizar las consecuencias que traerá la culminación del Megaproyecto Túnel Multimodal, a crear alianzas para prevalecer el Derecho a la vida en defensa de la madre tierra y no se contribuya al exterminio físico, cultural y ambiental de los Pueblos Indígenas.
Exigimos a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) a visibilizar las afectaciones negativas reales en los ámbitos, social, cultural, económico y ambiental que traerá este megaproyecto a los territorios indígenas y campesinos impactados.
[1] La consulta previa es, en términos generales, una expresión del derecho de nuestros pueblos étnicos a participar directamente en la formulación, adopción e implementación de las decisiones estatales susceptibles de afectarnos. Lo anterior, como medida de reparación frente a la discriminación histórica que nos ha despojado del derecho a determinar libremente nuestros planes de vida y destinos, e incluso la libertad sobre nuestros cuerpos y saberes.
Así, desde su reconocimiento en el Convenio 169 de la OIT, la consulta previa se ha constituido en uno de los principales mecanismos de justicia social que buscan garantizar que los Estados democráticos restauren y protejan nuestra dignidad, igualdad y libertad, no solo como ciudadanos culturalmente diferenciados, sino, principalmente, como pueblos que nos autodeterminamos en nuestros territorios a partir de las instituciones materiales y espirituales que, en nuestro caso, se expresan en nuestras Leyes de Origen, Natural y de Vida, así como en nuestros Derechos Propio y Mayor.
Este 21 de junio, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorio Indígena CNTI, fue invitada por las autoridades del Resguardo Cañamomo – Lomaprieta de Riosucio, Caldas para acompañar el seguimiento a la Sentencia T-530 de 2016, donde participaron organizaciones Indígenas Nacionales, Organizaciones de la sociedad civil, algunas embajadas además, de contar con el acompañamiento de la delegación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otras.
Esta reunión, se llevó a cabo en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), donde se dio a conocer el estado de avance en el que se encuentran las 21 ordenes de la Corte Constitucional, de las cuales hay un cumplimiento formal parcial, trayendo a colación lo que la Corte ha manifestado en varios de sus sentencias “…la diversidad cultural y su protección son principios fundamentales del Estado Social de Derecho, al punto que la participación de las minorías étnicas en las decisiones nacionales y, especialmente aquellas que las afectan directamente es un mandato constitucional de mayor importancia”.
Lo anterior, refleja el reto que tiene el Gobierno Nacional entre la promulgación de las sentencias y su implementación, ya que se han generado nuevos riesgos para los Pueblos Indígenas: Desplazamiento, amenazas, asesinatos de líderes sociales, discriminación y estigmatización de los Pueblos Indígenas como obstáculo para el desarrollo.
A lo largo de la historia se han destacado varios factores que ayudan a explicar la recurrencia del conflicto armado, principalmente en zonas rurales; la tenencia de la tierra, la voluntad política de turno, el narcotráfico la ausencia del estado, la extracción de recursos minero-energéticos entre otros. Dado esto, se llegó a la conclusión de que el no reconocimiento de los Derechos Territoriales, es una forma de despojo y exacerba la violencia contra las Comunidades.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes a la implementación ágil y efectiva de las ordenes establecidas en dicha sentencia para así, aportar en la construcción de un país donde se reconozcan, se rescaten, se respeten culturalmente los orígenes ancestrales de cada comunidad y cada pueblo.
