El pasado 20 de febrero del 2023 La Comisión Nacional de Territorios indígenas participó de los diálogos de saberes de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que busca recoger las voces de diferentes sectores sociales como son los campesinos, afrodescendientes e indígenas, para la proyección estratégica sobre la restitución de tierras de este nuevo Gobierno.
Este evento contó con la participación de nuestro delegado y ex constituyente Rojas Birry, Camilo Niño Secretario Técnico de la CNTI, Gerardo Jumí en representación de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC) y el director de la URT Giovany Yule, entre otros políticos del Gobierno Nacional. En este diálogo se abordaron temas sobre los derechos ancestrales, los derechos milenarios, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la importancia de la palabra y la espiritualidad para la protección del territorio.
El director de la URT, como indígena Nasa mencionó que las formas de gobierno propio de los indígenas del Cauca ya existían antes de la llegada del mundo occidental al Abya Yala y parte de la resistencia de los pueblos ha sido la conservación a sus del territorio, de la mano de los mayores quienes se han encargado de la orientación y la comunicación con la madre tierra. Esto llevó a mencionar el importante papel que juegan los pueblos originarios para la conservación de la biodiversidad del planeta. Por su parte el ex constituyente Birry, mencionó que los pueblos originarios son los principales conservadores de la diversidad biológica en un 85% en todo el planeta. Además, mencionó que hoy en día no se han hecho los reconocimientos ni las garantías necesarias, por el contrario, los pueblos han sido víctimas de desplazamientos, despojos y de explotaciones sin consentimiento de sus territorios.
Otro de los puntos mencionado y que llevó a la reflexión en el espacio, es que la URT mencionó que los pueblos originarios son las principales víctimas del conflicto armado en Colombia. Pues de los 610 casos de restitución a pueblos indígenas, estos se reflejan en 27 departamentos y de los 85 pueblos ancestrales que se encuentran en proceso de restitución, en su mayoría se encuentran en estado de riesgo de exterminio físico y cultual. En la intervención del secretario de la CNTI, se manifestó la importancia de continuar con los diálogos de gobierno a gobierno, sobre todo que se tenga en cuenta los aportes que hacen las organizaciones indígenas desde los espacios de concertación, pues muchas de las exigencias que hoy piden los pueblos indígenas a nivel territorial, son las mismas que se han exigido por décadas a los gobiernos anteriores.
También, indicó que desde el Observatorio de los Derechos Territoriales de la CNTI, a la fecha se reportan alrededor de 1.077 solicitudes de restitución, ampliación, saneamiento y constitución de resguardos indígenas, lo que equivale a 5’000.000 millones de hectáreas y donde se encontrar casos de más de 30 años de haberse solicitado, el cual reflejan la deuda histórica que hay con los pueblos originarios. Por ejemplo, se trajo a colación el cado de la comunidad de Barrulia, del pueblo Sikuani, en Puesto Gaitán Meta, quienes han realizado una solicitud de protección y de ocupación ancestral en el marco del decreto 2333 del 2014, la cual no ha sido concedida, lo que ha puesto en riesgo la pervivencia del pueblo ancestral, además de ser víctimas de desalojos por parte de policía y la alcaldía de Puerto Gaitán.
Además, agregó que sin las garantías necesarias para solucionar estas problemáticas que aquejan a los pueblos ancestrales, es imposible sanear dicha deuda. Es por ello, que los pueblos indígenas proponen una subcuenta indígena establecida en el Fondo de Tierras del Decreto Ley 902/2017. Esto permitiría avanzar en la protección y la garantía de los derechos territoriales de las comunidades y Pueblos Indígenas a nivel nacional.
Por último, mencionó que es importante que el Gobierno Nacional genere mecanismos de articulación con otros sectores sociales, como las es la garantía de la realización del congreso nacional de pueblos indígenas, este espacio ayudaría a dar claridad sobre la reforma a la ruralidad, donde también se puede buscar mecanismos para superar obstáculos y conflictos interétnicos entre pueblos y comunidades.
El encuentro culminó con reflexiones donde se reconoce, que los procesos de restitución territorial reversan los efectos de despojo histórico y ayuda a la conservación integral del territorio. El próximo encuentro de diálogos se llevará a cabo con las comunidades afrodescendiente, negras y palanqueras, con el propósito de intercambiar saberes y escuchar las necesidades de los diferentes sectores sociales.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) en compañía de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, las siete organizaciones y las Autoridades Indígenas del país, participaron activamente en la mesa de diálogo, análisis y concertación dentro de la Mesa de “Ordenamiento del Territorio entorno al Agua y la Justicia Ambiental” en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
La mesa, contó con unos ejes transformadores sobre los cuales se estructuró la concertación con los Pueblos Indígenas y estuvieron centrados en: Internacionalización, economía productiva, mujer, familia y generación, convergencia regional, derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio, seguridad humana y justicia social, aportes al Buen Vivir de una nación pluriétnica y multicultural.
Teniendo en cuenta esto, en la mesa técnica del territorio se logró llegar a un acuerdo histórico para la recuperación y protección integral establecida en el Decreto 1500 de 2018 de la Línea Negra. Un acuerdo clave para los cuatro Pueblos Indígenas que habitan “El Corazón del Mundo” en la Sierra Nevada de Santa Marta, para el fortalecimiento de los derechos territoriales y colectivos de todos los pueblos originarios de Colombia.
Por otro lado, se diálogo sobre la importancia de crear una integralidad territorial donde se involucre activamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Cultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de reconocer el papel de los pueblos ancestrales como actores fundamentales para la mitigación del cambio climático y con una participación real en la toma de decisiones dentro del aspecto ambiental.
Es así, como en el marco de la consulta previa, se logró un acuerdo estructural en materia presupuestal para el próximo cuatrienio en aras de resolver el rezago histórico de las demandas territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Frente a este acuerdo, el Ministerio de Ambiente, a través de la ANT, se comprometió a reglamentar y a poner en funcionamiento de manera concertada con la CNTI, una subcuenta indígena establecida en el Fondo de Tierras, teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto Ley 902 de 2017.
Aquí, un video sobre el balance de la protocolización del PND 2022-2026
Posteriormente, el Gobierno Nacional se comprometió a garantizar una base mínima de recursos para avanzar con la seguridad jurídica de los derechos territoriales indígenas, así como la gestión de recursos adicionales con la cooperación internacional. Además, este Gobierno garantizará el reconocimiento, la protección y el goce efectivo de dichos derechos, incluyendo los resguardos de origen colonial y republicanos, ancestrales y tradicionales de los Pueblos Indígenas mediante la formalización de sus territorios.
En el treceavo día de la Mesa Permanente de Concertación-MPC para la consulta previa del PND 2022-2026, entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas de Colombia, el Ministro del Interior, Alfonso Prada, dio apertura a la jornada de trabajo para la protocolización de los acuerdos, la cual concluyó, con la firma de 147 que se dividieron en 167 acuerdos nacionales, dentro de los ejes transformadores propuestos por el gobierno, de los cuales, 14 quedaron dentro del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) y 64 en la Mesa Regional Amazónica.
El día 05 de febrero se avanzó sobre los puntos que se encontraban en estado de disensos para darle cierre a la jornada de trabajo con los compromisos a favor de la agenda del Movimiento Indígena de Colombia. Dichos acuerdos concertados hicieron parte de la propuesta general de Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que el Gobierno Nacional radicará el día de hoy, 06 de febrero a las 5:00 p.m., en el Congreso de la República, para que surta el trámite correspondiente y se convierta en Ley de la nación colombiana.
Así, la Secretaría Técnica Indígena de #CNTI informa que varios de los acuerdos concertados con el Gobierno Nacional, fueron o estuvieron relacionados con los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas como resultado del trabajo de los espacios de diálogo y concertación. Es por ello, que, desde la CNTI con la participación activa de los delegados en representación de las organizaciones indígenas del país, realizarán el respectivo monitoreo y seguimiento a dichos acuerdos pactados.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, falló a favor de la decisión del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, correspondiente al 2 de febrero del año 2020, en relación a la situación del Pueblo Indígena Waüpijiwi y sus problemáticas. Esta decisión reafirmó la falta de garantías para la supervivencia física y cultural de este pueblo originario, reubicado en el Resguardo Caño Mochuelo en el año 1986, en Casanare.
Desde el año 2003 este Pueblo Indígena se vio obligado a desplazarse y asentarse en un nuevo territorio tradicional cerca de “Agua Verde” en el departamento del Vichada, debido a las amenazas de muerte, el reclutamiento forzado de menores y la violencia sexual que enfrentaban. Una decisión tomada por la comunidad de Yajotja, para proteger su pervivencia, preservar su cultura y así evitar un exterminio físico y cultural en un lugar sagrado reivindicando sus derechos.
Frente a la diversidad de problemáticas Algel Tadache, cabildo gobernador de Waüpijiwi, ha solicitado históricamente la protección del territorio ancestral y la realización de una visita técnica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el marco del artículo 5 del Decreto Ley 2333 de 2014, reiterando que esta comunidad no se trasladará a otro lugar sin un acuerdo previo.
Teniendo conocimiento de esta problemática, en un escrito presentado por Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) como un aporte jurídico dentro del proceso, destacó la situación crítica de la comunidad de Waüpijiwi en el resguardo, reiterando que el territorio donde habitan es demasiado estrecho y los recursos naturales se están agotando. Además, manifestó que es un terreno no apto para cultivos, lo que obliga a las familias a salir del resguardo y enfrentase a los colonos que los amenazan. Por ende, expresó que la única opción para garantizar la pervivencia y permanencia de este Pueblo Indígena es con la ampliación del resguardo.
Es por ello, que la sentencia resuelve y ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Paz la Atención y Reparación Integral las Victimas (UARIV) revocar la resolución No. 2020-99796 del 22 de diciembre de 2020 y tomar una decisión de fondo sobre el registro de los miembros de la comunidad de Yajotja, respetando su derecho a la identidad cultural, a la autonomía y a la autodeterminación.
Es decir, si la UARIV identifica que el Pueblo Indígena, cumple con los requisitos legales, deberá aplicar la exigencia del Decreto 1084 de 2015 con el fin de reafirmar la existencia previa de esta comunidad. Así mismo, el fallo le exige a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adopte sin dilaciones injustificadas para responder a las peticiones formuladas por el Pueblo Indígena de la medida de protección del territorio ancestral, la oferta voluntaria de compra de predios y finalizar con el proceso de constitución del resguardo promovido a favor de la comunidad Yajotja en el municipio de la Primavera, Vichada.
Así, la ANT y las demás entidades involucradas deben cumplir sus funciones dentro de los términos y plazos establecidos por la ley, como lo es la Ley 160 de 1994, el Decreto 2164 de 1995 y el Decreto compilatorio 1071 de 2015, según lo dispuesto en el fundamento jurídico.
Frente a esto, desde la CNTI y el pueblo Waüpijiwi reiteramos el llamado al Estado colombiano en especial a las entidades judiciales y las instituciones competentes del Gobierno Nacional, para brindar las garantías que la comunidad necesita para poder vivir en un territorio digno de acuerdo a sus cosmovisiones, usos y costumbres donde pervivan sus futuras generaciones.
