Las autoridades y el movimiento indígena, esperan que se materialice y se superen los obstáculos que se han presentado con el gobierno anterior, en materia de derechos territoriales de los pueblos originarios.

“Este es un momento histórico”, menciona Camilo Niño Izquierdo, el secretario técnico indígena de la CNTI, en la apertura de la primera sesión mixta con el actual gobierno. Por su parte, los delegados mencionan que se espera que este gobierno actual sea un aliado para garantizar los derechos territoriales y jurídicos de los pueblos indígenas.

Luego de casi 1 año de espera para continuar los diálogos con el nuevo Gobierno Nacional, se abre la primera sesión mixta que se realiza desde los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Bogotá.

Este espacio inició con la vocería de los delegados de La Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, El Instituto Agustín Codazzi y las cinco organizaciones indígenas a nivel nacional en compañía de los ex constituyentes, el equipo técnico de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y con la veeduría de los delegados de la Procuraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación.

Allí se abordaron varios puntos sobre los balances y avances por parte de las instituciones competentes, entre ellos se socializa el Presupuesto ejecución a 2022 (Acuerdo 1 sesión II 2018 y Acuerdo 5 Sesión II 2021); El protocolo, mecanismo y ruta para la solución y la efectiva inscripción de los actos administrativos que formalizan territorios indígenas (acuerdo 5 sesiones ii 2020 y acuerdo 1 sesión IV 2021); las aclaraciones de áreas (gestor catastral competente ANT o IGAC); los Avalúos territoriales, entre otros temas.

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Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras inició con su informe anual, resaltando el cumplimiento de los acuerdos pactados en la primera Sesión II de 2018 y los acuerdos de la quinta Sesión II de 2021, en un total de 95%.Estos acuerdos refieren al cumplimiento de la meta acordada con la CNTI de 20 casos puntuales en restitución de tierras y 2 casos de territorios de protección de origen ancestral.

Sin embargo, esta información no es clara para los delegados indígenas, debido a que en la actualidad existen 1450 casos de solicitudes pendientes, por lo siguiente, no se podría afirmar el cumplimiento en 95%. “No llegaría a representar ni el 5 % del cumplimiento de los casos faltante” enfatizó Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pacha Mama.

Otro de los puntos que se socializa en este primer día de sesión mixta, fue el Protocolo para inscripción de actos administrativos no registrados y el mecanismo de verificación de registro de actos administrativos de formalización a comunidades indígena, construido durante la plenaria de la quinta sesión mixta de la CNTI de la vigencia 2019; que tiene como propósito,  crear una ruta para analizar y garantizar el efectivo registro del total de resoluciones expedidas por las autoridades de tierras y que se desarrollaba con la participación del Sistema de Notaría y Registro, IGAC y la ANT.

En ese sentido, la Superintendencia de Notaria y Registro- SNR reportó que, en la verificación de la información suministrada por la Agencia Nacional de Tierra, referente a los 1001 actos administrativos relacionados con comunidades étnicas en el 2019, a la fecha reportan que solo hay661 actos administrativos se encuentran debidamente registrados, 305 se encuentran en etapa de diagnóstico y 35 actos sin registro.

Adicionalmente, la SNR agregó que, en los dos años de la implementación del protocolo, se logró el avance de 6 acuerdos para modificar, aclarar y corregir las órdenes relacionadas con los registros. Por su parte, manifiestan que lo que busca este protocolo, es que sirva como herramienta de apoyo a los procesos de formalización de tierras, más no busca que los reemplace.

Luego de la intervención de los funcionarios de la ANT, los delegados indígenas hacen una reflexión sobre la metodología y las formas en que se han estado llevando los acuerdo y cumplimientos por parte de los funcionarios. Entre ellos, se le recomienda a este nuevo gobierno un cambio de pensamiento, ser conscientes de los retos y los desafíos por los que han atravesado los pueblos indígenas. Pues se recalcó, una vez más, que estamos en una era del cambio y se debe trabajar en función de derechos de los pueblos que han sido discriminados históricamente y que no se pueda seguir revictimizando a los pueblos originarios en temas de derechos territoriales.

“Los pueblos indígenas llevan 50 años solicitando al gobierno que tierras que han sido nuestras ancestralmente y de estudios que ya se han hecho, pero que no avanzan” dice Rojas Birry, ex constituyente indígena.

En esa misma línea de cambio que representa y esperan los pueblos indígenas de este nuevo gobierno, La Unidad de Restitución de Tierra-URT, reportó en su informe cambios que han realizado para aliviar los cuellos de botellas y que se garantice los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entre ellas, se presenta un cambio en el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero, Energéticos e Infraestructura, sobre los sesgos y estándares que este grupo daba frente a las pretensiones territoriales y las disponibilidades de las ofertas institucionales.

Otro de los reportes mencionados por la URT, es que durante su ejecución en el 2021 se realizaron 66 estudios preliminares en 24 departamentos, hicieron la caracterización de afectaciones territoriales de 48 informes para comunidades indígenas, se proyectaron 49 demandas de restitución de derechos territoriales y 20 medidas cautelares.

Adicionalmente, en el balance general que presentó la URT para el 2022, se han revisado 98 casos de no recomendaciones de caracterización, 225 casos de estudio preliminar y 52 casos en fase de caracterización.

Por último, la URT dejó un mensaje sobre los procesos de restitución territorial en pueblos indígenas, mencionó que debe ser una vía de reconciliación para la vida y que las víctimas no sean consideradas como un usuario más, sino que sean protagonistas en las tomas de decisiones frente a los casos de restitución.

Otras de las intervenciones en esta sesión fue del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde reportó 84 avalúos comerciales a junio del 2022, que se distribuyen en 20 casos para la vigencia del 2021 y 64 realizados durante el 2022.

Además, manifestaron que se ha avanzado con el Sistema de Información Geográfica Indígena, con la creación de un catálogo de objetos con más de 20 capas de información geográfica sobre territorios ancestrales, que facilita a las comunidades hacer seguimiento a sus territorios y así mismo, que responda a las peticiones de la CNTI.

Otros de los puntos mencionados en esta sesión, fue la propuesta de la creación de una dependencia de asuntos étnicos en el instituto, sin embargo, el IGAC mencionó que ya existe una mesa de asuntos étnicos donde se avanza en todo lo relacionado con territorios indígenas, por lo siguiente no se considera viable.Para finalizar, el IGAC habló sobre los retos que tiene en la materialización de los ajustes institucionales acordados con las entidades indígenas, así como en el desarrollo de nuevas funcionalidades para que sean implementadas en el SIG indígena y el fortalecimiento de la articulación con la Dirección de Gestión Catastral para la revisión de los diferentes procesos emitidos por la ANT.Por último, el secretario técnico, Camilo Niño, manifestó que se debe seguir trabajando para consolidar la garantía de los derechos territoriales, porque a pesar de tener altas expectativas, teniendo en cuenta que este gobierno es considerado amigo por los Pueblos Indígenas y que se valoran las iniciativas que tienen las entidades en este primer encuentro, aún hay muchas situaciones y cuellos de botella por resolver.Por eso se espera que para este viernes 11 de noviembre que se llevará a cabo la otra sesión mixta, se pueda contar con los funcionarios (directores y ministros) del respectivo del gobierno para poder tener unos acuerdos pertinentes en los avances de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia.

Luego de tres días de sesión autónoma y mixta, los delegados, el equipo técnico de la CNTI y el gobierno nacional, dieron apertura a la mesa de concertación, para acordar metas y avances para las garantías de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.

Esta sesión mixta inició con la intervención de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien entregó un balance de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas durante y el estado presupuestal ejecutado durante el año 2022. A partir de este análisis y de las problemáticas identificadas, la institución presentó unas propuestas, además de una proyección presupuestal para el cumplimiento de las garantías jurídicas y territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia para el 2023.

Por ello, la CNTI le exigió a la ANT acordar metas que se adelanten de manera anual para los procesos de formalización (constitución, ampliación y saneamiento) Protección de territorios ancestrales e implementación del decreto 1824 de 2020, adquisición de predios y mejoras. Y en caso de que se presente la conversión de reservas a resguardos indígenas.

Otras de las discusiones que se dio en el marco del espacio con la ANT, fue el protocolo, mecanismo y las rutas para la efectiva inscripción de los actos administrativos que formalizan los territorios indígenas. Metas con las que se espera trabajar, concertar y tener en cuenta para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

Por su parte, el Instituto Agustín Codazzi (IGAC), también presentó una propuesta y análisis para el año 2023, frente al balance del año 2022. Allí, se retomó el acuerdo de la creación de la dependencia de asuntos étnicos en dicha institución, con la iniciativa que hace referencia al acuerdo N.º 3 de la sesión III del 2022 y el acuerdo 9 de la sesión III del 2021.

Por otro lado, en la mesa indígena se acordó que el IGAC y el Ministerio del Interior deben coordinar una reunión con el DIMAR y los cuatro pueblos indígenas de la sierra nevada de Santa Marta para dar continuidad al decreto 1500.

Así mismo, le solicitó a la institución comprometerse de manera permanente a fortalecer el Sistema de Información Geográfica de los pueblos indígenas, construido con un cronograma de trabajo. Además, de agilizar la entrega de los estudios de los avalúos de los 24 predios, cuyas solicitudes serán remitidos por la ANT el 15 de noviembre por el 2022.

En cuanto a la intervención con La Unidad de Restitución de Tierras (URT) se debatió sobre el documento prórroga del decreto ley 4633 del 2011, del cual hizo parte la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en su construcción, que busca ser un principio de coordinación interinstitucional para hacer efectiva la restitución de derechos territoriales, que plantea un conjunto de medidas específicas para que ambas sean institucionales y se dé avances en la seguridad jurídica y el goce efectivo de los territorios indígenas.

Otra de las recomendaciones que hace el movimiento indígena a la unidad, es que así no sea la competencia exclusiva de la DAE-URT, esta también puede promover el impulso procesal en los casos de solicitudes de restitución en etapa judicial y mediante convenios de cooperación con el Consejo Superior de la Judicatura y defensoría del pueblo, generar acciones para superar los cuellos de botella que dilatan los procesos.

Con ello, el movimiento indígena llego a los acuerdos con La URT, de presentar el análisis de la viabilidad de construir un proyecto de inversión específico para la garantía y materialización de la restitución de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Finalmente, también se acordó con la ANT, analizar una ruta que impulse la ampliación del Resguardo Indígena Arhuaco con respecto a los 10 predios sobre los cuales se adelantaron procesos catastrales con efectos registrales. Lo anterior será presentado en la segunda sesión mixta de la CNTI del 2022 para su respectivo seguimiento.

Otro del compromiso, que deberá asumir la ANT deberá realizar una mesa técnica en el departamento de Arauca, para el 6 de diciembre del 2022 con las autoridades de los pueblos Sikuani, Macaguán, Hitnú, Inga y Betoy, para revisar los casos de ampliación y constitución.

Con la finalidad de hacer muchos más eficiente y agilizar sesión mixta que se llevará a cabo los días 30, 1 y 2 de diciembre, se acordó realizar una mesa de trabajo con las siguientes entidades; el 23 de diciembre con la URT con el fin de acordar un cronograma de trabajo donde se materialice el desarrollo de los puntos acordados de documento de la prórroga de los 10 años del Decreto ley 4633 del 2011.

Para el 24 de noviembre, se acordó avanza con la ANT, articulación y adecuación institucional, presupuesto, metas de formalización en el cuatrienio. Por último, el 25 de noviembre en horas de la mañana se trabajará con el IGAC en un cronograma donde se abordará los puntos como son: el fortalecimiento del SIG indígena, la adecuación institucional, entre otros. Además de mirar estrategias para que los nombres propio, indígena o toponimias sean integrados en la cartografía oficial de Colombia.

Finalmente, con el ministerio del interior se acordó abordar el cumplimiento del fallo de tutela sobre racismo estructural, mecanismo para avanzar en los conceptos previo para la ampliación de resguardos, así como, la inscripción de autoridades indígenas y el avance de implementación del Decreto Ley 1500 del 2018.