La implementación del catastro multipropósito y barrido predial inició en Colombia en 2019. No obstante, los pueblos indígenas y habitantes del sector rural han manifestado su preocupación frente a las medidas que pueden representar una vulneración directa de sus derechos territoriales.
Panorama del catastro multipropósito en Colombia
Según Henry Rodríguez, director del Catastro de Bogotá, este es un proceso que puede aportar información fidedigna siempre y cuando se haga de forma participativa, toda vez que abre puertas para que la relación con el territorio físico quede garantizada. Sin embargo, señaló que «el país no tiene formado su territorio nacional y mucho menos totalmente actualizado. El diagnóstico que se hizo en los CONPES es demoledor. Tenemos más del 70% sin actualizar; aún es un porcentaje muy grande sin formar, justamente el de la Colombia profunda”.
Para Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales, este escenario se debe en gran medida al debilitamiento del IGAC en tema presupuestal, pues ha provocado que la calidad de la información técnica y catastral, de la que era responsable, disminuya considerablemente. Así mismo, mencionó que la liquidación del Incoder y su división en cinco agencias ha sido un problema en términos de cumplimiento de los procesos para la formalización de tierras, ya que no han podido articularse para responder a la población como deberían.
Los funcionarios destacaron que, si bien el modelo contempla la participación de gestores públicos que pueden a su vez contratar operadores del sector privado para llevar a cabo las tareas, no hay forma de alcanzar las metas propuestas en los tiempos estipulados por el actual Gobierno, aún más cuando la pandemia frena las actividades en territorio.
¿Cuáles son las afectaciones que este modelo representa para los pueblos indígenas?
La forma en que está planteada la implementación del catastro es un factor que genera legítima preocupación por el riesgo en el que se encontraría la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.
Para Jhenifer Mojica, abogada del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el hecho de que desde 2014 se haya expedido un procedimiento para proteger los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y a día de hoy la Agencia Nacional de Tierras no haya protegido ninguno, es un claro ejemplo de falta de garantías.
Además, las comunidades denuncian que al no ser acordadas con ellas, las políticas pueden terminar generando problemas mayores al ignorar la realidad territorial. De hecho, hay mucho recelo al respecto de si este catastro va a limitarse a una individualización de títulos de propiedad, para eventualmente introducirlos al mercado de tierras, sin tener en cuenta el factor humano.
¿Qué proponen los pueblos indígenas desde sus territorios?
Guilliana Arrieta, gobernadora del pueblo Mokaná, hizo hincapié en la necesidad de contar con la participación de los pueblos indígenas en el levantamiento de la información necesaria para el catastro, ya que son ellos quienes han tenido siempre el ordenamiento de su territorio y quienes mejor conocen los sitios sagrados, los lugares destinados a cultivo, las fuentes de agua y otros puntos vitales que tienen estrecha relación con las dinámicas propias de quienes allí habitan.
Destacó que el Estado tiene una deuda histórica en la implementación del enfoque diferencial que reconozca los saberes de los grupos étnicos y que, además, garantice los espacios de participación que contempla la ley, tal como el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, antes de ejecutar procesos que atraviesen sus territorios.
Jessica Villamil, geógrafa y asesora del cabildo Inga de Colón, en el departamento de Putumayo, socializó la experiencia que han desarrollado allí con la georreferenciación de puntos de interés y sitios sagrados, un ejercicio que busca demostrar que las asociaciones indígenas están en capacidad de contribuir con el levantamiento de la información y que se les debe tener en cuenta, pues la visión centralizada de las entidades desde Bogotá ignora los conocimientos de los/as sabedore/as acerca de la importancia de cada espacio que integra la territorialidad de sus comunidades.
Como señaló Guilliana Arrieta, lideresa del pueblo Mokaná: “El Gobierno no puede seguir pensando en un catastro que no sea respetuoso de los derechos y los territorios indígenas. No es solo un levantamiento de polígonos o un inventario de bienes para que entren a ser parte de un mercado. Va mucho más allá; es un tema de conexión con la Madre Tierra, de pervivencia, de ancestralidad, del vientre de las mujeres indígenas y la memoria de nuestros mayores”.
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Asunto: Declaración Política sobre el Proyecto de Acuerdo para la implementación de las Zonas de Desarrollo Empresarial
En respuesta al proyecto de Acuerdo publicado en la página web de la Agencia Nacional de Tierras “Por el cual se establecen las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales para la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías para la delimitación de las Zonas de Desarrollo Empresarial y se establecen otras disposiciones”, las organizaciones indígenas abajo firmantes manifestamos nuestro rotundo rechazo a dicha iniciativa exigiendo al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Agricultura y demás entidades que conforman el Consejo Directivo de la ANT no apruebe dicho acuerdo por resultar inconstitucional e ilegal, y constituir una medida regresiva frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas son todos aquellos que protegen la especial relación que tienen los pueblos indígenas desde su ancestralidad con sus territorios y que constituye la base fundamental de su vida social, económica, cultural y espiritual. Comprenden, por una parte, la protección de las concepciones propias de cada pueblo indígena sobre su relación con el territorio y, por otra, el reconocimiento y protección estatal, brindando seguridad jurídica a las comunidades, con base en las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Incluyen los derechos a la propiedad colectiva (resguardos indígenas), a la protección de la territorialidad ancestral, al uso y goce de sitios sagrados, a la restitución de territorios despojados y abandonados forzosamente, a la autoridad ambiental sobre el territorio, autonomía y gobierno propio, derechos bioculturales y derecho a la participación y consulta previa.
En respuesta al proyecto de Acuerdo publicado en la página web de la Agencia Nacional de Tierras “Por el cual se establecen las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales para la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías para la delimitación de las Zonas de Desarrollo Empresarial y se establecen otras disposiciones”, las organizaciones indígenas abajo firmantes manifestamos nuestro ROTUNDO RECHAZO exigiendo al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Agricultura y demás entidades que conforman el Consejo Directivo de la ANT NO APRUEBE DICHO ACUERDO POR RESULTAR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL, Y CONSTITUIR UNA MEDIDA REGRESIVA FRENTE A LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas son todos aquellos que protegen la especial relación que tienen los pueblos indígenas desde su ancestralidad con sus territorios y que constituye la base fundamental de su vida social, económica, cultural y espiritual siendo de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Incluyen los derechos a la propiedad colectiva (resguardos indígenas), a la protección de la territorialidad ancestral, al uso y goce de sitios sagrados, a la restitución de territorios despojados y abandonados forzosamente, a la autoridad ambiental sobre el territorio, autonomía y gobierno propio, derechos bioculturales y derecho a la participación y consulta previa.
Ley 16 de 1972 ‘’ Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto de San José de Costa Rica, firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969’’. (Artículo 21); Ley 21 de 1991 ‘’ Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2006).
Zerankwa recibe hoy en Chundwa a un gran líder, un padre ejemplar, un abuelo alegre, un defensor incondicional del umunukunu: José Camilo Niño Suárez, Sakukū Mayor de la Nación Iku, una persona siempre dispuesta a la escucha y a compartir un sabio consejo.
Innumerables fueron sus luchas, sus aventuras, sus sacrificios, sus dolores y sus recorridos por la Línea Negra con el firme carácter de cumplir como buen hijo del pueblo Iku, ese mandato de la Ley de Origen. Gracias a sus esfuerzos, que han dejado en nosotros y nosotras infinitos aprendizajes, la organización del pueblo arhuaco es fuerte y muestra de dignidad.
Su ejemplo es motivación en sus hijos, como Ricardo Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien recibió este legado, fruto del caminar constante del territorio en compañía de su padre. Esa dignidad aprendida por la defensa del territorio y la reivindicación de los derechos territoriales, la demuestra con tenacidad día a día en su quehacer de la CNTI, espacio que el Sakukū Mayor fortaleció con el buen consejo, así como con sus conocimientos espirituales y culturales como Mamo de su pueblo.
El pensamiento, las acciones y la entrega de la vida en defensa del territorio, nunca mueren. Se renuevan como semilla de generación en generación. Aunque hoy el Sakukū Mayor José Camilo Niño Suárez no nos acompaña físicamente, la ausencia material no significa que olvidemos sus enseñanzas. Estas permanecerán en el territorio y estarán siempre presentes, a través de sus hijos e hijas por generaciones y también reflejadas en cada río, cada planta, cada montaña y cada elemento natural que día a día continúan vivos gracias al ejemplo permanente de nuestros mayores/as que nos enseñan de la guardia, la lucha y la protección incansable al territorio. Por eso, recordamos y enaltecemos su legado.
Hoy, todos los pueblos indígenas y originarios, tanto de la región como del país, lamentan profundamente esta invaluable pérdida. Sabemos que la lucha no acaba aquí, el camino es largo y la resistencia mediante el diálogo, la dignidad y el respeto será nuestra trinchera del corazonar colectivo para continuar.
En nombre del equipo técnico de la secretaría técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, deseamos que Dios y Kakw Zerankwa lo acojan en sus hermosas praderas. Buen retorno a Chundwa, Sakukū Mayor José Camilo Niño Suárez.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, representantes de diferentes comunidades del país compartieron las experiencias de sus procesos organizativos y las formas en que las mujeres se relacionan con el territorio desde la mirada de sus pueblos ancestrales.
Redacción CNTI
La mujer indígena es territorio, vida y fertilidad, pero es también ejemplo de lucha, resistencia y sabiduría que mantienen en firme el tejido social y espiritual. Por ello, los diferentes roles que desarrollan dan cuenta de aprendizajes que comienzan desde temprana edad y que responden a las problemáticas que aquejan a sus comunidades, especialmente a ellas en su condición de mujer.
Según Rosalba Jiménez, mayora del pueblo Sikuani, la mujer indígena desde su cosmovisión representa la dualidad y, lejos de “salir de una costilla”, viene del territorio y de la semilla de la Madre Tierra que representa la fertilidad. A su vez, comprender lo que significa el territorio, la mujer y la cultura es para Andrea Poto, lideresa comunitaria Nasa, mantener viva la tradición de sus propias lenguas y sus sistemas especiales de relación con la naturaleza.
Natividad Mutumbajoy, lideresa del pueblo Inga y fundadora de la institución educativa Yachaikury, destacó que el buen vivir está en sus territorios, pues allí está todo y la lucha es necesaria para poder disfrutar de sus tradiciones. Para Margarita Villafaña, lideresa arhuaca, las mujeres «como madres soportamos a una cultura y somos complemento del hombre, una familia, que entre los dos luchan por mantener una identidad cultural en el territorio. La tradición y la cultura nos permiten entender que podemos proteger entre todos desde la Ley de Origen y las normas tradicionales, con menos tensiones y guerra».
Los conflictos por la tierra, que históricamente han traído dinámicas de violencia y despojo, generan importantes afectaciones a los pueblos indígenas y de manera diferencial a las mujeres que han sido vulneradas por actores como colonos y grupos armados, entre otros. La creación de espacios formativos en los que convergen diferentes conocimientos ha hecho posible que surjan liderazgos desde lo femenino para defender la vida, el agua, el alimento y la pervivencia cultural de los pueblos.
Diana Campo, comunera Nasa, señaló: «La tarea más importante que tiene la juventud es formarse integralmente frente a las amenazas externas, entendiendo que hay muchos mundos indígenas distintos pero todos tenemos una Ley de Origen que es proteger y preservar». Por eso apuntó que, a partir de la noción de que la tierra no es propiedad de los pueblos, sino que estos pertenecen a ella y por lo tanto deben protegerla, la partida de cada compañero o compañera redobla la energía de lucha contra todo aquello que la pone en peligro, como las actividades extractivas y de la mega industria que desconocen los principios de su equilibrio natural.
Sostienen que esto está directamente relacionado con la falta de interés de los gobiernos, que durante décadas han desconocido las reivindicaciones de los pueblos indígenas y los exponen a toda suerte de situaciones que atentan contra ellos. Todo porque las lógicas económicas no corresponden con la visión que estas comunidades tienen del territorio, en donde ninguna de ellas estará por encima de la vida y la armonía.
«Los pueblos indígenas somos vistos como una piedra en el camino y en Occidente, por la cultura del dinero, nos ven como seres que debemos estar recluidos en las montañas y no comprenden cómo los sitios sagrados son la garantía de pervivencia de todos los seres vivos», añadió la defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas, Margarita Villafaña.
¿Qué estrategias son contempladas para fortalecer los procesos locales?
Las hermanas Diana y Ebema Caizamo, del pueblo Emberá Wera en Chocó, hacen parte del grupo de danza Nepono Werara, en el que a través del arte se enseña a las nuevas generaciones a preservar y exaltar su cultura con los bailes tradicionales.
Ebema, de 13 años, conoce las afectaciones que sufre el río Atrato por la minería y la importancia que este tiene para la vida, pues la contaminación del agua con mercurio (utilizado para separar y extraer el oro) impacta directamente a su comunidad, que necesita del agua del río en sus actividades diarias. Ella recoge estas enseñanzas de sus familiares y especialmente de su hermana mayor Diana, que además se desempeña como docente y traductora de emberá-español.
Como lo expresó Margarita Villafaña, “debemos comprender dónde están los riesgos para poder mantener nuestra cultura y ser ejemplo para que los jóvenes sigan este camino de defensa y fortalecimiento de nuestra unidad familiar y cultural”.
Otra de las alternativas que planteó la mayora Rosalba Jiménez fue dimensionar que «el conflicto no solo son las armas sino también lo ideológico. [Por eso] hay que manejar un discurso desde nosotros mismos, desde nuestra esencia y no desde el conflicto”. Agregó que sus hijos están en el movimiento indígena y se siente orgullosa de eso, pues reconoce que las nuevas generaciones deben seguir reivindicando los derechos indígenas porque es una lucha de nunca acabar.
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