Rueda de prensa | CNTI 25 AÑOS
¿Quién es el secretario técnico de la CNTI?
Ricardo Camilo Niño Izquierdo es líder del pueblo indígena Arhuaco, ecólogo y magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana. Hace parte de la Confederación Indígena Tayrona (CIT) y desde 2013 fue delegado por la CIT como secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Desde pequeño, el liderazgo estuvo presente en su vida. Con su padre, el también líder Sakuku Mayor, José Camilo Niño, tuvo el ejemplo de autoridad siempre cerca y aprendió a involucrarse de manera activa, a escuchar y a trabajar, por y para la comunidad. Su trabajo por la defensa de los derechos, el proceso adelantado en su comunidad y su perfil profesional, lo llevaron a ser designado para el rol que actualmente ejerce en la CNTI.
Su vocación profesional lo condujo a cursar la carrera de Ecología y más tarde la maestría en Desarrollo Rural, conocimientos con los cuales ha buscado retribuir también a su pueblo. En este orden, los temas de investigación abordados en su producción académica han estado enfocados en el manejo, la defensa y el uso del territorio, así como en la apropiación territorial de los pueblos indígenas.
Cree firmemente en la necesidad de defender los territorios en los que está la diversidad natural, la vida y una riqueza cultural e histórica invaluable, por ello ha trabajado incansablemente por defender los derechos de los pueblos indígenas y por concertar medidas que lleven al Gobierno nacional a cumplir la deuda histórica que tiene al respecto.
En su trayectoria participó en la construcción metodológica de la consulta previa del Censo Agropecuario 2013-2014 y en la construcción del Decreto Autonómico 1953 de 2014 que pone en marcha el funcionamiento y la administración de los recursos de los resguardos como entidades territoriales de carácter especial. De hecho, actualmente integra la comisión de impulso para la implementación del mencionado decreto y fue uno de los responsables de que el resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta actualmente administre, de forma directa, los recursos de la Asignacion Especial de Recursos para Resguardos Indigenas-AESGPRI.
Otras de sus participaciones destacadas han sido: el apoyo a la construcción del Decreto 2333 de 2014 sobre la protección jurídica de los territorios ancestrales, así como a la elaboración de la consulta previa en la que fue concertado el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y 2018-2022, además del seguimiento a los acuerdos allí pactados. Asimismo, partició en la construcción metodológica de la consulta previa del censo poblacional para 2018, concerniente a pueblos indígenas.
De igual manera, como secretario técnico y junto a los delegados indígenas de la CNTI, impulsó la expedición del Decreto 1824 de 2020 para la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial y/o republicano de los resguardos indígenas, y está posicionando tanto el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I), herramienta fundamental para el acceso de datos referentes a los territorios, como el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), iniciativa que surgió como una exigencia histórica de los pueblos ante la ausencia de una línea de base y que busca ser una fuente de información para la toma de decisiones, la formulación de la política pública en materia territorial, el monitoreo de las responsabilidades legales de la CNTI y el mejoramiento de la incidencia política desde el Gobierno indígena.
Del mismo modo, ha estado poniendo en marcha la implementación de una estrategia para que la Corte Constitucional declare un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia territorial para pueblos indígenas y ha exigido al Gobierno, mediante diferentes mecanismos jurídicos y políticos, la garantía del derecho a la consulta previa sobre la política pública de catastro multipropósito.
Espera posicionar la comisión como un espacio legítimo que se respete como una autoridad en materia territorial indígena y que desde la vocería logre mostrar los desafíos que enfrentan los territorios y las comunidades día a día. También desea promover iniciativas que visibilicen las problemáticas relacionadas a la falta de seguridad jurídica de los territorios y adelantar junto a su equipo acciones legales para exigir la garantía de los derechos territoriales.
El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) visitó el resguardo indígena colonial de Guachucal, gran territorio de los Pastos
Durante su visita al departamento de Nariño, los días 16, 17 y 18 de julio, el equipo de la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en el marco del observatorio como componente de trabajo, realizó un acompañamiento a las autoridades tradicionales provenientes de distintos resguardos del Pueblo de Los Pastos.
El encuentro se convocó en el resguardo colonial Guachucal, para dar inicio se realizó una armonización dirigida por el Taita y la Mamita de los Pastos Lisandro Chaucanes y Esneida Reina, a fin de contar con la bendición de los espíritus de la Madre Tierra y el reconocimiento del territorio para poder socializar el trabajo que viene adelantando la STI-CNTI y el ODTPI.
Dentro del espacio de diálogo, en minga de pensamiento con los pueblos indígenas Quillasingas, los Pastos y Awá en la Escuela de Derecho Propio “Laureano Inampues”, la STI-CNTI evidenció los retos, potencialidades y aprendizajes, el quehacer del espacio, los componentes de trabajo y sus sistemas de información, tales como el Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA) y el Sistema de Información Geográfica (SIG) que permiten construir líneas de base y acciones estratégicas para la exigibilidad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través del Observatorio de Derechos Territoriales.
Desde su creación, la CNTI ha adelantado un trabajo de incidencia en el que ha arrojado resultados de manera constante, por eso, desde el año 2017 profundizó el componente investigativo y de seguimiento que realiza el ODTPI mediante los sistemas que lo conforman, a través de los informes, los boletines, y el material pedagógico sobre los derechos territoriales, además del balance actual de las solicitudes de formalización de los territorios indígenas.
Evidenciando los esfuerzos conjuntos de quienes se convocan en el observatorio, los delegados indígenas y las organizaciones, se extendió un llamado urgente a continuar exigiendo respuestas al Gobierno nacional, como responsable de garantizar la seguridad jurídica de los territorios en la efectividad de la implementación de las políticas que regulan esta materia.
En su exposición, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, hizo la cordial invitación a las personas presentes en el encuentro a conmemorar los 25 años de la comisión, como un espacio que se ha caracterizado por la defensa y garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a nivel nacional e hizo entrega del material físico y virtual con el que cuenta la CNTI para su respectiva difusión y socialización bajo los principios de la unidad y la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas.
El Gobierno se comprometió a garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas en la implementación de la política del catastro multipropósito
Bogotá, 16 de julio de 2021
En la madrugada del miércoles 14 de julio, en el marco de la sesión ampliada III-2021 de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se pactó con el Gobierno (en vocería del DANE) la ruta de la consulta previa, libre e informada para la construcción de instrumentos normativos con enfoque diferencial, que estarán orientados a la protección y el reconocimiento de la territorialidad indígena, hoy ausente en la política de catastro que adelanta el Gobierno del presidente Duque.
Lo/as delegados/as de las organizaciones indígenas fueron enfáticos/as en la defensa del derecho fundamental, así como en la exigencia de una visión territorial indígena para el catastro, entendiendo su importancia para el ordenamiento social de la propiedad rural; al final de la jornada, fueron contempladas las salvaguardas que quedaron a modo de constancia para evitar que los instrumentos normativos y/o acuerdos sean violatorios de los derechos de los pueblos indígenas.
Por lo tanto, después de extensas discusiones y con un trabajo articulado con las representaciones indígenas de diferentes regiones del país, logramos que el Gobierno nacional se comprometa a garantizar este proceso consultivo en los tiempos contemplados por las organizaciones, situación que ha buscado resaltar que la consulta previa requiere de un arduo despliegue territorial en la Colombia profunda, así como comprender su diveridad y la estrecha relación de las comunidadades indígenas con el territorio. Con ello, la MPC y la CNTI reiteran que la consulta debe ser un proceso de garantías para construir políticas territoriales con los pueblos indígenas.
Tras 42 años de dilaciones, después de acciones administrativas y judiciales finalmente fue realizado el registro del Resguardo Indígena Dochama Alto Uré en el departamento de Córdoba
Por Redacción CNTI
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) recibió el certificado de inscripción del resguardo ante la oficina Instrumentos Públicos (Superintendencia de Notariado y Registro) el pasado miércoles 23 de junio de 2021. Este se dio en cumplimiento a las exigencias realizadas por la comunidad y la Secretaría Técnica de la CNTI en el proceso de tutela 2021-036-01 en conocimiento del Juzgado Quinto de Familia y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., sala de familia.
La comunidad del pueblo Emberá Katío tuvo que esperar más de cuatro décadas para la constitución de su resguardo, ubicado en el municipio de San José de Uré, Córdoba. El proceso de reconocimiento fue dilatado por la institucionalidad en la gestión de las tres entidades que han representado la máxima autoridad de tierras en Colombia: el Incora, el Incoder y la ANT. De hecho, en enero del presente año la CNTI tuvo que radicar una acción de tutela en favor del Cabildo Indígena Dochama para el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la protección de la diversidad étnica y cultural, y la constitución de propiedad colectiva.
El proceso para la formalización inició en 1978 con la gestión de trámites ante el Incora como lo señalaba la normatividad vigente y para el 31 de octubre del mismo año ya había sido realizado el oficio de solicitud del procedimiento de legalización (bajo la figura de reserva indígena por ser la figura de la época), por parte del Director Regional de la entidad en la seccional Córdoba. Sin embargo, el proceso fue dilatado con demoras injustificadas y solo hasta 2021 fue finalizado.
La inseguridad jurídica de este territorio ha mantenido a la comunidad por años en un estado permanente de vulnerabilidad en el que además ha sufrido amenazas, agresiones, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos por parte de grupos armados ilegales (como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y “Los Caparrapos”, también conocidos como el Bloque Virgilio Peralta Arenas) que disputan el control territorial para el desarrollo de economías ilegales.
Este caso es de gran importancia para la garantía de los Derechos Territoriales de los Pueblos indígenas. Representa un referente para activar procesos de exigibilidad en la formalización de territorios colectivos con minas antipersona, municiones sin explotar, cultivos de uso ilícito y situaciones derivadas y subyacentes al conflicto armado.
De igual manera, es grave el avance de actividades extractivas en el territorio ancestral. Hay denuncias que señalan fuertes intereses de privados relacionados a la explotación de oro, cobre y níquel, casos en los que no ha sido garantizado el ejercicio de la consulta previa, libre e informada, derecho fundamental de los pueblos indígenas.
Se espera que esta medida fortalezca el ejercicio de la autonomía y el gobierno propio del pueblo Embera Katío en este territorio, además propicie el retorno de las familias que fueron desplazadas de manera forzada y contribuya al fin del estado de confinamiento que ha sufrido la misma comunidad.