por CNTI | Nov 24, 2020 | Noticias
24 de noviembre de 2020
En el debate de control político que cursa el día de hoy, noviembre 24 de 2020 en la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes en relación con la iniciativa de reglamentación de las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE), la STI de la CNTI nos permitimos señalar que:
- Esta iniciativa es un nuevo artificio para dar continuidad a la historia de despojo y acumulación de tierra que se ha impulsado en favor del empresariado rural y por encima de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como de las comunidades negras y la población campesina.
- Su publicación para consulta ciudadana durante tan solo 8 días y sin que se surta el respectivo proceso de consulta previa implica dinamizar una discusión a espaldas de la sociedad y en especial de la población rural más afectada con las medidas que pretenden reglamentarse como somos los pueblos indígenas.
- Esta propuesta de reglamentación pretende evadir las mínimas cargas que se han establecido para que el empresariado pueda hacer uso los denominados baldíos de la nación al proponer una nueva flexibilización de las mismas y al poner en cuestión, no solo el régimen de baldíos actualmente existente en favor de los pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, si no de los mínimos bases establecidas en el Acuerdo Final de Paz para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Esto implica especial perjuicio frente a los territorios de uso ancestral y tradicional de los pueblos indígenas.
- La iniciativa nuevamente establece una competencia por los territorios baldíos de la nación, muchos de los cuales son territorios ancestrales indígenas, entre comunidades rurales y empresariado con lo cual se parte de un pleno desconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales del territorio por parte de los pueblos indígenas y se establecen prioridades de su uso en favor de sujetos que deberían usarlo solamente de manera excepcional de acuerdo a como ha sido reconocido por la Corte Constitucional.
Los Pueblos y Organizaciones Indígenas de la CNTI, rechazamos la reglamentación de las ZDE como una iniciativa que se impulsa a espaldas de la población rural, violando la consulta previa, en contravía de los territorios de posesión ancestral y tradicional de los Pueblos Indígenas y en absoluta contradicción con el Acuerdo Final de Paz. Exigimos que las discusiones de ordenamiento y uso del territorio rural se surtan de cara al país y con la participación de sus directos interesados de tal modo que también tenga lugar en los correspondientes escenarios de consulta previa.
por CNTI | Nov 19, 2020 | Noticias
19 de noviembre de 2020
El incumplimiento por parte del Gobierno nacional nos pone ante un contexto de inseguridad jurídica que lesiona el principio de confianza y credibilidad en el Estado. Hoy no solo han sido violentados los Pueblos Indígenas sino el corazón del Estado Social de Derecho: la Constitución de 1991.
El Estado Social de Derecho ha estado en mora por 26 años en garantizar la seguridad jurídica de los resguardos de origen colonial y/o republicano. Aún así, después de casi un año de haber sido cumplida y protocolizada la consulta previa con fecha del 20 de diciembre de 2019 en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Gobierno nacional se rehúsa a firmar el decreto al imponer condicionantes inconstitucionales y al violar el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada de los Pueblos Indígenas.
El saldo de esta deuda histórica que viene desde épocas coloniales y republicanas, hoy se encuentra en el limbo jurídico debido a que funcionarios públicos, en cabeza del viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, condicionan inconstitucionalmente la firma del decreto a que los Pueblos Indígenas realicen una socialización del mismo con otros sectores, obligación que corresponde al Gobierno.
Producto de la exigencia de este espacio, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en la 9° sesión ampliada de la MPC con la CNTI, explicaron al Gobierno y a los representantes de las organizaciones indígenas, que el alcance de sus recomendaciones NO son vinculantes o condicionantes para la firma de un decreto que, como se expuso, fue desarrollado en derecho y acató cada una de las etapas ordenadas por la ley entre el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas.
La falta de voluntad del Gobierno es tan evidente que, en primer lugar, no publicó el decreto sino por exigencia de la CNTI. Segundo, no cumplió con los acuerdos para que se diera respuesta a los comentarios y objeciones. Tercero, las Organizaciones Indígenas, sin tener la obligación de hacerlo, aportaron a los fundamentos de las respuestas que después fueron concertadas con el Gobierno y a la fecha no han sido enviadas. De tal manera, el Gobierno no puede alegar que tiene interés en garantizar la participación de otros sectores cuando no ha cumplido con sus obligaciones.
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por CNTI | Nov 16, 2020 | Noticias
16 de noviembre
Aunque el Gobierno nacional dice que no hay pueblos indígenas afectados por el programa de fumigaciones, las afectaciones a las comunidades étnicas y campesinas serán irremediables, pues pese a que hay más de un millón de hectáreas donde se confirma el traslape con los territorios ancestrales indígenas, el Ministerio del Interior niega presencia de comunidades para «imponer» las fumigaciones aéreas con glifosato sin consulta previa.
Así lo confirmó Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien reveló que, a partir del sistema de información geográfica, la CNTI logró elaborar un mapa que revela que más de 1 millón 133 mil hectáreas del programa de fumigaciones aéreas con glifosato se verán afectadas 40 pueblos indígenas.
«Del total de municipios 170, que serían objeto de aspersión, existen 54 donde hay certeza de la existencia de pueblos indígenas, los cuales el Gobierno nacional no los está reconociendo en los seis núcleos de fumigación”, manifestó Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco.
Es importante señalar, como se evidencia en el mapa de traslape de áreas indígenas y áreas del programa de aspersiones aéreas con glifosato, que al menos en 4 de los 6 núcleos de fumigaciones hay solicitudes territoriales indígenas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) respecto a territorios ancestrales, que no han sido formalizados como resguardos pero que hay uso y ocupación por parte de los pueblos indígenas.
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por STI | Nov 13, 2020 | Comunicados y Declaraciones
12 de noviembre de 2020
En un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 que aqueja a la población mundial, se exacerba cada vez más la violación a nuestros derechos territoriales y la estigmatización de nuestros procesos de reivindicación y organización.
El aumento de las masacres, especialmente en contra de los pueblos Awá, Nasa y Zenú, el asesinato selectivo contra 74 miembros de comunidades indígenas desde el inicio del confinamiento a la fecha, el acaparamiento de tierras, el impulso de iniciativas gubernamentales que son violatorias de nuestros derechos fundamentales y ahora la criminalización y la estigmatización de nuestro derecho constitucional de la protesta pacífica, en el marco de la Minga Indígena, realizada en el mes de octubre, en su camino reivindicativo por la vida, el territorio, la paz y la democracia, y como parte del llamado al diálogo al Gobierno nacional, configuran una crisis humanitaria sin precedentes en las últimas décadas en el país.
La Minga indígena que partió desde el departamento del Cauca hacia la ciudad de Bogotá, convocó masiva, organizada y pacíficamente a más de 10.000 comuneros de todos los pueblos indígenas del país y, que en un acto político contó con el apoyo y acompañamiento de la ciudadanía.
Así, en el marco de estas movilizaciones, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la protesta y a la libre asociación, diferentes sectores económicos con intereses políticos particulares difamaron y divulgaron afirmaciones falsas, dañinas y perjudiciales para nuestras comunidades y para la Minga; argumentaron que nuestros procesos organizativos están articulados a grupos armados en los territorios y que, incluso, nuestros mingueros pertenecen a estos grupos al margen de la ley. También señalaron los desplazamientos de la Minga por la Vida como un foco de contagio del virus para los mingueros, con la pretensión de sabotear la organización y movilización social.
Además, algunos sectores políticos y gremios económicos afirmaron que los pueblos indígenas somos acaparadores de tierras, prácticamente terratenientes, que no aportamos al crecimiento económico del país y sugirieron con esto que no deberíamos solicitar la protección jurídica que necesitan nuestros territorios.
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por STI | Nov 4, 2020 | Comunicados y Declaraciones
Bogotá, 4 de noviembre de 2020
Señor
RODOLFO ZEA NAVARRO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Bogotá, D.C.
Asunto: Denuncia incumplimiento de consulta previa acordada para la creación de un procedimiento especial para la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano
Como delegados ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, en representación de la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamama, Autoridades Indígenas tradicionales de Colombia – Gobierno Mayor, mediante la presente comunicación queremos expresar nuestra inconformidad con la reunión de socialización a la que de manera improvisada se ha convocado el día de mañana 5 de noviembre de 2020 por parte de Wilber Jairo Vallejo Bocanegra Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura para discutir el proyecto de decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, para la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas”.
Hemos sido muy claros en las distintas sesiones de concertación nacional en que se ha tratado este tema en reiterar que la expedición del decreto para la clarificación legal de los resguardos de origen colonial y republicano fue un compromiso adquirido por el Gobierno Nacional a través de un proceso de consulta previa acordado en acta de 28 de diciembre de 2017 en sesión de la Mesa Permanente de Concertación- MPC. Este compromiso además responde a obligaciones del Estado colombiano de cara a los tratados internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, a la Constitución Política y al componente étnico del Acuerdo de Paz.
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por CNTI | Oct 14, 2020 | Noticias
14 de octubre de 2020
La movilización que partió desde el Suroccidente del país, levanta una voz de dignidad y en rechazo a los asesinatos selectivos, las masacres y todo tipo de intimidaciones que sufren los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados que disputan el control de sus territorios, así como por la constante violación de sus derechos territoriales y el incumplimiento de los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz.
Por Redacción CNTI
Las organizaciones indígenas tomaron la decisión de marchar hasta Bogotá ante la negativa de Iván Duque de sentarse a dialogar el pasado 12 de octubre, fecha en la cual esperaban hacer una audiencia en la que fueran expuestos los reclamos de los pueblos. Ahora, tras la inasistencia del presidente de la República, se dirigirán a la capital, pues, como sentenció el senador Feliciano Valencia: “si Duque no viene a la Minga, la Minga va donde Duque”.
Ante las declaraciones de Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, quien señaló el carácter político de la Minga, una posible “infiltración” y que el espacio para la discusión era el Congreso, la coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Jhenifer Mojica, dijo que el Gobierno quiere evadir el debate porque los temas sobre los que se quiere discutir no son reivindicativos como los que suelen hacerse en estos escenarios sino que son políticos.
A su vez, dejó claro que al querer centrarse en el cumplimiento inmediato de acuerdos, el Gobierno evade temas de fondo sobre cómo garantizar la vida y la pervivencia de los pueblos. Por esto, demandan que las discusiones sean adelantadas directamente con el presidente porque no se trata de la gestión de las entidades.
Por su parte, el Mayor Alfonso Peña, líder indígena del pueblo Nasa, dijo: “el Gobierno históricamente ha señalado a los pueblos indígenas cuando se hace resistencia. Sin embargo, nosotros siempre hacemos el ejercicio propio y autónomo en el marco del Gobierno propio” y rechazó rotundamente las afirmaciones acerca de la supuesta presencia de grupos ilegales en la organización de la Minga, pues estas “han generado persecución y desaparición de muchos líderes, como los asesinatos selectivos que se vienen presentando en diferentes lugares del país”.
¿Por qué es importante la Minga y cuál es su significado como expresión cultural?
Esta constituye un ejercicio democrático de participación ciudadana y de deliberación al que tienen derechos los pueblos. Para Jhoe Sauca, coordinador Defensa de la Vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), “implica salir a reivindicar derechos pero también dar discusiones de los análisis y realidades que sentimos en los territorios. Es una expresión que tiene múltiples facetas y nos ha convocado a este objetivo de intentar buscar ser escuchados y debatir temas estructurales que hoy suceden en el país”.
En este contexto, el problema de la acumulación de la tierra, como lo reveló el último censo agropecuario, arroja una tenencia del 90% de las extensiones territoriales en manos del 0.4% de los propietarios censados, por lo que la Minga demanda la protección del territorio, no solo para los pueblos indígenas sino para todos/as en el país.
Harold Secue, Thu’Thenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN) agregó que el territorio está en riesgo por las agendas extractivas que promueve el Gobierno y si este está en peligro, también lo está la vida de la humanidad, los animales y toda la Madre Tierra. “Nos están matando y el pueblo sigue dormido, sigue callado. Eso nos motiva a salir a protestar, a decir que aquí estamos los pueblos”, sentenció.
Respecto a su significado como expresión cultural, Roseli Finscue Chavaco, desde el Programa Mujeres Indígenas del CRIC, dijo que “la Minga es la fuerza, la conectividad, la esperanza, la unidad y la oportunidad de seguir construyendo un país en el cual se respete la diversidad, las visiones de vida, de mundo y de territorio para que haya equidad, igualdad y justicia”. Así mismo, destacó que es una acción colectiva en la que trabajan conjuntamente hombres, mujeres, niños y mayores para exigir el respeto a la vida.
Desde las comunidades indígenas se recalca la defensa integral de los territorios con un movimiento de consciencia y de unidad, en el que se revive la historia y se orienta a las nuevas generaciones para tomar consciencia y exigir los derechos. De igual forma es un proceso de aprendizaje y enseñanza permanente, en el que se ha llamado a la unidad de diferentes sectores y ha agrupado a habitantes de la ruralidad y las grandes ciudades en el país.
De hecho, también en esta oportunidad, el Mayor Alfonso Peña apuntó que la exigibilidad de los derechos integra tanto a indígenas como campesinos y afros que en la vida diaria comparten en los territorios, ya que a veces dicha interacción en las mingas comunitarias no se ve, por lo que se les extiende la invitación a unirse a estos espacios.
Se espera que la movilización parta desde Cali el 15 de octubre, pase por las ciudades de Armenia, Ibagué, Fusagasugá y Soacha, para llegar a Bogotá el lunes 19 de octubre y dirigirse a la plaza de Bolívar para hablar finalmente con el presidente Iván Duque.
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