Durante los días 10 y 11 de julio se realizó “El diálogo intercultural: aporte de los territorios y territorialidades de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos al cumplimiento de la meta 3 en el Marco Global de Biodiversidad”. En este encuentro participó Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Instituto Humboldt, WCS Colombia y diversas organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.
La CNTI no solo participó como observadora, sino que fue invitada en 2 paneles: “Perspectivas en la interpretación e implementación de la Meta 3” y “Reporte y seguimiento de avances de implementación de Meta 3”. En estos espacios se socializaron los avances, apuestas y agendas de las organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que pueden aportar al cumplimiento de la Meta 3 desde diferentes perspectivas.
Además, se dialogó de qué manera se están reportando y monitoreando los avances del país en Meta 3 teniendo en cuenta diferentes sistemas y fuentes de información, y se analizaron los retos y oportunidades.
En el marco del reporte y la implementación de la Meta 3 del MGB, la CNTI identificó como mayor desafío el desarrollo de mecanismos específicos para monitorear los derechos de los Pueblos Indígenas. Además, para una efectiva evaluación y monitoreo de la protección de la biodiversidad, los desafíos incluyen el reconocimiento y respaldo de los sistemas de información y gestión propios de los Pueblos Indígenas.
Es crucial asegurar la interoperabilidad y coordinación con fuentes de información oficiales y establecer acuerdos políticos que salvaguarden los Derechos Territoriales Indígenas. Finalmente, consideramos indispensable que la información indígena sea incorporada en los informes nacionales y que se cumplan las recomendaciones internacionales para fortalecer estos sistemas de monitoreo.
La sigla COP hace referencia a la Conferencia de las Partes de los Convenios Internacionales de Naciones Unidas. Conferencia de las partes es la reunión que se lleva a cabo de manera periódica, en la que los Estados firmantes de un convenio deben participar. Existen COP de cada uno de los diferentes convenios: las más conocidas son la de Cambio Climático y la de Diversidad Biológica. La COP de Cambio Climático, también conocida como la cumbre sobre el clima, se celebra anualmente. En 2024 se realizará la vigésima novena edición, denominada COP 29. La Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica se realiza cada dos años. En 2024, se llevará a cabo la decimosexta edición, conocida como COP16, en Cali, Colombia.
Las COP son espacios de discusión y negociación entre los Estados participantes, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidos en los convenios. Al concluir estas reuniones, los acuerdos propuestos se formalizan y se publican en documentos denominados decisiones.
En el texto original del convenio, se nos menciona a nosotros, las comunidades indígenas y locales, como actores clave por nuestro conocimiento y prácticas que contribuyen a la conservación de la naturaleza. Sin embargo, no se nos reconoció a los pueblos indígenas como participantes independientes de los Estados firmantes del Convenio.
En 1996, en la preparación de la COP 3 en Buenos Aires, Argentina, varios gobiernos indígenas y organizaciones no gubernamentales indígenas creamos el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB). Este foro se convirtió en una instancia de participación de los pueblos indígenas en las posteriores COP así como un órgano consultivo del Convenio.
En 1998, gracias a la organización del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) se logró el establecimiento del Grupo de Trabajo del Artículo 8J del Convenio.
Luego, en el año 2000, se logró la adopción de un programa de trabajo específico que promueve la participación amplia de los pueblos indígenas. Para nosotros, la creación del Grupo de Trabajo del Artículo 8J del Convenio en 1998, impulsada por el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), representa un logro significativo. Este artículo reconoce y valora nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, esenciales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Nos asegura que se respetarán y mantendrán estas prácticas de acuerdo con la legislación nacional y que nuestra aprobación y participación serán necesarias para su aplicación más amplia.
Además, establece que los beneficios derivados del uso de estos conocimientos deben ser compartidos de manera justa y equitativa con nuestras comunidades. Esto refuerza nuestra posición como custodios clave de la vida y fomenta un reconocimiento más profundo de nuestro papel en la gestión de la biodiversidad global.
En 2014, se modificó el artículo 8 J para cambiar la frase «comunidades indígenas y locales» por «Pueblos Indígenas y Comunidades Locales». Este cambio proporciona un reconocimiento simbólico de nuestra identidad y memoria, y se convierte en un hecho importante en la afirmación de nuestros Derechos territoriales.
Aunque los espacios de participación para nosotros han aumentado desde que se estableció el Convenio, muchos de nuestros líderes, sabedores, autoridades y personas expertas en el tema consideran que estos aún son insuficientes. A pesar de que nuestra participación es efectiva, hasta el momento no logra influir significativamente en la toma de decisiones en las Conferencias de las Partes (COP) ni en las políticas de los países miembros.
A medida que nos acercamos a la COP 16, que se celebrará en Colombia, enfrentamos tanto expectativas como desafíos significativos. Si bien hemos visto un aumento en los espacios de participación desde la implementación del Convenio, persiste la preocupación de que estos no son suficientes para garantizar una influencia real en las decisiones importantes.
Nuestra efectiva participación hasta ahora no se ha traducido en un impacto significativo en la toma de decisiones en las COP o en las políticas nacionales de los países involucrados. Tenemos la esperanza de que la COP16 marque un cambio en esta dinámica, abogamos por un compromiso más profundo y estructuras más inclusivas que posibiliten que nuestras voces no solo se escuchen, sino que también sean determinantes en la configuración de las políticas y prácticas que afectan nuestros territorios y sistemas de vida. Somos protectores de todas las expresiones de vida, y hemos mantenido la biodiversidad y los equilibrios ecológicos a través de nuestros saberes ancestrales.
Por: Secretaría Técnica Indígena – Comisión Nacional de Territorios Indígenas
El 27 de junio de 2024, fue notificado por parte del JUZGADO VEINTIOCHO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., el fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales al territorio, la propiedad colectiva, el debido proceso, el ejercicio de gobierno propio y la dignidad humana, en favor resguardo indígena Inga Calenturas, de Puerto Guzmán, Putumayo, ordenando a la Agencia Nacional de Tierras, culminar los procesos de adquisición de tierras para la ampliación del resguardo y avanzar con el saneamiento del territorio que les fue despojado en el marco del conflicto armado.
La acción de tutela fue interpuesta por la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en razón a la falta de avance por parte de la Agencia Nacional de Tierras en los procesos de adquisición de predios para adelantar la ampliación del resguardo y la reubicación de la comunidad desplazada de su territorio ancestral, así como para adelantar el saneamiento del territorio, actualmente ocupado por colonos y otros actores ajenos al resguardo indígena.
Los procesos de adquisición de tierras destinadas a la ampliación del resguardo y el saneamiento del territorio formalizado por el otrora INCORA, fueron ordenados en el marco de las órdenes 09 y 22 del Auto Interlocutorio N°. 00108 de 2018 en el que se decretaron medidas cautelares por parte del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE MOCOA, en favor de la comunidad, dentro del proceso de Restitución de Derechos Territoriales.
La Secretaría Técnica Indígena, argumentó el incumplimiento de las medidas cautelares, en razón a la inactividad de la ANT para la adquisición de tres predios a efectos de ampliar el resguardo y reubicar a la comunidad mientras se materializa el saneamiento y la restitución del territorio resguardado. En escrito de tutela, la STI de la CNTI, advirtió, además, que a pesar de que las ofertas de los inmuebles fueron radicadas hace más de cuatros años, aun no se han adelantado los procedimientos ordenados por el Juez de restitución, así mismo, señaló el incumplimiento de los acuerdos suscritos durante las sesiones mixtas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), orientados a la entrega material de los territorios a la comunidad indígena.
Frente a lo anterior, en el fallo emitido, el despacho judicial expresó que el proceso de adquisición ha presentado una dilación ostensible, y avizora que existe una mora en cabeza de la ANT dentro de los tres procesos de adquisición de los predios. El juez manifestó que esta dilación injustificada es una afectación al derecho fundamental al debido proceso, puesto que dentro de las prerrogativas que lo componen se encuentra el principio de celeridad, principio obviado por la ANT en el presente caso.
Así mismo, el despacho judicial en el fallo referido, consideró que la ANT está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso en el marco del saneamiento del territorio constituido como resguardo a finales de la década de los 80s, por cuanto se ha dilatado injustificadamente la programación y realización de las visitas al territorio, y solo se ha limitado a señalar que esta dilación obedece a razones de riesgo público, sin acreditar el impulso a la concertación de esta etapa procesal.
En suma, el juez constitucional, en el fallo emitido, manifestó que existió una vulneración al derecho fundamental al debido proceso en cabeza de la ANT, por la dilación injustificada tanto en el proceso de adquisición de los tres predios para la reubicación de la comunidad, como en el proceso de saneamiento del resguardo; situaciones que han redundado en afectaciones a las prerrogativas fundamentales de la comunidad al territorio, a la propiedad colectiva, al ejercicio del gobierno propio y a la dignidad humana.
Frente a lo anterior, el JUZGADO VEINTICOCHO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C., a través del fallo mencionado, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), primero, avanzar inmediatamente con la coordinación con la comunidad, para adelantar la visita al territorio para continuar con el trámite de saneamiento. Segundo, ordenó a la ANT que avance inmediatamente con los procesos de adquisición de los predios ofertados para la ampliación del resguardo y la reubicación de la comunidad.Esta medida judicial es de vital importancia para la comunidad indígena Inga Calenturas por cuanto representa un avance en los procedimientos que permiten la satisfacción de sus derechos territoriales y fundamentales en aras de evitar su extinción física y cultural como sujetos de especial protección constitucional.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y su Observatorio de Derechos Territoriales, nos encontramos participando del Diálogo regional sobre estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad para América Latina, evento organizado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y se desarrolla en la ciudad de Lima desde el 25 al 28 de julio al 2024
Camilo Niño Secretario Técnico Indígena de la CNTI, agradeció por la invitación a participar de este importante evento organizado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), al igual que lo planteado en el evento sobre meta tres (3) desarrollado en Costa Rica la primera semana de junio del presente año, planteó que la participación de la CNTI en este tipo de eventos previos o preparatorios a la Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica que se desarrollará en la ciudad de Cali en el mes de octubre de 2024 es clave, porque estos escenarios no solo posibilitan el compartir experiencias entre pueblos hermanos, sino que además ayuda a fortalecer la cooperación internacional en la protección de la biodiversidad.
Nuestra presentación CNTI y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas estuvo focalizado en la atención en los derechos territoriales para los pueblos indígenas en Colombia, ya que de ellos depende la protección y seguridad jurídica además del desarrollo de su vida física, espiritual y sociocultural.
La garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas va más allá de la consolidación legal de territorios constituidos. La protección del territorio, en ese sentido, no solo implica el reconocimiento legal y jurídico, sino sobre todo abarca la protección y reivindicación de sus territorios como espacios de significado ancestral y tradicional, fundamentales para su identidad y pervivencia cultural. La protección efectiva de los territorios indígenas debe considerar la gestión autónoma de sus recursos, respetando sus sistemas de gobierno propio, sus prácticas culturales y su relación espiritual con la tierra.
De igual modo Camilo Niño planteo ante los participantes que la garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es fundamental para su pervivencia y bienestar. Esto requiere la implementación de medidas concretas que incluyen la protección de áreas sagradas más allá de los resguardos existentes, el respeto por los territorios tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas, y el reconocimiento de su derecho al autogobierno y a la autodeterminación dentro de estos territorios. Además, es esencial asegurar su participación efectiva a través de la consulta previa en cualquier proyecto que les afecte. Proteger estos territorios de amenazas como la explotación industrial y la deforestación es crucial para mantener la integridad de sus territorios y sus sistemas de vida.
Entre los puntos claves que se han venido desarrollando en el marco del diálogo regional sobre estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad para América Latina están:
Fortalecimiento de Capacidades: Se han iniciado programas destinados a mejorar las capacidades de los países en desarrollo para implementar políticas de biodiversidad de manera efectiva. Estos programas incluyen capacitación, transferencia de tecnología y desarrollo de infraestructuras necesarias para la conservación de la biodiversidad.
Movilización de Recursos: Se han delineado estrategias para aumentar la financiación destinada a proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. La movilización de recursos incluye tanto financiamiento nacional como internacional, así como la participación del sector privado y la sociedad civil.
Monitoreo y Evaluación: Se han establecido mecanismos robustos para monitorear y evaluar el progreso hacia las metas del Marco Global de Biodiversidad. Estos mecanismos permitirán ajustar las estrategias según sea necesario para asegurar que se alcancen los objetivos planteados para 2030.
Participación Inclusiva: La decisión promueve la inclusión de comunidades locales, pueblos indígenas y actores no estatales en la toma de decisiones y en la implementación de políticas de biodiversidad. La participación de estos grupos es esencial para asegurar que las políticas de biodiversidad sean equitativas y efectivas.
Como Secretaría Técnica Indígena resaltamos la importancia de los pueblos indígenas en el cuidado y protección de la biodiversidad. Los pueblos indígenas poseemos conocimientos tradicionales valiosos y practican una gestión sostenible de nuestros territorios, los cuales son cruciales para la protección de los ecosistemas. La toma de decisiones globales sobre biodiversidad garantiza que sus derechos y conocimientos sean respetados y valorados.
Los pueblos indígenas hemos demostrado ser guardianes de la biodiversidad, y nuestra participación en estos escenarios ha sido vital para asegurar que las políticas adoptadas reflejen sus necesidades y perspectivas, siendo así un componente clave para el éxito de los esfuerzos de conservación a nivel global.
Finalmente, esperamos que las acciones que se vayan adoptando en materia del cuidado, protección y armonía con la biodiversidad, representen un avance significativo en los esfuerzos globales para el fortalecimiento de la biodiversidad, resaltando así la importancia de incluir a los pueblos indígenas en estos esfuerzos y de este modo se podrá asegurar un futuro en el que la biodiversidad prospere, beneficiando tanto a las personas como a la madre tierra.
Defender los Territorios Indígenas es defender la vida y la biodiversidad
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, como instancia de concertación de los más de 115 pueblos indígenas, ha posicionado e impulsado acuerdos nacionales y territoriales entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional, buscando mecanismos para que se garantice el acceso, la formalización y la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
En ese sentido, realizó el informe “entretejiendo palabra de vida por los territorios: concertación vigencia 2023”, el cual expone las discusiones, debates y acuerdos más relevantes de las seis sesiones mixtas del año 2023. Año en que se suscribieron 93 acuerdos, abordando temas relevantes para los pueblos indígenas en la defensa del territorio y el reconocimiento espiritual, físico y cultural de los pueblos como sujetos de especial protección.
El informe contiene cinco apartados. El primero, recoge las discusiones más importantes en el marco de las seis sesiones transcurridas en el año 2023 relacionadas con establecer un plan de descongestión, adecuación institucional, normativa y seguimiento presupuestal. Estos temas con sus respectivos acuerdos logrados, buscan agilizar la materialización de los derechos territoriales y superar los obstáculos recurrentes e históricos en materia territorial.
Además, señala que las disposiciones dadas por el Estado no son suficientes, y se han identificado brechas de interpretación, especialmente en casos de protección, donde se niegan los vínculos territoriales a partir de las premisas de continuidad y permanencia, negando así los derechos territoriales indígenas. Es decir, se ha limitado la protección al derecho desde una perspectiva de la posesión material, más civil, exclusiva e ininterrumpida, desconociendo los vínculos inmateriales, el despojo, el conflicto armado y la que ha sido su reconfiguración hasta el presente.
En el segundo y tercer capítulo se realizó el balance de los acuerdos acumulados desde 2009, según el Sistema para el Monitoreo de Acuerdos- SIMA, los acuerdos suscritos en la vigencia 2023 y un balance del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 frente a los acuerdos impulsados y en seguimiento por la STI de la CNTI.
El cuarto y último apartado expone brevemente la estrategia de la STI de la CNTI que tiene por objetivo fortalecer la articulación territorial con organizaciones locales, regionales y nacionales, para que, a través del relacionamiento con las autoridades propias y la suscripción de acuerdos por bloques de solicitudes, pueda impulsarse procesos y procedimientos integradores interinstitucionales para avanzar hacia el reconocimiento integral de los territorios de los pueblos indígenas.
Finalmente, se proponen unas reflexiones finales sobre los avances y retos técnico- políticos en materia territorial indígena a 2024. Uno de ellos, es frente a la importancia de culminar el rezago histórico institucional que ha llevado a la vulneración de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, afectando a su vez la capacidad para atender nuevas solicitudes. Cabe resaltar la urgencia de la articulación inter e intrainstitucional para proteger la pluralidad de relaciones históricas de los pueblos indígenas con el territorio.
El pasado 12 y 13 de junio, la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán y la Inspección de Policía realizó acciones de desalojo contra de la comunidad indígena de Barrulia del pueblo Sikuani, quienes se encontraban asentadas en su territorio ancestral en el sector de Paratebueno. Este territorio ha sido divido en diversos predios, uno de ellos es Villa Esperanza donde se llevó a cabo el proceso de desalojo sin que se hiciera una identificación y caracterización de la comunidad indígena.
Estas acciones vulneran de forma directa la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda vez que las acciones adelantadas por la Alcaldía en el desalojo no han observado el debido proceso, ni tampoco se han adelantado medidas alternativas de protección a la vivienda de esta comunidad, perdiendo de vista la protección reforzada de la comunidad indígena desalojada, tal como lo ha sido reconocido en la sentencia T-391 de 2022, que señala: “los ocupantes irregulares de predios privados que son víctimas de desplazamiento forzado o SEPC que “no cuentan con otra alternativa de vivienda y carecen de los medios materiales para procurarla”, son titulares de una protección procesal y sustantiva reforzada frente a los desalojos de los predios que ocupan irregularmente”.
Actualmente las familias desalojadas, se encuentran en el polideportivo del barrio indígena UNUMA en el casco urbano de Puerto Gaitán. Debido a la negativa de la Alcaldía de garantizar condiciones humanitarias de albergue, alimentación y atención prioritaria a salud de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Las autoridades indígenas han manifestado que la Alcaldía de Puerto Gaitán no garantizó las condiciones necesarias porque muchas personas de esta comunidad están censadas en otros resguardos. Este actuar evidencia la negación en la garantía de derechos de esta población que ha sido víctima del conflicto armado, del carácter de pueblo seminómada y de la protección reforzada constitucional como pueblo indígena en riesgo de exterminio físico y cultural.
De manera que, exigimos a la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán y a la Gobernación del Meta garantizar las medidas de albergue, alimentación y salud que implica la condición de constitucionalidad de las acciones de desalojo.
Alertamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura, para que en el marco de su mandato y de sus funciones constitucionales garanticen los derechos a la seguridad y vida de la comunidad de Barrulia que se encuentran en condición de vulnerabilidad, como sujetos de especial protección del estado, así como víctimas del conflicto armado.
