La mayor superficie forestal del planeta está siendo afectada por las actividades económicas que en ella se realizan, sin tener en consideración la diversidad étnica, cultural y biológica que allí confluye. Los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica denuncian esta situación crítica y continúan en pie de lucha por la defensa de su territorio ancestral.
Por Redacción CNTI
¿Cómo coexisten cultura y biodiversidad en la Amazonía?
Para los pueblos indígenas de la Amazonía, estos dos conceptos no pueden ser entendidos por separado, pues esta unidad es el fundamento para el equilibrio y es contemplada en sus principios de vida. Así mismo, existe una relación directa entre los pensamientos, los sueños y la existencia conjunta con la Madre Tierra, como mencionó Sandra Tukup, lideresa indígena del pueblo Shuar de Ecuador, quien sostuvo que son los pueblos indígenas quienes han heredado de los abuelos el cuidado de la naturaleza.
Mateo Estrada, asesor de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y experto en temas ambientales amazónicos, señaló: “Lo importante del tema entre biodiversidad y cultura es el entendimiento igualitario entre la persona y la naturaleza, es la esencia de la protección y el buen uso de los recursos naturales”.
Por su parte, Fany Kuiru, lideresa indígena uitoto y coordinadora de Niñez y Mujer de la OPIAC, agregó la importancia del rol de la mujer en este contexto, ya que tiene un papel fundamental como receptora y cuidadora de la cultura. También comentó que al sembrar toda clase de especies para el alimento, protege la familia, el territorio y garantiza tanto la soberanía alimentaria como la biodiversidad.
¿Es posible armonizar las actividades extractivas con las políticas de protección étnica y ambiental?
El sociólogo y docente universitario Octavio Villa apuntó que no es posible, ya que son precisamente los principios de los pueblos indígenas de la Amazonía los que han permitido que sea protegida durante siglos y estos no coinciden con los intereses del extractivismo. Además, una de las principales preocupaciones frente a este modelo es que su práctica deja contaminación, pobreza y muerte en las poblaciones locales, toda vez que destruye el vínculo de los pueblos indígenas con la Madre Terra y arrasa sus territorios.
Uno de los casos es el del Bajo y el Medio Putumayo a los que intentaron denominar distrito minero y que por la lucha de las organizaciones, líderes y lideresas locales, permanecen hasta el momento sin ese título, como dijo Rossy Guzmán, lideresa indígena del pueblo Kamtsa y vicepresidenta de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP). La preocupación de permitir la expedición de estos títulos es que la idea de “desarrollo” de las empresas extractivas y los Gobiernos no coinciden con la visión de los pueblos indígenas, que temen la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de su culturalidad.
Estrategias por la defensa del territorio y la biodiversidad en la Amazonía
Es claro que históricamente los pueblos de la Amazonía se han encargado de su protección a través de prácticas ancestrales que siguen los ciclos naturales. Ejemplo de ello son las áreas de cultivo llamadas chagras, en las que la selva se regenera a sí misma, después de abandonado el espacio. Por esta razón, los llamados apuntan a la unidad, a aunar esfuerzos para la defensa del territorio y a hacer respetar la presencia de los pueblos indígenas allí, para que el Gobierno nacional y los intereses de particulares dejen de ver la Amazonía como “tierra de nadie”.
El profesor Octavio Villa resaltó la necesidad de “llenar de mucho conocimiento para que los pueblos indígenas puedan defenderse dentro de la normatividad, alrededor de los derechos colectivos y acudir a estrados internacionales frente a las arremetidas del extractivismo”. Así mismo, Mateo Estrada, asesor de la OPIAC, recordó la importancia de la consulta previa, ya que esta garantiza transparencia y una verdadera participación de las comunidades.
Por eso, la lideresa indígena ecuatoriana Sandra Tukup agregó: «Nosotros tenemos que cambiar y pensar de otra manera. Invitó a los hermanos indígenas y no indígenas a entender que el planeta está en nuestras manos. Nuestra casa es nuestra tierra, donde nos alimentamos”.
Finalizó con la siguiente reflexión para las presentes y las futuras generaciones, a propósito de la contaminación de las fuentes hídricas a causa de las actividades extractivas: “El agua es la vida, sin el agua no somos nada; el territorio es nuestra casa, sin él no tienes dónde poner el pie. Esos dos se complementan. Puedes tener mucho dinero pero este no se bebe, con el dinero puedes comprar el agua pero si no hay agua, no hay vida”.
Asunto: Solicitud de Revocatoria Directiva Presidencial 08 y exigencia del cumplimiento a la debida Consulta Previa al proyecto de decreto “por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”.
I. Hechos
La presente solicitud de revocatoria directa y exigencia del derecho a la consulta previa, se funda en lo siguiente:
1. Evidenciamos con alarma que el Gobierno Nacional, de manera inconsulta con los pueblos y las organizaciones indígenas, expidió el pasado 9 de septiembre la Directiva Presidencial No. 08 denominada “Guía para la realización de la consulta previa”, en la que pretende reglamentar nuestro derecho fundamental a la consulta previa.
2. Conocimos que se prevé la expedición, igualmente inconsulta, del “proyecto de decreto por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”.
3. Este proyecto de decreto ha sido publicado, con un plazo hasta el 21 de septiembre para recibir comentarios generales.
4. Ni la directiva, ni el proyecto de decreto fueron consultados de manera previa, pese a que regulan el derecho fundamental de consulta previa de los pueblos indígenas, esto en abierto desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, del artículo 46 del CPACA, y el bloque de constitucionalidad, incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de acuerdo con la cual es claro que, dentro de las medidas que han de ser consultadas por suponer una afectación directa a los pueblos étnicos, se encuentran aquellas que se orientan al desarrollo del Convenio 169 de la OIT, tal como lo hacen la mencionada norma y el proyecto.
Denunciamos públicamente que el Gobierno nacional ha expedido dos iniciativas que buscan reglamentar el derecho fundamental de la consulta previa con los pueblos indígenas, de manera inconsulta. Esto representa una transgresión al Convenio 169 de la OIT y a las reglas fijadas por la Corte Constitucional para la garantía de nuestro derecho a ser consultados, lo cual resulta regresivo e inconstitucional.
Inicialmente, el 7 de septiembre del año en curso, el Ministerio del Interior publicó “el proyecto de decreto por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”, mientras que el 9 de septiembre se conoció la Directiva Presidencial No. 08, “Guía para la realización de la consulta previa”. Denunciamos que estas iniciativas no han tenido ningún espacio de concertación con los pueblos y comunidades indígenas, más aún cuando denotan procedimientos que involucran un derecho fundamental para grupos étnicos. En este contexto, se desconoce directamente uno de los principios esenciales de la consulta, el de buena fe, que debe guiar todas las actuaciones de las partes para lograr un entendimiento y confianza en condiciones de igualdad.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la protección del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas ha sido reiterada y son claras las reglas que deben cumplirse para su materialización. Los nuevos intentos del Gobierno nacional ignoran estas reglas mínimas y pretenden imponer, de manera unilateral y sin consultarnos, procedimientos que le “facilitan” la instrumentalización de nuestro derecho fundamental, lo que limita su alcance y sus efectos, y deriva a su vez en una violación indirecta de nuestros derechos fundamentales.
Seguimos evidenciando cómo el Gobierno nacional está decidido a desconocer este mandato, por la ya denunciada propuesta del “Protocolo general de bioseguridad para el proceso de consulta previa, con las comunidades indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Providencia y en general de comunidades étnicas”, que rechazamos con vehemencia por inconsulta, impertinente e inaplicable y que fue derogada por estas razones.
Vemos también con alarma que el Ministerio del Interior insiste, y así se lo ha dejado saber a los gremios económicos, en adelantar consultas virtuales y en condicionar su procedencia a la “conectividad” y a la voluntad del pueblo o la comunidad titular del mismo, así como aumenta indebidamente la presión a los pueblos auto aislados que están padeciendo los efectos nocivos de la pandemia.
El líder Iku falleció en la mañana de este sábado 5 de septiembre en Valledupar para encontrarse con sus ancestros y seguir protegiendo espiritualmente al Corazón del Mundo.
Hace 80 años, el 25 de septiembre de 1939, a tres horas en carro de la ciudad de Valledupar y muy cerca de Pueblo Bello, nació en Nabusímake (la tierra donde nace el sol) el ‘Sakukū Mayor’ José Camilo Niño Suárez, quien llegó a ser uno de los líderes más carismáticos y la máxima autoridad del pueblo Arhuaco.
Cursó hasta tercer año de primaria, aprendía con facilidad y gozó de una gran memoria. Recordaba con precisión el árbol genealógico de sus antepasados y de las once generaciones que le antecedieron. “Conocía el territorio con detalle y sabía dónde estaban los lugares sagrados en los que había que hacer los pagamentos”, rememora su hijo, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, pocas horas antes de la siembra, nombre que dan los arhuacos a la ceremonia que realizan para honrar a sus seres queridos en su retorno a la naturaleza.
Sakuku Camilo Niño en las reflexiones sobre derechos territoriales con las autoridades del pueblo Arhuaco en Jamín, 2019.
Fue un hombre de carácter fuerte, lleno de buena salud y vitalidad, pero a la vez siempre jovial y dispuesto a servir a los demás, a escuchar a todos, aún si lo habían lastimado y a quien siempre le gustó estar rodeado compartiendo con la niñez de la comunidad.
A los 16 años inició su proceso como líder indígena; asumiendo diversas funciones y responsabilidades que lo llevaron a ser semanero (guardia indígena), cabo (coordinador de semaneros), representante de la región, presidente de acción comunal, fiscal de la mesa directiva del cabildo arhuaco, inspector, registrador, comisario de las autoridades regionales, concejal y consejero de la justicia arhuaca. Su experiencia y disciplina lo convirtieron en un experto de la sabiduría ancestral, lo que, sumado a su empeño por el fortalecimiento comunitario, lo llevaron a convertirse en el ‘Sakukū Mayor’, la máxima autoridad y última instancia del pueblo Arhuaco.
“Hacía tan solo dos años atrás, la comunidad de la Sierra Nevada le rendía un homenaje en el centro de Nabusímake por su gran aporte”, recuerda July Calderón, directora del Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Es que además de ser un líder muy reconocido por las autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, José Camilo Niño es recordado por otros pueblos y organizaciones indígenas, pues su huella significó un aporte y avance para procesos de organización y defensa de los territorios ancestrales a nivel nacional.
En sus más de 60 años de servicio, José Camilo fue considerado por muchos indígenas como el padre que nunca tuvieron o un “padrino”: “era guía, sabio, mentor, consejero, orientador; pensaba más en los demás que en él mismo”, recuerda su hijo Ricardo, actual Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
“Si algo caracterizaba a mi padre era su vigor y fortaleza espiritual: era un hombre feliz, rara vez sus 11 hijos lo vimos flaquear; siempre estaba alegre y no era para nada egoísta, siempre estaba dispuesto a compartir lo que sabía y siempre luchó por su comunidad y por la unidad del pueblo Arhuaco”, asegura Ricardo Camilo Niño Izquierdo.
El legado que nos deja el ‘Sakukū Mayor’
El Mayor José Camilo era un gran defensor del territorio. Ayudó a construir numerosas escuelas, no solo en la Sierra Nevada de Santa Marta sino en varias regiones del país.
“De niño recuerdo sus enseñanzas y la manera como transmitía las cosas, se tomaba su tiempo”, comentó con nostalgia Ricardo Niño, “me llevaba a hacer recorridos por el territorio y tenía una enorme dedicación para enseñar”, sostuvo.
Y es que ser ‘Sakukū Mayor’ significa enseñar a través de la práctica y del ejemplo, significa dar respeto y valorar a la palabra. Es así como José Camilo Niño siempre cumplía lo que decía que iba a hacer.
Su simpatía y alegría siempre lo caracterizaban, “les tomaba del pelo a los demás y les ponía apodos, pero lo hacía con cariño, era difícil verlo triste”, comenta su hijo. Asimismo, su integridad y vocación por ayudar a los demás fueron claves para forjar su carácter, un legado que vive en sus once hijos, a quienes siempre enseñó que la unidad familiar y que su pueblo eran lo primero.
“Por ello, el pueblo Arhuaco se siente huérfano y los que vivimos y lo conocimos nos sentimos responsables de seguir su legado”, puntualiza su hijo, quien sigue sus pasos como su digno descendiente.
Tras varios días de rituales y ceremonias para honrar su memoria, lo que significó la búsqueda del sitio sagrado en el que sus familiares sembraron a su ‘Sakukū Mayor’; hoy el líder del Pueblo Arhuaco trasciende en el tiempo y espacio para encontrarse con sus ancestros o chundwa, quienes desde la cima, siguen orientando a los pueblos y protegiendo espiritualmente al Corazón del Mundo, la montaña litoral más alta del planeta, la Sierra Nevada de Santa Marta.
*NABUSÍMAKE es el pueblo sagrado de los indígenas arhuacos, localizado a medio camino entre el municipio de Pueblo Bello, Cesar, y el Salto de Atishe, el último lugar de ritual y pagamento de esta comunidad, a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La implementación del catastro multipropósito y barrido predial inició en Colombia en 2019. No obstante, los pueblos indígenas y habitantes del sector rural han manifestado su preocupación frente a las medidas que pueden representar una vulneración directa de sus derechos territoriales.
Panorama del catastro multipropósito en Colombia
Según Henry Rodríguez, director del Catastro de Bogotá, este es un proceso que puede aportar información fidedigna siempre y cuando se haga de forma participativa, toda vez que abre puertas para que la relación con el territorio físico quede garantizada. Sin embargo, señaló que «el país no tiene formado su territorio nacional y mucho menos totalmente actualizado. El diagnóstico que se hizo en los CONPES es demoledor. Tenemos más del 70% sin actualizar; aún es un porcentaje muy grande sin formar, justamente el de la Colombia profunda”.
Para Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales, este escenario se debe en gran medida al debilitamiento del IGAC en tema presupuestal, pues ha provocado que la calidad de la información técnica y catastral, de la que era responsable, disminuya considerablemente. Así mismo, mencionó que la liquidación del Incoder y su división en cinco agencias ha sido un problema en términos de cumplimiento de los procesos para la formalización de tierras, ya que no han podido articularse para responder a la población como deberían.
Los funcionarios destacaron que, si bien el modelo contempla la participación de gestores públicos que pueden a su vez contratar operadores del sector privado para llevar a cabo las tareas, no hay forma de alcanzar las metas propuestas en los tiempos estipulados por el actual Gobierno, aún más cuando la pandemia frena las actividades en territorio.
¿Cuáles son las afectaciones que este modelo representa para los pueblos indígenas?
La forma en que está planteada la implementación del catastro es un factor que genera legítima preocupación por el riesgo en el que se encontraría la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.
Para Jhenifer Mojica, abogada del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el hecho de que desde 2014 se haya expedido un procedimiento para proteger los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y a día de hoy la Agencia Nacional de Tierras no haya protegido ninguno, es un claro ejemplo de falta de garantías.
Además, las comunidades denuncian que al no ser acordadas con ellas, las políticas pueden terminar generando problemas mayores al ignorar la realidad territorial. De hecho, hay mucho recelo al respecto de si este catastro va a limitarse a una individualización de títulos de propiedad, para eventualmente introducirlos al mercado de tierras, sin tener en cuenta el factor humano.
¿Qué proponen los pueblos indígenas desde sus territorios?
Guilliana Arrieta, gobernadora del pueblo Mokaná, hizo hincapié en la necesidad de contar con la participación de los pueblos indígenas en el levantamiento de la información necesaria para el catastro, ya que son ellos quienes han tenido siempre el ordenamiento de su territorio y quienes mejor conocen los sitios sagrados, los lugares destinados a cultivo, las fuentes de agua y otros puntos vitales que tienen estrecha relación con las dinámicas propias de quienes allí habitan.
Destacó que el Estado tiene una deuda histórica en la implementación del enfoque diferencial que reconozca los saberes de los grupos étnicos y que, además, garantice los espacios de participación que contempla la ley, tal como el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, antes de ejecutar procesos que atraviesen sus territorios.
Jessica Villamil, geógrafa y asesora del cabildo Inga de Colón, en el departamento de Putumayo, socializó la experiencia que han desarrollado allí con la georreferenciación de puntos de interés y sitios sagrados, un ejercicio que busca demostrar que las asociaciones indígenas están en capacidad de contribuir con el levantamiento de la información y que se les debe tener en cuenta, pues la visión centralizada de las entidades desde Bogotá ignora los conocimientos de los/as sabedore/as acerca de la importancia de cada espacio que integra la territorialidad de sus comunidades.
Como señaló Guilliana Arrieta, lideresa del pueblo Mokaná: “El Gobierno no puede seguir pensando en un catastro que no sea respetuoso de los derechos y los territorios indígenas. No es solo un levantamiento de polígonos o un inventario de bienes para que entren a ser parte de un mercado. Va mucho más allá; es un tema de conexión con la Madre Tierra, de pervivencia, de ancestralidad, del vientre de las mujeres indígenas y la memoria de nuestros mayores”.
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Asunto: Declaración Política sobre el Proyecto de Acuerdo para la implementación de las Zonas de Desarrollo Empresarial
En respuesta al proyecto de Acuerdo publicado en la página web de la Agencia Nacional de Tierras “Por el cual se establecen las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales para la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías para la delimitación de las Zonas de Desarrollo Empresarial y se establecen otras disposiciones”, las organizaciones indígenas abajo firmantes manifestamos nuestro rotundo rechazo a dicha iniciativa exigiendo al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Agricultura y demás entidades que conforman el Consejo Directivo de la ANT no apruebe dicho acuerdo por resultar inconstitucional e ilegal, y constituir una medida regresiva frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas son todos aquellos que protegen la especial relación que tienen los pueblos indígenas desde su ancestralidad con sus territorios y que constituye la base fundamental de su vida social, económica, cultural y espiritual. Comprenden, por una parte, la protección de las concepciones propias de cada pueblo indígena sobre su relación con el territorio y, por otra, el reconocimiento y protección estatal, brindando seguridad jurídica a las comunidades, con base en las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Incluyen los derechos a la propiedad colectiva (resguardos indígenas), a la protección de la territorialidad ancestral, al uso y goce de sitios sagrados, a la restitución de territorios despojados y abandonados forzosamente, a la autoridad ambiental sobre el territorio, autonomía y gobierno propio, derechos bioculturales y derecho a la participación y consulta previa.
