La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad arhuaca (Iku) de Kutunsama en el resguardo Kogui Malayo Arhuaco, debido a la invasión que se está presentado desde el pasado 20 de agosto de 2020, en la que aproximadamente 200 colonos han comenzado un proceso arbitrario de parcelación, tala y apropiación ilegal del territorio.
Según denuncias de la propia comunidad, han hecho uso de cintas para demarcar el territorio y sin mediar palabra han avanzado con el corte indiscriminado de vegetación nativa y diferentes especies arbóreas, generando una afectación directa al equilibrio ambiental de la zona. Así mismo, amenazaron con “tumbar los árboles grandes’’ mañana (22 de agosto de 2020) tras argumentar que el Estado no los ha reubicado ni dado tierras.
A pesar de que la Policía Metropolitana y la Personería del Pueblo hicieron presencia en el lugar el día de ayer, en la madrugada de este viernes 21 de agosto las actividades fueron reanudadas por los colonos, provenientes de las zonas aledañas de Guachaca, Palomino, Marquetalia, Puerto Nuevo e incluso (se cree) desde Venezuela. Sin embargo, no hubo acuerdo y la Fuerza Pública manifestó no poder hacer nada porque “hay intereses de otros grupos más grandes’’.
En este territorio ancestral, que constituye una ruta de salida al mar para esta comunidad que durante tantos años lo disputó, están ubicados sitios sagrados para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y es además una importante área de conservación ambiental. Por eso las acciones de los últimos días representan una pérdida significativa para las comunidades que desde hace más de ocho años han trabajado por la recuperación del mismo.
Estos fenómenos son facilitados y promovidos por la falta de formalización y la inseguridad jurídica que sufren los territorios indígenas debido a la negligencia estatal. Actualmente, en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) existen 1009 solicitudes de formalización de territorios indígenas en resguardos. Tal es el caso del resguardo Kogui Malayo Arhuaco que va por su cuarta solicitud de ampliación aún no resuelta y que responde a la ausencia de integralidad en el reconocimiento de los territorios ancestrales por parte del Estado.
Vemos con preocupación cómo en el marco de la pandemia por covid-19 ha aumentado significativamente la presencia de grupos ajenos a los pueblos indígenas que invaden y destruyen el entorno para ampliar la frontera agrícola y adelantar procesos de deforestación y ganadería extensiva.
Lo que logramos identificar es que el principal actor generador del conflicto es el Estado colombiano. Por eso, desde este espacio hacemos un llamado de manera urgente a la opinión pública, y pedimos a las entidades de control y organizaciones internacionales que intervengan, verifiquen la situación y le exijan al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas que ven cómo sus territorios sagrados son vulnerados sin encontrar una respuesta clara y efectiva por parte de las autoridades competentes.
Las Organizaciones Nacionales Indígenas y Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, respaldamos las proposiciones realizadas por los congresistas y hermanos indígenas Feliciano Valencia y Abel David Jaramillo, para la modificación del artículo 2° del Proyecto de Ley 185 de 2020 Senado y 296 de 2020 Cámara “Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021” en donde se solicita un aumento de recursos para el proyecto de inversión Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas’’ de la ANT para la vigencia 2021 de cincuenta mil millones de pesos moneda legal ($50.000.000.000); y para el proyecto de inversión “ Implementación del programa de restitución de tierras rurales a las víctimas de despojo y/o abandono de predios Nacional” vigencia 2021 de la URT de doce mil millones de pesos moneda legal ($12.000.000.000).
Hoy nuestros derechos territoriales se encuentran desfinanciados debido a que los recursos asignados no generan una oferta institucional que los garantice de manera integral. Es una obligación del Gobierno Nacional cumplir con los acuerdos realizados con los Pueblos Indígenas en el marco de la expedición de la Ley 1955 del 2019 ‘’Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022’’, los compromisos adquiridos en las mingas y mesas regionales, las providencias judiciales que ordenan la tutela de nuestros derechos territoriales, atender todas las solicitudes de formalización y de protección de territorios presentadas por las comunidades indígenas, así como las realizadas para la restitución de nuestros derechos territoriales.
Las organizaciones indígenas con asiento en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI creada por el Decreto 1397 de 1996, dejamos pública constancia ante el Gobierno Nacional y hacemos un llamado urgente a sus autoridades, a los organismos de control, comunidad internacional y a la sociedad colombiana en su conjunto, para que se exijan, adopten y ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias, encaminadas a detener el avance arrasador de la deforestación en la Amazonía colombiana.
Este posicionamiento se suma a las muchas voces que han advertido sobre esta misma situación, entre ellas la muy autorizada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, quien recientemente llamó la atención en su informe sobre los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, sobre cómo “el incremento de las actividades extractivas en la Amazonía ha causado efectos de deforestación y ha creado tensiones por el uso de la tierra y sus recursos”, señalando al mismo tiempo que “durante los últimos años se han advertido nuevos problemas que amenazan la supervivencia de estos pueblos, particularmente las alteraciones medioambientales y el cambio climático, hacen cada vez más difícil que puedan mantener sus formas de vida e interacción con el medio ambiente” (2019).
Hoy más que nunca en Colombia se intensifican y materializan los riesgos y las amenazas contra la diversidad biológica de este bioma que es vital para la existencia misma de la humanidad, y un territorio sagrado y ancestral del que hace parte la mayor selva tropical húmeda del planeta. Tales riesgos se concretan, en la actualidad, en contra de la existencia física y cultural de los más de 60 pueblos y comunidades indígenas que, orientados por nuestros conocimientos y sistemas propios de pensamiento, hemos sido y seguiremos siendo, a pesar de toda adversidad, los guardianes tradicionales y ancestrales de este territorio amazónico colombiano.
En el balance de los más de 150 días de emergencia sanitaria por el COVID-19 realizado por la ONIC, se identificaron 7.691 casos positivos para coronavirus; el 12.3% de los infectados corresponde a indígenas de más de 60 años que son las autoridades espirituales y, un 68,5% en las cifras de fallecimientos. Se cuentan 2.772 casos adicionales que esperan los resultados de las pruebas. Además, de los 775 resguardos en el país, a la fecha se identifican 228 en riesgo por la pandemia; hoy son 71 pueblos afectados por el virus, con 425.079 familias indígenas en riesgo de contagio de este, dada su cercanía con poblaciones urbanas de alto foco de infección, de las que un 30% son familias residentes en resguardos y otro 73.7% son familias residentes en territorios ancestrales. Salvo a las medidas propias de prevención impartidas por las autoridades tradicionales, el gobierno nacional y regionales no han adoptado otros mecanismos efectivos ni consensuados para evitar la propagación del virus.
Durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se han evidenciado las deudas y falencias del Estado frente a los pueblos indígenas, en ámbitos como la protección de la vida e integridad, la territorialidad, la autonomía y la participación. Se han exacerbado los riesgos y amenazas a los pueblos indígenas, entre los cuales se encuentra la violación de nuestros derechos territoriales debido a su falta de seguridad jurídica, actividades extractivas legales e ilegales, el aumento de la presencia de grupos armados y las fuerzas militares, el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las mismas fuerzas militares que ponen en riesgo a las comunidades.
Las amenazas y ataques constantes a líderes indígenas que defienden el territorio, el aumento de zonas deforestadas en la Amazonía colombiana, y el registro de 50 asesinatos a indígenas desde el inicio de la pandemia y en el confinamiento de las comunidades, evidencian el aumento del riesgo de exterminio físico y cultural. Los Pueblos Indígenas estamos sufriendo un etnocidio.
Los hallazgos de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Tierras, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, reflejaron vacíos en relación a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Por Redacción CNTI
Según César Moreno, profesional especializado de la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario y el Posconflicto, la Contraloría General de la República realizó la Auditoría de Cumplimiento, una de las modalidades del control fiscal para verificar la gestión de las entidades responsables de la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas y de los procesos de formalización y acceso a los territorios de estas comunidades.
Catalina Sarmiento, abogada de la misma Contraloría Delegada, apuntó que la auditoría dejó en evidencia que en el periodo de 2015 a 2018 hubo una brecha considerable entre el presupuesto solicitado por la ANT y el valor finalmente asignado por el Ministerio de Hacienda, ya que no se entregó más del 40% de las sumas requeridas para las aspiraciones territoriales de los pueblos indígenas.
Así mismo, señaló la disminución en la cantidad pedida por la ANT en 2019, ya que de aproximadamente $138.324.200.000 en 2018, pasó a $38.107.243.726. Según la funcionaria, esto puede indicar “dificultades en la identificación y valoración de las necesidades de las comunidades indígenas o la ausencia de un ejercicio real que justifique esa estimación de las necesidades”.
Respecto al avance en la política de seguridad jurídica de los territorios indígenas por parte de la ANT, en las vigencias comprendidas entre 2016 y 2018, la auditoría encontró que de las 1.198 solicitudes hechas por las comunidades indígenas, el 74% fueron heredadas del Incoder y el 26% fueron recibidas después de la creación de la Agencia en 2015. La resolución de estas solicitudes fue precaria en el periodo estudiado, ya que solo se avanzó en un 4% de ellas (43 solicitudes), siendo destinadas para constitución 277.774 hectáreas y 593.137 para ampliación de resguardos.
En cuanto a los requerimientos de protección de los territorios ancestrales, que representaban a ese momento 125 solicitudes, ninguna resolución fue expedida para darles respuesta. En las metas establecidas de los proyectos de inversión (2016-2018) no se planteó una sola para resolver los procesos de protección y entre 2018-2019 se plantearon tres metas sin llegar a tener resolución.
César Moreno, como parte del equipo de auditoría y frente al compromiso de la caracterización de los territorios indígenas, en conformidad con el plan de acción establecido en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, señaló que en las vigencias estudiadas de la ANT “no existe una caracterización de los territorios indígenas, de tal manera que se pueda distinguir cuáles serían los horizontes para lograr la atención de estas solicitudes ni la adopción de un plan de titulaciones colectivas y no existen de manera clara unos criterios de priorización y focalización para la atención de estas solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas”.
La respuesta de la Agencia Nacional de Tierras
Yamile Rojas Luna, abogada y asesora en materia de relacionamiento con comunidades étnicas de la ANT, dijo que la agencia ha tenido que adelantar un proceso de identificación del cúmulo de solicitudes que estaban en el antes Fondo Nacional Agrario, a fin de avanzar en una caracterización nacional como un punto de partida para planear las estrategias a corto, mediano y largo plazo.
“Desde la entrada en vigencia de la Agencia Nacional de Tierras, hemos entregado 58 títulos de propiedad colectiva, que en términos de cuatro años es un avance significativo, dada la capacidad tan limitada que tenemos desde el punto de vista presupuestal. También hemos entregado más de 877.000 hectáreas a las comunidades indígenas del país. Esto es un avance también en términos de garantizar el título de propiedad colectiva que en últimas es lo que reconoce el derecho de las comunidades a su territorio”, señaló.
Aseguró que los compromisos de la ANT superan aproximadamente los 3 billones de pesos si se tiene en cuenta el cumplimiento de fallos de tutela, restitución de tierras, compromisos diversos con las comunidades étnicas históricas y demás. Enfatizó que aunque se tuviera el dinero, la capacidad técnica de la entidad no es suficiente para dar respuesta a todos los requerimientos, por lo que es necesario fortalecer la capacidad institucional.
Otro aspecto mencionado como una acción de mejora fue: “en cumplimiento del PND, veníamos en la identificación de algunos vacíos que tenían nuestros procedimientos y ha empezado toda una revisión al interior de la ANT, que nos permita a su vez empalmar con el equipo técnico que se está conformando con la CNTI, para poder subsanar ese tipo de vacíos que a veces limitan un efectivo desarrollo y resultado de nuestros procedimientos”.
Afirmó que actualmente están trabajando en la creación de un sistema de información y consulta interinstitucional que también esté abierto a las comunidades para identificar “cuáles son las necesidad de la tierra, dónde están los predios del Fondo Nacional de Tierras, cuáles son los predios que están en trámite de adquisición, dónde están las pretensiones territoriales de las comunidades a nivel nacional y, con esto, establecer también el estado actual de las solicitudes conforme a la verificación que estamos haciendo contra expediente”.
Los problemas se agravan por la falta de interés del Gobierno Nacional
Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), extendió la invitación a la Contraloría General de la República para evaluar los tiempos que demora el Estado en garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y lo que tarda en responder las solicitudes mineras o de títulos de explotación de hidrocarburos. Esto debido a que, en general, la agenda extractiva se prioriza sobre el deber de garantía de los derechos territoriales indígenas.
Luis Alberto Higuera, asesor de la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario, aportó a la discusión: “hay un problema estructural y tiene que ver con el presupuesto. Esa falencia presupuestal está indudablemente atada a otro debate que es la falta de voluntad política. No hay voluntad en trabajar por sectores como los indígenas de este país, de cumplir los acuerdos de La Habana, de cumplir las políticas concertadas de erradicación voluntaria de cultivos. Este informe lo que nos muestra es que las cosas no cambian, que los esfuerzos son casi inútiles y que la voluntad de los gobernantes está hacia otros sectores y otros intereses”.
A esto, agregó: “No existe una política coherente para el sector agropecuario y evidentemente la territorialidad indígena está atravesada y traslapada con toda la problemática del sector agropecuario. Un territorio indígena es a la vez minero, reserva, una disputa interétnica con un sector campesino o afro y es a la vez sujeto de un cultivo inmenso, entonces la gente que necesita ser sujeto de restablecimiento de sus derechos, como es la población indígena, no lo tiene”.
Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa y senador de la República, manifestó que debatir estos temas en el Senado es complicado por pertenecer a la bancada de la oposición que es minoría y porque el movimiento indígena es víctima de señalamientos, estigmatización y juicios constantes. Recordó que se radicaron al menos 44 proyectos de ley en la legislatura pasada y todos se hundieron porque no se les dio trámite en las directivas de Cámara y Senado.
Respecto al tema presupuestal, mencionó que a la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se le manifestó la necesidad de destinar 400.000 millones de pesos para cumplir el año pasado las rutas de las solicitudes priorizadas para los asuntos de tierras y que la respuesta recibida fue que “no había posibilidad técnica ni jurídica para la asignación de ese presupuesto”.
La situación se hace todavía más problemática, según el senador Valencia, porque “tristemente nos hemos dado cuenta en estos últimos días que esos presupuestos del PND y el acuerdo pactado son los que van a destinar para atender la pandemia. Es echarle mano a los recursos de acuerdos pactados, de anuncios para la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Creíamos que la pandemia iba a tener recursos adicionales pero los van a tomar de lo que ya hemos venido concertando con el Gobierno. Lo poco que tenemos nos lo van a quitar para atender la pandemia”.
Reafirmó que hay un rezago institucional para cumplir el tema de acceso, legalización y formalización de las tierras y que existe una deuda histórica para que los derechos de los pueblos indígenas se puedan cumplir. “Hay vacíos normativos, es verdad, pero de lo que aquí más adolecemos los pueblos indígenas es la falta de presupuesto, la falta de interés y la falta de asignación de recursos para que todas estas rutas se puedan llevar a cabo”, concluyó.
Para finalizar, la abogada Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la CNTI, hizo un llamado para garantizar la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y avanzar en la protección y garantía de la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.
También recordó que si bien el tema de presupuesto es central y estructural, no es el único que soluciona este problema ya que también pasa por la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones y por la voluntad política de resolver discusiones jurídicas, que se dan a la hora del reconocimiento de derechos territoriales que tienen que ser resueltos por la ANT, la URT y los jueces de restitución de tierras.
A pesar de la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, que ordena la realización de la consulta previa a pueblos indígenas y afros, y la adopción de medidas reales y efectivas que garanticen el derecho a la participación de las comunidades rurales afectadas, la ANLA convocó nuevamente a audiencia virtual para el próximo 1 de septiembre desacatando las órdenes del juez constitucional.
Boletín CNTI
En el mes de julio, el Tribunal de Nariño respaldó al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto al dejar en firme la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental para la reanudación de fumigaciones con glifosato, destinadas a 170.000 hectáreas de cultivo de coca en 104 municipios del país.
Esta sentencia se dio para proteger el derecho a la consulta previa para indígenas y afrodescendientes, así como el derecho a la participación de las poblaciones campesinas y comunidades foco del programa de erradicación mediante aspersión aérea con glifosato. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha querido sustituir la audiencia ambiental con mecanismos virtuales, desconociendo los problemas de conectividad y extrema vulnerabilidad que impiden a las comunidades una participación masiva, real y efectiva para decidir sobre los asuntos que atañen a sus territorios.
Dentro de las órdenes del juez constitucional está: realizar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas, garantizar la disponibilidad de la información ambiental del proyecto y modificar el plan de socialización y difusión que de garantías a la población en general, ya que los mecanismos de difusión por internet y convocatoria radial en concepto del tribunal no son adecuados.
El incumplimiento de la sentencia
Según la denuncia hecha por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR): “tan solo unos días después de emitido el fallo de la tutela (…) la ANLA y la Policía, de forma unilateral, decidieron convocar mediante edicto otra vez una audiencia virtual a celebrarse el martes 1 de septiembre de 2020 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”.
Para tal fin, la ANLA programó tres reuniones informativas preparatorias para los días 11, 13 y 15 de agosto, respectivamente. El CAJAR señaló que «los únicos cambios “sustanciales” ahora incorporados consisten en transmitir la audiencia vía televisión por el Canal 13 solo durante tres horas, en once municipios se habilitará un espacio en los que se tendrán pantallas para proyectar la transmisión y se contará con un teléfono móvil. Dichos espacios solo permitirán un aforo máximo del35% de la capacidad total del recinto».
La ANLA insiste en la realización de la audiencia sin acatar primero las órdenes de las sentencias de tutela, lo cual constituye desacato.
El llamado de las comunidades y las organizaciones sociales
En la defensa por el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de estas poblaciones, se exige a la ANLA la suspensión de estas jornadas, toda vez que no se ha cumplido con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y afros, ni tampoco existen condiciones para celebrarlas con las garantías ordenadas por los jueces de tutela con la adopción de garantías reales y efectivas para la participación, para el acceso y consulta de la información ambiental.
A las voces de alerta ante esta situación se han sumado administraciones y personerías municipales, así como la Procuraduría General de la Nación, pidiendo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales haga uso de su facultad de detenerlas hasta que se garanticen las condiciones de participación para las comunidades que serían afectadas directamente con las aspersiones aéreas.
Es importante tener en cuenta que este no es solo un reclamo desde los territorios sino que el accionar de la ANLA desobedece lo señalado por el Tribunal Administrativo de Nariño en su fallo de tutela. Por lo tanto, representa un desconocimiento a las decisiones tomadas por la Justicia colombiana.
La relevancia de la posible reactivación de aspersiones aéreas con glifosato va más allá de la erradicación de cultivos de uso ilícito. Como lo sostienen los representantes de las comunidades en los municipios del programa de erradicación, el herbicida genera afectaciones en la tierra dejándola infértil, contamina las fuentes hídricas de las cuales se abastecen y se presentan casos de enfermedades o malformaciones no solo en las especies de fauna presentes en el lugar, sino en los mismos habitantes de la zona.
