La CIDH estuvo en el país del 8 al 10 de junio y escuchó a representantes de sectores sociales y del Gobierno nacional. Ahora las organizaciones esperan que pueda regresar a Colombia para una visita in loco en la que sea posible revisar otros temas relacionados a la violación de derechos humanos, más allá del contexto del Paro Nacional.
Por Redacción CNTI
Antes del 20 de junio se espera que la CIDH emita un comunicado que refleje las observaciones y las recomendaciones hechas al Estado colombiano como fruto de su visita de trabajo. Es importante tener en cuenta que estas abordarán únicamente los hechos ocurridos a partir del 28 de abril y en el marco del paro.
El coordinador de litigio internacional de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Javier Galindo, dijo que esperan una próxima visita in loco que convocaría al equipo de la CIDH en pleno y podría abordar muchos más casos. A esto agregó que quieren que Colombia sea incluida en el capítulo 4 del informe anual de la CIDH como Estado violador de derechos fundamentales.
Eran muchas las expectativas respecto a la visita de la comisión y por ello Jessica Cortés, abogada de la CNTI, mencionó que esta fue resultado del esfuerzo de muchas personas y organizaciones preocupadas por las serias violaciones de derechos humanos en Colombia, pero que es necesario recordar que sus conclusiones no implican una sanción para el Estado.
Presencia de Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI, en la visita de trabajo de la CIDH.
Participación de la ciudadanía
Las reuniones presenciales se llevaron a cabo en Bogotá, Cali, Popayán, Tuluá y Buga. Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas y psicológicas, la violencia basada en género y los hostigamientos, fueron algunos de los hechos citados.
La convocatoria fue pública con registro en una plataforma en línea. “Fueron las mismas víctimas quienes tuvieron esas entrevistas. Algunas con apoyo de organizaciones o acompañamiento psicosocial. Esto era opcional porque podían ir solas si así lo deseaban. Hubiéramos querido que la CIDH fuera a muchos más territorios y escuchar a muchas más personas, pero el tema de bioseguridad era muy difícil”, puntualizó Javier Galindo de la CCJ.
Por parte de los pueblos indígenas, la Minga Social y Comunitaria participó en los informes presentados en Popayán, Cali y Bogotá. Giovani Yule, dinamizador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), afirmó que las agresiones a personas indígenas responden a una estrategia política de xenofobia y racismo contra los pueblos indígenas, afros y campesinos.
Milena Mazabel, abogada indígena y consultora de EarthRights International, agregó que la institucionalidad no goza de credibilidad frente a las investigaciones de vulneración a los derechos humanos y aún más cuando se trata de los pueblos indígenas porque están en un contexto de racismo y discriminación.
¿Qué puede cambiar tras la visita?
Andrea Suárez, socióloga y defensora de derechos humanos, destacó que el escenario de ataque a las protestas ha variado recientemente. “Tuvimos días de protestas donde llegamos a tener hasta 200 personas heridas, ahora hay un cambio en la estrategia de represión de las movilizaciones», dijo.
Además de esto, el líder del pueblo indígena Nasa, Giovani Yule, agregó: «Sin duda ha bajado la agresividad de los ataques y violencia estatal a las movilizaciones y protestas, pero es posible que aumente la judicialización de la protesta y el paramilitarismo». Por tal motivo considera vital que los sectores en protesta se articulen y avancen en una agenda en la que prime el pacto por la vida.
La CIDH extendió una felicitación a las organizaciones y sectores sociales que lograron trabajar en conjunto para la recolección y la sistematización de la información. Finalmente, Javier Galindo comentó que las entrevistas van a continuar a pesar de que la comisión ya no esté presencialmente en Colombia. Estas seguirán de forma virtual para escuchar a las personas que no pudieron intervenir en las reuniones desarrolladas del 8 al 10 de junio.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos de manera pública y rechazamos contundentemente el asesinato de la Sa’t We’sx (autoridad ancestral) Argenis Yatacué y de su compañero, Marcelino Yatacué Ipia, del resguardo Páez de Corinto, en el norte del Cauca.
La violencia no para en nuestros territorios y deja en evidencia la ausencia de garantía del derecho inalienable a la vida. Hoy nos duele profundamente que debamos despedir a una lideresa y a un líder comunitario, quienes entregaron su fuerza y voluntad al tejido ancestral que nos permite permanecer en el tiempo como culturas vivas que protegen la vida y los territorios.
El incremento del conflicto armado en Colombia no deja de revictimizar a las comunidades y nos aleja de la anhelada paz territorial. La persecución política y los asesinatos selectivos han aumentado, afectan principalmente a los liderazgos locales e impactan gravemente el tejido comunitario en un contexto al que se suma la crisis que sufrimos por el COVID-19.
En un contexto de confinamiento y recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, el ataque de hoy profundiza la crisis humanitaria, exacerba el debilitamiento de la comunidad y deja como resultado una afectación directa a familiares y compañeros/as, así como a los estudiantes de la profesora Argenis Yatacué. Las autoridades tradicionales son fundamentales para la preservación física y cultural de los pueblos indígenas.
Nos están matando y el Gobierno de Iván Duque no hace nada, es evidente que los grupos armados están concentrándose en zonas en las que es visible la participación activa de las mujeres lideresas y sabedoras ancestrales, quienes asumen un importante rol político, organizativo o espiritual para el movimiento indígena.
El Sistema de Monitoreo de Violencia Sociopolítica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI)[1] ha identificado un aumento progresivo de los homicidios contra indígenas desde la adopción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En un periodo comprendido entre 2017 y 2020, fue registrada con preocupación una tasa de incremento del 200% en el homicidio del liderazgo indígena. De acuerdo al comportamiento de la violencia sociopolítica contra los pueblos indígenas durante 2020, es posible concluir que se comete homicidio contra un/a indígena cada tres días en Colombia.
Así mismo, desde 2016 han sido registrados 361 homicidios de líderes y lideresas indígenas. En lo que va de 2021 (con corte al 9 de junio) han sido contabilizados 49 homicidios contra los liderazgos de los pueblos indígenas.
Desde este espacio, hacemos un llamado urgente a los organismos de control a nivel nacional e internacional para que investiguen los crímenes cometidos en contra de los pueblos indígenas. Exigimos el esclarecimiento de estos hechos que continúan arrebatando la vida de líderes y lideresas indígenas, y causan un profundo dolor en nuestros territorios y comunidades a nivel nacional.
Teniendo en cuenta la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Colombia, solicitamos el riguroso seguimiento a este caso que se suma a las afectaciones directas y diferenciadas a los pueblos y comunidades indígenas en el país.
El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) publicó un nuevo documento, resultado de su trabajo de investigación. En esta oportunidad fue el Informe de balance sobre la formalización y acceso a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas en el año 2020. El lanzamiento contó con la participación de representantes indígenas y de las comunidades negras.
Por Redacción CNTI
La pesquisa hizo posible establecer un panorama acerca del avance del Estado en términos de la garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas, en el año anterior. Este reveló que, si bien hubo un “esfuerzo en materia de constitución de resguardos y de compra de predios superior al del año 2019, sigue siendo insuficiente dado que apenas se trata de 23 solicitudes (entre constitución y ampliación de resguardos) resueltas en el 2020 de las 1014 existentes”. Es este orden de ideas, el Estado solo dio trámite al 2,2% de los procesos en su obligación con los pueblos indígenas del país.
Durante el conversatorio, Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pachamama ante la CNTI, expresó la importancia de tener en cuenta que la relación de los pueblos indígenas con el territorio está fuera de cualquier dinámica de oferta y demanda, ya que este es la vida misma. Por lo tanto, rechazó los señalamientos de ciertos sectores que llaman a los indígenas “grandes terratenientes”, pues de 119 millones de hectáreas en el país, 33 millones han sido formalizadas para los pueblos y la vocación del 86% de estas es la conservación forestal. Es mínima la tierra destinada a la agricultura u otras actividades.
Por su parte, Deyanira Peña, abogada e integrante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca, señaló que, aunque los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia y su carácter ancestral fueron reconocidas en la Ley 70 de 1993 y respaldadas en otras sentencias, han tenido que enfrentar diversas problemáticas para formalizar sus territorios. Entre estas, mencionó las trabas del Gobierno, el conflicto armado, las disputas interétnicas y la concesión de tierras para proyectos extractivos.
Solo en Putumayo hay más de 153 reclamaciones de derechos territoriales y es uno de los departamentos con más solicitudes para adelantar agendas extractivas, mismas que ignoran la especial relación de las comunidades con los territorios habitados ancestralmente y todos los seres vivos que allí coexisten.
Los mecanismos legales ante la escasa respuesta de las autoridades competentes tampoco han logrado solucionar el rezago. El delegado Jairo Guerrero recordó que en el caso de los pueblos indígenas “hay 200 acciones jurídicas ganadas al Estado para garantizar la titulación de territorios colectivos y aun así el Gobierno no cumple». A esto agregó que el concepto de desarrollo debe respetar la biodiversidad, democratizar el uso de la tierra y respetar los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
Las Comunidades y Pueblos Indígenas de Colombia hemos participado activamente en el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021. Desde todos los rincones del país las y los comuneros hemos salido a las vías, carreteras y centros urbanos para exigir la garantía de nuestros derechos en una larga lista de incumplimientos que hoy persiste.
Ante la falta de garantía de nuestros territorios, avanza la prelación de intereses económicos como la minería, el petróleo y la agroindustria, así como la presencia de actores armados que ponen en riesgo a las comunidades indígenas con el interés de despojarlas, desplazarlas u obligarlas al desarrollo de economías ilícitas. Estas son algunas de las deudas históricas en materia territorial indígena que nos llevan a movilizarnos y a ejercer el derecho a la protesta social.
Ante la falta de garantías para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los hechos ocurridos a nivel nacional desde noviembre de 2019, relacionados a la protesta social y el abuso de la fuerza pública, además de la excesiva respuesta militar por parte del Gobierno nacional como única salida, la estigmatización y el señalamiento que hoy persiste contra los Pueblos y Comunidades Indígenas en el ejercicio legítimo de la protesta social, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuve a las investigaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colombia desde el año 2019.
Además, proponemos que este GIEI emita un informe final con la reconstrucción de los hechos, establezca responsabilidades individuales y colectivas, y que presente recomendaciones para evitar la impunidad y la repetición de contextos similares en el ejercicio de la protesta social, todo ello bajo una lectura que considere el enfoque diferencial para establecer las afectaciones a Pueblos y Comunidades Indígenas.
El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) publicó un nuevo documento, resultado de su trabajo de investigación. En esta oportunidad fue el Informe de balance sobre la formalización y acceso a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas en el año 2020. El lanzamiento contó con la participación de representantes indígenas y de las comunidades negras.
Por Redacción CNTI
La pesquisa hizo posible establecer un panorama acerca del avance del Estado en términos de la garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas, en el año anterior. Este reveló que, si bien hubo un “esfuerzo en materia de constitución de resguardos y de compra de predios superior al del año 2019, sigue siendo insuficiente dado que apenas se trata de 23 solicitudes (entre constitución y ampliación de resguardos) resueltas en el 2020 de las 1014 existentes”. Es este orden de ideas, el Estado solo dio trámite al 2,2% de los procesos en su obligación con los pueblos indígenas del país.
Durante el conversatorio, Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pachamama ante la CNTI, expresó la importancia de tener en cuenta que la relación de los pueblos indígenas con el territorio está fuera de cualquier dinámica de oferta y demanda, ya que este es la vida misma. Por lo tanto, rechazó los señalamientos de ciertos sectores que llaman a los indígenas “grandes terratenientes”, pues de 119 millones de hectáreas en el país, 33 millones han sido formalizadas para los pueblos y la vocación del 86% de estas es la conservación forestal. Es mínima la tierra destinada a la agricultura u otras actividades.
Por su parte, Deyanira Peña, abogada e integrante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca, señaló que, aunque los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia y su carácter ancestral fueron reconocidas en la Ley 70 de 1993 y respaldadas en otras sentencias, han tenido que enfrentar diversas problemáticas para formalizar sus territorios. Entre estas, mencionó las trabas del Gobierno, el conflicto armado, las disputas interétnicas y la concesión de tierras para proyectos extractivos.
Solo en Putumayo hay más de 153 reclamaciones de derechos territoriales y es uno de los departamentos con más solicitudes para adelantar agendas extractivas, mismas que ignoran la especial relación de las comunidades con los territorios habitados ancestralmente y todos los seres vivos que allí coexisten.
Los mecanismos legales ante la escasa respuesta de las autoridades competentes tampoco han logrado solucionar el rezago. El delegado Jairo Guerrero recordó que en el caso de los pueblos indígenas “hay 200 acciones jurídicas ganadas al Estado para garantizar la titulación de territorios colectivos y aun así el Gobierno no cumple». A esto agregó que el concepto de desarrollo debe respetar la biodiversidad, democratizar el uso de la tierra y respetar los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
El incumplimiento del capítulo étnico del AFP
Melina Mariño, abogada líder del área de acuerdos de la CNTI, manifestó que las cifras recopiladas por la comisión respecto a la implementación del AFP y en particular de la Reforma Rural Integral, son preocupantes. De los 7 millones de hectáreas para formalización y los 3 millones para adjudicación en el Fondo de Tierras, solo ha sido otorgado un 7%. Lo más inquietante es que el Gobierno, además de incumplir el acuerdo, brinda información difícilmente verificable respecto a su gestión y entorpece las labores de seguimiento.
De hecho, el ODTPI resaltó en su informe las grandes dificultades que existen en el acceso a información veraz y oportuna para acompañar los procesos emprendidos por las comunidades para la formalización de sus territorios y que los derechos de petición enviados por la secretaría técnica indígena de la CNTI son ignorados, respondidos con retraso o de manera incompleta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Por su parte, Deicy Patricia Carabalí, mujer negra y defensora de derechos humanos, perteneciente a la Asociación Renacer de Buenos Aires, Cauca, sostuvo que la presencia de grupos armados pone en riesgo la ocupación de los territorios y tanto el rearme de organizaciones delictivas como las acciones violentas que amenazan la integridad de las comunidades, son resultado de la no implementación del Acuerdo Final de Paz.
Las reivindicaciones en el marco del Paro Nacional
El panel del programa Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa, en el que se llevó a cabo la conversación, estuvo de acuerdo en instar al Gobierno a cumplir lo pactado, no solo en el AFP, sino en cada una de las mesas y los espacios de concertación con las comunidades étnicas a lo largo de los años. Reiteraron a su vez que ni la guerra ni la intimidación de organizaciones criminales van a detener el estallido social que emana actualmente del Paro Nacional y los movimientos de base, tejidos desde los territorios.
Recalcaron la necesidad de que los sectores afro, indígena y campesino superen las divisiones por la exigencia de los derechos y se unan para reivindicar la defensa de la vida y el territorio que va arraigada a los usos y costumbres con los que han resistido durante generaciones.
«El asesinato de líderes y lideresas, y la violencia contra las mujeres sigue en los territorios. Continuaremos en paro para que las conquistas que hemos logrado se respeten. Seguiremos parados y paradas con el bastón de mando de los indígenas, nuestros turbantes y todo el poder de la cultura afrodescendiente y de indígenas por nuestros ancestros y mayores. Es el momento», finalizó Deicy Patricia Carabalí.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos la expedición y aplicación del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, con el que el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de las fuerzas armadas (al que han denominado “asistencia militar”) en otros siete departamentos del país. Esta figura ya ha sido implementada anteriormente en el Valle del Cauca y en este contexto, hemos constatado cada día las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y la agudización de la violencia en la ciudad de Cali y otros municipios del departamento.
La medida cobija a los departamentos Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y específicamente a los distritos especiales y municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
Bajo el pretexto de la “conservación y el restablecimiento del orden público”, ha sido autorizado y promovido el ataque a las y los manifestantes, lo que viola el derecho fundamental a la protesta social. Por su parte, con el llamado a una “mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización”, se presentan más asesinatos, violencia sexual, detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza e incluso desapariciones, situaciones que actualmente son objeto de denuncias sin respuesta por parte de los entes de investigación y judicialización.
El decreto 575, que es abiertamente ilegal e inconstitucional, evidencia el deseo de los sectores favorables al Gobierno que insisten en declarar el estado de Conmoción Interior.
Mediante la alternativa de la militarización y el uso de la fuerza, el presidente incurre de manera arbitraria en la intrusión de las funciones de alcaldes y gobernadores.
