La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se reunió con la Viceministra (E) de Desarrollo Rural, Lilia María Rodríguez, del Ministerio de Agricultura el pasado 27 de febrero con el propósito de articular iniciativas y abordar temas estratégicos en la defensa de los territorios indígenas en Colombia. Durante el encuentro, se destacó el avance en la gestión, articulación y contribución de acciones por parte de la Agencia Nacional de Tierras en la Dirección de Asuntos Étnicos.
El Secretario Técnico Indígena, Camilo Niño, enfatizó la importancia de establecer canales de comunicación efectivos, con información veraz y estrategias conjuntas, considerando los cambios en funcionarios y el contexto político actual. En este sentido, se plantearon varios puntos clave:
Agilización de la expedición del Decreto 2333 de 2014: El MADR se comprometió a dar celeridad a la modificación y expedición del Decreto, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, para garantizar una protección expedita de los territorios indígenas.
Reforma Agraria: Se resaltó la importancia de conocer los avances, mecanismos e instrumentos de la Reforma Agraria, con el fin de colaborar en su implementación.
Socialización de normatividades: El MADR se comprometió a realizar mesas técnicas de trabajo para contextualizar las normativas pertinentes.
Avance integral sobre los acuerdos suscritos con el Pueblo Arhuaco: Se destacó la importancia de este compromiso en los procesos de seguridad jurídica de su territorio ancestral.
Lineamientos de la política pública de territorio, territorialidades y ancestralidad: Avance de la CNTI frente a estos lineamientos para la implementación de consultas y políticas públicas.
Fortalecer el dialogo y la socialización sobre las iniciativas normativas impulsadas por parte de Minagricultura para la materialización de la Reforma Agraria, con el fin de evitar o exacerbar conflictos territoriales intra e interétnicos en el momento de su implementación.
El Ministerio de Agricultura expresó su disposición para articular procesos claves para impulsar, agilizar y tener la información confiable para la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
El compromiso pactado en territorio y firmado en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI marca un hito para el pueblo Arhuaco. El propósito de dicho acuerdo, es crear una ruta integral de protección de los territorios Indígenas del pueblo Arhuaco que comprenden los procesos de Ampliación, Saneamiento, Adquisición y Restitución de los derechos territoriales de los Resguardos Arhuaco de la Sierra, Kogui Malayo Arhuaco y Businchama.
En encuentros previos, se consolidó y contrastó información para la identificación de los predios viables con los que cuentan las comunidades indígenas del proceso de ampliación de los tres resguardos: Arhuaco de la Sierra con 228 predios, Kogui Malayo Arhuaco 171 (carente de los datos necesarios para su especialización en área y hectáreas) y Businchama con 28.
El día 23 de febrero de 2024 en las instalaciones de la Unidad de Restitución de Tierras – URT, se dieron cita las personas voceras y representantes de las comunidades indígenas del Pueblo Arhuaco, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y funcionarios de las diferentes entidades del Gobierno Nacional vinculantes en el proceso con el objetivo de aterrizar la ruta de los predios viables en tanto costos y equipo.
Se expuso por parte de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la proyección del estimado inicial de 5.142,5 millones y un equipo de 87 profesionales para iniciar la ruta de los predios viables. Cada proceso con cada resguardo, tiene un estimado de tiempo de 1 año y medio. Este costeo no incluye los equipos comunitarios en territorio, ni los enlaces permanentes por cuenca, así como tampoco incluye los costos administrativos que cubren alrededor del 12% del presupuesto.
Por ende, en la ruta se empiezan a identificar unos desafíos que requieren aunar esfuerzos, con aliados, entre las instituciones, para agilizar los procesos en términos de tiempo y buscar los mecanismos pertinentes que efectúen los recursos presupuestales en favor de los pueblos indígenas para la formalización. A partir de allí, se debe dar las garantías a los equipos comunitarios que efectúen el acompañamiento del trabajo en territorio para el levantamiento de la información.
Finalmente se establecieron acuerdos entre las instituciones, para avanzar de manera integral en paralelo al costeo, el procedimiento y el equipo. Estos acuerdos fueron tales como;
Por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se van a identificar los traslapes de la restitución individual con las pretensiones aquí requeridas y de este modo en la próxima jornada de trabajo puedan presentar dicha información y la ruta necesaria para que se lleven a cabo los trámites necesarios.
Así mismo deberá revisarse el avance y propuestas de PNN, ACT, la invitación permanente del IGAC y otros actores que se consideren estratégicos.
La CNTI seguirá impulsando y realizando seguimiento a este acuerdo histórico en el avance de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los Pueblos Indígenas de Colombia hemos construido paz ancestralmente. Paz con la naturaleza, paz para la humanidad, paz para las futuras generaciones. Nuestra labor ha salvado y salva vidas todos los días, en nuestros territorios y en el mundo.
Esto solo es posible a través de nuestros sistemas de conocimiento, un saber integral que abarca el origen del universo y las formas de organización, pensamiento, derecho y actuación, fundamentado en una premisa común: el cuidado de la vida. Por ello, sabemos que no es la ley escrita, sino la palabra de vida, la que hace que el pensamiento y la acción sean una sola, convirtiendo los discursos en garantías de derechos verdaderamente universales.
De ahí la importancia de entender y reconocer nuestro rol en la protección, preservación y construcción de la paz y de comprender el alcance de la labor fundamental de las autoridades indígenas para este propósito, el cual debe expresarse en la definición concertada de mecanismos que motiven la participación de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, específicamente en lo concerniente al mandato del Consejo de Seguridad.
Con esta motivación, SOLICITAMOS reunirnos con los 15 miembros del Consejo de Seguridad en su visita oficial al país en el marco del seguimiento al acuerdo de paz y el capítulo étnico. Sin embargo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia unilateralmente y sin mayores explicaciones canceló dicho encuentro, a pesar de que este había sido producto de nuestra ardua insistencia para que la mencionada oficina de Naciones Unidas comprenda los métodos de trabajo con los pueblos indígenas en el país.
Esta situación nos genera serios cuestionamientos sobre el relacionamiento de Naciones Unidas con los pueblos indígenas, organizaciones e instancias de diálogo y concertación que, durante décadas han existido en el país para elevar las voces de nuestros territorios.
Es indispensable que dicha interacción parta del respeto de nuestros gobiernos propios, autoridades y conocimientos tradicionales y el de los procesos organizativos que hemos creado como mecanismo para dialogar con el sujeto occidental.
Revisar el relacionamiento entre el Sistema de Naciones Unidas y nuestros Sistemas de Conocimiento, pasa por legitimar nuestras formas propias, estructuras de gobierno, justicia, administración y toma de decisiones, evitando la acción con daño y promoviendo de manera consciente el fortalecimiento de los Pueblos Indígenas en el país.
Sin embargo, esta revisión no solo debe ocurrir hacia afuera, con profunda preocupación identificamos serias falencias en el comportamiento de la institucionalidad colombiana a la hora de relacionarse con los Pueblos Indígenas y sus distintas estructuras organizativas.
La discriminación estructural enquistada en las formas y fondos institucionales, provocaron la imposibilidad de una gestión preparatoria que permitiera el diálogo entre los Pueblos Indígenas de Colombia con el Consejo de Seguridad. Siendo el Ministerio de Asuntos Exteriores la cartera encargada de liderar dicha gestión, es necesario que convoque de manera urgente a la misión de verificación en Colombia para efectos de avanzar en el mejoramiento de sus métodos de trabajo con los Pueblos indígenas y evitar a futuro este tipo de circunstancias.
Por último, SOLICITAMOS a las misiones promuevan un espacio para que una delegación nuestra sea escuchada ante el Consejo de Seguridad en Nueva York, escenario en el que esperamos poder ofrecer nuestros conocimientos ancestrales para la construcción de paz, nutridos con la sabiduría de nuestros territorios ancestrales y los Sistemas de Conocimiento de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia.
El pasado 26 de enero de 2024, se llevó a cabo un espacio de diálogo con la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y autoridades del Resguardo indígena de Guachavés, cuyo territorio se encuentra en el municipio de Santacruz, en el departamento de Nariño. En este espacio de diálogo, las autoridades de la comunidad indígena solicitaron información relacionada con el estado actual del proceso de clarificación de la vigencia legal de su título colonial, proceso que se viene adelantando desde el 2012.
La STI advirtió, que el procedimiento administrativo se encuentra en rezago desde hace más de una década, inicialmente como consecuencia de los “vacíos normativos y procedimentales” que no permiten la clarificación del título, el cual data de 1902; pero también, por la no implementación del procedimiento establecido en el Decreto 1824 de 2020 posterior a su expedición y entrada en vigor, por parte de la Autoridad Nacional de Tierras.
Sumado a lo anterior, es necesario resaltar que esta entidad se encuentra ad portas de incurrir en un desacato a orden judicial, como quiera que no ha dado cumplimiento a la orden impartida por el Juez de Tutela en el fallo de las autoridades Pastos y Quillasingas, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, el 14 de enero de 2020, que ordena a la ANT concluir los procesos de clarificación de la vigencia legal de los títulos coloniales y/o republicanos de estos pueblos
indígenas.
Así mismo, se evidenció que la entidad, ha omitido dar cumplimiento a las ordenes emitidas por la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco del proceso de restitución consagrado en el decreto 4633 de 2011, en las que activó la ruta de protección étnica territorial y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, entre otras cosas, la culminación del proceso de clarificación de la vigencia del título en favor del Resguardo de Guachavés.
Es importante señalar que la situación expuesta anteriormente, ha llevado a que la comunidad indígena de Guachavés no cuente con seguridad jurídica en su territorio; situación que se agrava dado el recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Nariño, y las afectaciones que sufren las comunidades indígenas por cuenta de la presencia de grupos al margen de la ley y de economías ilegales que afectan su vida.
Como producto de este espacio, se alcanzaron acuerdos tendientes a la definición de un cronograma y una ruta para el impulso del proceso de clarificación de la vigencia del título en favor de la comunidad de Guachavés.
Desde la STI-CTI, se hará constante seguimiento y se adelantarán las acciones de incidencia a las que haya lugar, en clave del impulso y culminación exitoso del procedimiento administrativo.
El Observatorio de los Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas (ODTPI), el pasado 22 de enero del 2024, realizó el comité editorial, un espacio donde se trabajó la ruta para la adopción de una política editorial para los informes de investigación del ODTPI. En ese sentido, se avanzó en una de las líneas denominada ancestrales, en la cual se recopilará elementos que permitan evidenciar la integralidad de la ancestralidad en los territorios y territorialidades indígenas de la altillanura colombiana.
Además, se indagará sobre la importancia del reconocimiento y protección de los espacios, espacialidades sagradas y otros lugares de importancia cultural, biológica, espiritual y ambiental para los pueblos indígenas de la línea negra.
El objetivo, con estos informes de investigación es que la institucionalidad y sociedad en general comprendan el significado integral de la ancestralidad, puesto que existe un predominio de una concepción de ancestralidad carente de sentido de la territorialidad y en consecuencia fragmentada, la cual es vista desde de la lógica de ordenamiento territorial y de este modo la seguridad jurídica territorial presenta un rezago histórico.
Además, es necesario que a través de este ejercicio se logre consolidar una política pública que contribuya a la comprensión e integración de los principios orientados por el Derecho Mayor y la Ley de Origen como leyes consuetudinarias y por tanto vinculantes en los contextos de toma de decisión nacional, donde los territorios sean reconocidos de acuerdo a los sistemas de conocimiento de cada pueblo indígena.
Por otro lado, también se trabajó en la definición de los criterios de selección de los 31 territorios, respecto a los cuales el ODTIP realizará incidencia para la defensa de los derechos territoriales indígenas de los pueblos y comunidades ancestrales, específicamente en el departamento del Putumayo.
De acuerdo con lo anterior, los municipios donde se llevará a cabo esta incidencia serán los siguientes: Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Valle del Guamez. En los cuales se buscará identificar las problemáticas estructurales en los procesos de solicitudes de formalización, protección a la posesión de los territorios ancestrales y de la restitución de derechos ancestrales, para hacer incidencia ante la institucionalidad y así lograr el goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en este departamento.
Finalmente, el Observatorio de los Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas, continuará trabajando en los informes de investigación y en las rutas para la garantía y defensa de los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
Denuncia Pública de las Autoridades Indígenas del Resguardo de Canoas
La Autoridad Tradicional y comunidad en general, denuncian ante la opinión pública nacional e Internacional, los graves hechos que viene ocurriendo en el Norte de Cauca y en particular en nuestro Resguardo Indígena de Canoas, causado por los actores armados que se disputan nuestros territorios.
En la mañana de hoy 22 de Diciembre de 2023, en horas de la mañana fueron masacradas 5 personas entre las veredas de Vilachi y la parcelación de Carbonero, las Víctimas responden a los Nombres de Jhon Freyman Ramos Ocaña, docente de la Institución Educativa Agropecuaria las Aves de este territorio; Su Esposa Yisel Mensa y su hija de Helen Charit Ramos Mensa de 15 años, residentes en la parcelación de Carbonero de 15 años, igualmente en la vereda Vilachi, fueron masacrados los jóvenes, Davinson Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos. Estos graves hechos se suman a una serie de hechos violentos que vienen ocurriendo en el Norte del Cauca. Estos hechos responden al accionar de los grupos armados que se disputan nuestros territorios y a la negligencia del Estado para avanzar en la consolidación de un proceso de paz verdadero.
La grave situación humanitaria que vive el territorio ancestral de Canoas implica la necesidad de declararnos en asamblea, para:
Realizar la minga hacia adentro que nos permita hacernos una auto reflexión, revisión y corrección interna en el territorio.
Exigir la presencia del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, para acordar acciones concretas que conduzcan a la garantía de los Derechos Humanos y el Territorio. Igualmente solicitamos la voluntad del Gobierno para proponer acciones que conduzcan a una paz verdadera.
Denunciar a los actores armados ante la opinión pública nacional e internacional, los graves hechos violatorios del derecho a la vida que vienen ocasionando los actores armados.
Decirles a los actores armados que nuestros territorios no están para su disputa por lo tanto exigimos cesar su accionar que van en contravía de los Derechos Humanos, la dignidad y la vida
Solicitamos a los organismos de Derechos Humanos gubernamentales y no gubernamentales y entes de Control para mediar ante los Actores del conflicto y exigirles el respeto a la vida y el territorio.
AUTORIDAD ANCESTRAL Y COMUNIDAD TERRITORIO DE CANOAS
La STI advirtió, que el procedimiento administrativo se encuentra en rezago desde hace más de una década, inicialmente como consecuencia de los “vacíos normativos y procedimentales” que no permiten la clarificación del título, el cual data de 1902; pero también, por la no implementación del procedimiento establecido en el Decreto 1824 de 2020 posterior a su expedición y entrada en vigor, por parte de la Autoridad Nacional de Tierras. 
Así mismo, se evidenció que la entidad, ha omitido dar cumplimiento a las ordenes emitidas por la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco del proceso de restitución consagrado en el decreto 4633 de 2011, en las que activó la ruta de protección étnica territorial y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, entre otras cosas, la culminación del proceso de clarificación de la vigencia del título en favor del Resguardo de Guachavés. 
Denuncia Pública de las Autoridades Indígenas del Resguardo de Canoas