La CNTI, presentó los obstáculos que impiden superar el Estado de cosas inconstitucionales declarados por la Corte en la sentencia T-025

La CNTI, presentó los obstáculos que impiden superar el Estado de cosas inconstitucionales declarados por la Corte en la sentencia T-025

En el marco de la audiencia de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, programada por la Corte Constitucional, el día 10 de mayo de 2024, el Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas participó en el bloque temático, relacionado con el retorno, reubicaciones y reparación integral, exponiendo elementos para el seguimiento al Estado de Cosas de Inconstitucionalidad y de los efectos en los derechos territoriales para los pueblos indígenas.

Durante la intervención, Camilo Niño STI-CNTI expuso ante la sala las consideraciones que desde el espacio técnico de los pueblos indígenas y el Observatorio de Derechos Territoriales Indígenas ODTPI señalan pertinentes para el seguimiento enfocadas en las falencias estructurales y las principales fallas en la política pública y los desafíos que enfrenta para garantizar los derechos de los grupos étnicos.

En ese sentido, mencionó que en Colombia existe una brecha de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Según, información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a corte de febrero de 2024 se han constituido en Colombia 876 resguardos, sin embargo, existen 1.136 solicitudes que no han sido resueltas en favor de los pueblos y comunidades indígenas relacionadas con los procedimientos de formalización, que implica la constitución, ampliación, saneamiento territorial, reestructuración y delimitación de territorios indígenas.

Así mismo, manifestó que de acuerdo con la implementación de la única norma que existe en el país para proteger la posesión de los pueblos indígenas, el Decreto 2333 de 2014, a febrero de 2024 la STI de la CNTI conoció sobre la existencia de 184 solicitudes de protección. Pero, a la fecha y después de casi 10 años de expedida esa norma, y tras múltiples acciones administrativas y judiciales promovidas por la CNTI y las organizaciones indígenas del país, se cuenta con tan solo 13 medidas de protección emitidas por la ANT, de las cuales 10 son reconocidas y 3 lo niegan. Cabe señalar que estas solicitudes de protección se concentran en cinco departamentos como Putumayo, Guajira, Meta, Vichada y Antioquia.

Frente a la restitución de territorios indígenas, la política pese a tener avances, continua siendo limitada, en tanto representa una herramienta para la aceleración de procesos y acciones para la garantía de derechos territoriales que a partir de ajustes internos podría tener mejores resultados, dado que no es suficiente con la actuaciones administrativas y judiciales, si las mismas no representan hectáreas formalizadas, retornos con garantías, lugares sagrados protegidos y familias con soberanía alimentaria y vivienda.

En materia de retornos y reubicaciones, se señaló sobre la imposibilidad de contar con una seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la poca coordinación y complementariedad entre las medidas e instituciones competentes, lo cual, limita un retorno o reubicación efectivo por parte de las comunidades y pueblos indígenas, y por ende, los planes solo se quedan en etapas de formulación o en el mínimo cumplimiento de medidas para la atención de la vulnerabilidad.

Por otro lado, el desconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas implica una agresión a todos sus derechos en razón a la relación estrecha que tiene la vida en sí misma de los pueblos con sus territorios. De manera que, la negación del reconocimiento del territorio, mientras se incentiva e impulsan agendas de desarrollo como, la minería, la explotación de hidrocarburos y la construcción de mega obras de infraestructura, se constituye en un riesgo alto de despojo territorial.

Esto ocurre a la vez que aumentan los asesinatos, atentados y desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones de derechos humanos, contra miembros de las comunidades, autoridades y lideres, como consecuencia de la reconfiguración de las dinámicas de violencia política en los territorios indígenas.

La vulneración sistemática y generalizada del derecho fundamental al territorio, debido a procesos administrativos, entre otros derechos asociadas a su materialización ha generado en las instituciones y autoridades encargadas prácticas inconstitucionales.

Además, existe una ausencia de medidas legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para superar la vulneración de los derechos que genera una problemática social cuya solución requiere de la intervención de varias entidades del Estado.

Así mismo, el grave incumplimiento de fallos judiciales que ordenan a la ANT adelantar procesos de formalización territorial en favor de comunidades indígenas, que, a corte del 09 de febrero de 2024, reporta la atención de 143 órdenes judiciales, especialmente de acciones de tutela y de restitución de derechos territoriales.

Los territorios y las comunidades indígenas son parte de un todo. No se puede separar la existencia e identidad cultural de un pueblo indígena de su territorio, razón por la cual la negación de derechos territoriales o la falta de acceso a procedimientos institucionales que protejan los territorios ancestrales implica una lesión a las comunidades y a la totalidad de sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales.

El despojo, el control territorial por actores armados y bandas delincuenciales, la mercantilización de los territorios por el desarrollo de proyectos extractivos (minería e hidrocarburos), la deforestación, y la construcción de mega obras de infraestructura, sumadas a la falta de reconocimiento y garantías en el acceso a la tierra por parte del Estado, son algunos elementos que han profundizado la inequidad y exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia.

El ODTPI ha identificado que en siete departamentos se han registrado el mayor número de homicidios durante 2021 Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, La Guajira, Antioquia y Chocó. Donde a su vez, se concentran el 57 % de las solicitudes de formalización territorial a nivel nacional. Esto permite establecer que la inseguridad jurídica se constituye como una de las variables que inciden en el incremento de las amenazas contra los procesos político organizativos de los pueblos indígenas, de manera que el ejercicio de los liderazgos en torno a la defensa de la vida y el territorio se configuran como elementos de riesgo constante a nivel nacional en la ardua labor de la protección de sus territorios.

Lo anterior muestra un panorama de derechos humanos preocupante en el que a diario los pueblos y comunidades indígenas se ven sometidas a acciones de grupos armados y las omisiones y acciones negligentes de instituciones públicas que no garantizan ni protegen sus territorios. Desde los pueblos indígenas se ha pedido la adopción de medidas preventivas, colectivas y de derecho propio para la protección de las comunidades, dentro de ellas, y de vital importancia, la respuesta urgente y eficaz de la institucionalidad agraria a las exigencias en materia territorial.

Es necesario tomar las medidas para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos territoriales indígenas y la autonomía territorial frente a invasiones y agresiones de diversos actores como los ya referidos y los distintos actores armados, entre ellos, los carteles del narcotráfico, disidencias de las FARC, grupos paramilitares y el crimen organizado; quienes ocupan los territorios indígenas y desarrollan actividades económicas que afectan de manera muy grave la sostenibilidad de los territorios, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, contribuyendo a la violencia y fomentando la pobreza en las comunidades.

Por lo anterior, la STI de la CNTI recomienda la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia territorial y que, a instancias de la Corte Constitucional, se declare la crisis de los derechos de los pueblos indígenas y se haga el llamado a la adopción de políticas estructurales que pongan fin a la negación de derechos.

¡Defender los territorios, es defender la vida!

El STI-CNTI expuso ante la Corte Constitucional la vulneración de derechos territoriales, especialmente en el Putumayo

El STI-CNTI expuso ante la Corte Constitucional la vulneración de derechos territoriales, especialmente en el Putumayo

El Secretario Técnico Indígena Camilo Niño, participó en la sesión de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, que declara un Estado de Cosas Inconstitucional, desarrollada en el departamento del Putumayo por parte de la Corte Constitucional. En este espacio el STI expuso ante la Sala de Especializada de Seguimiento a la sentencia, la situación actual en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas a nivel nacional, haciendo énfasis en el Putumayo, departamento con mayor rezago institucional en materia de formalización de territorios indígenas.

Camilo Niño, mencionó que existe una falta de reconocimiento y efectividad en los trámites de formalización de la propiedad colectiva indígena, al igual que los procedimientos de protección a la posesión de los territorios ancestrales.

Además, explicó que las entidades del Estado encargadas de estos procedimientos no avanzan debido a las demoras en las áreas administrativas en procesos de contratación y suscripción de convenios interadministrativos, la falta de coordinación interinstitucional, los problemas estructurales en los procesos de formalización y protección, que se traducen en la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos indígenas en Colombia y de su revictimización.

En ese sentido, el departamento del Putumayo tiene el mayor número de solicitudes indígenas para la constitución, ampliación y protección de territorios en la actualidad. Según, la información de la Agencia Nacional de Tierras existe 170 solicitudes, que equivalen al 15% del total de solicitudes del país.

Por ejemplo, se encontraron solicitudes que datan de 1988 presentadas por el Resguardo Indígena Samonoy San Andrés, para la constitución de resguardo, ubicado en el municipio de Sibundoy. También la solicitud de 1994 que corresponde al pueblo indígena Awa, para la constitución de resguardo de la comunidad Irak ubicado en el municipio de San Miguel.

De acuerdo a lo anterior, la STI de la CNTI han evidenciado algunas problemáticas que no permiten avanzar en los procesos de las solicitudes que hacen los resguardos indígenas, que una omisión sistemática de las instituciones como las interpretaciones regresivas, exigencias de requisitos por fuera de ley, deficiente gestión documental de las solicitudes y falta de asignación suficiente de recursos para llevar a cabo dichos procesos.

También se resaltó el grave incumplimiento de los fallos judiciales, los cuales ordenan a la ANT adelantar procesos de formalización territorial en favor de comunidades indígenas. En efecto, a corte de febrero de 2024 del total de órdenes, solo reportan la atención de 143, especialmente de acciones de tutela y de restitución de derechos territoriales.

Los pueblos indígenas se ven altamente afectados por la falta de garantías jurídicas territoriales ante la ausencia de formalización, registro, demarcación de territorios y actualización catastral, quienes además sufren consecuencias importantes por la demora o dilaciones administrativas y la falta de respuestas sobre las solicitudes y procesos de formalización y la pérdida de los expedientes de formalización.

Además, la crisis de los derechos territoriales de los pueblos indígenas está estrechamente relacionada con la crisis de derechos humanos, que se evidencia en el aumento del número de asesinatos y agresiones en contra de miembros de las comunidades indígenas.

De manera que es necesario tomar las medidas para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos territoriales indígenas y la autonomía territorial frente a estas agresiones. Siendo necesaria la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia territorial que a instancias de la Corte Constitucional declare la crisis de los derechos de los pueblos indígenas, y haga el llamado a la adopción de políticas estructurales que pongan fin a la negación de derechos.

Pese a que el panorama no es alentador, la Secretaria Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios espera que la Corte Constitucional adopte las medidas necesarias para protección integral de los derechos los pueblos indígenas que abarca el reconocimiento de sus derechos territoriales para el goce efectivo de sus territorios conforme a las tradiciones culturales y ancestrales.

¡Defender los territorios, es defender la vida!

Manual para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas

Manual para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas

Manual para la Defensa de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas
Teniendo en cuenta la responsabilidad de monitorear y fomentar la concertación para garantizar y proteger de manera efectiva los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, la STI-CNTI y su ODTPI ponen a disposición de los pueblos indígenas y del público en general este manual, el cual tiene como objetivo ser una herramienta en los procesos de reafirmación y defensa de nuestros derechos territoriales.

Con este propósito, el manual comienza por resaltar los antecedentes y el funcionamiento de la STI-CNTI, para luego presentar tres secciones principales. La primera sección se centra en el contenido de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, donde se describen de manera concisa once de sus manifestaciones y desarrollos clave.

La segunda sección aborda las vías jurídicas para la demanda de los derechos territoriales indígenas en cinco contextos específicos: los procedimientos de formalización y seguridad jurídica del derecho a la propiedad colectiva; los procesos para la protección y restitución de los derechos territoriales indígenas; la importancia de la consulta previa; las acciones de tutela e inconstitucionalidad; y el m arco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La tercera y última sección presenta diversos aspectos de la comunicación indígena como una herramienta para la protección de los derechos territoriales. Esto se aborda a través de la comunicación indígena propia, los medios y herramientas apropiadas, así como el aprovechamiento de las plataformas radiales.

Fronteras identitarias: un libro que narra la trayectoria de vida de José Camilo Niño

Fronteras identitarias: un libro que narra la trayectoria de vida de José Camilo Niño

El pasado 27 de abril del 2024, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), el evento de promoción de lectura y de la industria editorial más importante de Colombia, se realizó el lanzamiento del libro fronteras identitarias y justicia indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Un libro narra la historia de vida del sakuku mayor (la cabeza o el que piensa) José Camilo Niño Suárez en el cual se evidencia su trayectoria de vida dedicada al trabajo comunitario en ámbitos como la justicia, la educación y la ancestralidad en Nabusímake, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Este lanzamiento contó con la participación de los autores Lorena Torres y Rosembert Ariza. Además de la participación del Camilo Niño Izquierdo, hijo del sakuku mayor y Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI. Durante la presentación del libro conversaron sobre los retos y desafíos para el desarrollo del libro y la importancia de conocer las dinámicas de la unidad y defensa del territorio del pueblo Arhuaco a través de uno de sus líderes más emblemáticos.

En la trayectoria de vida de José Camilo Niño se identificaron puntos esenciales que fueron determinantes en la historia contemporánea del pueblo Arhuaco; la expulsión de la misión capuchina, el fortalecimiento del sistema de educación y su infraestructura, y la impartición de justicia desde fronteras identitarias en las que convergen y armonizan lógicas occidentales con el pensamiento propio y la ancestralidad arhuaca.

La narrativa permite conocer cómo la historia del pueblo, la cultura y la familia lo forjaron como un líder con una gran trayectoria e incidencia en la comunidad. Se espera que esta reconstrucción de su historia de vida sea un homenaje a toda una vida de trabajo comunitario dedicado a defender la justicia y su cultura.

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Pueblos indígenas y Relator Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas denuncian emergencia de árboles transgénicos

Pueblos indígenas y Relator Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas denuncian emergencia de árboles transgénicos

Alarmados porque Brasil ha legalizado 7 variedades de eucaliptos genéticamente modificados que podrían devastar sus bosques, los Pueblos Indígenas denunciaron en la ONU la emergencia de los árboles transgénicos para sus bosques y la biodiversidad.

Asimismo, el Relator Especial de las Naciones Unidas Francisco Calí Tzay recalcó que es necesario proteger la Amazonia y el medio ambiente atrás vez de la titulación y demarcación de los territorios indígenas y “no permitir que haya la creación de bosques transgénicos.”

En el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York, el Observatorio de los Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas (ODTPI) de Colombia y la Campaña para Detener los Árboles Transgénicos iniciaron la Campaña Mundial de los Pueblos Indígenas para Detener los Árboles Transgénicos.

Gustavo Ulcué Campo del Pueblo Nasa e integrante del Observatorio de los Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas (ODTPI) de Colombia compartió su preocupación por los árboles transgénicos. “Los árboles transgénicos amenazan la forma de vida, los conocimientos ancestrales y los sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas.

Cinco de los 7 árboles transgénicos que Brasil ha legalizado están genéticamente modificados para ser resistentes al herbicida tóxico glifosato, que fue fumigado en la Amazonía colombiana con impactos muy adversos para las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana.

Los territorios de los Pueblos Indígenas incluyen el 80% de la biodiversidad del mundo. Los árboles transgénicos podrían tener impactos potencialmente irreversibles para los Pueblos Indígenas, los bosques y la biodiversidad, tales como despojos masivos de tierras y expropiación de territorios, desplazamiento de comunidades, violación de los derechos humanos, agua agotada y contaminada, mayor riesgo de incendios forestales y destrucción de bosques nativos.

Heather Lee, de la Campaña para Detener los Árboles Transgénicos y del Proyecto Ecológico de Justicia Global, denunció que no se está respetando la moratoria de facto del Convenio sobre la Diversidad Biológica contra los árboles transgénicos, lo que amenaza la biodiversidad del mundo. También señaló que “la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático permite que los árboles transgénicos se utilicen para créditos de carbono y REDD+, una falsa solución al cambio climático.” Los proyectos de créditos de carbono han violado los derechos de los Pueblos Indígenas y perjudicado a los Pueblos Indígenas.

Casey Camp-Horinek, Embajador para el Medio Ambiente de Ponca Nation, enfatizó que los árboles transgénicos deben detenerse de inmediato. «Todo lo que hay que hacer, tiene que hacerse ahora. La urgencia está aquí». La distinguida anciana indígena y actriz amada por su papel en la exitosa serie Reservation Dogs estaba consternada por los árboles transgénicos. «¿Quién inventó la tontería y la fealdad de tomar la semilla de este pariente y alterarla en esos laboratorios? Duele cómo estos humanos están inventando estas falsas soluciones a lo que han creado – lo que ellos llaman cambio climático.»

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Organizaciones indígenas se reunieron con Leonor Zalabata embajadora ante la ONU

Organizaciones indígenas se reunieron con Leonor Zalabata embajadora ante la ONU

Líderes y lideresas de diferentes organizaciones indígenas, se reunieron el pasado 18 de abril del 2024, con la Embajadora Leonor Zalabata representante Permanente de Colombia ante la ONU. En el encuentro hablaron sobre la necesidad de integrar las perspectivas y voces de los pueblos indígenas en los asuntos como la paz, seguridad, desarrollo sostenible, derechos humanos y asuntos para la defensa de los pueblos indígenas.

Se propuso estructurar conjuntamente una propuesta como pueblos y organizaciones indígenas del país, sobre la necesidad de incorporar las voces y perspectivas de los pueblos originarios en todas las etapas de diseño e implementación de políticas ambientales y climáticas, puesto que no se puede seguir ignorando la riqueza de conocimientos ancestrales que tiene los pueblos indígenas, ni tampoco los impactos desproporcionados que enfrenta ante las medidas actuales y de esta manera, socializarlo en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas en la ciudad de New York.

Además, se planteó la incidencia de la Embajadora en la COP16 sobre Biodiversidad para lograr una mayor participación indígena en este espacio, donde es necesario que las preocupaciones ambientales sean abordadas de manera prioritaria, con la mirada de los pueblos originarios para que las decisiones tomadas reflejen un verdadero compromiso con la justicia ambiental y social, reconociendo y respetando las formas de vida y conocimientos de los pueblos indígenas.

Por otro lado, se abordó aspectos como la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el cual se ha incrementado después de la firma del Acuerdos de Paz. Se mencionó que es urgente el seguimiento a este acuerdo, sobre todo en el capítulo étnico. Además, que se implementen medidas efectivas para proteger y priorizar los derechos humanos y territoriales de los pueblos Indígenas.

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, resaltó la importancia del apoyo de la Embajadora de Colombia, para que permita generar diálogos con las instituciones y el sistema de las Naciones Unidas en la participación activa de los pueblos y organizaciones indígenas en diferentes en escenarios de diálogo y toma de decisiones a nivel internacional.

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