por STI | Ago 7, 2020 | CNTI Opina
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas lamentamos el fallecimiento de la comisionada y lideresa afrodescendiente Ángela Salazar, nuestra solidaridad a su familia, a sus allegados y a la CEV, su partida producto del COVID-19, deja un gran vacío en el sistema de conocimiento y sabiduría ancestral, la recordaremos como una mujer aguerrida, alegre y luchadora por las causas sociales.
La comisionada Ángela Salazar, de 66 años, oriunda de Tadó, Chocó, falleció en la mañana de este viernes 7 de agosto en Apartadó, Antioquia.
Según fuentes cercanas a la Comisión de la Verdad, Ángela Salazar se destacó como lideresa de mujeres en el Urabá antioqueño y era una de las 11 integrantes del pleno de la comisión.
La comisionada es reconocida por haber ejercido su liderazgo comunitario como conciliadora en equidad, se destacó por visibilizar la lucha y la defensa del derecho de las mujeres, su pilar de lucha fue hacer visibles las luchas de los derechos de las mujeres, especialmente de las victimas de la violencia sexual, los trabajadores bananeros, las empleadas domésticas, entre otros.
Quienes la conocieron de cerca reconocen en ella su capacidad organizativa durante los días más violentos de la región de Urabá, gozaba de una alegría de vivir y una disposición aguerrida en defensa de los derechos humanos.
En los últimos tres años trabajó incansablemente como comisionada de la verdad, sobre todo en la recuperación de la memoria y la verdad del pueblo afrocolombiano, afectado por el conflicto armado.
La comisionada Salazar es la segunda integrante del pleno de la Comisión de la Verdad que fallece, después de la muerte, en octubre de 2019, del periodista y sociólogo Alfredo Molano Bravo.
por STI | Ago 6, 2020 | Declaraciones políticas
Este jueves 6 de agosto de 2020, el coronavirus le arrebató la vida a José de los Santos Sauna, cabildo gobernador del pueblo indígena Kogui para los departamentos del Cesar y la Guajira. Su muerte representa una invaluable pérdida, espiritual, social y política, para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.
Las comunidades en los territorios, las organizaciones sociales y la sociedad en general, han unido sus voces para lamentar este hecho que refleja el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los pueblos indígenas de cara a la pandemia. El cabildo gobernador era protector de la sabiduría ancestral de su pueblo y dedicó su vida a defender los derechos territoriales del mismo, a buscar la unidad entre los pueblos y establecer el diálogo de Gobierno a Gobierno.
Hoy nos solidarizamos y lamentamos la pérdida de un luchador incansable por la protección de la Sierra, nos unimos al dolor de sus familiares y tenemos certeza que seguirá guiando, ahora de regreso a la Madre Tierra, el camino de quienes permanecen firmes en el cuidado del Corazón del Mundo.
por STI | Ago 5, 2020 | Comunicados y Declaraciones
Las organizaciones Nacionales indígenas que hacemos parte de la MPC y CNTI, Organización Indígena de Colombia -ONIC-, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC-, Confederación Indígena Tayrona CIT-, Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia – Gobierno Mayor, Autoridades Indígenas De Colombia Por La Pacha Mama, reiterando lo manifestado en anteriores oportunidades las organizaciones indígenas con asiento en la Mesa Permanente de Concertación y en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, tras analizar la situación actual que vive el país y el mundo a causa de la pandemia y la situación de desigualdad estructural que aumenta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, respaldados por el orden legal y constitucional, manifestamos expresamente que no realizaremos procesos de consulta previa que impliquen despliegue en nuestros territorios, ni tampoco en la modalidad virtual. Lo anterior porque nuestros pueblos y comunidades se hallan en confinamiento y aislamiento territorial por mandato autónomo de su gobierno propio, para evitar la propagación del COVID19 y también debido a que la intervención en los territorios afecta negativamente tanto la vida y la salud, como también el modo de vida y nuestra cultura.
De acuerdo con ello y fundamentados en el Convenio 169 de la OIT, dejamos en claro que solamente reasumiremos el ejercicio de nuestro derecho fundamental a la consulta previa cuando nuestras autoridades determinen en su autonomía culminar el aislamiento y una vez se supere la emergencia sanitaria. Lo anterior no implica por supuesto, una renuncia a nuestra participación, razón por la cual, en virtud de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución No. 1 de 2020, hemos también reafirmado nuestra plena disposición para avanzar en el diálogo con el Gobierno Nacional en las instancias de Concertación y hacer frente común contra la pandemia y sus efectos devastadores sobre nuestros pueblos.
Hoy sin embargo seguimos evidenciando cómo el Gobierno Nacional se encuentra empeñado y decidido en desconocer este mandato, y nuestros derechos, pues sumado a la ya denunciada propuesta de “Protocolo general de bioseguridad para el proceso de consulta previa, con las comunidades indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Providencia y en general de comunidades étnicas”, que rechazamos con vehemencia por inconsulto, impertinente e inaplicable, el cual fue derogado por estas razones, vemos hoy con alarma que el Ministerio del Interior insiste, y así se lo ha dejado saber a los gremios económicos, en adelantar consultas virtuales y en condicionar su procedencia a la “conectividad” y la voluntad del pueblo o comunidad titular del mismo, lo cual aumenta indebidamente la presión a los pueblos auto aislados que están padeciendo los efectos nocivos de la pandemia.
El Ministerio del Interior ha sostenido que no está transgrediendo el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, por haber derogado las circulares que le daban viabilidad de manera virtual. No obstante, la respuesta a empresarios, dada por el mismo Ministerio que fue publicitada en medios de comunicación, dista de esta postura y sostiene que avanza rápidamente en el camino para lograr consultas previas durante la pandemia a través de mecanismos tecnológicos.
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por CNTI | Jul 31, 2020 | Noticias
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas publicó el informe elaborado por el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, respecto a las afectaciones sufridas por los pueblos indígenas durante la pandemia del COVID-19.
El documento evidencia cómo las medidas tomadas por el Gobierno nacional durante la emergencia sanitaria y que responden a su interés de acelerar la economía, han favorecido el accionar delictivo de grupos armados que están operando en la impunidad, así como han contribuido al avance de proyectos extractivos que se llevan a cabo en los territorios indígenas. Esto debido a que dichas agrupaciones avanzan mientras las comunidades acatan las medidas de aislamiento.
El informe entregado al Relator el 19 de junio hace hincapié en la amenaza que representan para la seguridad jurídica de los territorios ancestrales: la militarización de los territorios, la intención de reactivar las aspersiones aéreas con glifosato, los desalojos a comunidades urbanizadas forzosamente, los hechos victimizantes relacionados al conflicto armado y el desplazamiento masivo de pueblos indígenas en plena pandemia.
De hecho, el Observatorio de Derechos Territoriales registró con preocupación un incremento del 53% en el asesinato de líderes indígenas en el contexto de la pandemia, comparado con el mismo periodo en el año anterior.
¿Cuáles son los impactos del COVID-19 en los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia?
Para el Observatorio, “la pandemia afecta de manera particular a comunidades indígenas porque aunado a la precariedad en la garantía del derecho a la salud, los territorios de las comunidades étnicas tienen un rezago significativo en el índice de condiciones de vida frente al resto de la población”. Además, destaca las problemáticas que se viven en los territorios, debido a la presencia de grupos armados y la persecución política en contra de autoridades y comunidades indígenas.
Por lo tanto, los meses de aislamiento preventivo y la ausencia de lineamientos efectivos por parte del Estado, encendieron las alarmas por estar configurando un posible escenario de etnocidio, ya que “han significado una desmedida e irresponsable exposición de los pueblos indígenas al contagio y a la muerte y, con ello, a su eventual exterminio cultural, a la violación de sus derechos fundamentales, a la militarización de sus territorios y a su afectación irreversible producto de las implicaciones que tienen las medidas de reactivación de la economía nacional”.
El estudio recoge también las iniciativas de autocuidado a las que han tenido que recurrir las comunidades para contener el avance del virus, pues este ya ha alcanzado al 54% de los pueblos indígenas del país, con más de 3.030 contagios y 114 fallecidos confirmados a la fecha.
Para consultar el informe, clic aquí:
por CNTI | Jul 31, 2020 | Noticias
31 de julio de 2020.
Por Redacción CNTI
La pandemia del coronavirus ha intensificado las problemáticas de los pueblos indígenas. La vulneración de sus derechos fundamentales y territoriales, así como los atentados contra la vida de sus representantes, han aumentado durante la emergencia sanitaria.
July Calderón, coordinadora del Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, evidenció que desde el inicio de la pandemia se han registrado 40 asesinatos de miembros de pueblos indígenas, lo que representa un crecimiento del 53% en estos crímenes respecto al mismo periodo del año anterior.
También llamó la atención respecto a lo sucedido desde el sábado 25 de julio hasta el miércoles 29, con el asesinato de seis miembros de pueblos indígenas, tres de ellos de la misma familia del pueblo Zenú en Córdoba y que originó el desplazamiento de dos cabildos indígenas de la zona hacia el casco urbano de San José de Uré. A este se sumó el feminicidio registrado en el resguardo del pueblo Nasa en Jambaló, norte del Cauca, el atentado contra una familia y el asesinato de dos integrantes del pueblo Awá en Barbacoas, Nariño.
Aida Quilcué, lideresa de la nación Nasa y consejera de derechos humanos en la ONIC, dijo: “de agosto del 2018 hasta el 12 de julio de 2020, el confinamiento creció y tenemos 15.781 personas confinadas, 12.205 en situación de desplazamiento forzado, 512 amenazas, 187 homicidios, 87 atentados y 82 afectaciones al territorio recopiladas por el Centro de Documentación de la ONIC, por lo que podemos decir que, en tiempos de pandemia los intereses de hacer daño a los pueblos indígenas, aumentaron”.
A su vez, denunció que “han llegado muchos panfletos y no terminan siendo solo eso, sino que se está materializando lo que dicen. Hay unas zonas en el Cauca donde ha aumentado el narcotráfico por distintas razones, vemos cómo en las rutas del narcotráfico están asesinando mucha gente. Es muy complicado porque lo que hace cinco meses no se veía, muchas camionetas de alto cilindraje con hombres armados para arriba y para abajo, pone en riesgo a muchas comunidades, no solo indígenas sino también campesinas y afrocolombianas”.
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por CNTI | Jul 30, 2020 | Noticias
30 de julio de 2020.
El Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se refirió al mes de julio de 2020 como el más violento para estas comunidades, ya que desde que iniciaron las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, se ha registrado un crecimiento del 53% de asesinatos en contra esta población, para un total de 40 asesinatos cometidos desde el 25 de marzo hasta el 28 de julio.
De hecho, desde el 25 de agosto de 2019 hasta el 18 de julio del presente año, se habían reportado 253 asesinatos de miembros de pueblos indígenas, a los que se sumaron en los últimos días el atentado contra una familia Zenú en San José de Uré, Córdoba, que generó el desplazamiento de dos cabildos indígenas, así como el asesinato de Sonia Bisbicuz y el exgobernador indígena Fabio Guanga en el resguardo Awá de Ñambi Piedra Verde, ubicado en el municipio de Barbacoas, Nariño.
La situación de Colombia en el mundo
El informe publicado en julio por la ONG Global Witness y titulado en español “Defender el Mañana”, estableció que Colombia fue el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos territoriales en 2019, representando el 30% de los asesinatos documentados a nivel mundial. América Latina, la región más afectada por los asesinatos de líderes y lideresas, registró el año pasado 148 de los 212 casos a nivel mundial, mientras que solo en Colombia se perpetraron 64 de ellos.
Según el reporte, los crímenes fueron dirigidos contra personas involucradas en la defensa del territorio frente a la minería y las industrias extractivas, la agroindustria, la explotación forestal, la sustitución de cultivos ilegales y otros casos relacionados a la pesca, la caza ilegal, entre otros. Para Global Witness, “Los grupos indígenas (en Colombia) estuvieron particularmente en riesgo: representan la mitad de los asesinatos documentados, a pesar de representar solo el 4,4% de la población”.
Es importante aclarar que las conclusiones son obtenidas de los datos debidamente registrados. Sin embargo, existe una preocupación latente ante los casos que, debido a las mismas condiciones de amenaza o falta de acceso a las vías de denuncia, no son documentados y generan una situación de subregistro en la que no es posible dimensionar la totalidad de las afectaciones sufridas por los defensores en sus territorios.
