El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) publicó un nuevo documento, resultado de su trabajo de investigación. En esta oportunidad fue el Informe de balance sobre la formalización y acceso a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas en el año 2020. El lanzamiento contó con la participación de representantes indígenas y de las comunidades negras.
Por Redacción CNTI
La pesquisa hizo posible establecer un panorama acerca del avance del Estado en términos de la garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas, en el año anterior. Este reveló que, si bien hubo un “esfuerzo en materia de constitución de resguardos y de compra de predios superior al del año 2019, sigue siendo insuficiente dado que apenas se trata de 23 solicitudes (entre constitución y ampliación de resguardos) resueltas en el 2020 de las 1014 existentes”. Es este orden de ideas, el Estado solo dio trámite al 2,2% de los procesos en su obligación con los pueblos indígenas del país.
Durante el conversatorio, Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pachamama ante la CNTI, expresó la importancia de tener en cuenta que la relación de los pueblos indígenas con el territorio está fuera de cualquier dinámica de oferta y demanda, ya que este es la vida misma. Por lo tanto, rechazó los señalamientos de ciertos sectores que llaman a los indígenas “grandes terratenientes”, pues de 119 millones de hectáreas en el país, 33 millones han sido formalizadas para los pueblos y la vocación del 86% de estas es la conservación forestal. Es mínima la tierra destinada a la agricultura u otras actividades.
Por su parte, Deyanira Peña, abogada e integrante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca, señaló que, aunque los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia y su carácter ancestral fueron reconocidas en la Ley 70 de 1993 y respaldadas en otras sentencias, han tenido que enfrentar diversas problemáticas para formalizar sus territorios. Entre estas, mencionó las trabas del Gobierno, el conflicto armado, las disputas interétnicas y la concesión de tierras para proyectos extractivos.
Solo en Putumayo hay más de 153 reclamaciones de derechos territoriales y es uno de los departamentos con más solicitudes para adelantar agendas extractivas, mismas que ignoran la especial relación de las comunidades con los territorios habitados ancestralmente y todos los seres vivos que allí coexisten.
Los mecanismos legales ante la escasa respuesta de las autoridades competentes tampoco han logrado solucionar el rezago. El delegado Jairo Guerrero recordó que en el caso de los pueblos indígenas “hay 200 acciones jurídicas ganadas al Estado para garantizar la titulación de territorios colectivos y aun así el Gobierno no cumple». A esto agregó que el concepto de desarrollo debe respetar la biodiversidad, democratizar el uso de la tierra y respetar los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
Las Comunidades y Pueblos Indígenas de Colombia hemos participado activamente en el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021. Desde todos los rincones del país las y los comuneros hemos salido a las vías, carreteras y centros urbanos para exigir la garantía de nuestros derechos en una larga lista de incumplimientos que hoy persiste.
Ante la falta de garantía de nuestros territorios, avanza la prelación de intereses económicos como la minería, el petróleo y la agroindustria, así como la presencia de actores armados que ponen en riesgo a las comunidades indígenas con el interés de despojarlas, desplazarlas u obligarlas al desarrollo de economías ilícitas. Estas son algunas de las deudas históricas en materia territorial indígena que nos llevan a movilizarnos y a ejercer el derecho a la protesta social.
Ante la falta de garantías para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los hechos ocurridos a nivel nacional desde noviembre de 2019, relacionados a la protesta social y el abuso de la fuerza pública, además de la excesiva respuesta militar por parte del Gobierno nacional como única salida, la estigmatización y el señalamiento que hoy persiste contra los Pueblos y Comunidades Indígenas en el ejercicio legítimo de la protesta social, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuve a las investigaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colombia desde el año 2019.
Además, proponemos que este GIEI emita un informe final con la reconstrucción de los hechos, establezca responsabilidades individuales y colectivas, y que presente recomendaciones para evitar la impunidad y la repetición de contextos similares en el ejercicio de la protesta social, todo ello bajo una lectura que considere el enfoque diferencial para establecer las afectaciones a Pueblos y Comunidades Indígenas.
El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) publicó un nuevo documento, resultado de su trabajo de investigación. En esta oportunidad fue el Informe de balance sobre la formalización y acceso a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas en el año 2020. El lanzamiento contó con la participación de representantes indígenas y de las comunidades negras.
Por Redacción CNTI
La pesquisa hizo posible establecer un panorama acerca del avance del Estado en términos de la garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas, en el año anterior. Este reveló que, si bien hubo un “esfuerzo en materia de constitución de resguardos y de compra de predios superior al del año 2019, sigue siendo insuficiente dado que apenas se trata de 23 solicitudes (entre constitución y ampliación de resguardos) resueltas en el 2020 de las 1014 existentes”. Es este orden de ideas, el Estado solo dio trámite al 2,2% de los procesos en su obligación con los pueblos indígenas del país.
Durante el conversatorio, Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pachamama ante la CNTI, expresó la importancia de tener en cuenta que la relación de los pueblos indígenas con el territorio está fuera de cualquier dinámica de oferta y demanda, ya que este es la vida misma. Por lo tanto, rechazó los señalamientos de ciertos sectores que llaman a los indígenas “grandes terratenientes”, pues de 119 millones de hectáreas en el país, 33 millones han sido formalizadas para los pueblos y la vocación del 86% de estas es la conservación forestal. Es mínima la tierra destinada a la agricultura u otras actividades.
Por su parte, Deyanira Peña, abogada e integrante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca, señaló que, aunque los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia y su carácter ancestral fueron reconocidas en la Ley 70 de 1993 y respaldadas en otras sentencias, han tenido que enfrentar diversas problemáticas para formalizar sus territorios. Entre estas, mencionó las trabas del Gobierno, el conflicto armado, las disputas interétnicas y la concesión de tierras para proyectos extractivos.
Solo en Putumayo hay más de 153 reclamaciones de derechos territoriales y es uno de los departamentos con más solicitudes para adelantar agendas extractivas, mismas que ignoran la especial relación de las comunidades con los territorios habitados ancestralmente y todos los seres vivos que allí coexisten.
Los mecanismos legales ante la escasa respuesta de las autoridades competentes tampoco han logrado solucionar el rezago. El delegado Jairo Guerrero recordó que en el caso de los pueblos indígenas “hay 200 acciones jurídicas ganadas al Estado para garantizar la titulación de territorios colectivos y aun así el Gobierno no cumple». A esto agregó que el concepto de desarrollo debe respetar la biodiversidad, democratizar el uso de la tierra y respetar los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
El incumplimiento del capítulo étnico del AFP
Melina Mariño, abogada líder del área de acuerdos de la CNTI, manifestó que las cifras recopiladas por la comisión respecto a la implementación del AFP y en particular de la Reforma Rural Integral, son preocupantes. De los 7 millones de hectáreas para formalización y los 3 millones para adjudicación en el Fondo de Tierras, solo ha sido otorgado un 7%. Lo más inquietante es que el Gobierno, además de incumplir el acuerdo, brinda información difícilmente verificable respecto a su gestión y entorpece las labores de seguimiento.
De hecho, el ODTPI resaltó en su informe las grandes dificultades que existen en el acceso a información veraz y oportuna para acompañar los procesos emprendidos por las comunidades para la formalización de sus territorios y que los derechos de petición enviados por la secretaría técnica indígena de la CNTI son ignorados, respondidos con retraso o de manera incompleta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Por su parte, Deicy Patricia Carabalí, mujer negra y defensora de derechos humanos, perteneciente a la Asociación Renacer de Buenos Aires, Cauca, sostuvo que la presencia de grupos armados pone en riesgo la ocupación de los territorios y tanto el rearme de organizaciones delictivas como las acciones violentas que amenazan la integridad de las comunidades, son resultado de la no implementación del Acuerdo Final de Paz.
Las reivindicaciones en el marco del Paro Nacional
El panel del programa Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa, en el que se llevó a cabo la conversación, estuvo de acuerdo en instar al Gobierno a cumplir lo pactado, no solo en el AFP, sino en cada una de las mesas y los espacios de concertación con las comunidades étnicas a lo largo de los años. Reiteraron a su vez que ni la guerra ni la intimidación de organizaciones criminales van a detener el estallido social que emana actualmente del Paro Nacional y los movimientos de base, tejidos desde los territorios.
Recalcaron la necesidad de que los sectores afro, indígena y campesino superen las divisiones por la exigencia de los derechos y se unan para reivindicar la defensa de la vida y el territorio que va arraigada a los usos y costumbres con los que han resistido durante generaciones.
«El asesinato de líderes y lideresas, y la violencia contra las mujeres sigue en los territorios. Continuaremos en paro para que las conquistas que hemos logrado se respeten. Seguiremos parados y paradas con el bastón de mando de los indígenas, nuestros turbantes y todo el poder de la cultura afrodescendiente y de indígenas por nuestros ancestros y mayores. Es el momento», finalizó Deicy Patricia Carabalí.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos la expedición y aplicación del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, con el que el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de las fuerzas armadas (al que han denominado “asistencia militar”) en otros siete departamentos del país. Esta figura ya ha sido implementada anteriormente en el Valle del Cauca y en este contexto, hemos constatado cada día las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y la agudización de la violencia en la ciudad de Cali y otros municipios del departamento.
La medida cobija a los departamentos Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y específicamente a los distritos especiales y municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
Bajo el pretexto de la “conservación y el restablecimiento del orden público”, ha sido autorizado y promovido el ataque a las y los manifestantes, lo que viola el derecho fundamental a la protesta social. Por su parte, con el llamado a una “mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización”, se presentan más asesinatos, violencia sexual, detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza e incluso desapariciones, situaciones que actualmente son objeto de denuncias sin respuesta por parte de los entes de investigación y judicialización.
El decreto 575, que es abiertamente ilegal e inconstitucional, evidencia el deseo de los sectores favorables al Gobierno que insisten en declarar el estado de Conmoción Interior.
Mediante la alternativa de la militarización y el uso de la fuerza, el presidente incurre de manera arbitraria en la intrusión de las funciones de alcaldes y gobernadores.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) hacemos eco a las denuncias presentadas por las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, ubicado en el territorio ancestral de El Encano en Pasto, Nariño, en las que manifiestan las graves afectaciones a los procesos ambientales, sociales y espirituales en la laguna de La Cocha, sitio sagrado para este pueblo.
El avance desmedido de la agricultura y la piscicultura, además de la promoción turística sin responsabilidad ambiental, ha generado graves consecuencias para el ecosistema y conflictos sociales entre los comuneros indígenas que luchan por la conservación y las familias que perciben ingresos a través de estas actividades.
Desde el resguardo manifiestan que, a pesar de los marcos jurídicos de protección que corresponden al cuidado y la conservación de la laguna (que además es Reserva Nacional Forestal Protectora Nacional, Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Zona de Parque Nacional Natural), la permisividad estatal está permitiendo que los daños lleguen a niveles irreversibles.
La comunidad reporta, entre otras problemáticas:
Evidente extinción de los totorales por la alteración de la flora y fauna.
Invasión al espejo de agua.
Olores insoportables por la descomposición de vísceras, residuos de grasa y partículas de concentrado en el agua.
Afectaciones a las prácticas tradicionales de producción y a sus usos y costumbres.
Acaparamiento económico.
Cambio radical de la estética natural del paisaje.
Construcción de plantas industriales ilegales que traen malos manejos de residuos biológicos.
Contaminación auditiva por las máquinas de selección y lavado.
Detrimento a la infraestructura vial, muelles y puertos turísticos.
Por estas razones el pueblo Quillasinga se declaró en minga permanente por la vida y ha estado movilizándose en el marco del Paro Nacional. Sin embargo, las agresiones no han cesado y desde el pasado 24 de mayo la población está sufriendo hostigamientos.
Con este precedente, rechazamos de forma categórica las amenazas contra la vida del gobernador indígena Braulio Andrés Hidalgo Botina y sus compañeros del cabildo, a quienes se les ordenó abandonar el territorio en un panfleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, el pasado 25 de mayo. Este hecho se presentó justamente un día después de los señalamientos proferidos en contra de las autoridades tradicionales en el punto de concentración.
La presencia de grupos armados ilegales en estos lugares, responde a una agenda que amenaza la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, ante el interés de agentes externos por adelantar actividades extractivas sin el menor respeto por los territorios ancestrales y la especial relación que los pueblos tienen con estos.
Hacemos un llamado a los entes de control y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que verifiquen esta situación y acompañen las reclamaciones del pueblo indígena Quillasinga.
Reclamamos una investigación seria y urgente para proteger la vida y la integridad del gobernador Braulio Hidalgo y los demás compañeros amenazados. ¡La exigencia de nuestros derechos no puede convertirnos en objetivo militar!
Exigimos a Corponariño que actúe con diligencia y cumpla su obligación de adelantar los estudios necesarios para mitigar la degradación ambiental en la laguna de La Cocha.
Invitamos a las organizaciones indígenas y otros sectores sociales a abrazar la causa por la defensa de La Cocha y a hacer sentir su voz desde diferentes frentes de incidencia.
Salvemos La Cocha
#SalvemosLaCocha
Por la dignidad de la vida, el territorio y la paz:
