En el marco de la invitación realizada por laMesa Permanente Concertación Indígena#MPC a las comisiones y subcomisiones temáticas, que dialogan y concertan entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional, para la materialización de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas del país.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas #CNTI, como vocera de los derechos territoriales de los pueblos originarios, participó activamente de dicha invitación el 19 de agosto. Durante este encuentro, se compartió el trabajo que se ha venido realizando conforme a los mandatos establecidos por decretos ley como el 1397 de 1996, que da origen a este espacio, el 4633 de 2011, Ley de Víctimas, el 2333 de 2014, por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas, el 1953 de 2014, el cual crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios, el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final de Paz, en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras y por último, el decreto 1824 de 2020, que corresponde a la vigencia de los títulos de los resguardos de origen colonial y/o republicano.
En este encuentro, se resaltó el seguimiento exhaustivo del universo de solicitudes presentadas por los pueblos ancestrales ante las entidades que tiene como función garantizar la protección y la seguridad jurídica de la tenencia colectiva de los territorios indígenas. Asimismo, se abordaron desafíos significativos, tales como:
Dificultad para acceder a la información precisa por parte de las entidades, lo que impide contar con cifras claras, verídicas y oportunas.
Incumplimiento de acuerdos pactados en diferentes contextos y entidades, principalmente los de naturaleza estructural. Se resaltó la necesidad de continuar con el fortalecimiento de la coordinación intersectorial para su plena implementación.
Ausencia injustificada de las entidades claves que vulneran los compromisos adquiridos y pone en tela de juicio la seriedad de las instituciones ante este escenario de diálogo y concertación.
Persistencia de la expedición de instrumentos normativos que NO garantizan la participación real y efectiva del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Ejemplo: el Decreto 2353 de 2019, un decreto que carece de una concertación y consulta que vulneraba los derechos de los pueblos indígenas, desconociendo los principios fundamentales de la Constitución y de los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, adoptado mediante la Ley 21 de 1991.
Preocupación frente a la baja ejecución del presupuesto nacional en relación con el Plan de Inversión de la Agencia Nacional de Tierras #ANT, para la formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Además, se compartieron los informes elaborados por el Observatorio de Derechos Territoriales en el marco de las funciones que le corresponden a la Secretaria Técnica Indígena de la #CNTI. Enlace a los informes:https://www.cntindigena.org/informes/
Por otro lado, se subrayó el avance en la construcción e implementación de una serie de estrategias para superar los obstáculos que ralentizan los procesos de formalización y adquisición de predios. Por lo tanto, se hizo hincapié en la necesidad de una articulación más sólida entre las entidades. Desde este espacio avanzaremos en la exigencia y construcción de propuestas, para el fortalecimiento de la CNTI, como un espacio fundamental para el goce efectivo y la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, seguirá trabajando por un diálogo genuino y respetuoso que promueva el bienestar y la armonía en los territorios.
Luego de tres días de concertación en la tercera sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena, realizadas el pasado 16, 17 y 18 de agosto del 2023 en la ciudad de Bogotá, se lograron 9 acuerdos en materia de derechos territoriales de los pueblos originarios de Colombia.
Los acuerdos están relacionados con temas estructurales para agilizar los procesos de formalización y seguridad jurídica de los territorios. Así mismo, el avance en el tema presupuestal para las garantías de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales, fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica SIG, el Plan de descongestión y de choque que tiene el Gobierno Nacional frente a los casos de enfrascamiento de las solicitudes de formalización.
En ese sentido, desde la Agencia Nacional de Tierras ANT, entregará en el marco de la cuarta sesión de la CNTI del año 2023, los procedimientos adoptados por la entidad donde se desarrolla la implementación de las doce estrategias identificadas para el impulso procesal de las solicitudes relacionadas con la formalización, protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas presentadas en la tercera sesión mixta.
De igual modo, La ANT y la Unidad de Restitución de Tierras entregará en la cuarta sesión de la CNTI, un informe del balance sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales derivadas de los fallos de restitución dirigidas a la ANT, con especial atención a las que están relacionadas con el tema de formalización y seguridad jurídica de los Territorios Indígenas.
Por su parte, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural crearán una mesa técnica para adelantar acciones que permitan identificar conflictos socioambientales. Y desde el Ministerio del Interior se realizarán 80 estudios etnológicos al finalizar 2023.
Así mismo, para el 28 de agosto 2023 la ANT, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Interior enviará a la Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, la ruta de emergencia para atender y resolver el caso del pueblo Wiwa de Campo Alegre para así garantizarle sus derechos territoriales.
Respecto a la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa, esta se comprometió a participar en la reunión que se desarrollará junto con el IGAC y la CNTI para el fortalecimiento del SIG-Indígena, con la finalidad de definir las necesidades y requerimientos técnicos para la implementación del Servicio Web Alfanumérico. Esto con la finalidad de fortalecer el Sistema de Información Geográfica SIG- Indígena de la CNTI, desde donde se realizará una mesa técnica para hacer la revisión y articulación de la información.
Desde este espacio de concertación, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en la garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país. Razón por la cual, se continuará haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional.
La tercera sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, dio inicio el 16 de agosto de 2023 en Bogotá, con la participación de los delegados indígenas y el Secretario Técnico Indígena Camilo Niño Izquierdo, quien instaló el espacio de concertación con la presencia de los funcionarios de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras ANT, el delegado del Ministerio de Ambiente, Dirección de Consulta previa y el delegado de planeación de la Unidad de Restitución de Tierras URT. El objetivo de la tercera sesión es revisar los avances de los acuerdos pactados en las sesiones realizadas en el mes de junio y julio, para agilizar los temas estructurales en materia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los puntos a tener en cuenta durante la tercera sesión es el plan de choque, un acuerdo que la Agencia Nacional de Tierras ANT ha estado presentando de manera mensual. Así mismo, el plan de descongestión el cual no tuvo respuesta en la segunda sesión y del que se espera se logre avanzar sobre el número de solicitudes que se han radicado en el Ministerio del Interior en los temas de ampliación y constitución de los territorios ancestrales.
En cuanto a la Unidad de Restitución de Tierras URT, revisar la estrategia de aceleración de la ruta de restitución, su estado actual, rutas de acción, avances para el 2023, el cual tiene una meta anual del 30% del rezago que existe. Incluyendo la adecuación del fondo para atender las órdenes de restitución, ejecución presupuestal del 2022 y balance del año 2023.
En el siguiente punto están los nuevos lineamientos y procedimientos que agilizarán de forma inmediata los procedimientos de formalización, seguridad jurídica y adquisición de predios para los territorios indígenas donde se tendrán en cuenta los siguientes puntos: uso de métodos indirectos, levantamiento ágil de información geográfica, traslado de información entre expedientes, y utilización de diagnósticos y conceptos técnicos previamente elaborados por los trámites administrativos, entre otros. Cabe resaltar, que a este acuerdo se llegó con la presencia de Gerardo Vega, donde la Agencia Nacional de Tierras ANT ha verificado este asunto para acelerar los lineamientos respecto a la claridad de las cifras de los predios formalizados.
La adecuación institucional para el fortalecimiento de las capacidades administrativa, financiera, técnica y humana con el fin de resolver con celeridad, calidad y oportunidad las solicitudes de los pueblos indígenas. Por último, el seguimiento del casos Barrulia donde la Unidad de Restitución de Tierras, presentará el informe técnico realizado por el equipo de la Dirección de Asuntos Étnicos para la viabilidad de la solicitud de la medida cautelar para las comunidades indígenas de Barrulia, Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael de Warrojo del pueblo Sikuani.
Finalmente, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, durante este espacio seguirá avanzando en el trabajo por la reivindicación de los derechos territoriales de pueblos indígenas en Colombia.
En respuesta al reciente Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI, participó de la audiencia pública convocado por la Corte Constitucional para abordar las problemáticas apremiantes que afectan a esta región.
La crisis humanitaria en La Guajira, agravada por el cambio climático y el fenómeno de El Niño, ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH a declarar medidas cautelares para garantizar el acceso al agua potable y seguridad alimentaria en comunidades, especialmente en el Pueblo Indígena Wayúu. Además, la Corte Constitucional ha advertido la falta de garantía de los derechos fundamentales en el departamento.
El cambio climático ha generado situaciones excepcionales que justifican la declaratoria de un estado de emergencia. Camilo Niño, enfatizó que este enfoque es crucial para contrarrestar los efectos del cambio climático que amenazan los derechos fundamentales de los pueblos, incluyendo el derecho a la vida, alimentación, salud, ambiente sano y agua.
En este contexto, la seguridad jurídica de los territorios es una preocupación central. La falta de acceso a tierras y la inseguridad jurídica son desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas del país. Ante esta realidad, la implementación del Decreto 1273 del 31 de julio de 2023, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es urgente para avanzar en la formalización de los territorios indígenas en Colombia.
Los estándares de garantía del derecho a la participación real y efectiva de los pueblos ancestrales en estados de emergencia económica, social y ecológica deben asegurar la autonomía y participación indígena. Por otro lado, Camilo Niño resaltó la importancia de abordar estas problemáticas estructurales de manera integral, de involucrar a las comunidades indígenas en el diseño y ejecución de políticas públicas que se garantice la protección de sus derechos fundamentales y territoriales.
En conclusión, este encuentro marcó un paso importante hacia la atención de la crisis en la Guajira, pero también resaltó la importancia y necesidad de ir más allá de las soluciones temporales y responder con políticas públicas y acciones estructurales que garanticen la protección de los derechos de los pueblos originarios, lo que representaría una transformación real y duradera en La Guajira y el país, donde defender los territorios, es defender la vida misma.
Revive aquí, la intervención de Camilo Niño, en la Corte Constitucional:
La Secretaria Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, rechazamos el asesinato de Luis Eduardo Timana García, ex autoridad del resguardo indígena Kwet Wala de Pradera en el departamento del Valle del Cauca, líder de la Asociación Nasa y candidato al concejo municipal del Pradera.
De acuerdo con el comunicado de la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca, el viernes 4 de agosto, siendo las 8:24, fue asesinado Luis Eduardo Timana García, cuando se dirigía junto con su esposa a la comunidad del Nogal resguardo de Kwet Wala en el municipio de Pradera. En el trayecto fue interceptado por dos hombres en motocicleta quienes le disparan en varias ocasiones causándole la muerte. Luis Eduardo había sido amenazado mediante panfletos en días pasados por las Águilas Negras y la Nueva Marquetalia.
Desde la Secretaria Técnica Indígena nos solidarizamos con la familia de Luis Eduardo Timana García, y la comunidad del pueblo Nasa en el Valle del Cauca. Además, reiteremos el llamado que hacemos al Gobierno Nacional para encontrar una salida al flagelo del conflicto armado que hoy se ha convertido en un círculo vicioso difícil de romper. Insistimos a aperturar de manera rápida un camino real que nos lleven a un cese al fuego definitivo que actualmente atenta contra el derecho a la vida, la libre movilidad y la cotidianidad de nuestros líderes en el territorio nacional.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y su Secretaria Técnica Indígena (en adelante CNTI- STI respectivamente) insiste en el llamado al gobierno nacional para dar claridad sobre la gestión realizada por parte de la Agencia Nacional de Tierras (en adelante ANT) con relación a las hectáreas formalizadas de territorios indígenas en lo que va en el gobierno actual. Frente a lo cual expone los siguientes puntos, respecto de los cuales es necesario se hagan las correspondientes claridades y precisiones, a saber:
(I) Existe una falta de coincidencia de las cifras reportadas y presentadas por parte de la -ANT en diferentes escenarios, y las presentadas por Presidencia en marzo de 2023:
El 01 de marzo de 2023, la ANT anuncio a través de sus redes sociales la entrega de 826.340 hectáreas a comunidades indígenas. De igual forma, el día 10 de marzo, Presidencia de la República informó la entrega de 910.893 hectáreas formalizadas en favor de pueblos indígenas. Reportes que evidencian discordancias entre lo señalado por estas dos entidades.
Para el 14 de julio de 2023, en el marco de la segunda sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el director de la ANT, Gerardo Vega Medina, señaló que a la fecha 854.811 hectáreas habían sido entregadas- formalizadas a pueblos indígenas.
Posteriormente el 1 de agosto de 2023, en la mesa técnica de revisión y análisis de cifras en el seguimiento del compromiso No. 9 de la II sesión mixta de la CNTI del 2023, se informó que con corte al 27 de julio, entre entrega, registro y nuevos actos administrativos que se han formalizado alrededor 777.436 hectáreas.
Estos datos dan cuenta de la falta de coincidencia de lo reportado y presentado por parte de la ANT respecto del número real de hectáreas formalizadas a pueblos indígenas. Sobre este punto la STI-CNTI ya ha advertido que la ausencia de rigurosidad y precisión en el reporte de cifras de formalización de territorios puede generar conflictos entre las organizaciones indígenas y otros sectores sociales sujetos de la reforma agraria.
(II) La ANT reporta en la gestión de la formalización de territorios indígenas, la entrega material y protocolaria de las resoluciones:
En la mesa técnica de revisión y análisis de cifras del 1 de agosto, la ANT indica que en el conteo total de hectáreas formalizadas se han sumado los actos administrativos de constitución y ampliación entregados de forma material a las comunidades indígenas, dejando a un lado el hecho de que dichas resoluciones fueron expedidas e inscritas ante las ORIP en gobiernos anteriores, siendo esta una actividad de entrega protocolaria que aunque celebramos, no está establecida en el proceso de formalización de territorios indígenas. Sin embargo, sobre esa gestión de entrega protocolaria, la ANT reportó a la STI-CNTI, en el marco de la mesa técnica de revisión y análisis de cifras que fue realizada el pasado 1 de agosto, un total de 580.516, 76 hectáreas entregadas.
Es importarte reiterar que no obstante reconocer su impulso institucional en la materia, se requiere que la ANT, en sus reportes de gestión y avance sobre la formalización de territorios indígenas en el país, especifique en cada una de sus socializaciones la cifra correspondiente a la entrega protocolaria de títulos, pues esta corresponde al 74 % de la gestión anunciada, y solo el restante 26%, correspondería a expedición y registro de actos administrativos realizados en lo que va del actual periodo de gobierno.
(III) No existe claridad frente a la gestión de las hectáreas que hacen parte de la reforma agraria del actual gobierno y la reforma rural integral del Acuerdo Final para la Paz:
La ANT no cuenta con información clara y diferenciada del número de hectáreas que están siendo formalizadas mediante la implementación de la política de Reforma Agraria de la administración actual, de las que corresponderían al número de hectáreas formalizadas en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral que es parte del compromiso de implementación tanto del punto 1 como del capítulo étnico que están contenidos en el Acuerdo Final de Paz. Y por lo mismo, la agencia no ha logrado determinar y comunicar de manera clara y oportuna qué cifras corresponden a cada una de las dos reformas en mención, lo cual genera serias dificultades al ejercicio del seguimiento de avances diferenciados en la materia.
(IV) No hay precisión sobre los criterios y/o mecanismos institucionales con el que cuente la Agencia Nacional de Tierras para el reporte y seguimiento de las cifras para evitar una posible doble contabilidad:
En la mesa técnica de seguimiento que fue celebrada el pasado 1 de agosto, la ANT informó a la STI-CNTI que actualmente se encuentra actualizando el Protocolo Interno de Reporte de Información, razón por la cual de las 777.436 hectáreas reportadas en ese espacio (con corte al 27 de julio), se incluyen hectáreas de: (I) actos administrativos registrados y pendiente de registro gestionados en este gobierno; (II) actos administrativos expedidos en anteriores gobiernos y registrados en el gobierno Petro y; (III) actos administrativos entregados materialmente.
Lo anterior evidencia que la ANT no tiene certeza de los actos administrativos de formalización que efectivamente están registrados, dado que está reportando las resoluciones entregadas de forma material y que actualmente se encuentran en el proceso de gestión del registro.
Ejemplo de ellos, es el caso del Resguardo Indígena de Chiasalu del pueblo indígena Wayuú, cuyo acto administrativo fue proferido por la ANT el 28 de junio de 2023, con un área de 27 ha, + 2948 m2, que suma en la categoría de actos administrativos gestionados en el gobierno del presidente Petro pendiente de registro. A su vez, este caso, también se registra en el conteo de la entrega material de dicho título que fue realizada el mismo día según la matriz entregada por la agencia en la mesa técnica del 01 de agosto; lo que le lleva a incurrir en una doble contabilidad con relación a las hectáreas formalizadas para pueblos indígenas.
Por lo anteriormente expuesto, desde la STI-CNTI se reitera el llamado a la Agencia Nacional de Tierras, para que ofrezcan a la opinión pública, un mayor nivel de precisión respecto a las cifras reales que corresponden a los avances en el proceso de formalización de territorios indígenas en lo va durante el periodo de gobierno actual, diferenciándolas de las gestiones que fueron adelantadas y finalizadas durante gobiernos anteriores, dado que la información presentada de esta manera, genera fuertes implicaciones políticas.
Para ampliar información remitirse al siguiente artículo en donde encontrará el seguimiento realizado por parte de la Secretaría Técnica Indígena a los reportes de formalización territorial de pueblos indígenas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Durante este encuentro, se compartió el trabajo que se ha venido realizando conforme a los mandatos establecidos por decretos ley como el 1397 de 1996, que da origen a este espacio, el 4633 de 2011, Ley de Víctimas, el 2333 de 2014, por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas, el 1953 de 2014, el cual crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios, el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final de Paz, en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras y por último, el decreto 1824 de 2020, que corresponde a la vigencia de los títulos de los resguardos de origen colonial y/o republicano.
Durante este encuentro, se compartió el trabajo que se ha venido realizando conforme a los mandatos establecidos por decretos ley como el 1397 de 1996, que da origen a este espacio, el 4633 de 2011, Ley de Víctimas, el 2333 de 2014, por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas, el 1953 de 2014, el cual crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios, el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final de Paz, en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras y por último, el decreto 1824 de 2020, que corresponde a la vigencia de los títulos de los resguardos de origen colonial y/o republicano.
Los acuerdos están relacionados con temas estructurales para agilizar los procesos de formalización y seguridad jurídica de los territorios. Así mismo, el avance en el tema presupuestal para las garantías de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales, fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica SIG, el Plan de descongestión y de choque que tiene el Gobierno Nacional frente a los casos de enfrascamiento de las solicitudes de formalización.
estado presentando de manera mensual. Así mismo, el plan de descongestión el cual no tuvo respuesta en la segunda sesión y del que se espera se logre avanzar sobre el número de solicitudes que se han radicado en el Ministerio del Interior en los temas de ampliación y constitución de los territorios ancestrales.
La adecuación institucional para el fortalecimiento de las capacidades administrativa, financiera, técnica y humana con el fin de resolver con celeridad, calidad y oportunidad las solicitudes de los pueblos indígenas. Por último, el seguimiento del casos Barrulia donde la Unidad de Restitución de Tierras, presentará el informe técnico realizado por el equipo de la Dirección de Asuntos Étnicos para la viabilidad de la solicitud de la medida cautelar para las comunidades indígenas de Barrulia, Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael de Warrojo del pueblo Sikuani.
(I) Existe una falta de coincidencia de las cifras reportadas y presentadas por parte de la -ANT en diferentes escenarios, y las presentadas por Presidencia en marzo de 2023:
