Según información preliminar difundida por Indepaz y confirmada por líderes indígenas, Sandra Liliana Peña era la actual gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia SAT Tama Kiwe.
El crimen ocurrió en la vereda Porvenir, corregimiento El Pescador del municipio de Caldono, en un territorio donde hacen presencia diferentes actores armados como la columna móvil Dagoberto Ramos, la columna móvil Jaime Martínez (disidencias de las FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las primeras versiones indican que la víctima falleció en su lugar de residencia.
Integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC citados por el diario El Universal aseguraron que “los hechos se presentaron en su casa de habitación cuando hombres armados la obligaron a salir y, después, sin mediar palabra, dispararon contra su integridad física”.
De acuerdo con estas versiones, “la gobernadora había manifestado días antes su posición de rechazo como autoridad a los cultivos de uso ilícito que se estaban incrementando en el territorio”.
Otras versiones preliminares publicadas por el diario El Tiempo señalan que la lideresa indígena “iba bajando en una moto con un cabildante y se escucharon unos disparos. Cuando llegaron al sitio, el cuerpo estaba sin signos vitales y el guardia herido”.
Ferley Quintero, consejero del CRIC, relató a la emisora W Radio que la gobernadora se preparaba para viajar hacia la ciudad de Popayán, pues para el día de hoy tenía previsto participar en una sesión mixta con el Gobierno Nacional. “Lo que nos informan es que fue víctima de este atentado y murió cuando era llevada a un hospital”, relató el líder indígena Ferley Quintero.
Las autoridades indígenas aseguraron a medios de comunicación que la dirigente había recibido amenazas de muerte por promover un ejercicio de control territorial contra los cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados.
Tras conocer lo ocurrido, integrantes de la Guardia Indígena se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones que permitan ubicar a los autores de este crimen.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas rechazamos el exterminio de los pueblos indígenas y exigimos a las autoridades del Gobierno nacional celeridad en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este asesinato. Además de esto, denunciamos y alertamos a las instancias nacionales e internacionales sobre los asesinatos sistemáticos a nuestros líderes y lideresas sociales en los territorios.
En lo corrido del presente año han sido asesinados 52 líderes y defensores de derechos humanos (18 de ellos indígenas) y más de mil 166 desde la firma final del Acuerdo de Paz, según los registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).
Sandra Peña Chocué vivía en una de las regiones con más presencia militar, pero el Gobierno no hizo nada para protegerla.
A pesar de ser un hecho ampliamente documentado, las víctimas de la masacre ejecutada por paramilitares del Bloque Calima de las AUC en el Naya siguen a la espera de verdad, justicia y reparación integral. Dos décadas después de lo ocurrido, el Observatorio de Derechos Territoriales de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) acompañó su conmemoración para recordar lo sucedido y honrar a sus muertos con el propósito de hacer memoria.
La región del Naya es mágica, amañadora, la calidez de su gente contrasta con la majestuosidad de los ríos que se mezclan con selvas verdes y vírgenes, y el agua que se desprende de las montañas, en gigantescos abismos, formando cascadas cristalinas.
El territorio está dividido en Bajo, Medio y Alto Naya lugar de convivencia de comunidades negras, campesinas e indígenas. Sólo cuenta con dos vías de acceso: una de ellas por el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca y otra acuática por Buenaventura por el canal entre el océano Pacífico y el suroccidente del país en el Valle del Cauca.
Tras una larga cruzada a lomo de mula y luego de pasar por tramos del camino casi verticales, sobresalen las lomas “La Fatigosa” y “La Pálida”. Para quienes llegan allí por primera vez, una parte del trayecto sólo deja ver barro y un pequeño trazo por los barrancos que parecen fáciles de atravesar. Más adelante, en otros tramos como Piedra Lisa, resulta difícil no sentir miedo, al pasar por unas piedras gigantes, húmedas y muy empinadas sobre las cuales el paso de las mulas ha dejado por años una huella permanente.
El riesgo de resbalar y caer al abismo se olvida cuando emerge entre las montañas el “Cerro Azul”, un espacio sagrado de vida a simple vista virgen, que pareciera querer olvidar la llegada al territorio de actores armados y del narcotráfico.
Congresistas de la Circunscripción Especial Indígena y organizaciones étnicas del país expresamos públicamente nuestro rechazo al proyecto de ley estatutaria N° 442 de 2020 “Por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y se dictan otras disposiciones”
El derecho fundamental a la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado hace parte esencial del reconocimiento de la diversidad de los pueblos y comunidades étnicas; por medio de este derecho colectivo se materializa nuestra expresión social, política, cultural y espiritual, así como el autogobierno, los derechos territoriales y otros derechos colectivos.
En Colombia hemos allanado distintos escenarios para defender este derecho fundamental y evitar que sea instrumentalizado o reducido a un procedimiento: desde la movilización social y popular como expresión propia de nuestros pueblos, hasta el litigio jurídico en cortes nacionales e internacionales para salvaguardar este y otros derechos. Contamos con instancias de interlocución y Diálogo de Gobierno a Gobierno: Gobierno Propio Indígena y Gobierno Nacional, como la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y mesas regionales representativas de comunidades y pueblos indígenas. También hacemos parte de la Circunscripción Especial Indígena en el Congreso de la República y, desde esta tribuna, protegemos los intereses de quienes decidieron que les representemos.
Denuncian que el catastro multipropósito se está realizando sin surtir el proceso de consulta previa, situación que genera graves afectaciones territoriales.
Piden medidas provisionales para suspender la implementación de la política pública y así evitar daños y afectaciones a los Pueblos Indígenas por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).
Bogotá, marzo 31 de 2021
A más de tres meses de haber acordado con el gobierno de Iván Duque la ruta de la consulta previa para la implementación del catastro multipropósito en los territorios indígenas, el Ministerio del Interior, el DNP, la Presidencia de la República, el IGAG y las entidades responsables, incumplen lo acordado en la sesión mixta de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y expone a las comunidades indígenas a situaciones que pueden favorecer el despojo de sus tierras.
Aunque en diciembre de 2020, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, y la consejera presidencial para la gestión y el cumplimiento, Alejandra Botero, acordaron con las organizaciones indígenas respetar y garantizar el proceso de consulta previa, libre e informada para su aplicación en los territorios, ese derecho fundamental se está violando.
La propuesta inicial del Gobierno fue “socializar” la guía metodológica para la implementación del catastro multipropósito; sin embargo, la exigencia de los Pueblos Indígenas es que se adelante Consulta Previa. Después que los Pueblos Indígenas expusieron las diferentes afectaciones directas y la vulneración a derechos fundamentales, el Gobierno acepta construir una ruta de consulta previa. “Se busca que se pueda adelantar con toda la responsabilidad y celeridad”. Ello, “teniendo en cuenta la trascendencia de esta política pública, como tema prioritario para el presidente Duque”, expresó en diciembre el viceministro Carlos Baena, pero no cumplió.
Las ordenes determinan que la Agencia Nacional de Tierras debe concluir y decidir de fondo las solicitudes de titulación de los resguardos Dochama y La Montaña, cuya formalización se ha dilatado administrativamente por 42 y 8 años para cada caso.
Los jueces le advierten a la Agencia Nacional de Tierras que debe formalizar territorios colectivos para el ejercicio de la autodeterminación, autonomía y goce efectivo de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas. Exponen, además, que la Agencia Nacional de Tierras debe ceñirse al cumplimiento de los pasos establecidos para el procedimiento de constitución de Resguardos establecidos en La Ley.
En los fallos enfatizan que la Agencia Nacional de Tierras y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior han obstruido injustificadamente la culminación del proceso, indagando sobre situaciones asociadas a la presencia de grupos armados, minas antipersona y cultivos de uso ilícito, factores que, si bien resultan importantes, no se encuentran asociados con los requisitos para acceder a la formalización del territorio, constituyéndose en una ‘doble carga y en la revictimización’ de las comunidades.
