A pesar de haber retirado la circular CIR2020-29DMI-1000, el MinInterior dejó abierta la posibilidad para que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales que vulneran el derecho a la consulta previa.
Mediante una acción de tutela interpuesta por la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -STICNTI contra el Ministerio del Interior de Colombia, las comunidades indígenas exigen respeto al derecho fundamental a la consulta previa, que el Gobierno vulneró mediante el mecanismo de «consulta virtual».
Tras la decisión del Ministerio del Interior de expedir dos circulares externas sobre las consultas previas “virtuales”, la STI-CNTI rechaza tajantemente que para el sector industrial y extractivo la consulta previa esté lejos de ser reconocida como un derecho fundamental de los pueblos indígenas, “ya que la toman como un obstáculo a sus proyectos de industria”, y recuerda que esta decisión obedece a los intereses extractivos en los territorios indígenas.
Vale recordar que esta petición de flexibilizar la consulta previa hizo parte de las propuestas económicas a adoptar en el marco de la emergencia del Covid-19 de los 25 empresarios asociados al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga realizadas el pasado 3 de abril de 2020, con el fin de «aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país».
Por ello, la STI – CNTI reitera en la acción de tutela que “en ninguna circunstancia se puede proceder a realizar nuevas consultas previas en los territorios a través de los términos propuestos por el Ministerio del Interior y que en ningún momento la Mesa Permanente de Concertación ha alentado a realizar dichos procedimientos”, porque proponer hacer consultas virtuales a pueblos indígenas en situaciones de extrema vulnerabilidad y carentes de tecnología viola sus derechos fundamentales.
Cabe recordar que en días pasados el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, también solicitó revocar la circular externa CIR2020-29DMI-1000 del Ministerio del Interior, por considerar que “esta decisión afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos».
Aunque el pasado 20 de abril de 2020, mediante circular externa CIR2020-42-DMI-1000, el Ministerio del Interior derogó el referido acto administrativo que autorizaba el uso de medios virtuales para la realización de la consulta previa, mantuvo la posibilidad de realizar consultas previas de tipo virtual, «siempre que las comunidades cuenten con los medios tecnológicos y condiciones necesarias para tal fin».
De este modo, sigue latente el riesgo de que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales para vulnerar el derecho a la consulta de las comunidades. En tal sentido, la tutela de la STI-CNTI busca prohibir al Gobierno que replique estos intentos inconstitucionales de reforma a derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada, y al debido proceso. A pesar de haber retirado la circular CIR2020-29DMI-1000, el MinInterior dejó abierta la posibilidad para que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales que vulneran el derecho a la consulta previa.
Por ello en un documento de 25 páginas, que soporta la acción de tutela instaurada este 28 de abril, la STI – CNTI solicita dejar sin efecto dichas circulares. El Secretario Técnico de la CNTI, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, advierte que “a la fecha no se han adoptado medidas especiales que garanticen a las comunidades indígenas su derecho a la vida, salud, integridad, y consulta previa, libre e informada, en el marco de la emergencia social que atraviesa el país por la pandemia, estando ad portas de un etnocidio indígena”.
Igualmente, solicitan ordenar al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, suspender todo proceso de consulta previa hasta tanto se supere la crisis social generada por el coronavirus en el país, y se adopten las medidas sanitarias diferenciales para garantizar a las comunidades indígenas el goce efectivo de este derecho.
“En especial esta suspensión debe aplicarse frente a proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y demás que impacten de manera directa e indirecta los territorios indígenas”, pide la STI – CNTI.
Finalmente, y de manera subsidiaria, la acción jurídica solicita a la justicia colombiana, conforme al principio de progresividad, ordenar al Ministerio del Interior que consulte con las y los representantes de las organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Indígena , todas las propuestas de las medidas sanitarias y humanitarias adecuadas para el manejo del COVID-19 en las comunidades y pueblos indígenas , incluyendo las propuestas diferenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, según sus condiciones de múltiple vulnerabilidad.
Al respecto, la circular señala que debido a la emergencia nacional por el COVID 19, entre las decisiones adoptadas se encuentra:
“(ii) Recomendar, promover y permitir el uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales, para que en la mayor medida posible y de manera libre e informada, se adelanten consultas previas de proyectos, obras y actividades, y de medidas legislativas y administrativas, con las comunidades indígenas, Rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia por causa del COVID-19”
Esta postura desconoce el contenido y el alcance del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa, el cual tiene un soporte normativo y jurisprudencial que obliga al Estado colombiano a garantizar su ejercicio, más allá de un mero trámite formal. Por lo tanto, todo proceso debe estar guiado por los principios de buena fe, consentimiento previo, libre e informado; participación activa y eficaz de la comunidad, diálogo entre iguales y, procedimiento flexible y adecuado.
Cuando alguien querido muere y parte a otro espacio no hay forma de evitar la tristeza. El equipo de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI lamentamos mucho la partida de nuestra compañera Fany Rincon Neira. Una mujer guerrera quien enfrentó con dignidad y valentía las dificultades. Fany ahora descansa después de una impecable batalla por la vida. Hoy parte nuestra amiga, compañera de trabajo, madre, quien con su ejemplo nos ha dejado muchas enseñanzas como la convicción de apoyo incondicional al movimiento indígena, el esfuerzo por brindar lo mejor de si cada día y el entusiasmo con el que cada día brillaba por su trabajo. Dejaste una huella imborrable y permanecerás siempre en nuestros corazones. Nuestros más sinceros deseos de fortaleza para su hijo Camilo y familia.
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas han sido objeto de una lucha histórica que las comunidades han librado, resistiendo en sus territorios y exigiendo al Estado el reconocimiento, respeto y garantía de los mismos. Entre los avances más significativos se ha logrado el reconocimiento al derecho de propiedad colectiva sobre los territorios poseídos y ocupados ancestralmente. Sin embargo, hoy estamos ante una crisis generalizada de incumplimiento de este derecho que expone a las comunidades al despojo, destierro y por esa vía al riesgo de extinción física y cultural. La institucionalidad agraria del Estado colombiano no está atendiendo las demandas territoriales indígenas, y dilata en el tiempo la respuesta de manera irrazonable, con interpretaciones lesivas y restrictivas a los derechos de los pueblos y la creación de más y nuevos trámites que obstruyen este derecho.
El desconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas implica una agresión a todos sus derechos por la relación estrecha que tiene la vida en sí misma de las comunidades con el territorio, con la madre tierra. Negar el reconocimiento del territorio ancestral indígena sin garantizar la seguridad jurídica de sus territorios, mientras se incentivan e impulsan agendas de desarrollo en sus territorios, como la minería, la explotación de hidrocarburos y la construcción de megaobras de infraestructura constituye un riesgo alto de despojo territorial. Esto ocurre a la vez que aumentan los asesinatos, atentados y desplazamientos forzados entre otras graves violaciones de derechos humanos contra miembros de las comunidades, autoridades y miembros de la guardia indígena como consecuencia de la reconfiguración de las dinámicas de violencia política en los territorios indígenas.
El presente foro quiere presentar un análisis del estado actual de incumplimiento del Estado frente a los derechos territoriales de los pueblos, con el ánimo de alertar a las autoridades públicas, órganos de control, Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos, comunidad en general y organizaciones indígenas sobre esta situación ya que nos encontramos ante un Estado de Cosas Inconstitucional-ECI de los derechos territoriales indígenas, ante la necesidad de implementar políticas, reformas normativas, proyectos de inversión y planes de trabajo que superen de manera estructural la negligencia institucional del Estado colombiano en esta materia.
Día: miércoles 11 de diciembre de 2019 Lugar: Universidad Libre Sede Candelaria, auditorio Darío Echandía
Hora: de 8:00 am a 12:30 m
Organiza: Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Universidad Libre, Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, grupo de investigación de estudios en Bioética Ecología Humana y Ecología Política.
Es para la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, una alegría presentar nuestro informe titulado: ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (2019), que consiste en el análisis del estado actual de incumplimiento del Estado frente a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Este tuvo cómo insumos diferentes fuentes cómo los informes propios de la STI, informes del Observatorio de Derechos Territoriales de la STI, insumos enviados por Agencia Nacional de Tierras, entre otros.
Nuestra finalidad, es alertar a las autoridades públicas, órganos de control, Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos, comunidad en general y organizaciones indígenas sobre esta situación, de manera que entre todos podamos construir alternativas que contribuyan a dar mayores garantías a la protección territorial de los pueblos y comunidades indígenas.
Este informe concluye que estamos ante un Estado de Cosas Inconstitucional-ECI de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, por ello es urgente la implementación de políticas, reformas normativas, proyectos de inversión y planes de trabajo que superen de manera estructural la negligencia institucional del Estado colombiano en esta materia.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, acompañamos a nuestros hermanos y hermanas del pueblo Nasa, rechazamos contundentemente los asesinatos sistemáticos que se están presentando en el territorio nacional y la masacre ocurrida el día 29 de octubre del presente año en el resguardo indígena de Tacueyó, Cauca, en donde fueron masacrados por la columna móvil Dagoberto Ramos, la Nej’wesx Cristina Bautista y los guardias indígenas Eliodoro Finscue, Asdruval Cayapu, James Wilfredo Soto y José Gerardo Soto. Gravemente heridos, la autoridad Crescencio Peteche y los guardias Dora Rut Mesa, Rogelio Taquias, José Norman Montano y Matías Montano.
Las acciones de control territorial adelatadas por autoridades y guardia indígena en ejercicio de la autonomía en defensa del territorio y de la madre tierra están siendo fuertemente perseguidas y reprimidas. Hechos como la masacre de Tacueyó, el asesinato y ataques sistemáticos de la guardia indígena y reteradas amenazas en contra de los líderes y lideresas del Norte del Cauca ponen de manifiesto la existencia de un plan de exterminio contra el Pueblo Nasa del Norte del Cauca por todos los actores armados legales e ilegales que se disputan el control del territorio y del negocio del naroctráfico. Según el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica Indígema de la CNTI desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 han sido asesinados 143 líderes y lideresas indígenas en Colombia, el 36% de los casos se han registrado en Norte del Cauca. Durante el gobierno de Iván Duque se ha registrado cerca de la mitad de los casos, de estos el 49% de los hechos ha sido en contra del Pueblo Nasa.
Las organizaciones indígenas locales, regionales, nacionales, los delegados indígenas y secretaría técnica indígena de este espacio continuaremos nuestra labor por la defensa del territorio, la vida y la paz. Repudiamos la masacre de la que fueron víctimas nuestros hermanos y hermanas en tanto acto de cobardia y denunciamos que estos hechos se presentan debido a la NO implementación del Acuerdo Final de Paz, el Capítulo Étnico y los cerca de 2000 acuerdos incumplidos entre el Gobierno Nacional y Gobierno Indígena en el marco de los diferentes escenarios nacionales de concertación, mesas regionales de trabajo, movilizaciones y mingas.
Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a que levantemos la voz para unirnos a una sola fuerza, por la vida, los derechos humanos y por nuestros territorios. Al Gobierno Colombiano en cabeza de Iván Duque exigimos que brinde una respuesta oportuna a esta crítica situación humanitaria, que no siga haciendo caso omiso a la situación de violencia y violación de derechos humanos que se están presentando en los territorios indígenas y que active a todo el Estado en su conjunto para que se tomen medidas efectivas de judicialización de los responsables, respeto a las autoridades indígenas, protección integral, entre otras muchas que debe adoptar de común acuerdo con las autoridades indígenas respectivas.
Alertamos a la comunidad internacional sobre este exterminio del que está siendo víctima el Pueblo Nasa, para que hagan presencia en el Cauca, acompañen y rodeen con garantías a nuestros hermanos indígenas, realicen observación y denuncia internacional, exigiendo al gobierno de Colombia la adopción de políticas adecuadas y concertadas con las autoridades indígenas que cumplan el deber de garantía de derechos humanos que le compete al Estado.
Asimismo alertamos sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas y consultadas de manera previa con las comundiades indígenas que garanticen el principio de distinción de la población civil a la luz del Derecho Internacional Humanitario, para que la arremetida militar anunciada el día 30 de octubre por parte del Presidente Iván Duque Marquez que se piensa implementar en la región del Norte del Cauca en contra de las estructuras guerrilleras y de narcotráfico con la presencia de 2.500 hombres de la fuerza pública y de la Operación Atalanta, no afecte a las comunidades indígenas y éstas no queden en medio del fuego cruzado ni padezcan las consecuencias del conflicto. El aumento de la militarización en la zona, sin otras medidas complementarias de protección y prevención, en lugar de proteger a los líderes y a las comunidades, aumenta la presión y la amenaza en contra del Pueblo Nasa.
Llamamos a los Pueblos Indígenas a profundizar las acciones que permitan el fortalecimiento del ejercicio del Gobierno Propio en los territorios, la implementación del Capitulo Étnico para la Paz, los acuerdos firmados en las Mingas y en el PND.
Consolidar alianzas estratégicas con otros procesos organizativos sociales para asumir conjuntamente los retos y desafíos para reorganizar y garantizar la Movilización permanente bajo los principios de la UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA y AUTONOMÍA.
Ante estos hechos EXIGIMOS:
Al Estado Colombiano que pare el asesinato de los Pueblos Indígenas que se configura en un GENOCIDIO. En virtud de ello, exigimos adoptar las medidas necesarias para superar la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social, Económica y Cultural que sufren los pueblos indígenas del Cauca y todos los Pueblos Indígenas de Colombia.
Exigimos la implementación inmediata del Acuerdo final de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, en especial de los componentes del acuerdo tendientes a los mecanismos de verificación de la situación de derechos humanos y los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones; incluytendo la presencia de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia del Proceso de Paz, para que visite y se pronuncie sobre la situación del reflorecimiento del conflicto que afecta a los pueblos indígenas, y las recomendaciones sobre los que debe implementarse para parar el exterminio físico y cultural del pueblo Nasa.
Exigimos garantizar la vida de nuestros líderes y lideresas a través de la adopción de mecanismos de protección culturalmente adecuados, así como la implementación de los planes de vida de cuidado y protección para las comunidades, territorios y organizaciones indígenas de Colombia.
Convocamos a la comunidad internacional para que hagan presencia en el Cauca y actúen como garantes y veedores permanentes para la superación de la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica que sufren todos los Pueblos Indígenas del Cauca y de Colombia.
Requerimos el acompañamiento de organizaciones y organismos de DDHH a nivel nacional e internacional para la verificación del Genocidio físico y cultural del que están siendo víctimas los Pueblos Indígenas en Colombia a causa del conflicto armado, el extractivismo y las políticas de “desarrollo» del Estado.
Convocamos a toda la sociedad colombiana a levantarnos en defensa de la vida, los derechos, los territorios y la paz de todo el pueblo colombiano.
Convocamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita extraordinaria con el fin de acompañar esta grave situación de emergencia humanitaria en los territorios y pueblos indígenas.
Solicitamos a la relatora especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas prestar atención a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Cauca, y realizar las recomendaciones pertinentes al Estado Colombiano con el fin de que las medidas que se tomen sean para nuestra salvaguarda y pervivencia.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, a organizaciones de derechos humanos y a los organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre otros, que exijan al gobierno de Colombia la adopción de medidas efectivas para garantizar el principio de distinción de la población civil a la luz del Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, saludamos y extendemos nuestro apoyo incondicional a los pueblos, organizaciones y autoridades indígenas que continúan resistiendo en los territorios.
¡TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS, NUESTRO PRINCIPIO ES LA UNIDAD!
