por STI | Mar 6, 2021 | Comunicados y Declaraciones
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Bakatá, 6 de marzo de 2021. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana (OPIAC), Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama y Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia-Gobierno Mayor, expresamos nuestro RECHAZO por el nombramiento del señor Juan Carlos Pulido como coordinador de Enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
El señor Juan Carlos Pulido en su calidad de asesor y coordinador de Consenso Social en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), fue protagonista de un acto de racismo y desprecio en contra de los Pueblos Indígenas; el hecho fue evidenciado y repudiado públicamente en el marco de una reunión virtual de espacio mixto entre el Gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el pasado 19 de marzo de 2020.
No es nuevo que el Gobierno nacional en la contratación de funcionarios públicos a cargo de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, nombre a personas que no responden a los criterios de responsabilidad, idoneidad y experticia que implica el manejo del enfoque diferencial en las instituciones públicas. Ante esta grave y reiterada situación EXPRESAMOS que, la llegada a este cargo de una persona abiertamente racista y que no reconoce nuestra existencia diversa, se traduce en un riesgo para la garantía efectiva de nuestros derechos como Pueblos indígenas, en contravía de los estándares internacionales, amenazando además el acceso a justicia y la eficacia de los mecanismos disciplinarios y diferenciales cuyo objetivo debe ser la eliminación de cualquier forma de racismo estructural e institucional, además de ser una burla para nuestras comunidades.
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por CNTI | Feb 19, 2021 | Noticias
19 de febrero de 2021
El estudio realizado en Colombia, Brasil, Perú, Indonesia y República Democrática del Congo, concluyó que sus Gobiernos están dando prioridad a la reactivación de las economías afectadas por la pandemia, mediante la implementación de políticas que favorecen la desregularización de las actividades extractivas y que ponen en riesgo la vida misma de los pueblos indígenas y de la vida silvestre.
La ONG Forest Peoples Program compartió el pasado jueves 18 de febrero el informe “Retroceso de las salvaguardias sociales y medioambientales en nombre de la COVID-19″, que realizó con el apoyo de Land Portal, las universidades de Yale y Middlesex, The Tenure Facility y el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). El documento da cuenta de cómo los Gobiernos de cinco países están priorizando la expansión de los sectores de energía, infraestructura, minería, tala y agricultura industrial, tanto en territorios indígenas como sus adyacencias.
Según Cathal Doyle, líder de programa y becario Leverhulme Early Career Fellow en la facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, los entes de Gobierno no están haciendo cumplir la legislación nacional o el derecho internacional que prohíben el acaparamiento de tierras. Por el contrario, han estado desarrollando políticas de uso de la tierra y de ordenamiento territorial potencialmente dañinas, que violan los derechos de los pueblos indígenas. Esto se vería reflejado en que, a pesar de la desaceleración económica general en época de pandemia, la deforestación está en aumento y es probable que empeore en 2021.
El caso de América Latina
Respecto a la situación actual de Brasil, Bivyane Rojas Garzón, abogada y coordinadora del Instituto Socioambiental (ISA), expresó que si bien la deforestación es un proceso que se viene dando desde hace muchos años en el país, ha aumentado considerablemente en épocas recientes y el 80% de estos procesos han sido adelantados en territorios indígenas.
Agregó que se debe principalmente a una expectativa de cambio de la legislación dirigida por el Gobierno de Jair Bolsonaro, quien haciendo uso de actuaciones administrativas como la desregulación, el desmantelamiento de políticas públicas, el debilitamiento de los órganos públicos relacionados con los pueblos indígenas y con la protección de los bosques amazónicos, ha desmoralizado los territorios y ha abierto paso a la desforestación para monocultivos masivos en zonas de reserva. Además, ha habido cambios en las agencias especializadas en conservación ambiental y la creciente participación del Ejército en la atención a posibles crímenes ambientales, ha implicado la ejecución de muchos más recursos públicos con una efectividad menor, ya que no cuenta con la experiencia específica para atender dichos escenarios.
Por Colombia participó Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco, ecólogo y secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). En su reflexión dejó claro que uno de los problemas que enfrenta el país es el cambio en la legislación sobre los terrenos baldíos. “La dinámica que se presenta es que se despoja a las comunidades indígenas de sus territorios aduciendo que no están siendo utilizados y que por lo tanto son baldíos, para posteriormente ser entregados para su explotación a multinacionales”, dijo.
Los territorios que han sido despojados son aquellos que no cuentan con seguridad jurídica, falencia que se debe, entre varias razones, a obstáculos de tipo administrativo, debido a que el Gobierno actual sostiene como excusa que todos los esfuerzos están concentrados en hacerle frente a la pandemia y que por lo tanto no se puede dar respuesta a las solicitudes de formalización de los territorios.
Otro punto a tener en cuenta según lo manifestado por Camilo Niño, es cómo se ha desdibujado el sentido y el fin del derecho fundamental a la consulta previa, ya que se está reduciendo a un procedimiento para otorgar licencias ambientales. El Gobierno no ofrece garantías para este derecho y ejemplo de ello es la propuesta de consultas previas virtuales a pesar de que el 83% del territorio colombiano no cuenta con buena conectividad.
En su intervención resaltó la grave vulneración de derechos humanos que representa el alarmante número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales desde la firma del AFP, de los cuales, la tercera parte corresponde a representantes de las comunidades indígenas. Así mismo, señaló el impacto por las muertes por covid-19 en los pueblos indígenas, debido a la falta de atención en salud en los territorios, que ha cobrado la vida especialmente de mayores, quienes conservan la sabiduría ancestral, la guía espiritual y la cultura de sus pueblos.
Para el contexto de Perú, Cathal Doyle, de la Universidad de Middlesex, expuso que como en otras partes del mundo, el mayor problema que enfrentan comunidades indígenas es la deforestación para las explotaciones de petróleo que ha arrasado sin más con zonas protegidas. El Gobierno local ha sugerido que el petróleo debe adelantar la reactivación económica del país y en estas discusiones no tiene en cuenta a los pueblos originarios ni las graves amenazas que esto significa para la diversidad natural y el equilibrio ambiental.
El caso del Sudeste Asiático
Para el contexto de Indonesia, Rukka Sombolinggi, secretaria general de Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN, por sus siglas en indonesio), planteó que los 50.000 pueblos indígenas, que cuentan con más de 52 millones de hectáreas en el archipiélago, están siendo explotados por los poderes económicos pues no han sido considerados.
Agregó que “actualmente se han presentado unas reformas legislativas que se muestran ante la opinión pública como fuentes para generar empleo, pero lo que realmente buscan es promover la inversión extrajera en Indonesia y reducir las pocas salvaguardas que existen para proteger los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente”. De aquí la importancia de reconocer y fortalecer las acciones que llevan a cabo las comunidades indígenas para la conservación, ya que a pesar del rol clave que estas tienen para la protección de la vida silvestre, siguen siendo invisibles para la sociedad y para un modelo económico que excluye sus formas de organización y de entender la vida.
Conclusiones durante el lanzamiento del informe
Desde cada una de las experiencias hubo un punto en común, la importancia indiscutible de garantizar la seguridad jurídica de los territorios y el reconocimiento de las acciones que llevan a cabo los pueblos indígenas para la conservación, siguiendo su conocimiento ancestral, pues es un factor clave para enfrentar la crisis climática. De igual manera, la necesidad de exigir a los Estados y sus respectivos gobiernos que eliminen la unilateralidad a la hora de plantear proyectos que impliquen la intervención de los territorios, pues debe haber un diálogo permanente con los pueblos indígenas y respetarse el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
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por CNTI | Nov 24, 2020 | Noticias
24 de noviembre de 2020
En el debate de control político que cursa el día de hoy, noviembre 24 de 2020 en la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes en relación con la iniciativa de reglamentación de las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE), la STI de la CNTI nos permitimos señalar que:
- Esta iniciativa es un nuevo artificio para dar continuidad a la historia de despojo y acumulación de tierra que se ha impulsado en favor del empresariado rural y por encima de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como de las comunidades negras y la población campesina.
- Su publicación para consulta ciudadana durante tan solo 8 días y sin que se surta el respectivo proceso de consulta previa implica dinamizar una discusión a espaldas de la sociedad y en especial de la población rural más afectada con las medidas que pretenden reglamentarse como somos los pueblos indígenas.
- Esta propuesta de reglamentación pretende evadir las mínimas cargas que se han establecido para que el empresariado pueda hacer uso los denominados baldíos de la nación al proponer una nueva flexibilización de las mismas y al poner en cuestión, no solo el régimen de baldíos actualmente existente en favor de los pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, si no de los mínimos bases establecidas en el Acuerdo Final de Paz para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Esto implica especial perjuicio frente a los territorios de uso ancestral y tradicional de los pueblos indígenas.
- La iniciativa nuevamente establece una competencia por los territorios baldíos de la nación, muchos de los cuales son territorios ancestrales indígenas, entre comunidades rurales y empresariado con lo cual se parte de un pleno desconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales del territorio por parte de los pueblos indígenas y se establecen prioridades de su uso en favor de sujetos que deberían usarlo solamente de manera excepcional de acuerdo a como ha sido reconocido por la Corte Constitucional.
Los Pueblos y Organizaciones Indígenas de la CNTI, rechazamos la reglamentación de las ZDE como una iniciativa que se impulsa a espaldas de la población rural, violando la consulta previa, en contravía de los territorios de posesión ancestral y tradicional de los Pueblos Indígenas y en absoluta contradicción con el Acuerdo Final de Paz. Exigimos que las discusiones de ordenamiento y uso del territorio rural se surtan de cara al país y con la participación de sus directos interesados de tal modo que también tenga lugar en los correspondientes escenarios de consulta previa.
por CNTI | Nov 19, 2020 | Noticias
19 de noviembre de 2020
El incumplimiento por parte del Gobierno nacional nos pone ante un contexto de inseguridad jurídica que lesiona el principio de confianza y credibilidad en el Estado. Hoy no solo han sido violentados los Pueblos Indígenas sino el corazón del Estado Social de Derecho: la Constitución de 1991.
El Estado Social de Derecho ha estado en mora por 26 años en garantizar la seguridad jurídica de los resguardos de origen colonial y/o republicano. Aún así, después de casi un año de haber sido cumplida y protocolizada la consulta previa con fecha del 20 de diciembre de 2019 en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Gobierno nacional se rehúsa a firmar el decreto al imponer condicionantes inconstitucionales y al violar el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada de los Pueblos Indígenas.
El saldo de esta deuda histórica que viene desde épocas coloniales y republicanas, hoy se encuentra en el limbo jurídico debido a que funcionarios públicos, en cabeza del viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, condicionan inconstitucionalmente la firma del decreto a que los Pueblos Indígenas realicen una socialización del mismo con otros sectores, obligación que corresponde al Gobierno.
Producto de la exigencia de este espacio, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en la 9° sesión ampliada de la MPC con la CNTI, explicaron al Gobierno y a los representantes de las organizaciones indígenas, que el alcance de sus recomendaciones NO son vinculantes o condicionantes para la firma de un decreto que, como se expuso, fue desarrollado en derecho y acató cada una de las etapas ordenadas por la ley entre el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas.
La falta de voluntad del Gobierno es tan evidente que, en primer lugar, no publicó el decreto sino por exigencia de la CNTI. Segundo, no cumplió con los acuerdos para que se diera respuesta a los comentarios y objeciones. Tercero, las Organizaciones Indígenas, sin tener la obligación de hacerlo, aportaron a los fundamentos de las respuestas que después fueron concertadas con el Gobierno y a la fecha no han sido enviadas. De tal manera, el Gobierno no puede alegar que tiene interés en garantizar la participación de otros sectores cuando no ha cumplido con sus obligaciones.
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por CNTI | Nov 16, 2020 | Noticias
16 de noviembre
Aunque el Gobierno nacional dice que no hay pueblos indígenas afectados por el programa de fumigaciones, las afectaciones a las comunidades étnicas y campesinas serán irremediables, pues pese a que hay más de un millón de hectáreas donde se confirma el traslape con los territorios ancestrales indígenas, el Ministerio del Interior niega presencia de comunidades para «imponer» las fumigaciones aéreas con glifosato sin consulta previa.
Así lo confirmó Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien reveló que, a partir del sistema de información geográfica, la CNTI logró elaborar un mapa que revela que más de 1 millón 133 mil hectáreas del programa de fumigaciones aéreas con glifosato se verán afectadas 40 pueblos indígenas.
«Del total de municipios 170, que serían objeto de aspersión, existen 54 donde hay certeza de la existencia de pueblos indígenas, los cuales el Gobierno nacional no los está reconociendo en los seis núcleos de fumigación”, manifestó Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco.
Es importante señalar, como se evidencia en el mapa de traslape de áreas indígenas y áreas del programa de aspersiones aéreas con glifosato, que al menos en 4 de los 6 núcleos de fumigaciones hay solicitudes territoriales indígenas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) respecto a territorios ancestrales, que no han sido formalizados como resguardos pero que hay uso y ocupación por parte de los pueblos indígenas.
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por STI | Nov 13, 2020 | Comunicados y Declaraciones
12 de noviembre de 2020
En un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 que aqueja a la población mundial, se exacerba cada vez más la violación a nuestros derechos territoriales y la estigmatización de nuestros procesos de reivindicación y organización.
El aumento de las masacres, especialmente en contra de los pueblos Awá, Nasa y Zenú, el asesinato selectivo contra 74 miembros de comunidades indígenas desde el inicio del confinamiento a la fecha, el acaparamiento de tierras, el impulso de iniciativas gubernamentales que son violatorias de nuestros derechos fundamentales y ahora la criminalización y la estigmatización de nuestro derecho constitucional de la protesta pacífica, en el marco de la Minga Indígena, realizada en el mes de octubre, en su camino reivindicativo por la vida, el territorio, la paz y la democracia, y como parte del llamado al diálogo al Gobierno nacional, configuran una crisis humanitaria sin precedentes en las últimas décadas en el país.
La Minga indígena que partió desde el departamento del Cauca hacia la ciudad de Bogotá, convocó masiva, organizada y pacíficamente a más de 10.000 comuneros de todos los pueblos indígenas del país y, que en un acto político contó con el apoyo y acompañamiento de la ciudadanía.
Así, en el marco de estas movilizaciones, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la protesta y a la libre asociación, diferentes sectores económicos con intereses políticos particulares difamaron y divulgaron afirmaciones falsas, dañinas y perjudiciales para nuestras comunidades y para la Minga; argumentaron que nuestros procesos organizativos están articulados a grupos armados en los territorios y que, incluso, nuestros mingueros pertenecen a estos grupos al margen de la ley. También señalaron los desplazamientos de la Minga por la Vida como un foco de contagio del virus para los mingueros, con la pretensión de sabotear la organización y movilización social.
Además, algunos sectores políticos y gremios económicos afirmaron que los pueblos indígenas somos acaparadores de tierras, prácticamente terratenientes, que no aportamos al crecimiento económico del país y sugirieron con esto que no deberíamos solicitar la protección jurídica que necesitan nuestros territorios.
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