Finaliza el 2018 y con él la última sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, esta continuará con el objetivo de definir las rutas para garantizar el goce efectivo de los derechos territoriales de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Colombia.
El jueves 20 y viernes 21 de Diciembre se reunirán los delegados indígenas de las cinco organizaciones con asiento en la misma, Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus Macroregiones, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor en espacio autónomo y con Gobierno Nacional.
La agenda iniciará con un balance de logros y retos actuados en este espacio durante las sesiones anteriores. Posteriormente, se abordaran tareas muy importantes para el movimiento indígena colombiano como la finalización de la ruta y la efectiva protocolización del decreto que busca la clarificación de títulos pendiendetes por expedición y dar seguridad jurídica a los resguardos de origen colonial y republicano. Para finalizar, se realizará la revisión de los acuerdos pactados en el marco de este espacio y el seguimiento a los mismos.
Desde la Secretaría Técnica de la CNTI reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
En cumplimiento a la agenda pactada entre la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia – CNTI y el Gobierno Nacional, se llevará a cabo la Cuarta sesión en espacio autónomo con el objetivo de definir las rutas para garantizar el goce efectivo de los derechos territoriales de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Colombia. Está se realizará en el salón de eventos J&F ubicado en la Cra 33 Nº 25ª- 38, Bogotá.
Desde el Jueves 25 hasta el Sábado 27 de Octubre se reunirán los delegados indígenas de las cinco organizaciones con asiento en la misma, Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor y las Macroregiones en espacio autónomo para preparar el espacio de concertación con el gobierno nacional que según el viceministro de desarrollo rural Javier Pérez Burgos convocará para el 21 y 22 de Noviembre de 2018.
La agenda iniciará a las 2:00pm con el saludo y la presentación de todos los delegados de las organizaciones, posteriormente la Agencia Nacional de Tierrasbrindará una capacitación abiertaa todos los miembros de las organizaciones indígenas interesados en los temas de territorio sobre Procedimientos de legalización territorial de los Pueblos Indígenas, para finalizar este primer día con el balance de la sesión #3 de la comisión.
En el segundo día se planea brindar una capacitación en formulación y seguimiento de acuerdospor parte del equipo técnico de la CNTI en alianza con CODHES, posteriormente continuar con el balance de acuerdos realizados en el marco de las sesiones de la CNTI y finalizar con el balance de acuerdos para el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, agenda direccionada a los delegados de las organizaciones indígenas.
Para finalizar se expondrá la estrategia jurídica diseñada al interior de la secretaría técnica indígena de la CNTI y la estrategia de fortalecimiento de la comisión, lo que implica la gestión, alianzas estratégicas y el componente de comunicaciones.
*Nota: confirmar asistencia a la capacitación abierta ¨Procedimientos de legalización territorial de los Pueblos Indígenas¨ al correo [email protected]
El proceso de constitución y titulación de los resguardos Awia Tuparro con 146.877 hectáreas para el pueblo Sikuani y Nacuanedorro con 96.038 hectáreas para el pueblo Mapayerri, son una realidad.
Hace más de 19 años el Pueblo Mapayerri inició su lucha por la constitución y titulación de su territorio ancestral en Nacuanedorro, ubicado al sur oriente del municipio de Cumaribo – Vichada, inspección Santa Rita. Hoy la comunidad se encuentra conformada por apenas 70 personas en riesgo de extinción física y cultural y ha transformado su esencia nómada, como consecuencia del intercambio cultural y los conflictos territoriales con comunidades sedentarias, colonos, actores armados y económicos.
En 1999 inició el proceso para la constitución y titulación de su resguardo. Un proceso que haconcluido a pesar de las dificultades administrativas presentes en el mismo, de que la Corte Constitucional les reconociera el derecho como grupo étnico a la propiedad colectiva para su pervivencia, el goce efectivo de sus derechos territoriales, la identidad cultural, la autodeterminación, la vida digna, al debido proceso y de que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio dictaminara medidas cautelares para la protección de su territorio.
A la resistencia de los Mapayerri se unió la comunidad indígena vecina de Awia Tuparro del pueblo Sikuani, con la que mantienen contacto directo y de intercambio económico. La cercanía de estos dos pueblos los llevó a solicitar ante la Alcaldía de Cumaribo la constitución del resguardo interétnico Marimba Tuparro, que incluía a Nacuanedorro y a los predios que pretendían constituir los Sikuani.
Camino a la constitución y titulación
Entre los años 2008 y 2012 se realizaron diferentes acciones para impulsar el proceso, entre ellas reuniones interinstitucionales y la priorización de este proceso en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y las demás organizaciones indígenas con asiento en la misma. Todas ellas sin resultado. En el año 2013 por primera vez la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reconoció las dilaciones injustificadas y ordenó al INCODER culminar dentro de seis meses el proceso de reconocimiento del resguardo Marimba Tuparro. Decisión que fue confirmada ese mismo año por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Corte Constitucional se pronunció cinco veces a favor de los Mapayerri en las sentencias T-379 de 2014, c, T-213 de 2016, T-110 de 2016 y el auto 266 de 2017. Después de cuatro años de la primera decisión, aparecieron nuevas dilaciones que buscan la separación de los expedientes Awia Tuparro del pueblo Sikuani y Nacuanedorro del pueblo Mapayerri, considerando que una titulación de resguardo interétnico puede ser perjudicial para la identidad cultural de la segunda comunidad.
En el año 2017 la Agencia Nacional de Tierras solicitó un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya que los terrenos se traslapaban en gran medida con una zona de explotación de recursos minero energéticos. A pesar de que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Vichada emitiera la certificación de falta de registro sobre los predios donde se construyeron los resguardos que jurídicamente se entienden como tierras baldías, para la cosmovisión de los pueblos indígenas en Colombia no existe tal término ya que estos terrenos han sido heredados por sus antepasados y hacen parte del territorio ancestral étnico de sus comunidades.
Después de que se identifican como baldíos, inician diálogos interinstitucionales entre Parques Nacionales Naturales, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Ambiente y Ministerio del Interior para unificar criterios legales en la constitución de los resguardos, acciones que dilataron el proceso 1 año más.
En el año 2018 el Ministerio del Interior, Parques Nacionales Naturales y Ministerio de Ambiente emiten pronunciamientos indicando que no era necesaria la identificación previa a la legalización de los territorios de estos pueblos como baldíos, como sostuvo la Agencia Nacional de Tierras debido a que los pueblos Sikuani y Mapayerri ejercían derechos sobre ese territorio ancestral y por el contrario esta interpretación resultaba contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así pues, a finales del mes de Julio el Consejo directivo de la ANT aprobó la constitución y legalización de los resguardos Awia Tuparro con 146.877 hectáreas para el pueblo Sikuani y el resguardo de Nacuanedorro con 96.038 hectáreas para el pueblo Mapayerri.
Por otra parte, en el marco de las sesiones de la CNTI de 2017 – 2018 se celebraron varios acuerdos, entre estos uno que busca la no aplicación del Decreto 1858 de 2015 ya que este representa una interpretación restrictiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otro que vincula a la articulación de las dependencias de la ANT para agilizar los procedimientos. A la fecha, ninguno de los dos acuerdos ha sido cumplido.
Como Secretaria Técnica de la CNTI, celebramos la constitución de los resguardos Awia Tuparro y Nacuanedorro. Continuaremos en nuestro quehacer por la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia.
El pasado 9, 10 y 11 de octubre se realizaron con éxito las sesiones ampliadas de la Mesa permanente de concertación con los Pueblos Indígenas para la concertación de la ruta de consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022: Pacto por Colombia y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
En el marco de las sesiones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia -CNTI-, la Mesa Permanente de Concertación -MPC- y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas -CNDDHHPI- realizaron un balance profundo de los acuerdos celebrados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. En este espacio, la CNTI fue parte activa, Camilo Niño, secretario técnico de esta, puso en consideración de los delegados una evaluación precisa de los acuerdos en materia de protección de territorios ancestrales, constitución y ampliación efectiva de resguardos, restitución de derechos territoriales y política nacional ambiental. De igual forma, la secretaría manifestó la necesidad imperante de reformular las demandas hechas en el proceso de consulta del plan 2014-2018 y de generar una metodología efectiva para la creación de acuerdos realmente vinculantes a futuro.
Por otro lado, ante las distintas instituciones del Gobierno Nacional, la Comisión Nacional de Territorios expresó su preocupación en la conexidad entre los asesinatos de líderes sociales indígenas y las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos, hecho que también fue comunicado por la Comisión de Derechos Humanos. Así mismo, de parte de la secretaría se exigió explícitamente la reactivación de diálogo directo con el gobierno y la continuidad en el trámite de los procesos llevados por la Agencia Nacional de Tierras, al considerar estos una parte importante en la garantía de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
La Comisión celebra que la ruta acordada por el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas lograra recoger sus inquietudes, al establecer mecanismos de seguimiento permanentes para los acuerdos futuros y espacios de coordinación entre las partes; además de los compromisos adquiridos a corto plazo por parte del Gobierno Nacional, particularmente del Ministerio de Agricultura, al confirmar su participación en las siguientes sesiones de la Comisión y la celeridad en los casos por gestionar de parte de esta entidad.
Finalmente, en el marco de la sesión los delegados de las diferentes instancias rechazaron tajantemente el proyecto que cursa en la actualidad en el Senado, al considerarlo una iniciativa excluyente, la cual no reconoce la consulta como un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas, dándole única y exclusivamente un carácter administrativo. En este sentido, es claro que los objetivos e intereses a los que responde el proyecto de ley son contrarios a este derecho fundamental, por lo cual, desde los Pueblos Indígenas se considera al proyecto una iniciativa sumamente regresiva en la materia.
Apenas 70 personas son las que hoy componen el pueblo indígena colombiano mapayerri, una comunidad en riesgo de extinción física y cultural y que ha transformado su esencia nómada, como consecuencia del intercambio cultural y los conflictos territoriales con comunidades sedentarias, colonos, actores armados y económicos. Sin embargo, los Mapayerri continúan luchando por el reconocimiento de su territorio y la preservación de sus costumbres.
Ubicados en su territorio ancestral en Nacuanedorro, al suroriente del municipio de Cumaribo en el departamento del Vichada, los Mapayerri se dedican a la caza, la pesca y la recolección. Mantienen presencia en Colombia y Venezuela pero se instalaron principalmente en ese predio, que comprende territorios baldíos que se traslapan con la zona protegida por el Parque Nacional El Tuparro y con un área de explotación por hidrocarburos.
En 1991 iniciaron el proceso para la constitución y titulación de su resguardo. Un proceso que no ha concluido, aunque la Corte Constitucional reconoció el derecho como grupo étnico a la propiedad colectiva para su preservación, y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio dictaminó medidas cautelares para la protección de su territorio.
Con las dilaciones al proceso de reconocimiento, los mapayerri han vivido graves violaciones a sus derechos de identidad cultural, vida digna, autodeterminación y debido proceso. Sus hábitos han sido afectados por la presencia de colonos, grandes empresas agroindustriales, los cultivos de uso ilícito, las fumigaciones aéreas, la compra de sus tierras y la disputa de bandas criminales por las rutas del narcotráfico. Así como en su tiempo por las disputas entre el frente 16 de la antigua guerrilla de las FARC y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
La travesía por el territorio
La resistencia de los mapayerri se unió a la comunidad indígena vecina de Awia Tuparro del pueblo sikuani, con la que mantiene contacto directo y de intercambio económico. La cercanía de estos dos pueblos los llevó a solicitar ante la Alcaldía de Cumaribo la constitución del resguardo interétnico Marimba Tuparro, que incluía a Nacuanedorro y a los predios que pretendían constituir los sikuani. Un año después recibieron comunicación del INCORA (entidad que en ese entonces tenía la competencia) solicitando información necesaria para adelantar el proceso de titulación, que fue remitida hasta el año 2002.
Entre los años 2008 y 2012 se realizaron diferentes acciones para impulsar el proceso, entre ellas reuniones interinstitucionales y la priorización de este proceso en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Todas ellas sin resultado. En el año 2013 por primera vez la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reconoció las dilaciones injustificadas y ordenó al INCODER culminar dentro de seis meses el proceso de reconocimiento del resguardo Marimba Tuparro. Decisión que fue confirmada ese mismo año por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado cinco veces a favor de los mapayerris en las sentencias T-379 de 2014, T-247 de 2015, T-213 de 2016, T-110 de 2016 y el auto 266 de 2017. Después de cuatro años de la primera decisión, aparecieron nuevas dilaciones que buscan la separación de los expedientes Awia Tuparro del pueblo sikuani y Nacuanedorro del pueblo mapayerri, considerando que una titulación de resguardo interétnico puede ser perjudicial para la identidad cultural de la segunda comunidad.
Así como el trámite de clarificación de baldíos que de forma equívoca y unilateral se ha pretendido iniciar de forma previa a la titulación desde la Agencia Nacional de Tierras (entidad que actualmente tiene competencia para ello), debido a que otras entidades como el Ministerio del Interior y de Ambiente, y Parques Nacionales Naturales han señalado que esta clarificación debe hacerse únicamente en casos en los que no existan terceros ejerciendo algún tipo de derechos sobre las tierras en cuestión.
A pesar de las demoras, el incumplimiento y el no reconocimiento de la resistencia mapayerri, esta comunidad continúa exigiendo al aparato estatal colombiano la posibilidad de proteger su territorio ancestral frente a terceros y poder transitar libremente para conservar su carácter semi –nomada y sus hábitos de vida.
Al menos cuatro megaproyectos amenazan al Pueblo Nasa del Valle del Cauca y con ello la preservación de la flora y la fauna de la región. Las diversas fuentes de agua (nacimientos, quebradas, riachuelos, ríos y lagunas) están en peligro y como si fuera poco, las vidas de los líderes de las comunidades que defienden al territorio de la muerte, también. Las amenazas contra sus vidas se han vuelto reiterativas y con un interés común: instarlos a abandonar sus tierras y acabar a través del miedo con la defensa del territorio para dar vía libre a los intereses económicos de privados.
Desde tiempos ancestrales el Pueblo Nasa o la Gente del Agua ha habitado el Valle del Cauca, tratando al máximo de proteger y conservar los recursos naturales existentes en su territorio. Ellos, al igual que los otros Pueblos Indígenas, consideran que todas las cosas presentes en la naturaleza están relacionadas unas con otras y que hacemos parte de ese entramado. El deber es por tanto proteger y cuidar aquello que nos da la vida: los árboles, las plantas, los animales, el agua, el viento y las nubes, son fundamentales para poder existir en armonía con el medio ambiente.
En el año 2014, el cabildo central de Asentamientos Indígenas, que es la máxima autoridad tradicional allí y representa a las comunidades locales de Altamira, El Salado, Granates, La Cumbre, La Rivera, Las Guacas, La Nueva Esperanza y Nuevo Horizonte; presentó ante James Anaya, relator especial de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de la Organización de Naciones Unidas, una denuncia en la que ya enumeraban los riesgos a los que se estaban enfrentando, resaltando seis situaciones que hoy siguen vigentes y requieren de atención especial para poder garantizar sus derechos territoriales.
Megaproyectos de desarrollo que atentan contra la vida
Curiosamente, algunos de los megaproyectos se proyectan en predios que hacen parte de la solicitud de constitución del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, que lleva más de 20 años tramitándose y para el que cada vez hay condiciones administrativas nuevas que dilatan y dilatan el proceso (Ver más sobre este caso, aquí).
Dentro de las seis situaciones que expusieron al relator especial en 2014, hay cuatro relacionadas con megaproyectos:
Otorgamiento de títulos mineros en territorio indígena
Según Milton Conda, delegado indígena para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, “La minería afecta la cosmovisión y concepción de territorio desde lo indígena, se haría un daño ecológico en los sitios sagrados, se contaminarían las aguas, se haría un daño geológico, se crearía una descomposición social, se fomentaría un desarraigo ancestral cultural del territorio, se daría la muerte a los seres de la naturaleza, se continuaría con la militarización del territorio indígena Nasa de Florida”.
La minería requiere un uso exagerado del agua, cada yacimiento necesita millones de litros de agua cada día. Además de esto hay una gran contaminación de las fuentes agua, por falta de un tratamiento adecuado de las aguas usadas; sumado a que la alteración y erosión de los suelos (impacto negativo sobre la vegetación y la productividad de los suelos), permite la infiltración de contaminantes que afectan las reservas subterráneas de agua.
Las empresas mineras no reconocen el derecho a la tierra de los pueblos originarios, violan sus derechos culturales y aniquilan la libertad de expresión, muchas veces obligando al silencio de los pobladores, a través del miedo.
La ley ha desregularizado el sector minero y creó condiciones para que se saqueen los recursos naturales colombianos, al servicio de multinacionales. No hay exigencias mayores para la actividad de las empresas extranjeras en territorio colombiano que se dedican a la minería. Las regalías que deben pagar a los departamentos donde tienen actividad son insignificantes para la cantidad de recursos que obtienen a través de la explotación desmedida.
Construcción y mejoramiento de carreteras primarias que atravesarán el territorio indígena, especialmente páramos
La carretera conecta el pacífico (Buenaventura) con los llanos occidentales para facilitar extracción de recursos naturales que están en esta parte del país. Habría un impacto negativo para las comunidades indígenas por degradación natural, destrucción de sitios culturales, efectos medioambientales como contaminación del aire y el suelo, sumado a la presencia de mano de obra no residente.
La carretera ha venido sido construida desde el Tolima y el valle y solo hace falta para conectarla un tramo en la zona páramo que afectaría necesariamente varias lagunas sagradas. Sin embargo, ni siquiera hay garantía de desarrollo para las comunidades con afectación directa por la construcción de dicha carretera.
Viaducto (túnel) de 22 km que atraviesa y sale en el corazón del territorio indígena
Transversal Buenaventura – Puerto Carreño o Ruta Nacional 40, atravesaría la cordillera central, pasando por el centro del territorio indígena y debajo de las lagunas. Según estudios habría más de 300 lagunas entre grandes y pequeñas.
INVIAS adelantó el diseño o plano arquitectónico y de manera aislada lo han querido socializar; en algunas oportunidades ingenieros han ingresado al territorio indígena sin autorización.
Construcción y tendidos de redes eléctricas que atravesarán por el centro del territorio indígena
Se deriva del Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo (sur del Huila), en el 2013 una delegación de la Empresa de Energías de Bogotá SA ingresó al territorio Nasa, en el municipio de Florida para informar que se estaban realizando estudios técnicos para viabilizar el tendido de redes de alta tensión, que atravesaría por zonas del Huila y el Tolima y luego por el territorio Nasa para llegar a la Subestación Alférez en el municipio de Cali.
Hay efectos negativos de las líneas de alta tensión para los ecosistemas y pueden producir efectos adversos para la salud. Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC), que forma parte de la OMS, los campos magnéticos son carcinógenos, incluso los de frecuencias bajas tienen efectos negativos sobre la salud.
Además, habría una gran afectación cultural y ambiental, proliferación del consumismo, embargo territorial a los indígenas, campos magnéticos afectarían a todos los seres vivos, perdiéndose especies nativas y finalmente se tendría que militarizar más el territorio.
Otorgamiento de títulos mineros en territorio indígena