Primer informe sobre la seguridad jurídica de los resguardos indígenas de origen colonial y republicano
Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial que se encuentran constituidos y titulados como propiedades colectivas pertenecientes a las comunidades indígenas y que mantienen un carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. Estos cuentan con una dimensión territorial y su manejo, administración y vida interna se rigen a partir de la organización autónoma, amparada por el fuero indígena y por su sistema normativo propio 1.
La constitución de resguardos data del derecho colonial español de la tercera década del siglo XVI, en la cual se conformaron las primeras reducciones de la población indígena con el fin de superar las dificultades que conllevaba la dispersión de la población, en especial para los temas de adoctrinamiento. Pero, fue en 1591, cuando surgió el régimen legal de tierras indígenas, que se empezaron a constituir estos territorios bajo la figura de resguardos con la expedición de Cédulas de El Pardo:
“En virtud de estas normas se ordenó identificar las tierras que los indios naturales de cada pueblo había menester para sus labranzas y crianzas y resguardos, facultándose en ese sentido a oidores y visitadores para que asignaran a pueblos determinados tierras inalienables de propiedad común”.
Estos primeros resguardos, concebidos como propiedad indígena, comprendían el dominio estricto de lo que constituía el suelo del territorio, y mantenían para la corona el dominio y los beneficios mineros y del subsuelo, dejando a las comunidades el uso únicamente agrario y de sostenimiento familiar (Muñoz Onofre, 2016).
Las disposiciones legales dictadas durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII fueron encaminadas a la protección de estos territorios colectivos a partir de un margen de actuación jurídica que abrió la corona y que los indígenas usaron para hacer valer los derechos que la legislación colonial le había reconocido sobre sus tierras comunales.
Sin embargo, la segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por las iniciativas orientadas a la extinción de los resguardos bajo el argumento de ociosidad de las tierras (Muñoz Onofre, 2016).
Bajo este panorama dio inicio el periodo republicano, con la población indígena inmersa dentro del amplio total de personas desposeídas en el país y con el mismo problema de la población campesina: la carencia de la tierra.
De esta manera, la República comenzaba en medio de una sociedad latifundista que no rompió con estas dinámicas durante el proceso de independencia y que, en un intento por plasmar la perspectiva liberal del nuevo Estado colombiano a partir del reconocimiento de los derechos individuales que le otorgaba al indígena por su nueva condición de ciudadano, llevó a la expedición de un decreto en 1810 en el que se ordenaba la repartición de tierras que los pueblos indígenas.
Para consultar el informe, clic aquí:
Informe estado actual de las solicitudes de formalización de territorios indígenas – 2019
Los problemas alrededor de la redistribución de la tierra han sido una constante histórica en Colombia debido al carácter agrario que el país ha tenido desde antes de su conformación. El Estado colombiano se ha caracterizado por una organización agraria latifundista y la acumulación de grandes extensiones de tierra en pocas familias, además de la escasa normatividad que facilitara el acceso a la tierra para la población rural, situación que no ha tenido mejora hasta la fecha.
En el año 2014 tuvo lugar el censo agropecuario, el cual arrojó importantes cifras sobre el panorama de la ruralidad en Colombia. Después de 45 años este censo ha permitido ratificar que Colombia es el país más desigual en el acceso a la tierra en América Latina (OXFAM; 2017). Los datos registrados en el informe publicado por OXFAM en 2017 “Radiografía de la desigualdad” exponen un panorama que pone en evidencia la inequidad en la distribución de la tierra en Colombia porque “el 1% de las explotaciones agropecuarias más grandes han venido concentrando el 81% de la tierra. El 19% de la tierra es distribuida entre el 99% restante de las unidades productivas” (OXFAM; 2017). Así, el desarrollo del conflicto armado ha favorecido el incremento tanto de la desigualdad como de la concentración de la tierra con un índice de Gini del 0,897 (2014) para Colombia siendo uno de
los más altos en América Latina (OXFAM; 2017).
Así las cosas y excluyendo los territoritos étnicos, las UPAs menores de 10 hectáreas representan el 81% de las explotaciones y en promedio tienen 2 hectáreas y no llega al 5% del área censada, mientras que las UPAs de más de 2.000 hectáreas representan el 0,1% del total y en promedio alcanzan 17.195 hectáreas de tamaño y ocupan el 60% del área total censada (OXFAM; 2017)3. Además, en el informe se resalta con preocupación que el 42% de esas grandes extensiones (cerca de 40,2 millones de hectáreas) declaró desconocer la situación de tenencia (OXFAM; 2017).
El interés existente sobre la tierra se ha mantenido hasta la actualidad y ha perjudicado a tenedores de tierra que no han logrado conseguir un reconocimiento jurídico de la posesión ancestral sobre los predios en los que han trabajado y de los que han ejercido una propiedad de hecho. Así, los derechos territoriales constituyen un elemento fundamental para la garantía de la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas porque como afirmó el delegado indígena por la CIT de la CNTI Vicente Villafañe “Un indígena sin tierra es como un fogón sin leña”.
Informe balance de seguimiento de las solicitudes de medidas de protección provisional de territorios ancestrales
Las dinámicas de desposesión de territorios ancestrales han sido una constante en el conflicto por la tenencia de la tierra que se ha librado en Colombia desde antes de su conformación como Estado soberano. En medio de esta, las poblaciones rurales se han visto afectadas por un proceso de disputa constante de los bienes terrenales y dada su importancia en un país cuya economía depende del sector primario, es decir, los bienes de producción básica como los obtenidos por prácticas agrícolas y extractivas.
Así, en Colombia la tierra se ha convertido en un bien entregado a la explotación de recursos y la extracción de su riqueza mineral y natural, lo cual ha ocasionado que el interés por la tierra adquiera una relevancia especial en los grandes grupos económicos pertenecientes a distintos sectores empresariales y políticos en aras de un crecimiento patrimonial y económico, el cual ha generado los procesos de radicalización de la desigualdad que persisten hasta nuestros días.
Estas dinámicas han acentuado las condiciones de violencia, de vulnerabilidad social y económica de las poblaciones históricamente menos favorecidas, que han tendido a agravar los factores de pobreza y a acrecentar a su vez la cantidad de necesidades insatisfechas en estas poblaciones, generando condiciones de prolongamiento de la pobreza a partir de la falta de oportunidades y condiciones para el adecuado desarrollo de la vida y el goce efectivo de los derechos sociales y civiles que otorga la legalidad colombiana.
Los Indígenas y el debate de control político al Gobierno Nacional
Piden garantías en los territorios y enfoque diferencial frente al COVID- 19
La Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, alerta sobre el incremento de los asesinatos a líderes indígenas en regiones dónde históricamente se han solicitado seguridad jurídica a los territorios y EXIGE NO REDUCIR EL PRESUPUESTO A LAS COMUNIDADES ANCESTRALES
¿Por qué para los pueblos indígenas es tan importante el derecho a la tierra y al territorio?
¿Quieres saber qué pasó en el debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República?
En un debate de control político para revisar el impacto del decreto 486 de 2020 y la falta de garantías de enfoque diferencial con los pueblos indígenas y demás minorías étnicas para el manejo de la pandemia COVID-19, el senador indígena Feliciano Valencia señaló que “se ha posicionado la tesis errónea según la cual los indígenas somos terratenientes”.
Al debate y sesión virtual, realizado la mañana de este viernes 12 de junio, asistieron el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, el subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez Gaviria, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, y destacados senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso. Así mismo, contó con la intervención del procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, y del Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el líder indígena del pueblo Arhuaco, Camilo Niño Izquierdo.
Según el senador Valencia, si bien es cierto que a julio de 2019 (de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras-ANT) se reportan 774 resguardos constituidos en el territorio nacional, que en total suman 33´474.487 hectáreas +7.482 metros cuadrados, la mayoría del área de resguardos constituidos no puede ser empleada para la explotación agropecuaria, en tanto son espacios de conservación y protección ambiental, además de lugares sagrados y de pagamento.
El congresista Feliciano Valencia precisó que, según datos del Censo Nacional Agropecuario-CNA, el 93% de estos territorios legalizados para pueblos indígenas son bosques naturales, y apenas el 5,3% del área titulada es empleada para usos agropecuarios y el 1,6% restante para usos no agropecuarios (CNA, 2015).
El senador indígena fue enfático en señalar que contrario a lo que opinan algunos sectores influyentes del país, “son recurrentes situaciones de hacinamiento de comunidades indígenas, esto es, en los resguardos constituidos hay más familias que tierra disponible para usos productivos y otros asociados a la ocupación antrópica”.
En su intervención, el senador y líder del pueblo Nasa mostró cómo la mayoría de las áreas tituladas a pueblos indígenas son destinadas a la protección o conservación ambiental, circunstancia que “ha restringido los espacios que pueden ser empleados para la producción agropecuaria, así como las áreas destinadas a vivienda e infraestructura para el soporte y desarrollo de los proyectos propios relacionados con la consolidación de la autonomía indígena y de las formas de gobierno propio (salud y educación)”.
Para el congresista Feliciano Valencia, “es urgente que el Estado colombiano siga dando cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria”, para evitar que “ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
Sobre el decreto 486 de 2020, el senador Valencia señaló que éste “carece de medidas diferenciadas para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento productivo a los pueblos indígenas, considerando además que sus territorios son la fuente de estos recursos, es decir, de los alimentos”.
Frente a las medidas adoptadas para atender la emergencia del COVID-19 y su impacto en los pueblos indígenas, el senador Valencia expresó que “es evidente no solo la ausencia de un enfoque diferencial sino también un incumplimiento persistente respecto a la garantía y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
LA PANDEMIA Y LOS ASESENITOS DE LÍDERES INDÍGENAS
Durante el debate de control político, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, líder del pueblo Arhuaco y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dijo que la pandemia COVID-19 ha significado un aumento de los asesinatos y amenazas de los líderes y comunidades indígenas, el riesgo por el incremento de las actividades de minería y la violación constante al derecho a la consulta previa.
Estos asesinatos se traslapa con las regiones dónde los pueblos indígenas históricamente han solicitado garantía en la protección jurídica de los territorios indígenas, desde el 2016 -2020 según el observatorio de derechos territoriales de la secretaría técnica de la CNTI, van 245 líderes asesinados, y se superponen con las más de 1593 solicitudes de protección jurídica de los territorios, entre las que están solicitudes de legalización (constitución, saneamiento y ampliación de resguardos), implementación del 2333, reafirmación de los resguardos de origen colonial y republicano.
Camilo Niño también pidió “que no se reduzca más el presupuesto para atender las justas solicitudes y reclamaciones de los pueblos indígenas”, pues además de ser un presupuesto reducido es una garantía fundamental proteger los derechos ancestrales de las comunidades. Ya que en un análisis de 18 años el gobierno no ha asignado ni medio billón de pesos, con esta asignación se demoraría más de 200 años en responder a las actuales solicitudes de protección territorial.
“Es necesario mantener y reforzar las medidas de seguridad de los líderes y comunidades indígenas, pues tenemos casos como el del delegado de la CNTI Milton Conda a quien, a pesar de las reiteradas amenazas, le pidieron devolver su esquema de seguridad”. El Secretario Técnico de la CNTI también le insistió al gobierno en la importancia de firmar el decreto de origen colonial y republicano que desde diciembre está pendiente de la rúbrica del presidente Iván Duque.
A su turno, el senador Jorge Londoño, integrante de la bancada del Partido Verde, dijo que el gobierno debe atender con especial atención a los más vulnerables, y en especial en el sector rural, a los indígenas, afrodescendientes y campesinos, con un enfoque diferencial.
“La riqueza cultural es la que debemos proteger. Por eso, las medidas de atención para los pueblos indígenas deben tener un enfoque diferencial, además de los derechos territoriales, que son la garantía para la vida digna de las comunidades”.
En conclusión, los líderes indígenas le insistieron al gobierno y a las instituciones del Estado colombiano, la importancia de dar cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria.
En el debate de control político intervino también el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, quien prendió las alarmas frente a la catástrofe en que se ha convertido la deforestación de la Amazonía en Colombia, que no ha parado a pesar de la pandemia, y sugirió la creación de un registro nacional de áreas devastadas.
El procurador insistió en la importancia de crear un catastro multipropósito del territorio.
Para el senador Feliciano Valencia y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, Camilo Niño, ante los múltiples factores de riesgo que ha evidenciado la pandemia y que hoy persisten, la institucionalidad colombiana debe garantizar que continúa con el cumplimiento de sus obligaciones territoriales con nuestras comunidades, “para evitar que, ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
En el mismo sentido, “el reconocimiento de los derechos territoriales favorece el ejercicio de la autonomía propia y el control territorial, lo que conlleva a limitar el contacto con terceras personas que puedan ser un riesgo de contagio del COVID-19”.
Comunicado público: Denunciamos y rechazamos en contra de Milton Conda
El delegado Milton Conda, se ha caracterizado por un arduo trabajo de derechos humanos y de defensa del territorio de las comunidades Nasa del sur del Valle del Cauca, quien ha venido denunciando las afectaciones sociales, culturales y ambientales generadas por el mega proyecto de la Transversal Pacífico-Orinoquía.
El panfleto amenazante advierte que estos grupos armados continuarán realizando “limpieza social” con todas las personas que “no dejan progresar el desarrollo que busca este país”, concretamente se refieren a los controles territoriales que ejercen las autoridades indígenas, así como a las denuncias sobre el proyecto inconsulto Transversal Pacífico-Orinoquía que pretende atravesar de oriente a occidente el país afectando el territorio ancestral Kwe’sx Yu Kiwe y poniendo en riesgo la existencia de espacios sagrados al destruirse cerca de 365 lagunas.
La amenaza es clara en ordenar el abandono del territorio al ser, declarado objetivo militar. Esta no es la primera amenaza que reciben las autoridades Nasa del Sur del Valle del Cauca y es la tercera amenaza de muerte en contra del delegado de la CNTI. Asimismo, autoridades, comuneros y guardia indígena del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe han sido víctimas de intimidaciones, persecución y atentados. En marzo del año pasado en el marco de la Minga Nacional desconocidos lanzaron un explosivo a una de las carpas donde se ubicaba la guardia indígena dejando como resultado la muerte de ocho (8) personas, tres (3) de ellas miembros de este resguardo.
Para leer el comunicado completo, clic aquí