por CNTI | Nov 16, 2020 | Noticias
16 de noviembre
Aunque el Gobierno nacional dice que no hay pueblos indígenas afectados por el programa de fumigaciones, las afectaciones a las comunidades étnicas y campesinas serán irremediables, pues pese a que hay más de un millón de hectáreas donde se confirma el traslape con los territorios ancestrales indígenas, el Ministerio del Interior niega presencia de comunidades para «imponer» las fumigaciones aéreas con glifosato sin consulta previa.
Así lo confirmó Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien reveló que, a partir del sistema de información geográfica, la CNTI logró elaborar un mapa que revela que más de 1 millón 133 mil hectáreas del programa de fumigaciones aéreas con glifosato se verán afectadas 40 pueblos indígenas.
«Del total de municipios 170, que serían objeto de aspersión, existen 54 donde hay certeza de la existencia de pueblos indígenas, los cuales el Gobierno nacional no los está reconociendo en los seis núcleos de fumigación”, manifestó Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco.
Es importante señalar, como se evidencia en el mapa de traslape de áreas indígenas y áreas del programa de aspersiones aéreas con glifosato, que al menos en 4 de los 6 núcleos de fumigaciones hay solicitudes territoriales indígenas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) respecto a territorios ancestrales, que no han sido formalizados como resguardos pero que hay uso y ocupación por parte de los pueblos indígenas.
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por STI | Nov 13, 2020 | Comunicados y Declaraciones
12 de noviembre de 2020
En un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 que aqueja a la población mundial, se exacerba cada vez más la violación a nuestros derechos territoriales y la estigmatización de nuestros procesos de reivindicación y organización.
El aumento de las masacres, especialmente en contra de los pueblos Awá, Nasa y Zenú, el asesinato selectivo contra 74 miembros de comunidades indígenas desde el inicio del confinamiento a la fecha, el acaparamiento de tierras, el impulso de iniciativas gubernamentales que son violatorias de nuestros derechos fundamentales y ahora la criminalización y la estigmatización de nuestro derecho constitucional de la protesta pacífica, en el marco de la Minga Indígena, realizada en el mes de octubre, en su camino reivindicativo por la vida, el territorio, la paz y la democracia, y como parte del llamado al diálogo al Gobierno nacional, configuran una crisis humanitaria sin precedentes en las últimas décadas en el país.
La Minga indígena que partió desde el departamento del Cauca hacia la ciudad de Bogotá, convocó masiva, organizada y pacíficamente a más de 10.000 comuneros de todos los pueblos indígenas del país y, que en un acto político contó con el apoyo y acompañamiento de la ciudadanía.
Así, en el marco de estas movilizaciones, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la protesta y a la libre asociación, diferentes sectores económicos con intereses políticos particulares difamaron y divulgaron afirmaciones falsas, dañinas y perjudiciales para nuestras comunidades y para la Minga; argumentaron que nuestros procesos organizativos están articulados a grupos armados en los territorios y que, incluso, nuestros mingueros pertenecen a estos grupos al margen de la ley. También señalaron los desplazamientos de la Minga por la Vida como un foco de contagio del virus para los mingueros, con la pretensión de sabotear la organización y movilización social.
Además, algunos sectores políticos y gremios económicos afirmaron que los pueblos indígenas somos acaparadores de tierras, prácticamente terratenientes, que no aportamos al crecimiento económico del país y sugirieron con esto que no deberíamos solicitar la protección jurídica que necesitan nuestros territorios.
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