Este miércoles 20 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) dio inicio a la V sesión mixta con el Gobierno nacional, representado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
En este primer día, el equipo técnico y los delegados de las organizaciones indígenas con asiento en la CNTI recibieron los informes elaborados por ambas entidades respecto a la gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 4633 de 2011, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
De igual forma, se hizo seguimiento a la estrategia de aceleración para la ruta de restitución de derechos territoriales, compromiso adquirido por la URT en la III sesión mixta de la CNTI con Gobierno en 2021. Frente a este punto, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, expresó su preocupación por la forma en que la Unidad de Restitución de Tierras mide los resultados de sus actuaciones, pues tiene indicadores de gestión, pero no es clara la medición de resultados reales y efectivos.
Respecto a las obligaciones de la ANT en el marco del Decreto 4633 de 2011, la CNTI hizo énfasis en que no es claro cómo desarrollan el trabajo conjunto que debe existir entre las dos entidades ni la manera en que la URT hace seguimiento a las resoluciones que se dan en la ruta étnica que emite órdenes e involucra a la ANT.
Frente a esto, por parte la CNTI se dio lectura al hallazgo hecho por la Contraloría General de la Nación que señala que: “La política de restitución y la de formalización tienen una amplia interrelación. No adelantar acciones efectivas por parte de la ANT en el marco de esta política, se convierte en un factor que propicia el despojo de los territorios, [por lo que] esta entidad debe tener presente en su planeación el cumplimiento de las órdenes emanadas de la jurisdicción de restitución de tierras”.
El hallazgo publicado por la Contraloría continúa: “La URT en su planeación y priorización debe tener en cuenta si existe sobre el predio solicitado, un proceso de formalización con el fin de armonizarlos y utilizarlos como material probatorio. La articulación entre la ANT y la URT es fundamental a fin de evitar duplicidad de actuaciones (principio de economía y eficiencia administrativa), dado que las zonas de intervención de la ANT pueden traslaparse con territorios intervenidos por la URT”.
Mañana (jueves 21 de octubre) será adelantado el espacio autónomo en el que los delegados indígenas analizarán los insumos presentados por la institucionalidad, de cara a la jornada del viernes en el que se dará la discusión con las entidades de Gobierno y la creación de acuerdos para exigir la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La comunidad indígena Yajotja perteneciente al pueblo Waüipijiwi, ubicada en el departamento de Vichada, hace un llamado urgente a las organizaciones gubernamentales para que brinden atención prioritaria a la difícil situación de vulneración de sus derechos colectivos e individuales, generada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el no reconocimiento de un territorio digno, lo que perjudica su pervivencia física y cultural.
Los Waüipijiwi, quienes también son conocidos como Wipiiiwi, Waüpiiiwi, Huupiwi, Wipiwi o Wipijiwi, se autodenominan de acuerdo a su cultura como «La gente que camina» o “La gente del Alto Vichada”. Según datos suministrados en 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este pueblo ancestral solo cuenta con 299 integrantes, lo que reafirma la necesidad de su protección especial y prioritaria.
De acuerdo a la cosmovisión de los Waüpijiwi, su “Weunuekua” o “territorio de origen” (en su lengua materna) está ubicado en Caño Gavilán, cerca al río Tomo y a Yumemuje, en el actual municipio de La Primavera, departamento de Vichada. De este lugar fueron desplazados por la presencia de grupos armado al margen de la ley, el narcotráfico, la invasión de colonos, la persecución y el asesinato de indígenas durante las “cacería de indios”, también conocidas como “guajibiadas” o “guahibiadas”, en los años ochenta.
En el año de 1982, 65 indígenas Waüipijiwi fueron reubicados en el Resguardo de Caño Mochuelo, en el asentamiento de Caño Agua Clarita, donde conformaron la comunidad El Merey, en el departamento de Casanare. Esto, en compañía de otros ocho grupos indígenas que también fueron desplazados por la violencia.
Su llegada a este territorio generó conflictos interétnicos con los otros pueblos originarios de este resguardo, como son los Maiben, los Masiware y los Tsiripus, como se relata en el libro “Huellas de la Madre Laura en los Caminos de los Pueblos Indígenas”, publicado en noviembre de 2011 por la editorial Kimpres.
El traslado de este pueblo ancestral terminó afectando las dinámicas propias de los Waüpijiwi, pues ancestralmente desarrollaban sus actividades como nómadas y recolectores. Durante su estadía en la comunidad El Merey, fueron obligados a llevar una vida sedentaria y de agricultores que no les era propia, hecho que limitó sus correrías tradicionales a los sitios sagrados que los proveían de espiritualidad y sus economías propias como la pesca, la caza, la recolección y el intercambio con otros pueblos, como se evidencia en la investigación y Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia ENSANI (2012, 2014).
Ante esta crisis territorial y alimentaria, fueron incorporados insumos externos que no hacen parte de la dieta alimenticia de la comunidad Waüpijiwi y generaron una crítica situación de salud en mayores y niños. Además, la comunidad no cuenta con los recursos para acceder a lamedicina occidental y tampoco tienen acceso a agua potable, a un sistema de acueducto o a un sistema de manejo de basuras, lo que agrava la situación de salud y de pervivencia.
Para el año de 2003, los Waüpijiwi nuevamente fueron amenazados por grupos armados. Así lo expresaron en el comunicado del 2018: “Para el año 2003 un grupo de en promedio 40 hombre, según la comunidad, al parecer de las FARC, asegura la comunidad, llegan por el río Aguas Claras en un planchón donde se transportaban y se instalaron en la finca conocida como Hato Manare que limita con el Resguardo”.
Esta situación una vez más los obligó a desplazarse, algunas familias de la comunidad Merey llegaron a Santa Rosalía en Vichada y pasaron por municipios como Puerto López y Orocué. Muchos miembros de la comunidad vieron la opción de regresar a su territorio ancestral que, de acuerdo a las historias de los abuelos y mayores, estaría ubicado en La Primavera, Vichada, cerca al sitio conocido como “Mate Ñame” en Agua Verde, donde se encuentra enterrado Yajotja, un emblematico capitán Waüpijiwi.
Entre finales de 2005 y principios de 2006, con ayuda del Ministerio del Interior, las familias retornaron al Merey en el Resguardo de Caño Mochuelo. Sin embargo, volvieron a una situación de conflicto interétnico que interrumpió la armonía al interior de la comunidad y con el territorio.
De acuerdo a las denuncias realizadas por el propio pueblo Waüpijiwi, en 2017 sufrieron situaciones internas que los llevaron a tener problemas de gobernabilidad, lo que provocó que se limitará su participación en los espacios de decisión del resguardo indígena, lo que hizo que los otros pueblos indígenas con los que comparten territorio no priorizaran las necesidades del pueblo Waüpijiwi.
A esta difícil situación se sumó el reclutamiento forzado de menores y los abusos sexuales a menores por parte de grupos armados, como lo expresaron en la denuncia realizada en la tutela del 2018. “Durante 2017, al Merey llegaban personas mestizas, inicialmente vestidas de civil y después en uniforme camuflado para reclutar a las niñas de la comunidad, algunas de ellas regresaron embarazadas y otras no regresaron”.
Tras este acontecimiento, en diciembre de 2017 se dio el desplazamiento definitivo de 57 personas integrantes del pueblo Waüpijiwi, entre estas 18 menores de edad, desde Caño Mochuelo hacia la inspección de Agua Verde del municipio de La Primavera, enVichada.
Un territorio sin garantías
Cuando los Waüpijiwi llegaron a Agua Verde, vieron su regreso como un posible retorno armónico a su territorio de origen. Sin embargo, la poca garantía institucional y las limitaciones propias del lugar, representaron una vez más la vulneración de la comunidad de manera social, física y cultural.
En 2018 la comunidad fue ubicada por parte de la Alcaldía de La Primavera en la finca Las Reliquias. Luego, para noviembre de ese mismo año, la comunidad fue trasladada a un terreno a orillas del río Meta. Debido a las crecintes del río Meta que causan inundaciones, los Waüpijiwi no contaban con un terreno apropiado para la siembra y cultivo de sus alimentos, además de sufrir de infecciones respiratorias, poniendoles en condiciones de vulnerabilidad por las enfermedades y falta de una alimentación adecuad.
A raíz de esas dificultades, la Alcaldía Municipal de La Primavera decidió reasentarlos nuevamente en la finca Las Reliquias, un espacio de tan solo 4 hectáreas donde viven como arrendatarios, pago que debe asumir la Alcaldía del municipio.
En este limitado lugar conforman la comunidad Yajotja del pueblo Waüpijiwi. Sin embargo, denuncian la reiterada vulneración a sus derechos, porque se les impide que desarrollen actividades propias de su pueblo como la caza, la pesca y la recolección. Además, la comunidad denuncia que no existe ningún plan de reubicación o extensión del pago de arrendamiento de la ubicación actual por parte del gobierno local.
Ante esta situación, le han solicitado al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras que se den las garantías adecuadas para la pervivencia de este pueblo ancestral en dicho territorio con unas condiciones más dignas. Sin embargo, los Waüpijiwi aún se encuentran censados en el Resguardo de Caño Mochuelo en Casanare, lo que al parecer impide a las entidades gubernamentales para dar las garantías correspondientes que resuelvan esta problemática.
En caso de un posible retorno al Casanare, este pueblo ancestral le pide al Gobierno nacional la ampliación del Resguardo Caño Mochuelo como se estipula en el plan de vida del resguardo de 2013, para así resolver las diferencias interétnicas y brindar las garantias para que todos los pueblos indígenas puedan tener equilibrio y armonía territorial.
El 18 noviembre de 2019, comunidad Yajotja del pueblo Waüpijiwi radicó documentos para la oferta voluntaria de compra de un predio ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT, en el marco de solicitud de constitución de resguardo y protección de territorio ancestral referenciado en el expediente No. 201851008299800037E. Sin embargo dicha solicitud fue negada porque el desplazamiento de pueblo Waüpijiwi supuestamente se dio por conflictos interétnicos y no por el conflicto armado.
El pasado 19 de diciembre de 2019, el capitán Ángel Tadache y demás firmantes de la comunidad indígena Yajotja, del pueblo Waüpijiwi. hicieron la denuncia formal bajo una acción de tutela contra las entidades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Alcaldía Municipal de La Primavera, el departamento de Vichada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Minorías del Ministerio del Interior, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Puerto Carreño, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud, por no atender de manera diferencial y prioritaria a esta comunidad indígena en situación de riesgo.
Se espera que en el trámite de tutela que cursa ante la Corte Constitucional con el número de expediente: T-8.113.378, garanticen los derechos territoriales de la comunidad Yajotja, del Pueblo Indígena Waüpijiwi, y tome las medidas efectivas para su pervivencia de este pueblo ancestral.
De acuerdo al auto 004 de 2009 de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, los Waüpijiwi o Wipiwi presentan altos índices de morbimortalidad y la disminución progresiva de la población. Por su parte, la Organización Nacional Indígena De Colombia (ONIC)manifiesta que “Aunque conservan su lengua, sus autoridades tradicionales se han debilitado, han perdido sus saberes ancestrales en torno a la medicina, al manejo ambiental y a desarrollos culturales. (…) La ausencia e sabedores tradicionales de nivel superior, demuestra el debilitamiento para afrontar los diversos malestares como su capacidad organizativa, de ejercicio del a autoridad y gobierno al interior del pueblo, eso ha disminuido los procesos de transmisión de los saberes y conocimientos”.
Es así que, en el marco de los derechos constituionales y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, el Estado colombiano en este caso de la Corte Constitucional debe tomar desiciones que permitan resolver las problematicas del PuebloWaüpijiwi, entre ellas resolver la situación territorial de dicho Pueblo indígena, cuyas condiciones sean por lo menos iguales o similares a las tierras que ocupaban anteriormente, garantizando el goce efectivo de sus derechos y permitiendo que puedan resolver sus necesidades y garantizar su futuro desarrollo.
Por tal motivo, el pueblo Waüpijiwi reitera el llamado al Estado colombiano en especial a las entididades judiciales y las instituciones competentes del gobierno nacional, para que existan las garantías que la comunidad necesita para poder vivir en un territorio digno de acuerdo a sus cosmovisiones, a usos y costumbres donde pervivan sus futuras generaciones.
Por. Secretaría Técnica Indígena Comisional Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
En la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas realizada el 15, 16 y 17 de septiembre se evidenció que en el afán de cumplir con las metas de implementación en materia de acceso a tierras y formalización de la propiedad, el gobierno nacional ha tergiversado el cumplimiento de las metas a la luz de una interpretación errónea de las normas que protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esto arroja como resultado una implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) que se distancia de su enfoque original y contenido y que como principal vacío -que será sin lugar a dudas el detonante de nuevos conflictos por la tierra, no ha sido estructurado, diseñado y pensado junto y con sus principales beneficiarios.
| Alertamos a los garantes del AFP y a los respectivos donantes que los términos en los que el actual gobierno pretende informar a la sociedad civil y opinión pública sobre los avances de la implementación hacen referencia a datos que no corresponden con la realidad y que se apartan de lo acordado.
| Por eso le exigimos al gobierno nacional cumplir e implementar el AFP tal cómo fue firmado y bajo el respeto a la salvaguarda de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que hacen parte integral de su contenido.
| Desde este espacio hacemos un llamado a los pueblos indígenas para que adviertan la instrumentalización de la que estamos siendo víctimas para una supuesta implementación del AFP en la medida en que además de ser excluidos del proceso de construcción de políticas públicas allí contempladas, nuestras tierras están siendo reportadas como la mayoría del total de hectáreas otorgadas en la modalidad de acceso a tierras.
En el segundo momento de la primera jornada de trabajo de la IV sesión mixta de la CNTI del 2021 y tras la socialización por parte de los representantes del gobierno nacional de los temas y puntos establecidos en el marco de agenda de trabajo, los delegados de las Organizaciones Indígenas expresaron su descontento por la falta de claridad en la argumentación de la información, las cifras y los conceptos presentados por los delegados del gobierno.
Una de las conclusiones a las que llegaron los delegados indígenas y la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI es que el gobierno de Iván Duque, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), responsable de todo lo relacionado con las tierras en Colombia, interpretó a su conveniencia lo establecido en el Acuerdo Final de Paz (AFP) con relación a la figura del acceso y formalización de la propiedad rural, debido a que presentaron como metas de cumplimiento los predios que los Pueblos Indígenas ya tenían definidos con anterioridad a la firma de dicho acuerdo.
Según lo presentado por los representantes del gobierno nacional frente al Fondo de Tierras creado con ocasión del Acuerdo Final de Paz (AFP), ha sido imposible establecer cómo la ANT definió los predios con los que dice cumplir la formalización o el acceso a tierras para los Pueblos Indígenas. Lo anterior se evidencia debido a que la ANT no compartió los criterios con los que se determina si los predios ya eran de los Pueblos Indígenas antes de la firma del acuerdo o si en efecto se trata de nuevos predios para las comunidades.
Durante la intervención de sus representantes en el primer día de la sesión mixta de la CNTI, fue evidente que la entidad no está teniendo en cuenta el artículo 22 del Decreto Ley 902 de 2017, que busca impedir que los predios que ya estaban en posesión de los Pueblos Indígenas antes de la firma del AFP en 2016, entren al reporte como cumplimiento de esta nueva política en el marco de la Reforma Rural Integral, pues estos solo debían entrar al Fondo de Tierras para su administración.
Para los delegados indígenas y STI-CNTI es preocupante que dichos predios puedan ser contabilizados de manera irregular en los 10 millones de hectáreas que tiene el Fondo de Tierras como meta de cumplimiento. Cabe recordar que la Reforma Rural Integral contempla 7 millones de hectáreas para la formalización y 3 millones para la adjudicación de tierras a comunidades y pueblos étnicos. Con dichas metas se debe cumplir con la formalización de los territorios de los Pueblos Indígenas en posesión ancestral al igual que adjudicar tierras a los que no tienen tierras o carecen de las mismas.
Se espera que para el tercer día de espacio mixto, que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de septiembre, la entidad finalmente socialice los criterios y dé claridad a los vacíos que permanecen frente al cumplimiento de la Reforma Rural Integral y más específicamente, de las asignaciones en el marco del Fondo de Tierras.
Los días 17 y 18 de agosto de 2021, el equipo de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STI-CNTI) y el Observatorio de Derechos Territoriales de los pueblos indígenas (ODTPI) realizó un acompañamiento a las comunidades y autoridades Inga de la Asociación de Cabildos Indígenas del municipio de Villagarzón, Putumayo (ACIMVIP).
La actividad inició con la presentación del espacio de formación que viene desarrollando la ACIMVIP, en el marco del fortalecimiento del trabajo de los guardianes del territorio ancestral indígena del pueblo Inga en el municipio de Villagarzón. Este espacio de formación tiene como propósito fortalecer las capacidades de las comunidades que hacen parte de la guardia indígena, así como los nuevos semilleros de liderazgo en defensa territorial de las comunidades indígenas de esta región del Putumayo.
En este proceso de formación y fortalecimiento de las capacidades políticas, técnicas y conceptuales de las y los guardianes de los territorios indígenas de Villagarzón, en el ejercicio de la defensa territorial, el equipo de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y el ODTPI realizó la presentación de la estructura de este espacio concertación y del trabajo que viene desarrollando en relación a la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia.
Así mismo, el equipo hizo énfasis en el trabajo desarrollado desde el área de soporte y sistemas de información geográfica, en relación al registro y la consulta de solicitudes de formalización realizadas sobre territorios indígenas.
Posterior a la presentación de la STI-CNTI, se desarrolló una actividad participativa con las comunidades y autoridades indígenas allí presentes. Dicha actividad consistió en realizar un ejercicio de cartografía de sus territorios ancestrales y para ello se crearon grupos de trabajo que, con los respectivos mapas de sus territorios, identificaron los lugares más representativos para la comunidad, especialmente sus sitios sagrados, espacios ceremoniales, zonas de cultivo y espacios comunitarios.
De igual modo, fueron identificados los lugares que están siendo amenazados o que se encuentran en condición de riesgo, bien sea por la implementación de economías de uso ilícito, agendas extractivas y usurpación del territorio, entre otras situaciones o actividades que han provocado desarmonía y desequilibrio de los territorios y planes de vida del pueblo Inga de Villagarzón.
Posteriormente fue adelantada una actividad pedagógica con la comunidad indígena de ACIMVIP sobre la Consulta Previa Libre e Informada. Esta consistió en realizar una puesta en escena con los participantes y el equipo de la STI-CNTI, sobre cómo suelen darse las fases o cómo se llevan a cabo los procesos de consulta por parte de empresas y/o entidades del gobierno, cómo suelen ser las estrategias que estas desarrollan para conseguir la implementación de sus iniciativas, así como las alianzas o artimañas que se dan en estos escenarios para imponer en las comunidades el desarrollo de intereses particulares.
Esta actividad pedagógica tenía como propósito dar herramientas a las y los guardianes del pueblo indígena Inga de Villagarzón para hacer frente a la llegada de proyectos que puedan impactar el territorio y la vida de las comunidades indígenas, en especial de quienes requieren realizar procesos en el marco del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada.
En un primer momento, el mayor Carlos Sánchez, líder del pueblo Nasa y cofundador de la CNTI, mencionó que hace 30 años, con la proclamación de la nueva Constitución Política de Colombia, sintieron que las exigencias de los pueblos indígenas habían sido escuchadas y serían atendidas sus reivindicaciones. Sin embargo, según recuerda, al evaluar los resultados de su aplicación fue evidente que lo allí consagrado no era suficiente para alcanzar las garantías por las cuales habían luchado.
El contexto social y político en el que estaban los pueblos indígenas para 1996 estaba enmarcado en una serie de acuerdos incumplidos que habían sido pactados con el Gobierno a nivel local y nacional. “Habíamos venido reclamando nuestros territorios a través de la vía normativa, pero también a través de las vías de hecho, porque a pesar de la creación de la autoridad de tierras, no había respuestas a la formalización de los territorios y eso nos llevaba a estar totalmente desprotegidos”, dijo.
Fue así como se dio una acción conjunta de los pueblos indígenas en diferentes zonas del país y fueron ejecutadas acciones como la ocupación de las instalaciones en la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en Bogotá, de la sede de la Gobernación de Putumayo en Mocoa; de las oficinas del entonces Incora en Ibagué y el bloqueo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán, entre otras.
Justamente, el origen de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se remonta a una de las principales acciones adelantadas por los pueblos indígenas ese año: la toma de la Conferencia Episcopal en Bogotá, motivada por el ánimo de lograr un espacio en el que el Gobierno tuviera que sentarse a dialogar. Así, después de más de 40 días de permanencia y férreas negociaciones con los representantes de la institucionalidad, fue acordada la expedición de dos decretos, uno de ellos el que contempló la creación de la comisión para resolver las problemáticas de las comunidades en el orden territorial (Decreto 1397 de 1996).
El panorama actual de los derechos territoriales para los pueblos indígenas
Los delegados destacaron los avances en el acercamiento con el Gobierno por la existencia de un espacio de diálogo y concertación de carácter nacional que se ha fortalecido con los años. No obstante, resaltaron las preocupantes cifras respecto a la gestión de las entidades responsables, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para garantizar el goce efectivo de los derechos.
El delegado de AICO por la Pacha Mama para la CNTI, Jairo Alberto Guerrero, expuso que a la fecha hay más de 1000 solicitudes para la formalización de territorios indígenas ante la ANT y esta a su vez resuelve 25 procesos por año. Así, de acuerdo a sus palabras, harían falta 40 años para dar respuesta a la totalidad de requerimientos.
Respecto a la implementación del Decreto 2333 de 2014, que pretende agilizar los mecanismos de protección para la seguridad de los territorios indígenas ancestrales, expuso que este año la agencia solo planea resolver 2 de las 180 solicitudes que tiene en su poder. Ya frente al Decreto 4633 de 2011 que dicta las medidas para la restitución de derechos territoriales a los pueblos indígenas, expuso que existen más de 573 de solicitudes con tan solo 17 fallos favorables.
Otra de las grandes preocupaciones está relacionada a las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos, así como el avance de la agenda extractiva que está permitiendo el Gobierno en territorios indígenas y que pone en riesgo la vida y las formas de organización propia de las comunidades. De hecho, el delegado Jairo Guerrero fue enfático al denunciar que actualmente hay 39 comunidades indígenas en riesgo de desaparición inminente y 35 tienen menos de 200 habitantes.
Todo el conocimiento de los pueblos indígenas en temas territoriales está al servicio de la humanidad
Los pueblos indígenas son uno de los actores principales para la preservación de la diversidad natural en el mundo. Julio César López, coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), expresó que son estos quienes han encontrado el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, pues no se trata de ser “dueños” por encima del agua, de las plantas y de los animales, sino de tener una relación de respeto y una conexión espiritual con el entorno.
Así, los pueblos indígenas tienen su Gobierno propio y unas estructuras que a lo largo de la historia han sido establecidas y organizadas. Por esta razón los territorios tienen una administración propia en lo que tiene que ver con lo ambiental, lo territorial, lo social, lo cultural, etc., que los convierte en reservas para la diversidad natural y todo el sistema de conocimientos tradicionales que no solo benefician a los pueblos indígenas, sino a todo el mundo.
“Nunca nos hemos opuesto al progreso, nos oponemos al modelo económico de desarrollo que se quiere implementar en los pueblos indígenas y es una discusión que estamos dispuestos a dar en el marco de la CNTI”, agregó López.
Conclusiones y retos del espacio
Para finalizar, como observó Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, el encuentro conmemorativo de los 25 años recordó el nacimiento del espacio y las causas que motivaron a los fundadores a resistir en una jornada tan exigente, por ello era imprescindible contar con su participación y recoger su legado para los nuevos delegados y las generaciones futuras.
En más de dos décadas de trabajo, la comisión ha apostado por fortalecer el diálogo y concertar soluciones para los problemas que afectan a los pueblos indígenas en lo territorial, ha incidido en la creación de acuerdos y la expedición de normas para garantizar el avance en el cumplimiento de derechos, y ha buscado consolidar el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), una herramienta técnica para apoyar los procesos de exigibilidad e incidencia política adelantados por los delegados de las organizaciones indígenas.
En adelante, de acuerdo a las palabras del secretario técnico, la comisión debe crear mecanismos para agilizar los procesos de las demandas históricas de los pueblos indígenas, posicionar ante la opinión publica la importancia de los territorios y exigir al Gobierno que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales para que proteja ágilmente los derechos territoriales.
