Julio: el mes más violento para los pueblos indígenas de Colombia

Julio: el mes más violento para los pueblos indígenas de Colombia

31 de julio de 2020.

Por Redacción CNTI

La pandemia del coronavirus ha intensificado las problemáticas de los pueblos indígenas. La vulneración de sus derechos fundamentales y territoriales, así como los atentados contra la vida de sus representantes, han aumentado durante la emergencia sanitaria.

July Calderón, coordinadora del Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, evidenció que desde el inicio de la pandemia se han registrado 40 asesinatos de miembros de pueblos indígenas, lo que representa un crecimiento del 53% en estos crímenes respecto al mismo periodo del año anterior.

También llamó la atención respecto a lo sucedido desde el sábado 25 de julio hasta el miércoles 29, con el asesinato de seis miembros de pueblos indígenas, tres de ellos de la misma familia del pueblo Zenú en Córdoba y que originó el desplazamiento de dos cabildos indígenas de la zona hacia el casco urbano de San José de Uré. A este se sumó el feminicidio registrado en el resguardo del pueblo Nasa en Jambaló, norte del Cauca, el atentado contra una familia y el asesinato de dos integrantes del pueblo Awá en Barbacoas, Nariño.

Aida Quilcué, lideresa de la nación Nasa y consejera de derechos humanos en la ONIC, dijo: “de agosto del 2018 hasta el 12 de julio de 2020, el confinamiento creció y tenemos 15.781 personas confinadas, 12.205 en situación de desplazamiento forzado, 512 amenazas, 187 homicidios, 87 atentados y 82 afectaciones al territorio recopiladas por el Centro de Documentación de la ONIC, por lo que podemos decir que, en tiempos de pandemia los intereses de hacer daño a los pueblos indígenas, aumentaron”.

A su vez, denunció que “han llegado muchos panfletos y no terminan siendo solo eso, sino que se está materializando lo que dicen. Hay unas zonas en el Cauca donde ha aumentado el narcotráfico por distintas razones, vemos cómo en las rutas del narcotráfico están asesinando mucha gente. Es muy complicado porque lo que hace cinco meses no se veía, muchas camionetas de alto cilindraje con hombres armados para arriba y para abajo, pone en riesgo a muchas comunidades, no solo indígenas sino también campesinas y afrocolombianas”.

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Líderes y lideresas indígenas de Colombia: en riesgo por acciones de actores armados

Líderes y lideresas indígenas de Colombia: en riesgo por acciones de actores armados

30 de julio de 2020.

El Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se refirió al mes de julio de 2020 como el más violento para estas comunidades, ya que desde que iniciaron las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, se ha registrado un crecimiento del 53% de asesinatos en contra esta población, para un total de 40 asesinatos cometidos desde el 25 de marzo hasta el 28 de julio.

De hecho, desde el 25 de agosto de 2019 hasta el 18 de julio del presente año, se habían reportado 253 asesinatos de miembros de pueblos indígenas, a los que se sumaron en los últimos días el atentado contra una familia Zenú en San José de Uré, Córdoba, que generó el desplazamiento de dos cabildos indígenas, así como el asesinato de Sonia Bisbicuz y el exgobernador indígena Fabio Guanga en el  resguardo Awá de Ñambi Piedra Verde, ubicado en el municipio de Barbacoas, Nariño.

La situación de Colombia en el mundo

El informe publicado en julio por la ONG Global Witness y titulado en español “Defender el Mañana”, estableció que Colombia fue el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos territoriales en 2019, representando el 30% de los asesinatos documentados a nivel mundial. América Latina, la región más afectada por los asesinatos de líderes y lideresas, registró el año pasado 148 de los 212 casos a nivel mundial, mientras que solo en Colombia se perpetraron 64 de ellos.

Según el reporte, los crímenes fueron dirigidos contra personas involucradas en la defensa del territorio frente a la minería y las industrias extractivas, la agroindustria, la explotación forestal, la sustitución de cultivos ilegales y otros casos relacionados a la pesca, la caza ilegal, entre otros. Para Global Witness, “Los grupos indígenas (en Colombia) estuvieron particularmente en riesgo: representan la mitad de los asesinatos documentados, a pesar de representar solo el 4,4% de la población”.

Es importante aclarar que las conclusiones son obtenidas de los datos debidamente registrados. Sin embargo, existe una preocupación latente ante los casos que, debido a las mismas condiciones de amenaza o falta de acceso a las vías de denuncia, no son documentados y generan una situación de subregistro en la que no es posible dimensionar la totalidad de las afectaciones sufridas por los defensores en sus territorios.

El derecho fundamental territorial indígena en Guainía está en riesgo por la colonización y la deforestación

El derecho fundamental territorial indígena en Guainía está en riesgo por la colonización y la deforestación

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alerta sobre la grave vulneración de derechos en los territorios indígenas del departamento de Guainía, que ha terminado en la colonización, la deforestación, la profanación de territorios ancestrales y la afectación a los espacios sagrados, así como en la amenaza a las comunidades para que abandonen sus territorios.

Según datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a julio de 2019 había once (11) solicitudes de legalización sin resolver, además de dos (2) para la protección ancestral en Guainía. La falta de seguridad jurídica en los territorios indígenas (certeza de su reconocimiento) es un factor que ha propiciado el aumento de la colonización en los mismos. Otra causa que ha agudizado la colonización ha sido el establecimiento de entidades territoriales, como fue la creación del municipio de Barrancominas bajo el Decreto 1454 de 2018.

Sin embargo, tres meses antes de que se creara el municipio en territorios ancestrales indígenas, el Gobierno emitió el Decreto 632 de 2018, a través del cual se establece el procedimiento para que funcionen de manera transitoria las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) en áreas no municipalizadas de Guainía, Amazonas y Vaupés, hasta que el Congreso expida la ley.

Esta figura, que reconoce los espacios habitados por los pueblos indígenas y brinda garantías para que estos ejerzan sus propias formas de organización, debía funcionar de manera transitoria hasta la legalización de los territorios por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. No obstante, el Gobierno avanzó hacia la creación del municipio de Barrancominas y ha puesto trabas para garantizar la autonomía a los pueblos indígenas a través de las ETIs.

Los obstáculos para su formalización y la falta de titulación de tierras por parte del Estado colombiano han generado una situación de vulnerabilidad en la que los territorios son amenazados por los procesos de colonización. Los responsables buscan explotar los recursos naturales históricamente protegidos por las comunidades indígenas, sin pensar en el daño ambiental y social que pueden generar.

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Informe asesinatos contra pueblos indígenas: Violencia en tiempo de paz 2016-2019

Informe asesinatos contra pueblos indígenas: Violencia en tiempo de paz 2016-2019

Pasados 3 años de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, Colombia enfrenta los desafíos derivados de la evolución del conflicto, la cual se ha caracterizado por el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y el surgimiento de nuevos grupos, varios de ellos conformados por antiguos combatientes de las FARC que, por voluntad propia, no fueron acogidos por el acuerdo pactado en La Habana, o fortalecidos por la inclusión de estos en sus filas.

Este proceso ha evidenciado la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano para generar las condiciones necesarias tanto para la reincorporación de los excombatientes desmovilizados como para generar seguridad a los habitantes de los territorios en donde operan estos grupos ilegales, especialmente en las regiones más apartadas de la geografía nacional. Lo anterior, surge como producto de la falta de cobertura estatal demostrada con la ausencia de instituciones que le representen y la ausencia de condiciones mínimas de bienestar en la población que habita estas zonas, específicamente la falta de acceso a servicios públicos básicos, condiciones de sanidad e infraestructura vial y de comunicaciones.

Además de lo anterior, la pugna entre los grupos armados por el dominio territorial, especialmente de los territorios que ocupaban las FARC, el control de las rutas de narcotráfico y el ejercicio de otras actividades económicas ilegales ha genera- do que la disputa armada sea una constante en estas regiones y que en medio de estos conflictos quede la población civil que habita el territorio, generando un proceso de revictimización puesto que estas dinámicas se desarrollan en las regiones que históricamente han alojado el conflicto armado en Colombia.

Entre la población afectada por estas dinámicas se encuentran los pueblos indígenas, quienes han tenido que afrontar a diario el tránsito de estos grupos armados por sus territorios, además del desarrollo de actividades ilícitas en el mismo. Pese a lo anterior, las poblaciones indígenas se han caracterizado por una férrea defensa del territorio y de las condiciones de vida dentro del mismo, además de que han resistido los embates generados por el gobierno nacional ante la imposición de medidas enfocadas en el beneficio de intereses específicos de grupos económicos que buscan una explotación de los recursos naturales de estos territorios, situación potencializada por la débil garantía de los derechos territoriales y fundamentales.

Para consultar el informe, clic aquí:

Política Inconsulta de Catastro Multipropósito y Barrido Predial

Política Inconsulta de Catastro Multipropósito y Barrido Predial

Bogotá D.C. 10 de julio 2020

Las Organizaciones y Gobierno Indígena que hacemos parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE la puesta en marcha de la Ruta de Implementación del Catastro Multipropósito y Barrido Predial por parte del Gobierno Nacional, por violar abiertamente el derecho fundamental a la Consulta Previa, lo cual demostramos con los siguientes hechos:

  1. El 26 de mayo de 2017, en el marco del procedimiento legislativo de fast track para la implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en la Mesa Permanente de Concertación – MPC se protocolizó una ruta metodológica para la expedición de la ley sobre Catastro Multipropósito, sin embargo, este proyecto de ley no completó su trámite en el Congreso de la República a pesar de haber sido radicado en dos oportunidades.
  2. En la Ley 1955 de 2019, del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en los artículos 79 al 83 (reglamentados mediante Decreto 148 de 2020), se establecieron modificaciones de ley sobre Catastro Multipropósito sin ser concertadas ni consultadas con Pueblos Indígenas.
  3. Entre 2018 y 2019 se expidieron dos documentos Conpes sobre la materia (3951 de 2018 y 3958 de 2019) igualmente inconsultos. Estos instrumentos afectan directamente los derechos territoriales al emprender la política de Catastro Multipropósito y Barrido Predial sin concertar con los Pueblos Indígenas.
  4. El Departamento Nacional de Planeación – DNP elaboró unilateralmente una Guía Metodológica de implementación del Catastro Multipropósito y Barrido Predial, sin la participación de Pueblos Indígenas y haciendo una mera presentación de los contenidos del documento borrador en la Primera Sesión Virtual Especial de la CNTI, el 8 de julio del 2020.
  5. En esta presentación, el DNP estipula que la participación de las comunidades étnicas en la construcción del Catastro Multipropósito y Barrido Predial queda reducida a tres etapas de “socialización” con las autoridades, y en ningún momento hace referencia a la Consulta Previa de la que debe ser objeto la Guía Metodológica, y cuya ruta de protocolización debió haberse concertado en la MPC en articulación con la CNTI.

 

No puede retomarse la protocolización de un proyecto de ley que no se tramitó en el Congreso de la República, como es el caso del Proyecto de Ley de Catastro Multipropósito, para sustituir el derecho fundamental a la consulta previa que se requiere para adelantar la concertación técnica de esta ruta, y las actuaciones del gobierno en torno a la materia, que afecta directamente los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Como lo declaramos al inicio de esta sesión mixta, en esta Primera Sesión Virtual Especial de la CNTI 2020, destinada a concertar medidas urgentes para la protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en el contexto de la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19, NO abordaremos temas relacionados con Consultas Previas debido a que los espacios virtuales NO brindan garantías ni cumplen con los estándares establecidos por la Corte Constitucional para el ejercicio pleno del derecho de participación. La CNTI NO puede ser instrumentalizada precisamente para violar este derecho fundamental.

Hacemos un llamado al gobierno a cumplir con el acuerdo agrario y étnico del Acuerdo Final de Paz en el componente de tierras y territorios, para lo cual es necesario el desarrollo de un Catastro que respete e incluya garantías de seguridad jurídica a los territorios indígenas, por ello: EXPRESAMOS que, si bien la CNTI es el espacio en el que se debe adelantar la concertación técnica de esta Guía en articulación con la MPC, en estas sesiones excepcionales de la CNTI los pueblos indígenas no abordaremos ni daremos ninguna discusión relativa a este tema.

EXIGIMOS al Gobierno Nacional la garantía y el respeto de los derechos fundamentales de los Pueblos y Comunidades Indígenas a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado y, en consecuencia, demandamos que se se adelante la Consulta Previa obligatoria para las medidas legales, administrativas y operativas –políticas, normas, guías, contratos y convenios– relativas al Catastro Multipropósito y Barrido Predial, que al día de hoy han adoptado, están en proceso de ejecución o se proyectan adoptar de manera inconsulta y violando con ello, además, nuestros derechos al territorio y a la autonomía. Asimismo, EXIGIMOS SUSPENDER de inmediato todas las acciones de barrido predial y catastro multipropósito que se estén adelantando de manera inconsulta.

ALERTAMOS y HACEMOS UN LLAMADO a las comunidades y organizaciones indígenas para que en virtud de lo anterior, y como un ejercicio de control constitucional propio de la jurisdicción indígena, desconozcan, invaliden y proscriban en sus territorios cualquier acción institucional encaminada al avance de la política del Catastro Multipropósito y Barrido Predial, por ser la misma ilegal y contraria al bloque de constitucionalidad. Igualmente les pedimos denunciar cualquier acción de catastro que identifiquen en sus territorios con el fin de ejercer las acciones jurídicas de exigibilidad del derecho a la consulta previa.

No se puede construir paz violando los derechos fundamentales de los Pueblos y Comunidades Indígenas

¡DEFENDER LOS TERRITORIOS ES DEFENDER LA VIDA!
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