1.490 Km de vías que atravesarán las 3 cordilleras de Colombia
Desde los Pueblos y Organizaciones Indígenas que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, ponemos en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional el megaproyecto de la construcción del Túnel Multimodal que planea realizar la firma constructora EDL, el consorcio conformado por las firmas DIS – EDL y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Esta trasversal inicia en el puerto de Buenaventura hacia la población de Lobo Guerrero, donde se está terminando el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada. Continua hasta el cruce de Mulaló en concesión, actualmente en pre construcción, de allí a Florida por vías en operación y de Florida a Colombia, en estudio. De Colombia a La Uribe en estudio, de La Uribe a Mesetas, tramo en construcción. De Mesetas a Granda en operación, de allí a Villavicencio y Puente Arimena en concesión y de Puente Arimena a Puerto Carreño en estudio.
De los 32 departamentos que conforman el país la transversal tiene influencia directa en 5 departamentos, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta y Vichada, además bordea los parques naturales de Paramo de las hermosas, Nevado del Huila, Meridiano, el Tuparro, entre otras. Y en donde existe presencia de los Pueblos indígenas Nasa, Coyaima, Ahagua, Guayabero, Piapoco, Sikuani, Kurripaco, Piaroa, Puinave, Sáliba, entre otros.
Según el diagnóstico ambiental en el sector Pacífico – Orinoquía para Florida – Ruta 45 se han realizado varios análisis de la mejor alternativa para el cruce de la cordillera central, arrojando así la opción de túnel multimodal férreo de 40 kilómetros de longitud a 1700 metros sobre el nivel del mar. Se dispone entonces mediante el Auto 587 de febrero 19 de 2018 que esta será la forma más viable de llevar este proyecto a cabo desde el punto de vista abiótico, biótico y social.
El túnel de la alternativa escogida estará a una profundidad de 2500 metros, con el cual se promete mitigar el impacto de la posible pérdida de aguas superficiales en el páramo de las tinajas. Como se evidencia, el proyecto se ha socializado a los Pueblos y Comunidades Indígenas como una propuesta de construcción con optimas especificaciones para la conexión vial Pacífico – Orinoquía y sin aparentes afectaciones al territorio y quienes lo habitan.
Sin embargo, este megaproyecto impactará principalmente El páramo de las Tinajas y el Páramo de las Hermosas donde afectaran aproximadamente 365 lagunas, ríos, quebradas, bosques y cultivos los cuales tienen un carácter sagrado para nuestros Pueblos Indígenas.
Para el 20 de octubre del año en curso, se tiene previsto que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgue al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la licencia ambiental del tramo que conecta el municipio de Florida, Valle.
Por lo anterior y dada la importancia que reviste la integralidad de los territorios Pueblos Indígenas como elemento estructural para la pervivencia física y cultural ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 y sus respectivos Autos de seguimiento, exigimos se garantice el derecho fundamental que tienen los Pueblos Indígenas a la consulta previa, libre e informada[1] .
Desde este espacio, los cabildos centrales, asambleas locales, comunidades y autoridades indígenas con asiento en este escenario hacemos un llamado a nivel nacional e internacional para que se respete el derecho a la vida, al medio ambiente, al territorio, a visibilizar las consecuencias que traerá la culminación del Megaproyecto Túnel Multimodal, a crear alianzas para prevalecer el Derecho a la vida en defensa de la madre tierra y no se contribuya al exterminio físico, cultural y ambiental de los Pueblos Indígenas.
Exigimos a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) a visibilizar las afectaciones negativas reales en los ámbitos, social, cultural, económico y ambiental que traerá este megaproyecto a los territorios indígenas y campesinos impactados.
[1] La consulta previa es, en términos generales, una expresión del derecho de nuestros pueblos étnicos a participar directamente en la formulación, adopción e implementación de las decisiones estatales susceptibles de afectarnos. Lo anterior, como medida de reparación frente a la discriminación histórica que nos ha despojado del derecho a determinar libremente nuestros planes de vida y destinos, e incluso la libertad sobre nuestros cuerpos y saberes.
Así, desde su reconocimiento en el Convenio 169 de la OIT, la consulta previa se ha constituido en uno de los principales mecanismos de justicia social que buscan garantizar que los Estados democráticos restauren y protejan nuestra dignidad, igualdad y libertad, no solo como ciudadanos culturalmente diferenciados, sino, principalmente, como pueblos que nos autodeterminamos en nuestros territorios a partir de las instituciones materiales y espirituales que, en nuestro caso, se expresan en nuestras Leyes de Origen, Natural y de Vida, así como en nuestros Derechos Propio y Mayor.
Este 21 de junio, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorio Indígena CNTI, fue invitada por las autoridades del Resguardo Cañamomo – Lomaprieta de Riosucio, Caldas para acompañar el seguimiento a la Sentencia T-530 de 2016, donde participaron organizaciones Indígenas Nacionales, Organizaciones de la sociedad civil, algunas embajadas además, de contar con el acompañamiento de la delegación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otras.
Esta reunión, se llevó a cabo en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), donde se dio a conocer el estado de avance en el que se encuentran las 21 ordenes de la Corte Constitucional, de las cuales hay un cumplimiento formal parcial, trayendo a colación lo que la Corte ha manifestado en varios de sus sentencias “…la diversidad cultural y su protección son principios fundamentales del Estado Social de Derecho, al punto que la participación de las minorías étnicas en las decisiones nacionales y, especialmente aquellas que las afectan directamente es un mandato constitucional de mayor importancia”.
Lo anterior, refleja el reto que tiene el Gobierno Nacional entre la promulgación de las sentencias y su implementación, ya que se han generado nuevos riesgos para los Pueblos Indígenas: Desplazamiento, amenazas, asesinatos de líderes sociales, discriminación y estigmatización de los Pueblos Indígenas como obstáculo para el desarrollo.
A lo largo de la historia se han destacado varios factores que ayudan a explicar la recurrencia del conflicto armado, principalmente en zonas rurales; la tenencia de la tierra, la voluntad política de turno, el narcotráfico la ausencia del estado, la extracción de recursos minero-energéticos entre otros. Dado esto, se llegó a la conclusión de que el no reconocimiento de los Derechos Territoriales, es una forma de despojo y exacerba la violencia contra las Comunidades.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes a la implementación ágil y efectiva de las ordenes establecidas en dicha sentencia para así, aportar en la construcción de un país donde se reconozcan, se rescaten, se respeten culturalmente los orígenes ancestrales de cada comunidad y cada pueblo.
Este 10 y 11 de junio, dimos inicio al diálogo sobre iniciativas para el fortalecimiento de los derechos territoriales con los delegados indígenas en representación de la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamana, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, en el Hotel Inter de Bogotá D.C. con el fin de continuar diseñando estrategias para el fortalecimiento en la exigencia de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, permitiendo el análisis de la normatividad vigente, los sistemas de información en construcción y el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz.
Considerando la situación de las comunidades dentro del aspecto sociopolítico del país, se dio un espacio para la socialización de propuestas entorno a los principios de autonomía, unidad, territorio y cultura con la intención de seguir protegiendo los derechos de la madre tierra. Además, se resaltó la gestión, el trabajo, la reactivación y los logros alcanzados por Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, a pesar que el gobierno nacional ha venido entorpeciendo la mayoría de procesos y concertaciones del movimiento indígena como el Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral (RRI), entre otros.
Posteriormente, la mesa de diálogo contempló el tema de género donde los delegados solicitaron la incidencia de las mujeres lideresas, resaltando su participación en los espacios de lucha por la exigencia y el cumplimiento del derecho que tenemos los Pueblos Indígenas al territorio, afirmando que la presencia femenina y su perspectiva es vital a la hora de debatir y proponer temas en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Para finalizar, acodamos una agenda de trabajo para los siguientes meses en los que los delegados y sus organizaciones continuarán buscando alternativas, alianzas y las estrategias necesarias para incidir en el goce efectivo de los derechos al territorio, por medio del dialogo, teniendo en cuenta la identidad y los direccionamientos de cada comunidad para llegar a acuerdos donde siga prevaleciendo la defensa del territorio como un legado de resistencia, vida y paz.
“Porque un indígena sin tierra, es como un fogón sin leña”
Se pretende incluir una contrarreforma agraria en el Plan Nacional de Desarrollo
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Las organizaciones, procesos y congresistas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por el respaldo que el gobierno nacional le ha dado a tres proposiciones presentadas por el Senador Ciro Ramírez y los representantes Wadith Manzur, Yamil Hernando Arana y Erasmo Zuleta, para introducir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 una Reforma al Régimen Agrario de la Ley 160 de 1994, que contienen disposiciones lesivas y regresivas para los derechos de las poblaciones más vulnerables del campo colombiano.
Por esto, solicitamos al Ministro de Agricultura, así como a los ponentes del proyecto de ley, que dichas proposiciones no sean avaladas ni incluidas en el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo que se adelanta en el Congreso, sustentando nuestra petición en las siguientes razones.
Los baldíos son bienes públicos destinados a campesinas y campesinos sin tierras o con tierra insuficiente, que por sus condiciones de pobreza y marginalidad deben ser reconocidos por el Estado como sujetos de reforma agraria con el fin de garantizar el mandato constitucional de acceso progresivo a la tierra, reiterado por la Corte, que ha ordenado que toda modificación a su régimen de adjudicación debe orientarse a cumplir con esa finalidad constitucional. Pero dicha finalidad se ve gravemente comprometida con las proposiciones radicadas, ya que con éstas se pretende reformar la Ley 160 de 1994, así:
1. Creando un nuevo mecanismo judicial de “reconocimiento de expectativas legítimas” para acceder a la propiedad de los baldíos. Este procedimiento otorgaría facultades a jueces para legalizar la propiedad de baldíos en favor de pocos dueños, distintos a los sujetos de reforma agraria porque no cumplieron en ningún momento con los requisitos de la Ley 160 de 1994, y sanearía actuaciones que de forma ilegal han conllevado a la ocupación irregular y acumulación indebida de estas tierras en extensiones muy superiores al límite establecido a través de la Unidad Agrícola Familiar – UAF.
2. Reformando el artículo 48 sobre el procedimiento de acreditación de la propiedad privada, que permitiría validar las prescripciones de dominio sobre baldíos que se hubieran hecho con anterioridad al año 1994, contrariando la legislación agraria que ha protegido los bienes públicos rurales desde inicios del siglo anterior, y las ordenes de la Corte Constitucional sobre el inventario de baldíos y el Plan Nacional de clarificación de propiedad rural para adelantar programas de Reforma Agraria, necesarios para disminuir las brechas de desigualdad en la tenencia de la tierra rural (Sentencia T – 488 de 2014).
3. Reformando el artículo 72, que establece el régimen de adjudicación de baldíos y las prohibiciones de su acumulación, pues introduce excepciones para legalizar la acumulación indebida de baldíos a partir del año 1994, en favor de personas naturales y jurídicas que adelantan actividades de utilidad pública, es decir, minería y zidres. Esta reforma, además de evadir la priorización de sujetos de reforma agraria en la política de acceso y formalización de tierra, favorece situaciones fraudulentas y desvirtúa la función social y ecológica de la propiedad.
Finalmente, nos oponemos a estas propuestas porque no es muestra de buena fe del gobierno que, faltando menos de un mes para la finalización del trámite del Plan Nacional de Desarrollo, se avalen reformas estructurales para la ruralidad que no habían sido siquiera contempladas, y que no cuentan con ningún tipo de socialización con los sectores afectados, es decir las comunidades rurales del país. Más aún cuando acaba de culminar la Minga de suroccidente en la que comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas alzaron su voz para reivindicar los derechos que no les han sido garantizados, además:
– Ya que las disposiciones propuestas podrían afectar abiertamente derechos territoriales de comunidades indígenas y afrocolombianas, se requeriría adelantar un proceso de Consulta Previa con las comunidades étnicas del país. Sin este requisito el proyecto de ley estaría viciado de inconstitucionalidad1.
– Estas reformas implicarían una limitación para las expectativas de acceso a tierras en condiciones de dignidad que las comunidades campesinas están exigiendo, a través del reconocimiento de su igualdad
material, pues constituyen una grave regresión en la protección de sus derechos.
POR LO ANTERIOR REITERAMOS NUESTRA SOLICITUD PARA QUE ESTAS PROPUESTAS, TAN LESIVAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES MÁS DESPROTEGIDAS, NO SEAN TENIDAS EN CUENTA EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
Congresistas
Senador Iván Cepeda Castro
Senadora Aida Avella
Senador Feliciano Valencia
Senador Wilson Arias
Senador Alexander López
Senador Alberto Castilla
Senador Iván Marulanda
Senador Antonio Sanguino
Senadora Victoria Sandino
Senador Pablo Catatumbo
Senador Gustavo Bolivar
Senadora Sandra Ramírez
Senador Julián Gallo
Representante Abel David Jaramillo
Representante David Racero
Representante María José Pizarro
Representante Ángela Maria Robledo
Representante Jairo Cala
Representante Omar Restrepo
Representante Luis Alberto Albán
Representante Carlos Alberto Carreño
Organizaciones
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC
Asociación Nacional de usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción – ANUC/UR
Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas – Anzorc
Asorenacer
Asocampo
Autoridad Nacional Afrocolombiana – Anafro
Autoridades Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor
Congreso de los Pueblos – CdP
Coordinación Étnica Nacional de Paz – Cenpaz
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
Coordinación Nacional Agrario – CNA
Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Corporación Jurídica Libertad
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro
Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables – Fundapad
Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP
Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales
Mesa de Unidad Agraria – MUA
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
Movimiento Ríos Vivos
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
Plataforma de Mujeres Rurales Colombianas
Pensamiento y Acción Social – PAS
Proceso de Comunidades Negras – PCN
Fundación por el Medio Ambiente y la Paz en Colombia – FUMPAZ
Sisma Mujer
Aluna ¨Espacio de creación¨- Suecia
Asociación Revivir víctimas del conflicto armado de Colombia en España
Asociación Inmigración Asila Torrevieja – España
Sofeut Solidaridad Paz y Desarrollo – Suecia
Grupo Europa de Familiares de personas desaparecidas en Colombia
Carrers de Món – España
Paz a la calle Barcelona – España
Organización de Colombianos Refugiados en Chile – OCORCH
Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales
Fundación Fundexco Colombia
Corpocolombia – Verde
Colectivo por La Paz en Colombia desde México, ColPaz
Colectivo de Refugiados/as y Exiliados/as Colombianos/as en Ecuador – CRECE
S.O.S Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Panamá – SOVIC
Red de Víctimas Colombianas por La Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ – LAC
Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz – MECoPa
Organización Multicultural de de Integración – OMI Suecia
Foro Internacional de Víctimas (FIV)
FIV Holanda
FIV Torrevieja
FIV Mediterráneo
FIV Suecia
FIV Elche
FIV Panamá
17 de abril de 2019
1 Es necesario recordar que mediante sentencia C-175 de 2009, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley 1152 de 2007 “Estatuto de Desarrollo Rural” que derogaba la ley 160 de 1994, justamente por violación de la consulta previa.
En el marco del día mundial del agua, los indígenas, afrodescendientes, campesinos, paramunos y pescadores, movimientos y organizaciones socioambientales, académicas, culturales y congresistas suscribimos el Pacto Nacional por el Agua “Somos Agua” en defensa de nuestros humedales, páramos, ríos, ciénagas, mares, nevados y aguas subterráneas, así como de las comunidades rurales y urbanas guardianas del agua, quienes comprometidos con la defensa del agua y la vida desarrollaron la Toma del Agua en el Senado de la República, iniciativa legislativa de los congresistas de la Bancada Alternativa, quienes conjuntamente exigimos al gobierno nacional la implementación de medidas urgentes para la Protección Integral del Agua como elemento estructural del Estado que debe propender por un nuevo modelo de desarrollo económico y ecológico para la preservación de los ecosistemas, las aguas y la vida en todas sus formas.
En Colombiano poseemos el 73% de los páramos del mundo, tenemos acceso al Mar Atlántico y Océano Pacífico, ostentamos el segundo lugar en biodiversidad, pero los apremiantes procesos de contaminación del recurso hídrico, la degradación evidente de los ecosistemas, la reducción inconmensurable de los servicios ecosistémicos y la débil respuesta institucional del estado y la empresa privada impide a las comunidades su ejercicio tradicional y sostenible alrededor del recurso hídrico, demandan un ejercicio de repensar el ordenamiento territorial para que se reconozca al agua como eje central de construcción del territorio y a sus comunidades como los sujetos activos de los procesos de consumo, recuperación y conservación de nuestros recursos; y a pesar de esta gran riqueza nuestro país está atrasado más de 200 años en infraestructura y desarrollo tecnológico para el abastecimiento y consumo del agua, así como más de 50 años en atraso en materia de derechos humanos.
De tal forma, urge la necesidad de generar estrategias intersectoriales para la protección del Agua en Colombia, pues a pesar de que el Mundo tiene cerca de 43.764 kms3 de agua cada año, cerca de 663 millones de personas no tienen acceso al agua de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la escasez de agua, afectará a más de 2000 millones de personas antes del 2025; hoy la cifra según las Naciones Unidas rodea los 1300 millones. Suramérica tiene 28% de los recursos de agua natural, donde 9% de la población no tiene acceso al Agua. De las fuentes de agua de Colombia nosotros poseemos tan sólo un 5% asequible de las cuales el 40,2% de la población no tienen acceso al Agua en Colombia.
Nosotros, fundamentados en el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento consagrado en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC que lo define como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”, el Objetivo de Desarrollo del Milenio número Siete (7) que «Exhorta a Reducir a la mitad de la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento al agua” y en Colombia en el Artículo 79 de la CP: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” y el Artículo 366 de la CP: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” y la Sentencia T-740/111 de la Corte Constitucional que reconoce al agua como derecho fundamental.
Por lo cual pactamos hacer un llamado al gobierno nacional para que implemente de manera urgente las siguientes acciones:
EXIGENCIAS
1. Reconocer integralmente la protección del agua y se reconozca a los cuerpos de agua estratégicos para la seguridad hídrica nacional como sujetos de derecho a la protección para la pervivencia de las comunidades y los ecosistemas. Exigiendo al gobierno nacional que consolide una política de gestión integral del agua con un enfoque de derechos, que garantice su acceso, saneamiento y distribución equitativa, dando prioridad en su ordenación y articulación con los procesos de planificación territorial que respondan a amplios procesos de participación.
2. Reconocer el derecho al agua como derecho fundamental y dar pronta aprobación al Proyecto de Ley para el mismo.2 Así mismo impulsar el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua como garantía de responder con procesos adaptativos locales a los riesgos del cambio y la variabilidad climática.
3. Reconocer que millones de ciudadanos colombianos perviven alrededor del recurso hídrico. Indígenas, afrodescendientes, campesinos, paramunos y pescadores tenemos una relación inescindible con los ríos, páramos, ciénagas, lagunas, lagos y los mares quienes ancestralmente ha construido un bastión cultural que, representa un patrimonio de vida y un ejercicio de derechos colectivos de nuestra nación.
4. Integrar y aplicar de manera urgente una política pública de protección de fuentes hídricas y de modernización de la infraestructura nacional para garantizar la calidad, accesibilidad y abastecimiento del líquido vital tanto para los ecosistemas como para las comunidades.
5. Crear un Observatorio Nacional de Conflictos Ambientales, que reconozca los actores, procesos y sucesos ambientales que se tienen en torno al estado actual del agua en el territorio Colombiano, articulado con las modificaciones necesarias para que el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIHR) se consolide como un sistema completo de información hidrológica, su gestión, planificación e investigación, de manera que permita la disposición de un inventario del estado y comportamiento hidrológico en términos de calidad y de cantidad solicitando al estado el presupuesto de urgencia con base en el 2% del PIB para su funcionamiento.
6. Reconocer a los líderes sociales y organizaciones socioambientales a nivel nacional que trabajan en el procesos ambientales para que reciban todas las garantías para el ejercicio de sus derechos y deberes como actores articuladores de los deberes del estado y de la sociedad.
7. Se impulsen y financien las nuevas tecnologías para la protección y consumo de agua. Se prohíba el fracking y los procesos de explotación petrolera no convencionales, así como los proyectos hidroeléctricos promovidas por multinacionales extranjeras o empresas nacionales que atenten contra la seguridad de los territorios; y exhortamos al gobierno a cambiar la matriz energética del país hacia sistemas energéticos ambientalmente sostenibles.
8. Exigimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que avance en las obligaciones contenidas en el Decreto 1640 de 2012, que ordena la inclusión de aguas subterráneas en el inventario y en el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, de manera que se puedan adoptar decisiones responsables para su conservación.
9. Se inicie el proceso de restauración integral del Río Cauca y rechazar el modelo extractivita y toda acción que atente contra el ambiente y los recursos; atender la ineficiencia de las entidades territoriales para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos, y cambiar el modelo de explotación irracional de los recursos naturales sobre el cual se ha basado la nueva ruta política del gobierno Duque.
10. Declararnos como una sociedad cuidadora permanente del agua, de los ríos y sabanas, de las ciénagas y sus playones, de los páramos y nacimientos de agua, de las playas, los manglares y el extenso mar de nuestro territorio, en tanto que hacen parte viva de la nación y en ellos millones de colombianos construyen y resguardan su identidad, realizan su proyecto de vida y el de sus comunidades.
Conforme a los avances realizados en las comisiones dispuestas en la audiencia pública hoy instamos al gobierno nacional en el reconocimiento de las problemáticas y soluciones reconocidas en este campo, las cuales hacemos públicas a través de este pacto para que logremos la meta propuesta: Dejar que le agua fluya, resguardar el agua para que siga existiendo la vida en nuestro mundo.
¡Hoy mañana y siempre Somos Agua!
Bogotá D.C. Viernes 22 de marzo de 2019
Falta de garantías para el ejercicio del derecho a exigir y defender nuestros territorios
En calidad de órgano asesor y coordinador de interlocución y concertación de carácter permanente entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas para los asuntos propios de nuestros derechos territoriales, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI creada por el Decreto 1397 de 1996 se permite denunciar y poner en conocimiento la actual y sistemática violación a los derechos a la vida e integridad de nuestras autoridades, líderes y lideresas. Esta situación de violencia se vincula y ve agravada con la brecha en el reconocimiento, la restitución y protección de los derechos sobre nuestros territorios, la cual no solo debilita el ejercicio de nuestra autonomía, sino además pone en riesgo nuestra pervivencia física y cultural.
Los Pueblos Indígenas hemos expresado y reafirmado nuestro indeclinable compromiso con el diálogo, la construcción de la paz en el país, y con ello nuestro apoyo al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y la ex guerrilla de las FARC, cuya firma celebramos con la esperanza de que sea este un aporte a esa paz en nuestros territorios. Hoy, sin embargo, los asesinatos y amenazas a nuestros líderes y lideresas continúan siendo no solo una constante, sino que actualmente son también un fuerte y fundado motivo de preocupación e incertidumbre para nuestros pueblos frente a la verdadera voluntad del Estado colombiano con el proceso de paz, la reparación a sus víctimas y la protección reforzada a los Pueblos Indígenas.
El escenario del posacuerdo es entonces ya un nuevo y agudizado capítulo de esta victimización y conflicto en los territorios. Tan solo entre los meses de agosto de 2016 – una vez incluido el Capitulo Étnico en el Acuerdo Final de Paz- y su posterior firma en el mes de noviembre del mismo año, fueron asesinados 9 líderes indígenas. Desde entonces puede afirmarse un crecimiento exponencial porque en 2017 asesinaron 39 indígenas (33%) y en 2018 se ha registrado hasta el momento el asesinato de 69 indígenas (59%), es decir, se registra una tasa de crecimiento del 77% de los casos reportados. Los Pueblos Indígenas que han sido más afectados por el incremento de la violencia son el Pueblo Nasa con el 37% de las víctimas, seguido por el Pueblo Awá con el 31% y la nación Emberá con el 20% de los casos.
Tal situación pone hoy de manifiesto la incapacidad del Estado colombiano para reconocer y enfrentar esta crisis humanitaria y la actual situación de violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas en términos de prevención, investigación de las estructuras armadas responsables y su respectiva sanción penal. La situación es de tal gravedad que las amenazas hoy vienen incorporando un precio a la vida de nuestras autoridades y comuneros (as) Indígenas, una situación favorecida por la impunidad que se alimenta de la indiferencia de las entidades y organismos responsables de la protección de nuestro derecho a la vida.
Esta victimización sistemática es clara y no debe haber lugar a dudas, sigue vinculándose estrechamente a la legítima exigencia de nuestros derechos territoriales, a su defensa en el marco de un modelo extractivo de desarrollo económico, ante la presencia y reconfiguración de actores armados y con ocasión del ejercicio de nuestra autonomía y control territorial.
Al respecto es preciso advertir sobre el rezago en la formalización de nuestros derechos territoriales que es factor subyacente y vinculado a nuestra victimización, el mismo se expresa hoy en el trámite inconcluso de cerca de 934 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, los nulos avances de cerca de 124 solicitudes para la protección de la posesión sobre nuestros territorios ancestrales y los irrisorios resultados en la restitución de los territorios despojados por el conflicto.
Por esta razón, las Organizaciones Indígenas de la CNTI expresamos nuestro rechazo ante el silencio e impunidad como respuesta del Estado colombiano ante el genocidio que están viviendo nuevamente los Pueblos Indígenas en Colombia y hoy en un contexto de paz. Por ello hacemos un llamado concreto para que se convoquen a todos los espacios nacionales de concertación con los Pueblos Indígenas y el alto nivel del Gobierno Nacional para que se discutan y adopten medidas estructurales sobre la prevención, protección y justicia, que permitan enfrentar la situación de violencia en nuestros territorios.
“El llamado a la posición es a mantenernos, si nos vamos a mantener como territorio, si vamos a ser fuertes debemos empezar por ahí, no tolerando que nos sigan matando (…) el llamado puntual es avanzamos más y enfatizamos más en el control territorial (…) yo creo que ese es el llamado, y que no nos de miedo […] Sin ningún interés podemos dar la vida por el territorio.”
