La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) recibió el certificado de inscripción del resguardo ante la oficina Instrumentos Públicos (Superintendencia de Notariado y Registro) el pasado miércoles 23 de junio de 2021. Este se dio en cumplimiento a las exigencias realizadas por la comunidad y la Secretaría Técnica de la CNTI en el proceso de tutela 2021-036-01 en conocimiento del Juzgado Quinto de Familia y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., sala de familia.
La comunidad del pueblo Emberá Katío tuvo que esperar más de cuatro décadas para la constitución de su resguardo, ubicado en el municipio de San José de Uré, Córdoba. El proceso de reconocimiento fue dilatado por la institucionalidad en la gestión de las tres entidades que han representado la máxima autoridad de tierras en Colombia: el Incora, el Incoder y la ANT. De hecho, en enero del presente año la CNTI tuvo que radicar una acción de tutela en favor del Cabildo Indígena Dochama para el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la protección de la diversidad étnica y cultural, y la constitución de propiedad colectiva.
El proceso para la formalización inició en 1978 con la gestión de trámites ante el Incora como lo señalaba la normatividad vigente y para el 31 de octubre del mismo año ya había sido realizado el oficio de solicitud del procedimiento de legalización (bajo la figura de reserva indígena por ser la figura de la época), por parte del Director Regional de la entidad en la seccional Córdoba. Sin embargo, el proceso fue dilatado con demoras injustificadas y solo hasta 2021 fue finalizado.
La inseguridad jurídica de este territorio ha mantenido a la comunidad por años en un estado permanente de vulnerabilidad en el que además ha sufrido amenazas, agresiones, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos por parte de grupos armados ilegales (como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y “Los Caparrapos”, también conocidos como el Bloque Virgilio Peralta Arenas) que disputan el control territorial para el desarrollo de economías ilegales.
Este caso es de gran importancia para la garantía de los Derechos Territoriales de los Pueblos indígenas. Representa un referente para activar procesos de exigibilidad en la formalización de territorios colectivos con minas antipersona, municiones sin explotar, cultivos de uso ilícito y situaciones derivadas y subyacentes al conflicto armado.
De igual manera, es grave el avance de actividades extractivas en el territorio ancestral. Hay denuncias que señalan fuertes intereses de privados relacionados a la explotación de oro, cobre y níquel, casos en los que no ha sido garantizado el ejercicio de la consulta previa, libre e informada, derecho fundamental de los pueblos indígenas.
Se espera que esta medida fortalezca el ejercicio de la autonomía y el gobierno propio del pueblo Embera Katío en este territorio, además propicie el retorno de las familias que fueron desplazadas de manera forzada y contribuya al fin del estado de confinamiento que ha sufrido la misma comunidad.
Existen serias preocupaciones respecto a la implementación actual del catastro multipropósito, ya que organizaciones indígenas y otros sectores sociales exponen que esta política genera afectaciones directas a las comunidades en los territorios y se aleja de lo pactado en el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz.
Por Redacción CNTI
A partir de la puesta en marcha de la política de catastro multipropósito en el Gobierno Duque, han surgido bastantes reclamaciones por parte de las comunidades indígenas que alegan la violación del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, y la falta de participación en el proceso.
Asimismo, llama la atención el cambio de perspectiva que este ha sufrido de cara a su vocación inicial. El taita Polivio Leandro Rosales, delegado de AICO por la Pacha Mama ante la Mesa Permanente de Concertación (MPC), expresó: “Vemos que lo que hay en el fondo es un tema tributario y no busca solucionar lo que se planteó en los acuerdos de La Habana. Lo que buscamos es retomar la discusión del capítulo étnico del AFP”.
El modelo planteado en las conversaciones con la desmovilizada guerrilla de las Farc buscaba ser una herramienta para identificar los problemas de acceso y uso de la tierra, actualizar la información cartográfica y disminuir los índices de evasión fiscal para fortalecer las políticas públicas de cara a una reforma rural integral.
Para Juan Carlos Preciado, integrante de GAIA Amazonas y colaborador de la Coordinación General de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), el catastro actual está conectado a una serie de violaciones de derechos a los pueblos indígenas porque la estructura está muy relacionada a las normas de ordenamiento territorial como las de la Ley 1454 que, según él, ignora el derecho de los pueblos a conformar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI).
A esto agregó que las medidas que se están implementando actualmente en el catastro multipropósito y barrido predial, excluyen a las comunidades, pues “el proceso adelantado en el fast track versaba sobre la propuesta de norma en el marco del AFP y la propuesta normativa llevada a consulta no correspondía con el acuerdo”. Por esta razón, sostuvo que el hecho de que por parte del Gobierno nacional se diga que el catastro fue consultado, puede constituir un acto de mala fe.
¿Cuáles son las exigencias de las organizaciones?
Para el taita Polivio Rosales, es imprescindible que se garantice la consulta previa, libre e informada de forma integral, ya que en los espacios de concertación como la MPC, los representantes de Gobierno han insistido en que lo que hay que consultar no es la política en sí, que puede ser lesiva para los territorios indígenas, sino únicamente los instrumentos que hacen parte de esta. “Es decir, solo quieren que digamos bajo qué circunstancias queremos que llegue el catastro a nuestros territorios. No habría una discusión de fondo”, añadió.
Por su parte, la abogada Cristina Luna, integrante del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), comentó que a la fecha hay una serie de tercerizaciones y entidades facultadas para adelantar los ejercicios propios del catastro, dentro de las cuales no están las organizaciones indígenas. Por ende, estos gestores catastrales empezarían a entrar a los territorios sin que las comunidades indígenas tengan garantías sobre la recolección y el manejo de la información.
Es por esto que, como lo expuso la abogada Luna, la CNTI ha buscado que se garantice el derecho a la consulta previa, el cumplimiento de la buena fe del acuerdo, la construcción participativa y la vinculación de una visión étnica diferencial en la política de catastro multipropósito, que le apueste al desarrollo rural integral. Señaló: “Hemos sido enfáticos en las exigencias que se han hecho en vía judicial sobre la importancia de que desde la jurisdicción haya elementos que garanticen nuevas herramientas para que los pueblos indígenas exijan el cumplimiento de sus derechos fundamentales”.
En su intervención resaltó el seguimiento que la comisión ha venido haciendo a la acción de tutela 202174 que cursa en el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, sección Tercera. Un fallo inicial negó las pretensiones y declaró nulidad para vincular la visión de los pueblos indígenas, en la que exponían el cumplimiento parcial de los acercamientos entablados entre el Gobierno nacional y las organizaciones.
Ante este panorama, ¿qué tanto hablamos de unidad nacional, participación, respeto a la riqueza y a la diversidad cultural?
Omaira Cárdenas, asesora de la Delegada para Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación, recalcó que los pueblos indígenas son sujetos políticos de derecho y que este es un país pluriétnico y multicultural, por lo que la consulta previa no es un requisito, sino un derecho fundamental, y debe existir un diálogo permanente frente a las políticas públicas que puedan afectar a los pueblos indígenas para evitar el riesgo de exterminio físico y cultural al que hoy se enfrentan.
El delegado de AICO por la Pacha Mama, Polivio Leandro Rosales, afirmó: “Hasta que no se entienda la diversidad de ver el territorio como unidad, el catastro seguirá siendo una herramienta para el Estado, para el Gobierno y los municipios. Se trata de una política pública no solo para el nivel central, sino también para los pueblos indígenas”.
A esto se unió Delmer Rivera, asesor de territorio en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien resaltó que la consulta previa ha venido siendo desdibujada por el Gobierno nacional y extendió un llamado a todas las organizaciones indígenas para que aúnen esfuerzos en la revisión de lo que está sucediendo de cara a la implementación de la política pública y que sea adelantada desde la garantía de los derechos.
Las organizaciones indígenas que hacemos parte de la CNTI apoyamos el Paro Nacional y las Mingas por la Vida, el Territorio y por la Paz, así como otros procesos y sectores que hoy exigen la superación de las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, y la crisis ecológica y social a las que ha sido sometido nuestro país debido a los gobiernos que han estado en el poder en las últimas décadas.
Compartimos estas exigencias y resaltamos la violación sistemática de derechos humanos a los pueblos indígenas, el desconocimiento de nuestros territorios y el tratamiento discriminatorio y racista que persiste en los escenarios de diálogo con el Estado colombiano.
Condenamos las evidentes violaciones a los derechos humanos que, según la ONG Temblores, a 16 de junio han arrojado un total de 4.285 casos de violencia policial, 1832 detenciones arbitrarias, 70 víctimas de agresión o mutilación ocular, 28 víctimas de violencia sexual, así como a 23 de junio de 2021 se reportan 81 homicidios en contra de los y las manifestantes. Así mismo, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) a través del Sistema de monitoreo de Violencia sociopolítica contra pueblos indígenas del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), reporta al día de hoy 49 hechos de agresiones contra comunidades y pueblos indígenas en el marco del paro nacional con un registro de más de 72 víctimas entre las que se encuentran 8 víctimas de homicidio, 2 detenciones arbitrarias, 1 persona desaparecida y 61 indígenas con lesiones personales.
El Gobierno del presidente Iván Duque está implementando en el territorio colombiano una política pública de catastro multipropósito que se aparta de los objetivos diseñados para esta figura en el Acuerdo Final de Paz y que no garantiza el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Las organizaciones indígenas con asiento en Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exponemos que la formación catastral y la identificación de Derechos, Restricciones y Responsabilidades que impulsa esta política, impacta los territorios indígenas y nuestros derechos fundamentales intrínsecamente relacionados.
Frente a ello, la Corte Constitucional en la sentencia T-247 de 2015 (en relación a un trabajo de formación catastral adelantado por el IGAC en el municipio de Cumaribo, Vichada, en el que no se hizo consulta previa a los pueblos indígenas, a pesar de que estos representan el 63% de la población) expuso que:
“La actualización catastral es una medida que genera afectaciones directas, no solo porque incidirá en la concepción que el Estado tiene sobre la composición territorial del área, sino porque esa percepción se reflejará en las políticas de planificación del manejo territorial, la cual será utilizada como fuente para determinar la situación jurídica, económica y fiscal de los predios ubicados en el área y, lo que resulta más grave, puede llevar a que los órganos gubernamentales y otros actores sociales incurran en el error de considerar que territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles son objeto de posesión legítima por parte de particulares”.
La forma en la que actualmente se implementa el catastro multipropósito es inconstitucional, desconoce lo pactado en el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno, rompe con el principio de integralidad y unidad nacional, genera segregación y exclusión, y además promueve y exacerba conflictos en los territorios.
Desde la CNTI estamos exigiendo en instancias administrativas, judiciales y en escenarios de concertación nacional desarrollados con las entidades responsables, que la política pública de catastro multipropósito (como decisión administrativa que nos afecta) sea consultada. Esto, con el fin de incorporar elementos diferenciales para su ejecución, seguimiento y evaluación, que llama a la activación de medidas temporales o provisionales que suspendan el avance de su accionar hasta que no se surta la consulta previa.
La CIDH estuvo en el país del 8 al 10 de junio y escuchó a representantes de sectores sociales y del Gobierno nacional. Ahora las organizaciones esperan que pueda regresar a Colombia para una visita in loco en la que sea posible revisar otros temas relacionados a la violación de derechos humanos, más allá del contexto del Paro Nacional.
Por Redacción CNTI
Antes del 20 de junio se espera que la CIDH emita un comunicado que refleje las observaciones y las recomendaciones hechas al Estado colombiano como fruto de su visita de trabajo. Es importante tener en cuenta que estas abordarán únicamente los hechos ocurridos a partir del 28 de abril y en el marco del paro.
El coordinador de litigio internacional de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Javier Galindo, dijo que esperan una próxima visita in loco que convocaría al equipo de la CIDH en pleno y podría abordar muchos más casos. A esto agregó que quieren que Colombia sea incluida en el capítulo 4 del informe anual de la CIDH como Estado violador de derechos fundamentales.
Eran muchas las expectativas respecto a la visita de la comisión y por ello Jessica Cortés, abogada de la CNTI, mencionó que esta fue resultado del esfuerzo de muchas personas y organizaciones preocupadas por las serias violaciones de derechos humanos en Colombia, pero que es necesario recordar que sus conclusiones no implican una sanción para el Estado.
Presencia de Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI, en la visita de trabajo de la CIDH.
Participación de la ciudadanía
Las reuniones presenciales se llevaron a cabo en Bogotá, Cali, Popayán, Tuluá y Buga. Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas y psicológicas, la violencia basada en género y los hostigamientos, fueron algunos de los hechos citados.
La convocatoria fue pública con registro en una plataforma en línea. “Fueron las mismas víctimas quienes tuvieron esas entrevistas. Algunas con apoyo de organizaciones o acompañamiento psicosocial. Esto era opcional porque podían ir solas si así lo deseaban. Hubiéramos querido que la CIDH fuera a muchos más territorios y escuchar a muchas más personas, pero el tema de bioseguridad era muy difícil”, puntualizó Javier Galindo de la CCJ.
Por parte de los pueblos indígenas, la Minga Social y Comunitaria participó en los informes presentados en Popayán, Cali y Bogotá. Giovani Yule, dinamizador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), afirmó que las agresiones a personas indígenas responden a una estrategia política de xenofobia y racismo contra los pueblos indígenas, afros y campesinos.
Milena Mazabel, abogada indígena y consultora de EarthRights International, agregó que la institucionalidad no goza de credibilidad frente a las investigaciones de vulneración a los derechos humanos y aún más cuando se trata de los pueblos indígenas porque están en un contexto de racismo y discriminación.
¿Qué puede cambiar tras la visita?
Andrea Suárez, socióloga y defensora de derechos humanos, destacó que el escenario de ataque a las protestas ha variado recientemente. “Tuvimos días de protestas donde llegamos a tener hasta 200 personas heridas, ahora hay un cambio en la estrategia de represión de las movilizaciones», dijo.
Además de esto, el líder del pueblo indígena Nasa, Giovani Yule, agregó: «Sin duda ha bajado la agresividad de los ataques y violencia estatal a las movilizaciones y protestas, pero es posible que aumente la judicialización de la protesta y el paramilitarismo». Por tal motivo considera vital que los sectores en protesta se articulen y avancen en una agenda en la que prime el pacto por la vida.
La CIDH extendió una felicitación a las organizaciones y sectores sociales que lograron trabajar en conjunto para la recolección y la sistematización de la información. Finalmente, Javier Galindo comentó que las entrevistas van a continuar a pesar de que la comisión ya no esté presencialmente en Colombia. Estas seguirán de forma virtual para escuchar a las personas que no pudieron intervenir en las reuniones desarrolladas del 8 al 10 de junio.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos de manera pública y rechazamos contundentemente el asesinato de la Sa’t We’sx (autoridad ancestral) Argenis Yatacué y de su compañero, Marcelino Yatacué Ipia, del resguardo Páez de Corinto, en el norte del Cauca.
La violencia no para en nuestros territorios y deja en evidencia la ausencia de garantía del derecho inalienable a la vida. Hoy nos duele profundamente que debamos despedir a una lideresa y a un líder comunitario, quienes entregaron su fuerza y voluntad al tejido ancestral que nos permite permanecer en el tiempo como culturas vivas que protegen la vida y los territorios.
El incremento del conflicto armado en Colombia no deja de revictimizar a las comunidades y nos aleja de la anhelada paz territorial. La persecución política y los asesinatos selectivos han aumentado, afectan principalmente a los liderazgos locales e impactan gravemente el tejido comunitario en un contexto al que se suma la crisis que sufrimos por el COVID-19.
En un contexto de confinamiento y recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, el ataque de hoy profundiza la crisis humanitaria, exacerba el debilitamiento de la comunidad y deja como resultado una afectación directa a familiares y compañeros/as, así como a los estudiantes de la profesora Argenis Yatacué. Las autoridades tradicionales son fundamentales para la preservación física y cultural de los pueblos indígenas.
Nos están matando y el Gobierno de Iván Duque no hace nada, es evidente que los grupos armados están concentrándose en zonas en las que es visible la participación activa de las mujeres lideresas y sabedoras ancestrales, quienes asumen un importante rol político, organizativo o espiritual para el movimiento indígena.
El Sistema de Monitoreo de Violencia Sociopolítica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI)[1] ha identificado un aumento progresivo de los homicidios contra indígenas desde la adopción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En un periodo comprendido entre 2017 y 2020, fue registrada con preocupación una tasa de incremento del 200% en el homicidio del liderazgo indígena. De acuerdo al comportamiento de la violencia sociopolítica contra los pueblos indígenas durante 2020, es posible concluir que se comete homicidio contra un/a indígena cada tres días en Colombia.
Así mismo, desde 2016 han sido registrados 361 homicidios de líderes y lideresas indígenas. En lo que va de 2021 (con corte al 9 de junio) han sido contabilizados 49 homicidios contra los liderazgos de los pueblos indígenas.
Desde este espacio, hacemos un llamado urgente a los organismos de control a nivel nacional e internacional para que investiguen los crímenes cometidos en contra de los pueblos indígenas. Exigimos el esclarecimiento de estos hechos que continúan arrebatando la vida de líderes y lideresas indígenas, y causan un profundo dolor en nuestros territorios y comunidades a nivel nacional.
Teniendo en cuenta la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Colombia, solicitamos el riguroso seguimiento a este caso que se suma a las afectaciones directas y diferenciadas a los pueblos y comunidades indígenas en el país.
