Representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y organizaciones sociales comprometidas con la defensa del decreto resaltaron la importancia que este tiene en materia de la defensa cultural y ambiental para las comunidades ancestrales y el resto del mundo. Además, mencionaron los riesgos que enfrenta por los intereses particulares que se concentran sobre este territorio.
Redacción CNTI
Juan Pablo Muñoz, abogado e integrante del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), explicó que esta es la norma jurídica mediante la cual el Gobierno colombiano redefinió y precisó el territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como la Línea Negra y previamente reconocido en las resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995.
Para la expedición del decreto fue elaborado un documento madre con las autoridades tradicionales de los cuatro pueblos y el acompañamiento de representantes gubernamentales, en un proceso que llevó cuatro años. Como lo mencionó Leonor Zalabata, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y comisionada de la Confederación Indígena Tayrona: «El Decreto 1500 de 2018 no es solo para proteger a los pueblos indígenas, sino de todos los seres. El deber ser del indígena de la Sierra es convivir y compartir».
Lo que representa su expedición
Según Silvestre Gil, líder del pueblo Kogui, la Línea Negra es muestra de la importancia que tiene la conexión de los ecosistemas de la Sierra y las dinámicas de los pueblos indígenas que la habitan, toda vez que respiran, caminan y comen de esa tierra porque conviven allí en paz, respetando los ciclos de la naturaleza. Además, Julio Estrada, dirigente indígena Wanano, añadió que «es un elemento más que garantizaría la pervivencia cultural de los pueblos de la Sierra, la protección de esos territorios, la ancestralidad, la seguridad jurídica y todo lo que eso conlleva».
Este decreto reconoce visiones culturales diferentes a las de “occidente” y ese es otro de los componentes que lo hace tan valioso, pues las respalda desde lo jurídico. Los argumentos que acoge hacen visibles otras formas posibles de concebir y relacionarse con el territorio, que abogan por la protección de los seres humanos y todas las formas de vida, como puntualizó Juan Mayr, exministro de Ambiente y ecologista de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.
Sin embargo, la implementación ha sido compleja por la oposición de ciertos sectores económicos y actualmente cursa en su contra una acción de nulidad en la Sección Primera del Consejo de Estado. Por ello, la abogada ambientalista Juana Hofman, asesora del Consejo Territorial de los Cabildos Indígenas (CTC), resaltó la necesidad de que las entidades del orden regional y nacional se involucren activamente para hacer seguimiento a las problemáticas que se tejen sobre la Sierra.
El avance de proyectos de infraestructura y la expansión de la minería son algunas de las principales amenazas que aquejan esta zona. Actualmente hay más de 250 títulos mineros que no contemplan las medidas de protección al territorio, que las comunidades han manejado tradicionalmente, y ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas; además, generan incalculables daños ambientales por la importancia ecosistémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, única para el planeta.
Esto se debe en gran medida a la falta de compromiso que ha mostrado el Gobierno en relación al cumplimiento de lo acordado con los cuatro pueblos de la Sierra. “La falta de adecuación y articulación institucional con los derechos indígenas es de vieja data. Se habla de protección de la Sierra Nevada y al mismo tiempo de licenciamiento ambiental por parte del Gobierno nacional», señaló la lideresa arhuaca Leonor Zalabata.
Como aclaró el jurista Juan Pablo Muñoz, «la territorialidad de la Línea Negra no niega otras territorialidades de la Sierra Nevada ni los derechos de otras comunidades de la región». De hecho, los pueblos indígenas resaltan que están abiertas al diálogo para superar los obstáculos que las interpretaciones del texto puedan generar. Las organizaciones hicieron un llamado a las entidades responsables para que respalden lo acordado en el proceso de construcción conjunta del Decreto 1500 de 2018 y trabajen por una garantía real de los derechos de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
A su vez, instaron a tener presente que son las comunidades ancestrales las que deben liderar los procesos de defensa de este decreto, ya que son los artífices de su construcción y tienen conocimiento pleno del territorio, sus espacios sagrados y la urgencia de preservar la biodiversidad del “Corazón del Mundo”.
Para ver el Encuentro de Saberes “Línea Negra, El Decreto 1500 de 2018 y la protección de la diversidad étnica, cultural y biológica “, haga clic aquí:
El recrudecimiento de la violencia a manos de actores armados ha puesto nuevamente en evidencia el estado de amenaza en el que viven las comunidades del sector rural en el país, especialmente los Pueblos Indígenas. Preocupa que la respuesta del Gobierno para detener estas acciones parezca reducirse al afán por reactivar las aspersiones aéreas con glifosato.
Por Redacción CNTI
¿Qué tan cierto es que las aspersiones aéreas pueden llegar a detener las masacres?
Rosa María Mateus, coordinadora del Eje Defensa del Territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), dijo frente a este punto que “lo que genera es más violencia, es caos, es miedo, es que estos cultivos de uso ilícito incluso se sigan corriendo y estaríamos frente a una eventual y mayor deforestación”.
Agregó que “atacar a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico nunca ha sido una solución efectiva y hay muchas otras maneras en las que el Estado y el Gobierno actual deberían estar operando. Esas otras formas están determinadas en el Acuerdo Final de Paz, somos el único país que cuenta con una base que son las propuestas que están en el punto cuatro y que el Gobierno ha insistido en desconocer”.
A esto, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), agregó que “no es cierto históricamente que cuando ha habido más fumigaciones hayan disminuido las masacres. Durante la vigencia del Plan Colombia, 1.800.000 hectáreas fueron fumigadas, se presentaron 1.824 masacres de más de cuatro personas y hubo más de 10.500 muertos. Si se tomaran como masacres de más de tres personas, esta cifra aumentaría a más de 15.000 asesinatos”.
Desde su análisis, la postura del Gobierno nacional es relacionar todos los problemas de violencia con el narcotráfico y no debería ser así, pues las situaciones más críticas se están presentando en algunas regiones por disputas de territorios para la minería, la explotación de hidrocarburos y la realización de megaproyectos. Denunció a su vez la visión “simple” del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien sugirió que las aspersiones eran la respuesta para detener la exacerbación de la violencia en las zonas afectadas.
También denunció la estigmatización de la que fueron objeto los jóvenes asesinados en Samaniego, así como los pueblos indígenas en el suroccidente del país e incluso las comunidades campesinas, poblaciones revictimizadas con el uso de apelativos desobligantes por parte de las autoridades y los representantes del Gobierno, quienes justifican lo sucedido relacionándolos con grupos o acciones al margen de la ley.
Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) destacó frente a esta situación que “las masacres son un delito grave de lesa humanidad, basta ver las víctimas que han caído para saber que estamos ante una situación desastrosa de derechos humanos que requiere la máxima atención del Estado y no evasivas, argumentos dilatorios ni utilización artificial de conceptos, que lo que hacen es evadir la responsabilidad del Estado y esto proviniendo de las autoridades del órgano de Gobierno es realmente problemático”.
¿Las aspersiones aéreas son entonces la respuesta en el marco de la lucha antidrogas?
Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare, miembro del Observatorio de Cultivos y de la Corporación Viso Mutop, recordó que las aspersiones aéreas con glifosato comenzaron en la administración de Belisario Betancur y, a finales 1994, ya en la administración de Ernesto Samper, iniciaron las fumigaciones directamente contra los cultivos de coca que se realizaron de manera ininterrumpida hasta 2015, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspenderlas ante las alertas emitidas por la OMS y el Ministerio de la Salud, entre otras organizaciones.
Añadió que las aspersiones pueden tener resultados a muy corto plazo en términos de la oferta pues llegan a “afectar una cosecha y restringen un poco la economía que se deriva de los cultivos, pero ese resultado no es sostenible y eso lo muestra mucha evidencia alrededor de la resiembra”. Dejó claro que el actual Gobierno no ha dejado de usar el glifosato, ya que las fumigaciones siguen haciéndose por vía terrestre y manualmente.
Uno de los puntos a considerar es el incumplimiento en la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz, ya que no se está teniendo en cuenta el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, toda vez que este señala que primero debe ensayarse la sustitución voluntaria de cultivos y los métodos de erradicación solo deben ser utilizados si estas fracasan.
Casos de comunidades directamente afectadas por las aspersiones áreas con glifosato
El exalcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, citó casos como el del pueblo indígena Carijona del sur de este departamento, que tuvo que acudir a instancias judiciales para que le fuera reconocido un plan de reparación y salvaguarda pues, según los análisis de la Corte Constitucional, fueron las mismas fumigaciones las que afectaron su territorio hasta condenarlos casi a la desaparición.
También mencionó que un grupo de campesinos desplazados de las estribaciones de la Serranía de la Macarena, tuvieron que hacer uso de los mismos mecanismos para que les fuera reconocida su situación de desplazamiento debido a las fumigaciones, y que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó para estudio el caso de una familia campesina que sufrió afectaciones al ser rociada con glifosato en Caquetá.
Así mismo, mencionó el caso de la indemnización que el Estado colombiano tuvo que hacer a Ecuador por los efectos del glifosato en su territorio y los otros procesos administrativos que avanzan actualmente en los tribunales de ciudades como Cali, Cartagena, Pasto y Popayán, todos relacionados a los daños generados por el uso del herbicida.
Jairo Guerrero, ingeniero agrónomo, experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas y delegado de AICO para la CNTI, mencionó que muchas comunidades en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó se unieron a los acuerdos de sustitución voluntaria pero una vez firmado el Acuerdo, el Estado no hizo presencia en estos territorios, por lo que no existe para ellos ningún tipo de política en materia social o económica y obliga a la población a continuar con su única fuente de sustento.
Reiteró que en los lugares donde se vienen presentando las masacres hay problemas por la falta de formalización de los territorios y sus pobladores están en una encrucijada pues las entidades del Gobierno responsables de estos procesos, señalan que no pueden avanzar mientras no se adelanten procesos de desminado y se restablezca el orden público. Por lo tanto, ante el actual panorama, sus territorios no son liberados ni reconocidos formalmente.
Actualmente, ¿qué tan viable es la reactivación de las aspersiones aéreas en Colombia?
Rosa María Mateus, jurista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, frente a la intención de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de adelantar las audiencias virtuales para la reanudación de las aspersiones, señaló: “insistimos en que son ilegales, ilegítimas y por supuesto son muchísimas comunidades que ya han sufrido los impactos, las que se están negando, y por eso tenemos que insistir en que no deben generarse”.
Agregó que desde lo jurídico “se proyectó una acción de tutela por parte del CAJAR que suscribieron más de 90 organizaciones y personas. Esta se unió a otras que ya habían presentado en Nariño y se profirió allí un fallo que dijo que no están dadas las condiciones para una participación real y efectiva [para llevar a cabo las audiencias virtuales]”.
Estas condiciones fueron garantizadas tanto por el Juzgado como por el Tribunal que recibieron informes de la ANLA y la Policía, en los que sostenían estar cumpliendo las condiciones requeridas para adelantarlas y comunicaban una nueva fecha para las audiencias. Dichos informes presentaban los mismos datos previos al fallo del Tribunal de Nariño, por lo que ante la justicia se abrió el incidente de desacato en el que se investiga las actuaciones del subdirector de Participación de la ANLA y la Dirección nacional de la Policía.
Jhenifer Mojica, abogada de la CNTI, reiteró que en el país están suspendidas las aspersiones con glifosato hasta que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y las comunidades afro que están en los 104 municipios comprendidos en el plan de erradicación con glifosato, así como la participación masiva de todas las personas que puedan verse afectadas por el uso de este herbicida.
¿Cuál es la agenda oculta que lleva a querer forzar la reactivación de las aspersiones?
Según Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop, el tema del narcotráfico se suele asociar con los pequeños productores y no con las grandes mafias que están detrás de la producción de drogas.
Señaló que esto está relacionado con un modelo de apropiación territorial, una estrategia para el despojo y una presión para que las poblaciones afectadas se adentren en los bosques mientras sus territorios terminan siendo usados para la agroindustria y la ejecución de megaproyectos. De igual manera, dijo que “el partido de Gobierno quiere regresar al país al peor escenario de conflicto armado para volver a levantar la bandera de su ‘seguridad democrática’”.
Para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la lucha antidrogas se quiere utilizar como una estrategia geopolítica, en la que el Gobierno está desconociendo uno de los pilares fundamentales del Acuerdo con una criminalización del pequeño cultivador y paulatinamente se está “pasando de una seguridad que se suponía era para la transición al posconflicto, a ser la seguridad para una nueva guerra”.
¿Cuál es la alternativa en la lucha antidrogas y el glifosato que ayuden a cumplir con los derechos humanos?
Para la jurista Rosa María Materus, “lo que se necesita es cumplir con lo pactado en el Acuerdo, con los PENIS, con la inversión necesaria y darle respuestas efectivas a la gente”. Por su parte, Pedro Arenas sugirió que el problema no son los cultivos sino la dependencia económica que las comunidades tienen sobre sus producciones y aquellas en las que se presentan disputas territoriales sin presencia del Estado.
Acto seguido, cuestionó: “¿qué está haciendo este Gobierno para interrumpir la cadena de provisión de insumos químicos necesarios para la producción de la pasta de coca, para desmantelar los grandes laboratorios e infraestructura para el procesamiento?”
Camilo González Posso, de Indepaz, recalcó que debe haber un tratamiento diferencial, toda vez que es estratégico tener un plan concertado con los grupos étnicos para establecer economías alternativas. Además de esto, la respuesta no puede ser militar ni punitiva, sino que debe ir acompañada de los procesos propios de las comunidades y fortalecer la incorporación de estos cultivos a fuentes de negocio viables en el marco de la legalidad.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad arhuaca (Iku) de Kutunsama en el resguardo Kogui Malayo Arhuaco, debido a la invasión que se está presentado desde el pasado 20 de agosto de 2020, en la que aproximadamente 200 colonos han comenzado un proceso arbitrario de parcelación, tala y apropiación ilegal del territorio.
Según denuncias de la propia comunidad, han hecho uso de cintas para demarcar el territorio y sin mediar palabra han avanzado con el corte indiscriminado de vegetación nativa y diferentes especies arbóreas, generando una afectación directa al equilibrio ambiental de la zona. Así mismo, amenazaron con “tumbar los árboles grandes’’ mañana (22 de agosto de 2020) tras argumentar que el Estado no los ha reubicado ni dado tierras.
A pesar de que la Policía Metropolitana y la Personería del Pueblo hicieron presencia en el lugar el día de ayer, en la madrugada de este viernes 21 de agosto las actividades fueron reanudadas por los colonos, provenientes de las zonas aledañas de Guachaca, Palomino, Marquetalia, Puerto Nuevo e incluso (se cree) desde Venezuela. Sin embargo, no hubo acuerdo y la Fuerza Pública manifestó no poder hacer nada porque “hay intereses de otros grupos más grandes’’.
En este territorio ancestral, que constituye una ruta de salida al mar para esta comunidad que durante tantos años lo disputó, están ubicados sitios sagrados para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y es además una importante área de conservación ambiental. Por eso las acciones de los últimos días representan una pérdida significativa para las comunidades que desde hace más de ocho años han trabajado por la recuperación del mismo.
Estos fenómenos son facilitados y promovidos por la falta de formalización y la inseguridad jurídica que sufren los territorios indígenas debido a la negligencia estatal. Actualmente, en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) existen 1009 solicitudes de formalización de territorios indígenas en resguardos. Tal es el caso del resguardo Kogui Malayo Arhuaco que va por su cuarta solicitud de ampliación aún no resuelta y que responde a la ausencia de integralidad en el reconocimiento de los territorios ancestrales por parte del Estado.
Vemos con preocupación cómo en el marco de la pandemia por covid-19 ha aumentado significativamente la presencia de grupos ajenos a los pueblos indígenas que invaden y destruyen el entorno para ampliar la frontera agrícola y adelantar procesos de deforestación y ganadería extensiva.
Lo que logramos identificar es que el principal actor generador del conflicto es el Estado colombiano. Por eso, desde este espacio hacemos un llamado de manera urgente a la opinión pública, y pedimos a las entidades de control y organizaciones internacionales que intervengan, verifiquen la situación y le exijan al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas que ven cómo sus territorios sagrados son vulnerados sin encontrar una respuesta clara y efectiva por parte de las autoridades competentes.
Las Organizaciones Nacionales Indígenas y Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, respaldamos las proposiciones realizadas por los congresistas y hermanos indígenas Feliciano Valencia y Abel David Jaramillo, para la modificación del artículo 2° del Proyecto de Ley 185 de 2020 Senado y 296 de 2020 Cámara “Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021” en donde se solicita un aumento de recursos para el proyecto de inversión Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas’’ de la ANT para la vigencia 2021 de cincuenta mil millones de pesos moneda legal ($50.000.000.000); y para el proyecto de inversión “ Implementación del programa de restitución de tierras rurales a las víctimas de despojo y/o abandono de predios Nacional” vigencia 2021 de la URT de doce mil millones de pesos moneda legal ($12.000.000.000).
Hoy nuestros derechos territoriales se encuentran desfinanciados debido a que los recursos asignados no generan una oferta institucional que los garantice de manera integral. Es una obligación del Gobierno Nacional cumplir con los acuerdos realizados con los Pueblos Indígenas en el marco de la expedición de la Ley 1955 del 2019 ‘’Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022’’, los compromisos adquiridos en las mingas y mesas regionales, las providencias judiciales que ordenan la tutela de nuestros derechos territoriales, atender todas las solicitudes de formalización y de protección de territorios presentadas por las comunidades indígenas, así como las realizadas para la restitución de nuestros derechos territoriales.
