La comunidad indígena El Coco hace un llamado urgente al Gobierno nacional y a los entes competentes para que intervengan de manera inmediata, frente a la violación de sus derechos fundamentales y territoriales por parte de la Infantería de Marina Armada de Colombia.
Las comunidades indígenas de Coco Viejo y Coco Nuevo están ubicadas en el municipio de Inírida, departamento de Guainía. Pertenecen al resguardo indígena Coayare y a pesar de dominar muy bien el castellano, su esencia lingüística y el manejo de su idioma ancestral pertenece a los Curripacos, un pueblo indígena que cuenta con aproximadamente 4300 personas, asentadas principalmente en los departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada.
En cuanto a sus actividades productivas y económicas, la comunidad suele hacer uso de herramientas que cuentan con un saber ancestral, enfocadas en la extracción de la gravilla y la pesca, además de contar con diferentes grupos familiares artesanales, quienes trabajan la tejeduría en fibra.
A pocos minutos de su territorio se encuentra un batallón del Ejército y otro de la Marina que prohíben el paso de la comunidad dentro de su territorio ancestral, lo que llevo a la comunidad a hacer un llamado el pasado 3 de septiembre a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) a través de un video, en el que expresaba su preocupación por las exigencias que hacía uno de los sargentos perteneciente a la Infantería Armada de Colombia.
Por esta razón, el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) como componente de trabajo de la CNTI, atendió el llamado de la comunidad y de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), y emprendió un viaje el 13 de octubre al suroriente del país, a una pequeña parte del «pulmón del mundo» para brindar un acompañamiento a la comunidad de Coco Viejo y Coco Nuevo.
Al llegar a Guainía (“espejito del sol” en lengua Puinave) se tuvo la posibilidad de analizar y reconocer que es uno de los territorios con mayor presencia de Pueblos Indígenas, con una gran extensión de selva cargada de intereses capitales que buscan explotar su riqueza natural y someter a muchos de sus habitantes a unas constantes problemáticas como la presencia de grupos armados, deforestación, minería ilegal, trabajo forzado a menores y a las diferentes violencias que afectan directamente a las mujeres.
La CNTI logró ubicar a 10 minutos en motocicleta el resguardo indígena de Coayare, El Coco, integrado por cinco comunidades indígenas: Coco Viejo, Coco Nuevo, Curripaco, Puinave y Piapoco, pueblos originarios y asentados en Guainía.
La tropa armada como una problemática para el Pueblo Indígena
En la socialización con la comunidad y la Infantería de Marina Armada de Colombia, se logró evidenciar que la presencia de esta tropa armada estaba generando dificultades de orden público en el territorio, ya que este grupo asegura que la comunidad no tiene permitido pasar hasta un punto, mismo que la comunidad asegura que corresponde al cementerio donde se encuentran los restos de sus ancestros.
Cementerio de la comunidad de El Coco, 2021.
Aunque no existe información clara sobre la delimitación de la sede militar que colinda con la comunidad El Coco, en el municipio de Inírida, se tiene conocimiento de la presencia del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N°50 (BAFLIM50) con km 3 vía a El Coco. Batallón que hace parte de la Brigada de Infantería de Marina No. 5 (Resolución No. 6469-MDN del 30 agosto de 1989)[1], inicialmente denominada como la Fuerza Fluvial la Flotilla del Magdalena y del Oriente.
En el año 1999 adquirió la denominación de Unidad Operativa Menor y su puesto de mando está ubicado en el municipio de Puerto Carreño, en el departamento del Vichada. Actualmente, cuenta con unidades y elementos fluviales de combate, asignándosele como área de responsabilidad los ríos de Guaviare, Inírida, Orinoco y sus afluentes[2].
Por otro lado, se encuentra el Batallón de Infantería N°45 general Próspero Pinzón, el cual fue creado en el año 2003 y activado en el año 2005 como Batallón de Infantería Motorizado y ubicado en Puerto Carreño, Vichada. El día 19 de noviembre de 2005, al activarse la Brigada de Selva No. 28, fue asignado como jurisdicción en el departamento del Guainía.
Origen de la Comunidad de Coco Nuevo y Coco Viejo
De acuerdo con el registro y los testimonios que ha brindado la comunidad, este Pueblo Indígena es originario del Río Negro, también llamado Río Guainía, perteneciente del territorio desde los años 50s al que le concedieron un terreno que fue pagado con cuatro toneladas de fibra y que hoy en día pertenece al territorio de Coco Viejo y Coco Nuevo.
Sin embargo, en el año 1976 se le concedió parte del territorio a un colono cerca de la laguna Kamasabe, donde había cultivos que le pertenecían a la comunidad. Años después, esta persona vendió el terreno y lo dejó bajo el poder de la Infantería para la instalación del batallón.
Ahora mismo, la comunidad de El Coco tiene conocimiento de que en su momento se hizo una consulta previa con el “capitán” que se encontraba ejerciendo su autoridad en el año de 1995, quien termino aceptando y vendiendo el territorio a la fuerza armada, a pesar de que era un resguardo.
Todas esas incongruencias y falta de certeza han afectado seriamente a la comunidad, ya que la fuerza armada está reclamando parte de un sitio sagrado para el Pueblo Indígena de los Curripacos.
La deuda de las instituciones en materia territorial con la comunidad de El Coco
Según la información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el resguardo fue constituido a través de la resolución del 25 de abril del año 1986[3], con una extensión de 11840 hectáreas aproximadamente, en la que actualmente se encuentra ubicada en los parajes de Coayare-Coco en un terreno situado con jurisdicción del municipio de Inírida a favor de las comunidades Puinave, Piapoco y Curripaco.
Sin embargo, los habitantes de la comunidad El Coco aseguran que desde el año 2010 se está solicitando la ampliación de su territorio, uno de los procedimientos más importantes en los que el Estado debe brindar el reconocimiento e incluir los territorios de manera adicional del resguardo al título de propiedad de la comunidad, a pesar de que ha pasado más de una década en la que no han recibido ninguna respuesta por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Al hacer el respectivo seguimiento a la ANT, fue posible evidenciar que el 16 de agosto de 2018 la entidad territorial informó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT)[4] que los expedientes que hacían referencia al procedimiento de ampliación estaban pendientes de programación. Por ende, un año después la URT presentó una solicitud de protección del territorio ancestral, en el que le indicó a la (ANT) continuar con el proceso de caracterización territorial.
Sin embargo, hasta este momento la comunidad no tiene claridad ni conocimiento de los límites de su resguardo. Por ende, el equipo jurídico de la CNTI se dispone a hacer una documentación del caso en la que sean tenidas en cuenta las aspiraciones territoriales para poder identificar si mediante una acción jurídica se puede lograr la dotación territorial y la ampliación del resguardo de la comunidad El Coco, además de iniciar un trabajo pedagógico con el fin de que el Pueblo Indígena conozca sus derechos territoriales sobre la problemática que se está presentando con la Infantería de Marina Armada de Colombia.
El artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, dice lo siguiente: “Los parques comunales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. De igual forma, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los artículos 13 y 14, refiere el concepto de «tierra» como territorio para los Pueblos Indígenas. Por eso, la ocupación o posesión genera propiedad y el Estado está en la obligación de formalizar los territorios.
Por eso, la Infantería de Marina Armada de Colombia debe reconocer que así no se encuentre el territorio titulado dentro del marco de la legalidad, las comunidades indígenas de Coco Nuevo y Coco Viejo son pueblos originarios del departamento del Guainía y que en estos momentos la fuerza armada se encuentra ubicada en un territorio ancestral y sagrado.
Ahora bien, aunque hay conocimiento de esta disputa territorial, existe una serie de desarmonías en el territorio ancestral que han afectado a los Pueblos Indígenas como la falta de atención y de materia prima productiva que contribuya a la manutención de las comunidades, pues su fuente principal de ingreso sigue siendo las artesanías y la minería artesanal.
Acciones adelantadas por la comunidad
A pesar de que en el departamento del Guainía y en la comunidad se ha incrementado la presencia de colonos que afectan directamente a las comunidades ancestrales con la tala indiscriminada de árboles, la comunidad de Coco Viejo y Coco Nuevo ha creado un invernadero rodeado de polisombra y plantas ancestrales del Pueblo Indígena de los Curripacos, con el que pretenden reforestar gran parte de su territorio para restablecer su sitio sagrado.
Vivero de la Comunidad de Coco Viejo y Coco Nuevo, 2021.
Mujer indígena como territorio
Además de esto, la participación de la mujer indígena en su territorio es de suma importancia, pues ellas son las encargadas de transmitir el conocimiento a sus hijos, de defender y proteger su territorio como un espacio sagrado que debe ser preservado a través del cuidado de las plantas que brindan componentes medicinales, la preservación de los bosques y el agua.
“Cuando se desaparece una laguna o un árbol se empiezan a deteriorar y extinguir las mismas culturas, porque existe una correlación entre la pérdida de la biodiversidad, el deterioro físico de los pueblos y el desarraigo cultural”, Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Mujeres Indígenas del Pueblo Originario de los Curripacos, 2021.
Por eso, en el marco de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas es necesario que se garantice la supervivencia de los Pueblos Indígenas con el respeto a sus procesos organizativos, culturales, espirituales y de Gobierno propio para la conservación de la biodiversidad, el buen vivir y para la pervivencia del Pueblo física y culturalmente.
Continúa la preocupación de los delegados indígenas de la CNTI, después de evaluar y analizar los datos presentados por los delegados de la ANT y la URT en el marco del Decreto Ley 4633, ya que la inconsistencia de los informes entregados, afectaría la seguridad jurídica y la restitución de derechos territoriales para pueblos y comunidades indígenas.
El segundo día de la sesión V de la Comisión Nacional de los Territorios (CNTI) inició con el espacio autónomo entre los delegados de las organizaciones indígenas y el equipo técnico de la secretaría técnica Indígena de la CNTI, con el propósito de revisar y analizar los informes presentados por la Agencia Nacional de Tierra (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) el día 20 de octubre, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 y el Decreto 1824 de 2020 que busca restituir, ampliar, sanear los territorios indígenas.
Sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada por los delegados de las organizaciones y el equipo técnico de la secretaría técnica de la CNTI, dicho informe no cumple con los acuerdos pactados en la sesión IV del 2020 ni con lo que estipula el Decreto 4633, por el contrario, muestra una inconsistencia en los datos presentados que genera confusión a los representantes indígenas. Esta situación podría afectar la seguridad jurídica de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales.
En el marco de este espacio autónomo los delegados realizaron valoraciones sobre lo presentado por el gobierno, de ese modo el exconstituyente Alfonso Peña planteo con preocupación que “No hay buena fe en la entrega de informes y a 10 años del decreto apenas se está iniciando, lo que es irresponsable. Los porcentajes no definen con seriedad ningún resultado, hay muchos vacíos”.
De igual modo Ulises Tique, delegado de la Macro Centro Oriente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (ONIC), en su análisis comentó que: “de los compromisos de más de 10 años solo se ha cumplido en un 2%, lo que genera preocupación en cómo le vamos a responder a las bases y a las comunidades indígenas en las diferentes regionales. Es muy complejo darle una noticia de lo negativo del proceso”.
Esta situación pone en alerta a los delegados indígenas y a la secretaría técnica Indígena de la CNTI, por lo que proponen un diálogo concreto con los delegados de las instituciones del gobierno nacional, para hacer un llamado de exigencia de garantías a los acuerdos pactados y el cumplimiento del decreto.
Por su parte, Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI, planteo que el incumplimiento sistemático a la política pública de los derechos territoriales, no obedece al espíritu del decreto y que no corresponde a la realidad según el artículo 57 de la misma, por lo que llevaría a los delegados a tomar acciones jurídicas contundentes que proteja los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Se espera que en la jornada mixta que inició el día de hoy 22 de octubre, el gobierno nacional responda de manara clara ante las inquietudes y exigencias de los delegados indígenas, de igual modo se espera que hayan avances en el cumplimiento de los acuerdos pactados en sesiones previas.
Este miércoles 20 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) dio inicio a la V sesión mixta con el Gobierno nacional, representado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
En este primer día, el equipo técnico y los delegados de las organizaciones indígenas con asiento en la CNTI recibieron los informes elaborados por ambas entidades respecto a la gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 4633 de 2011, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
De igual forma, se hizo seguimiento a la estrategia de aceleración para la ruta de restitución de derechos territoriales, compromiso adquirido por la URT en la III sesión mixta de la CNTI con Gobierno en 2021. Frente a este punto, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, expresó su preocupación por la forma en que la Unidad de Restitución de Tierras mide los resultados de sus actuaciones, pues tiene indicadores de gestión, pero no es clara la medición de resultados reales y efectivos.
Respecto a las obligaciones de la ANT en el marco del Decreto 4633 de 2011, la CNTI hizo énfasis en que no es claro cómo desarrollan el trabajo conjunto que debe existir entre las dos entidades ni la manera en que la URT hace seguimiento a las resoluciones que se dan en la ruta étnica que emite órdenes e involucra a la ANT.
Frente a esto, por parte la CNTI se dio lectura al hallazgo hecho por la Contraloría General de la Nación que señala que: “La política de restitución y la de formalización tienen una amplia interrelación. No adelantar acciones efectivas por parte de la ANT en el marco de esta política, se convierte en un factor que propicia el despojo de los territorios, [por lo que] esta entidad debe tener presente en su planeación el cumplimiento de las órdenes emanadas de la jurisdicción de restitución de tierras”.
El hallazgo publicado por la Contraloría continúa: “La URT en su planeación y priorización debe tener en cuenta si existe sobre el predio solicitado, un proceso de formalización con el fin de armonizarlos y utilizarlos como material probatorio. La articulación entre la ANT y la URT es fundamental a fin de evitar duplicidad de actuaciones (principio de economía y eficiencia administrativa), dado que las zonas de intervención de la ANT pueden traslaparse con territorios intervenidos por la URT”.
Mañana (jueves 21 de octubre) será adelantado el espacio autónomo en el que los delegados indígenas analizarán los insumos presentados por la institucionalidad, de cara a la jornada del viernes en el que se dará la discusión con las entidades de Gobierno y la creación de acuerdos para exigir la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La comunidad indígena Yajotja perteneciente al pueblo Waüipijiwi, ubicada en el departamento de Vichada, hace un llamado urgente a las organizaciones gubernamentales para que brinden atención prioritaria a la difícil situación de vulneración de sus derechos colectivos e individuales, generada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el no reconocimiento de un territorio digno, lo que perjudica su pervivencia física y cultural.
Los Waüipijiwi, quienes también son conocidos como Wipiiiwi, Waüpiiiwi, Huupiwi, Wipiwi o Wipijiwi, se autodenominan de acuerdo a su cultura como «La gente que camina» o “La gente del Alto Vichada”. Según datos suministrados en 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este pueblo ancestral solo cuenta con 299 integrantes, lo que reafirma la necesidad de su protección especial y prioritaria.
De acuerdo a la cosmovisión de los Waüpijiwi, su “Weunuekua” o “territorio de origen” (en su lengua materna) está ubicado en Caño Gavilán, cerca al río Tomo y a Yumemuje, en el actual municipio de La Primavera, departamento de Vichada. De este lugar fueron desplazados por la presencia de grupos armado al margen de la ley, el narcotráfico, la invasión de colonos, la persecución y el asesinato de indígenas durante las “cacería de indios”, también conocidas como “guajibiadas” o “guahibiadas”, en los años ochenta.
En el año de 1982, 65 indígenas Waüipijiwi fueron reubicados en el Resguardo de Caño Mochuelo, en el asentamiento de Caño Agua Clarita, donde conformaron la comunidad El Merey, en el departamento de Casanare. Esto, en compañía de otros ocho grupos indígenas que también fueron desplazados por la violencia.
Su llegada a este territorio generó conflictos interétnicos con los otros pueblos originarios de este resguardo, como son los Maiben, los Masiware y los Tsiripus, como se relata en el libro “Huellas de la Madre Laura en los Caminos de los Pueblos Indígenas”, publicado en noviembre de 2011 por la editorial Kimpres.
El traslado de este pueblo ancestral terminó afectando las dinámicas propias de los Waüpijiwi, pues ancestralmente desarrollaban sus actividades como nómadas y recolectores. Durante su estadía en la comunidad El Merey, fueron obligados a llevar una vida sedentaria y de agricultores que no les era propia, hecho que limitó sus correrías tradicionales a los sitios sagrados que los proveían de espiritualidad y sus economías propias como la pesca, la caza, la recolección y el intercambio con otros pueblos, como se evidencia en la investigación y Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia ENSANI (2012, 2014).
Ante esta crisis territorial y alimentaria, fueron incorporados insumos externos que no hacen parte de la dieta alimenticia de la comunidad Waüpijiwi y generaron una crítica situación de salud en mayores y niños. Además, la comunidad no cuenta con los recursos para acceder a lamedicina occidental y tampoco tienen acceso a agua potable, a un sistema de acueducto o a un sistema de manejo de basuras, lo que agrava la situación de salud y de pervivencia.
Para el año de 2003, los Waüpijiwi nuevamente fueron amenazados por grupos armados. Así lo expresaron en el comunicado del 2018: “Para el año 2003 un grupo de en promedio 40 hombre, según la comunidad, al parecer de las FARC, asegura la comunidad, llegan por el río Aguas Claras en un planchón donde se transportaban y se instalaron en la finca conocida como Hato Manare que limita con el Resguardo”.
Esta situación una vez más los obligó a desplazarse, algunas familias de la comunidad Merey llegaron a Santa Rosalía en Vichada y pasaron por municipios como Puerto López y Orocué. Muchos miembros de la comunidad vieron la opción de regresar a su territorio ancestral que, de acuerdo a las historias de los abuelos y mayores, estaría ubicado en La Primavera, Vichada, cerca al sitio conocido como “Mate Ñame” en Agua Verde, donde se encuentra enterrado Yajotja, un emblematico capitán Waüpijiwi.
Entre finales de 2005 y principios de 2006, con ayuda del Ministerio del Interior, las familias retornaron al Merey en el Resguardo de Caño Mochuelo. Sin embargo, volvieron a una situación de conflicto interétnico que interrumpió la armonía al interior de la comunidad y con el territorio.
De acuerdo a las denuncias realizadas por el propio pueblo Waüpijiwi, en 2017 sufrieron situaciones internas que los llevaron a tener problemas de gobernabilidad, lo que provocó que se limitará su participación en los espacios de decisión del resguardo indígena, lo que hizo que los otros pueblos indígenas con los que comparten territorio no priorizaran las necesidades del pueblo Waüpijiwi.
A esta difícil situación se sumó el reclutamiento forzado de menores y los abusos sexuales a menores por parte de grupos armados, como lo expresaron en la denuncia realizada en la tutela del 2018. “Durante 2017, al Merey llegaban personas mestizas, inicialmente vestidas de civil y después en uniforme camuflado para reclutar a las niñas de la comunidad, algunas de ellas regresaron embarazadas y otras no regresaron”.
Tras este acontecimiento, en diciembre de 2017 se dio el desplazamiento definitivo de 57 personas integrantes del pueblo Waüpijiwi, entre estas 18 menores de edad, desde Caño Mochuelo hacia la inspección de Agua Verde del municipio de La Primavera, enVichada.
Un territorio sin garantías
Cuando los Waüpijiwi llegaron a Agua Verde, vieron su regreso como un posible retorno armónico a su territorio de origen. Sin embargo, la poca garantía institucional y las limitaciones propias del lugar, representaron una vez más la vulneración de la comunidad de manera social, física y cultural.
En 2018 la comunidad fue ubicada por parte de la Alcaldía de La Primavera en la finca Las Reliquias. Luego, para noviembre de ese mismo año, la comunidad fue trasladada a un terreno a orillas del río Meta. Debido a las crecintes del río Meta que causan inundaciones, los Waüpijiwi no contaban con un terreno apropiado para la siembra y cultivo de sus alimentos, además de sufrir de infecciones respiratorias, poniendoles en condiciones de vulnerabilidad por las enfermedades y falta de una alimentación adecuad.
A raíz de esas dificultades, la Alcaldía Municipal de La Primavera decidió reasentarlos nuevamente en la finca Las Reliquias, un espacio de tan solo 4 hectáreas donde viven como arrendatarios, pago que debe asumir la Alcaldía del municipio.
En este limitado lugar conforman la comunidad Yajotja del pueblo Waüpijiwi. Sin embargo, denuncian la reiterada vulneración a sus derechos, porque se les impide que desarrollen actividades propias de su pueblo como la caza, la pesca y la recolección. Además, la comunidad denuncia que no existe ningún plan de reubicación o extensión del pago de arrendamiento de la ubicación actual por parte del gobierno local.
Ante esta situación, le han solicitado al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras que se den las garantías adecuadas para la pervivencia de este pueblo ancestral en dicho territorio con unas condiciones más dignas. Sin embargo, los Waüpijiwi aún se encuentran censados en el Resguardo de Caño Mochuelo en Casanare, lo que al parecer impide a las entidades gubernamentales para dar las garantías correspondientes que resuelvan esta problemática.
En caso de un posible retorno al Casanare, este pueblo ancestral le pide al Gobierno nacional la ampliación del Resguardo Caño Mochuelo como se estipula en el plan de vida del resguardo de 2013, para así resolver las diferencias interétnicas y brindar las garantias para que todos los pueblos indígenas puedan tener equilibrio y armonía territorial.
El 18 noviembre de 2019, comunidad Yajotja del pueblo Waüpijiwi radicó documentos para la oferta voluntaria de compra de un predio ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT, en el marco de solicitud de constitución de resguardo y protección de territorio ancestral referenciado en el expediente No. 201851008299800037E. Sin embargo dicha solicitud fue negada porque el desplazamiento de pueblo Waüpijiwi supuestamente se dio por conflictos interétnicos y no por el conflicto armado.
El pasado 19 de diciembre de 2019, el capitán Ángel Tadache y demás firmantes de la comunidad indígena Yajotja, del pueblo Waüpijiwi. hicieron la denuncia formal bajo una acción de tutela contra las entidades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Alcaldía Municipal de La Primavera, el departamento de Vichada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Minorías del Ministerio del Interior, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Puerto Carreño, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud, por no atender de manera diferencial y prioritaria a esta comunidad indígena en situación de riesgo.
Se espera que en el trámite de tutela que cursa ante la Corte Constitucional con el número de expediente: T-8.113.378, garanticen los derechos territoriales de la comunidad Yajotja, del Pueblo Indígena Waüpijiwi, y tome las medidas efectivas para su pervivencia de este pueblo ancestral.
De acuerdo al auto 004 de 2009 de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, los Waüpijiwi o Wipiwi presentan altos índices de morbimortalidad y la disminución progresiva de la población. Por su parte, la Organización Nacional Indígena De Colombia (ONIC)manifiesta que “Aunque conservan su lengua, sus autoridades tradicionales se han debilitado, han perdido sus saberes ancestrales en torno a la medicina, al manejo ambiental y a desarrollos culturales. (…) La ausencia e sabedores tradicionales de nivel superior, demuestra el debilitamiento para afrontar los diversos malestares como su capacidad organizativa, de ejercicio del a autoridad y gobierno al interior del pueblo, eso ha disminuido los procesos de transmisión de los saberes y conocimientos”.
Es así que, en el marco de los derechos constituionales y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, el Estado colombiano en este caso de la Corte Constitucional debe tomar desiciones que permitan resolver las problematicas del PuebloWaüpijiwi, entre ellas resolver la situación territorial de dicho Pueblo indígena, cuyas condiciones sean por lo menos iguales o similares a las tierras que ocupaban anteriormente, garantizando el goce efectivo de sus derechos y permitiendo que puedan resolver sus necesidades y garantizar su futuro desarrollo.
Por tal motivo, el pueblo Waüpijiwi reitera el llamado al Estado colombiano en especial a las entididades judiciales y las instituciones competentes del gobierno nacional, para que existan las garantías que la comunidad necesita para poder vivir en un territorio digno de acuerdo a sus cosmovisiones, a usos y costumbres donde pervivan sus futuras generaciones.
Por. Secretaría Técnica Indígena Comisional Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
En la IV sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas realizada el 15, 16 y 17 de septiembre se evidenció que en el afán de cumplir con las metas de implementación en materia de acceso a tierras y formalización de la propiedad, el gobierno nacional ha tergiversado el cumplimiento de las metas a la luz de una interpretación errónea de las normas que protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esto arroja como resultado una implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) que se distancia de su enfoque original y contenido y que como principal vacío -que será sin lugar a dudas el detonante de nuevos conflictos por la tierra, no ha sido estructurado, diseñado y pensado junto y con sus principales beneficiarios.
| Alertamos a los garantes del AFP y a los respectivos donantes que los términos en los que el actual gobierno pretende informar a la sociedad civil y opinión pública sobre los avances de la implementación hacen referencia a datos que no corresponden con la realidad y que se apartan de lo acordado.
| Por eso le exigimos al gobierno nacional cumplir e implementar el AFP tal cómo fue firmado y bajo el respeto a la salvaguarda de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que hacen parte integral de su contenido.
| Desde este espacio hacemos un llamado a los pueblos indígenas para que adviertan la instrumentalización de la que estamos siendo víctimas para una supuesta implementación del AFP en la medida en que además de ser excluidos del proceso de construcción de políticas públicas allí contempladas, nuestras tierras están siendo reportadas como la mayoría del total de hectáreas otorgadas en la modalidad de acceso a tierras.
En el segundo momento de la primera jornada de trabajo de la IV sesión mixta de la CNTI del 2021 y tras la socialización por parte de los representantes del gobierno nacional de los temas y puntos establecidos en el marco de agenda de trabajo, los delegados de las Organizaciones Indígenas expresaron su descontento por la falta de claridad en la argumentación de la información, las cifras y los conceptos presentados por los delegados del gobierno.
Una de las conclusiones a las que llegaron los delegados indígenas y la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI es que el gobierno de Iván Duque, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), responsable de todo lo relacionado con las tierras en Colombia, interpretó a su conveniencia lo establecido en el Acuerdo Final de Paz (AFP) con relación a la figura del acceso y formalización de la propiedad rural, debido a que presentaron como metas de cumplimiento los predios que los Pueblos Indígenas ya tenían definidos con anterioridad a la firma de dicho acuerdo.
Según lo presentado por los representantes del gobierno nacional frente al Fondo de Tierras creado con ocasión del Acuerdo Final de Paz (AFP), ha sido imposible establecer cómo la ANT definió los predios con los que dice cumplir la formalización o el acceso a tierras para los Pueblos Indígenas. Lo anterior se evidencia debido a que la ANT no compartió los criterios con los que se determina si los predios ya eran de los Pueblos Indígenas antes de la firma del acuerdo o si en efecto se trata de nuevos predios para las comunidades.
Durante la intervención de sus representantes en el primer día de la sesión mixta de la CNTI, fue evidente que la entidad no está teniendo en cuenta el artículo 22 del Decreto Ley 902 de 2017, que busca impedir que los predios que ya estaban en posesión de los Pueblos Indígenas antes de la firma del AFP en 2016, entren al reporte como cumplimiento de esta nueva política en el marco de la Reforma Rural Integral, pues estos solo debían entrar al Fondo de Tierras para su administración.
Para los delegados indígenas y STI-CNTI es preocupante que dichos predios puedan ser contabilizados de manera irregular en los 10 millones de hectáreas que tiene el Fondo de Tierras como meta de cumplimiento. Cabe recordar que la Reforma Rural Integral contempla 7 millones de hectáreas para la formalización y 3 millones para la adjudicación de tierras a comunidades y pueblos étnicos. Con dichas metas se debe cumplir con la formalización de los territorios de los Pueblos Indígenas en posesión ancestral al igual que adjudicar tierras a los que no tienen tierras o carecen de las mismas.
Se espera que para el tercer día de espacio mixto, que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de septiembre, la entidad finalmente socialice los criterios y dé claridad a los vacíos que permanecen frente al cumplimiento de la Reforma Rural Integral y más específicamente, de las asignaciones en el marco del Fondo de Tierras.
