por STI | Nov 5, 2022 | Nota de prensa
Entre el 2 al 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) realizó la tercera sesión autónoma con la participación de los delegados indígenas de las cinco organizaciones que hacen parte de este espacio y el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI). Un espacio, donde se abordaron diversidad de temas para la preparación de las sesiones mixtas entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional de cara a la consulta previa, libre e informada para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
En un inicio el área de formalización socializó la construcción de la matriz de inventario que corresponde a una gestión de información teniendo en cuenta los expedientes que han sido clasificados por el número de fichas técnicas de la CNTI y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las cuales corresponden a un total de 266 expedientes.
Por otro lado, se evidencio el estado actual de las 1476 solicitudes registradas en el Sistema de Monitoreo de las Solicitudes de Formalización (SIMOSOF) del ODTPI de la CNTI, realizadas por los Pueblos Indígenas en materia territorial y clasificadas por las 183 solicitudes que corresponden a la protección del territorio de ocupación o posesión ancestral, 52 solicitudes sobre la clarificación de la vigencia de los títulos de origen colonial y/o republicano, 41 procesos agrarios, 148 casos de vallas y amojonamientos y 1502 solicitudes de los procesos de formalización.
Actualmente, la CNTI cuenta con 505 acuerdos firmados desde el año 2009, de los cuales 188 están cumplidos, 117 se encuentran sin reporte, 53 se han cumplido parcialmente, 22 están sin avance, 44 en desarrollo y 126 acuerdos incumplidos. Frente a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) existen 35 acuerdos de los cuales tres se encuentran en desarrollo, cinco sin avance y uno está en estado de proceso.
Respecto a esto se reiteró en la importancia de brindar la seguridad jurídica de los territorios Indígenas y la política de restitución de derechos territoriales, según lo establecido en el marco del decreto 4633 de 2011 para las comunidades y Pueblos Indígenas que han sido víctimas del conflicto armado en el País.
Seguido de esto, se contó con un balance y un análisis sobre el Acuerdo Final de Paz (AFP) con la implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural donde se reflejó que no hay una participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas. Es decir, los Pueblos Indígenas no están siendo considerados, ni mucho menos involucrados como sujetos de manera determinante en el ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia.
Allí, se identificaron una serie de problemas que son claves en la discusión con el Gobierno Nacional, entre ellos se identificó que los planes de Ordenamiento Social en la Propiedad Rural están avanzando sin consultar a los Pueblos Indígenas, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017, la ANT, unificó 52 procesos aplicando procesos sin tener un criterio netamente diferencial y territorial, además del avance que hicieron con la implementación de la política pública del catastro multipropósito sin haber culminado el proceso de consulta.
Posteriormente, se hizo un balance de análisis de las decisiones negativas que se han tomado frente a la implementación del Decreto Ley 2333 de 2014 el cual hace referencia a la protección de los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas. En este punto, se trajo a colación la tutela que se impulsó con la articulación de las comunidades de Barrullia, Warrojo, Iwitsilibio y Tssbilonia del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, con el apoyo y la compañía de la comisión como vocera de derechos territoriales de los pueblos originarios para garantizar el derecho a la protección de la ocupación ancestral, la formalización de los territorios colectivos, la vida digna, la autonomía y la autoridad.
Del siguiente fallo, se resaltó la importancia de seguir trabajando en los procesos e impulsos jurídicos que sean necesarios para proteger y formalizar los territorios, con el fin de que revisen la resolución expedida después de 8 años de expedida que niega el reconocimiento del territorio ancestral de la comunidad Barrulia del Pueblo Indígena Sikuani, en Puerto Gaitán Meta, así como suspensión los procesos policivos en contra de las comunidades indígenas que fueron víctimas de desalojos donde fueron desbaratadas sus viviendas, agredidas las personas y quemados sus bienes y enseres.
Teniendo en cuenta esto, Imer Rodríguez, delegado por la Macro Oriente, realizó una cartografía con el apoyo del Sistema de Información Geográfica (SIG) del observatorio de la CNTI para ubicar geo espacialmente los ríos y resguardos indígenas del departamento de Arauca, como Matecandela, Corocito y la Estrellita, manifestando la urgencia de buscar un mecanismo que garantice la celeridad para la ampliación de estos territorios, además de hacer un llamado para ayudar a los Pueblos Indígenas en estado de mendicidad, problemática que los viene exponiendo a un exterminio físico y cultural.
Finalmente, se dialogó sobre el análisis del informe presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el estado en el que se encuentra la tutela interpuesta por la CNTI por hechos de racismo y discriminación estructural en contra de los Pueblos Indígenas, donde se buscaba la garantía y protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la dignidad humana, la Igualdad Material, el derecho a la Honra, la Participación, la Diversidad Cultural, la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
Para concluir, se resaltó la labor de la CNTI con la presencia de Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI, los delegados indígenas, los Mamos con el acompañamiento y trabajo espiritual desde el corazón del mundo, de la Sierra Nevada de Santa Marta y los constituyentes en los territorios indígenas a nivel nacional, para conocer las problemáticas a primera mano y así, poder recopilar la información necesaria para continuar incidiendo en los procesos que se encuentran rezagados históricamente y que han vulnerado los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos originarios a nivel nacional.
¡Defender los territorios, es defender la vida!I
por STI | Oct 28, 2022 | Nota de prensa
La Universidad Externado de Colombia, desde el programa de Interacciones Multiculturales y el Área de sentidos y lógicas de vida de los pueblos originarios creó el espacio de reflexión, intercambio y conocimiento sobre los saberes de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia (CNTI) hizo parte de este panel donde abordo las dificultades de los procesos de formalización para la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Allí, se contó con la participación de estudiantes indígenas, abordando el tema de territorialidad del país, donde uno de los grandes problemas que ha generado conflicto por muchas décadas ha sido la tenencia de la tierra. Según los ponentes dicha problemática se evidencia debido a que el estado colombiano ha heredado un sistema agrario latifundista que ha favorecido a pocas familias o sectores económicos, mientras que los más ricos acumulaban las tierras más productivas.
Históricamente los Pueblos Indígenas han perdido los territorios por diferentes actores legales o no legales, causa que con el pasar de los años con ayuda de los instrumentos legales que se fueron creando, estas prácticas se convirtieron en un despojo sistemático. Toda esta situación de desigualdad, apropiación y usurpación de los territorios ancestrales hizo que los pueblos se cansaran de dicha situación. Por tal motivo se comenzaron a gestar levantamientos indígenas que permitirían desarrollar acciones reivindicativas para recuperar las tierras y proteger la biodiversidad de dichos territorios.
La lucha por el territorio hizo que los Pueblos Indígenas en Colombia fuesen reconocidos como sujeto de derechos y actores políticos, lo que ha ido permitiendo la expedición de normas nacionales e internacionales. A pesar, de que la Ley obliga al Estado Colombiano a cumplir con la protección de los pueblos y del territorio, la pérdida del territorio se profundizó y continúo agudizando la era del exterminio físico y cultural de los pueblos originarios de Colombia.
Por esta razón, la CNTI, por mandato de sus pueblos y organizaciones, comenzó a trabajar y buscar mecanismos para que el gobierno nacional brinde las garantías y mecanismos de seguridad jurídica sobre los territorios para un goce efectivo de los derechos territoriales. Por lo tanto, se hizo necesario entender que no únicamente se debía realizar el ejercicio de formalización de la propiedad colectiva, sino que permitiera una satisfacción de las necesidades económicas y sociales. Así, el ejercicio de formalización lleva consigo la constitución, ampliación y saneamiento de los territorios ancestrales.
Cabe resaltar que, si bien la titulación de resguardos contemporáneos tiene su origen desde la segunda mitad del siglo XX, la falta de seguridad jurídica hizo que se redujera la cantidad de formalización de territorio indígena. Por esta razón, y de acuerdo con el informe sobre el estado actual de las solicitudes formalización de territorios indígenas 2019 del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, hasta el momento de la publicación han sido reconocidos más de 824 resguardos con un área aproximada de 34.419.862 hectáreas más 6955 m2, de los cuales existen cerca de 1476 solicitudes vigentes por resolver.
Finalmente las y los participantes resaltaron la importancia de realizar este espacio de diálogo y debate organizados por el programa de Interacciones Multiculturales de la Universidad Externado de Colombia, así mismo se invitó a los estudiantes indígenas a revisar y conocer más del trabajo que viene desarrollando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), así como el trabajo que realiza la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI en pro de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
por STI | Oct 27, 2022 | Nota de prensa
Luego de diez meses, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas vuele a las sesiones junto a los delegados de las cinco organizaciones indígenas de Colombia y el equipo técnico del Observatorio de Derechos territoriales de la STI-CNTI, que se realizó en la ciudad de Bogotá durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2022.
En esta oportunidad, la mesa técnica e indígena inició discutiendo sobre los recorridos territoriales donde se tuvo la oportunidad de visitar las comunidades y territorios de los delegados indígenas de la CNTI. Un recorrido que abarcó más de 6 departamentos y se realizó en un promedio de 5 meses. Esta iniciativa de los delegados y la secretaría técnica Indígena permitió conocer de primera mano la situación jurídica y social en materia territorial que viven los pueblos originarios a los que se pudo llegar en el marco de dicho recorrido.
Entre algunos de los hallazgos que resaltaron los delegados durante sus visitas están: que muchos de los territorios se encuentran en un estado crítico de vulneración de derechos, pues encontraron comunidades donde sus resguardos pese a las constantes solicitudes ante el gobierno nacional, no contaban con legitimidad y reconocimiento jurídico a la fecha. Por otro lado, se evidenció que hay comunidades donde los municipios se han apropiado de sus territorios y la ciudadanía ha adelantado construcciones dentro del resguardo sin el consentimiento de dichos pueblos.
De igual modo los delegados manifestaron la preocupación por las comunidades indígenas que se encuentran es un estado de alerta de exterminio físico y cultural entre ellos los pueblos Nukak y Jiw, pues no han podido retornar a sus lugares de origen, por la deforestación, la minería, la presencia de grupos armados y la expansión los cultivos de uso ilícitos, situación que provocado de una gran parte de las comunidades de estos pueblos se desplacen a ciudades como San José del Guaviare, donde no pueden ejercer el derecho pleno y el goce efectivo de sus territorios.
“Los ganaderos se están metiendo en nuestros territorios, no están respetando el resguardo, y quiero manifestar esa situación, es importante resaltar y ratificar los linderos de nuestros territorios”. Manifestó el delegado por la OPIAC, Fredy López.
Por otro lado, en la sesión también se avanzó en la socialización del análisis del Plan Nacional de Formalización Masiva, de la pequeña y mediana propiedad rural, actividad liderada por el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de la STI-CNTI. Dentro de los hallazgos encontrados se identificó que los pueblos indígenas no están siendo considerados como sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural integral. Esta situación, ratifica la falta de garantías que viven los pueblos indígenas en todos los sectores a nivel nacional. Lo cual evidencia la grave vulnerabilidad que tienen los pueblos indígenas en la seguridad jurídica de sus territorios.
Otro de los puntos que se debatió en este espacio autónomo, fueron los retos que tiene la Secretaría Técnica y los delegados indígenas de la CNTI, en relación las políticas agrarias y de tierras que está definiendo el nuevo gobierno para los próximos cuatro años, y en dicho marco cuál es papel así como las garantías de espacio de concertación y diálogo político para la participación efectiva de las organizaciones indígenas y sus delegados, en la consolidación de propuestas para estructurar una ruta en relación a dichas políticas, de igual modo como se definen los instrumentos para hacerle seguimiento a los compromisos a los que se lleguen con el gobierno del actual presidente de la república Gustavo Petro.
Para el segundo día de la sesión autónoma indígena de la CNTI, Viviana Marcela Gómez, integrante del equipo de investigación del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI inició con la presentación del informe de balance de los 10 años de la implementación, Decreto Ley 4633 de 2011. Entre los aciertos del informe, se evidencia que parte del incumplimiento de este decreto, son «cuellos de botella» en la gestión estatal lo que genera una regresividad estatal, lo que genera una regresividad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Un claro ejemplo de estos hallazgos es que, de 578 solicitudes de restitución territorial al 31 de diciembre de 2021, solo se cuenta con 18 sentencias de restitución para Pueblos Indígenas. En ese mismo orden, en el marco de la formalización de territorios indígenas se evidencia que existen órdenes en la Agencia Nacional de Tierras – ANT, de las cuales hasta el momento del análisis únicamente se han cumplido 2 órdenes. Esta situación afecta y entorpece el goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales.
Adicionalmente, la baja asignación presupuestal para atender las órdenes judiciales proferidas sobre las sentencias de restitución de derechos territoriales y en las medidas cautelares, ha hecho que haya un represamiento de los procesos hasta por 9 años. Por ejemplo, en el departamento del Putumayo, donde se registra el mayor número de solicitudes de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas, solo se cuenta con dos jueces de restitución asignados.
Para leer el informe del balance de la implementación decreto ley 46633 durante 2021 del Observatorio de Derechos Territoriales, ingrese aquí: https://bit.ly/3zofTIC
Otro de los puntos que se abordó en este espacio autónomo, fue la socialización de la ruta de prórroga del Decreto 4633 de 2011, allí Carlos Cuaical, asignado por AICO por la Pacha Mama con el apoyo el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI, socializaron las problemáticas y restos encontrados en los 10 años de la implementación de dicho decreto.
Uno de los principales puntos mencionados, es que la Unidad de Restitución de Tierras, no ha implementado los acuerdos de paz según el capítulo étnico en temas de garantías territoriales. Sumado a ello no hay una articulación entre el Decreto Ley 903 de 2017, y el Decreto 4633 de 2011, sobre todo si consideramos que la restitución de tierras es fundamental como una medida preferente para la reparación de derechos de los Pueblos Indígenas, afectados en el marco del conflicto armado interno.
Por último, el espacio de CNTI está abierto a todas las iniciativas que se planteen para salvaguardar los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Es por ello, que en el tercer día de sesión autónoma se contó con la participación del equipo técnico y jurídico del senador Polivio Leandro Rosales, quienes presentaron la iniciativa del proyecto de ley que tiene como título «Los Territorios indígenas como Entidades Territoriales – Una oportunidad hacia el Gobierno Autónomo».
Eduardo Cuaical asesor Jurídico del senador Polivio, mencionó que este proyecto de ley orgánica, busca que se pueda poner en funcionamiento a los Territorios Indígenas como entidades territoriales administrativas de sus propios recursos, pero reconociendo la diversidad étnica y cultural de los pueblos originarios. En el marco de esta presentación, por parte del senador Polivio extendió la invitación a las organizaciones indígenas, la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para que desde estos espacios de diálogo y concertación políticos, se puedan sumar de manera activa en la construcción conjunta de esta iniciativa legislativa.
Eduardo Cuaical, también mencionó, que este proyecto de ley tomó como base varias acciones jurídicas nacionales e internacionales, como son los Decretos 1953 de 2019, el Decreto 632 de 2018 y Convenio internacional 169 de la OIT, pues importante resaltar que los Pueblos Originarios tiene la facultad para administrar y orientar sus propios territorios.
El senador Polivio, agregó que esta propuesta busca la reglamentación de lo que está estipulado en la constitución del 1991 de manera transitoria, permitiendo así a los Pueblos Indígenas ya no depender de las entidades territoriales ordinarias (municipios y gobernaciones departamentales), pues con la creación de esta iniciativa legislativa, se tendría mayor autonomía, administrativa, jurídica y territorial. De este modo no se nos siga viendo ni tratando como menores de edad, especialmente en la administración los recursos propios los cuales deben ser manejados bajo los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.
Por último, los delegados indígenas con asiento en la CNTI, mencionaron que continuarán trabajando arduamente para exigirle al estado el cumplimiento de la deuda histórica que tiene con los Pueblos Indígenas en materia territorial y así poder tener el goce pleno y efectivo de los derechos territoriales.
por STI | Oct 19, 2022 | Nota de prensa
Los Pueblos Indígenas en Colombia, han luchado históricamente por los derechos territoriales como fuente de la vida misma, una lucha que ha creado lazos que han significado la pervivencia milenaria, la cual ha permitido articular con otros países del mundo para reafirmar que el territorio es la base fundamental para mantener a salvo la humanidad.
Es así como la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como vocera de derechos territoriales ha tenido una gran influencia en materia territorial de los Pueblos Indígenas en Colombia, donde través del secretario técnico indígena Camilo Niño, se ha tenido la posibilidad de participar como invitado especial en diferentes espacios a nivel nacional e internacional, para abordar las problemáticas y dificultades frente a la expedición de políticas que muchas veces son regresivas y que afectan la permanencia y pervivencia de los pueblos originarios en sus territorios.
En esta oportunidad, Rights and Resources Initiative (RRI) una organización no gubernamental que fomenta la reforma forestal, reformas políticas y buscan transformar la economía forestal para empresas que reflejan las agendas de desarrollo local, además de respaldar los medios de vida; extendió una invitación al espacio, con el fin de participar en los diferentes talleres a los que asistieron en total 50 delegados de 25 países como: Canadá, Estados Unidos, Ghana, Indonesia, Liberia, kenia, India, Brasil, México, Suiza, Colombia, Ecuador, Perú Malí, Nepal, Pakistán, Camerún, El Salvador, Filipinas, Senegal y por supuesto el país anfitrión, Tailandia.
En el marco de los talleres, las discusiones giraron en torno a las iniciativas globales, como lo es el mercado y la venta de bonos de carbono, teniendo en cuenta los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que han generado impactos a nivel social, económico y ambiental como una repercusión negativa en el cambio climático. En el espacio, los voceros de cada país, intercambiaron diversas experiencias provenientes de territorios locales, Pueblos Indígenas y afros, con el fin de identificar los mecanismos que pueden contribuir en la mitigación del calentamiento global.
Este encuentro, tuvo lugar en la capital del sudeste asiático de la ciudad de Bangkok, Tailandia, los días 17, 18 y 19 de octubre para abordar iniciativas de las problemáticas y dificultades frente a la expedición de políticas públicas sobre la tenencia colectiva para la protección de los bosques, las medidas legislativas y expedidas por los diferentes gobiernos de algunos países, las cuales se encuentran represadas y no avanzan, como lo es la explotación minero energética y las iniciativas económicas con intereses contrarios a la defensa de la protección de los territorios.
Por otro lado, se dialogó sobre las oportunidades de algunos gobiernos frente a las decisiones que se han tomado para la protección de los derechos fundamentales, para el avance y la garantía frente al reconocimiento y la seguridad jurídica de los territorios. Es así, como el encuentro se centró en el reconocimiento e intercambio de saberes donde el tema territorial, se convirtió en el reconocimiento de la Madre Tierra como el núcleo fundamental para la pervivencia de la humanidad.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Oct 8, 2022 | Nota de prensa
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participó del encuentro de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las Autoridades Indígenas del Pueblo Nasa de los Resguardos Indígenas de Canoas, Munchique y el Cabildo del Playón Naya, pertenecientes a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca – ACIN – Cxhab Wala Kiwe y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.
En el marco de este espacio, se abordaron las problemáticas que viene presentando el Resguardo Indígena de Canoas y Munchique, en especial, con el conflicto territorial que les ha causado la compra y el alquiler de tierras dentro de su territorio para el cultivo de uso ilícito. Además de esto, el Resguardo de Munchique, asegura estar en un proceso de ampliación, donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ofreció un territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción de Canoas.
Por otro lado, las Autoridades Indígenas de Canoas y Munchique, manifiestan que existe una solicitud por oferta de adquisición de predios, donde crearon una ruta propia en el territorio, la cual fue presentada y radicada ante la ACIN y el CRIC.
¿Cuáles son las exigencias para la ANT?
- Activar la ruta de formalización y darle celeridad al proceso de ampliación número 2 del Resguardo Indígena de Canoas.
- Crear en el menor tiempo posible la activación de una ruta que permita la actualización del estudio territorial de Canoas y Munchique, para que de este modo se pueda tener claridades sobre pretensión de los predios tanto los que tiene el Resguardo de Canoas, como los del Resguardo de Munchique.
- Realizar un análisis detallado de la continuidad territorial y los conflictos que presentan en dichos territorios, respetando la autonomía de los Pueblos Indígenas del Norte del Cauca.
- Que la ANT, recopile toda la información y documentación existente, solicitada formalmente por Canoas y Munchique para que sea entrega en el menor tiempo posible a dichos resguardos.
Seguido de este caso, el cabildo Playón Nasa Naya, expuso que su territorio está compuesto por 16 comunidades que hacen parte del Alto Naya, el cual está dividido por cuatro territorios, dos en el Valle del Cauca, compuesto por Buenaventura, La Playa y Pico de Loro y los dos restantes por el Playón Naya y Alto Naya, ubicados en el departamento del Cauca.
Allí, las Autoridades indígenas del Playón, sostuvieron que, en el año 2002, realizaron una solicitud para la constitución del resguardo, donde la ANT constituyo un Consejo Comunitario en el año 2008 con 177.000 hectáreas de las cuales 40.000.000 hectáreas se traslapaban con las solicitudes ya presentadas por los cuatro territorios que componen el Alto Naya.
La lucha del Playón Naya, inicio en los años 90, lo que ha llevado a determinar que el avance por parte de la Agencia Nacional de Tierras es nulo y ha representado una clara violación de su derecho al territorio por parte de las entidades del Estado imposibilitando su reparación, justicia y garantías de no repetición, además de exponerlos a la inseguridad jurídica, la violencia y el despojo.
Teniendo en cuenta esto, las organizaciones indígenas y la ANT solicitaron reunirse en mesas de trabajo para hacer la entrega y revisión de la información actualizada de los procesos de compra de predios y mejoras para poder establecer las rutas del levantamiento topográfico y el avance frente al rezago en la resolución de los casos de formalización del territorio del Playón, el cual lleva más de 20 años esperando una resolución de constitución y cuya problemática confluyen con territorio indígena y afro.
Es así, como en el marco de este encuentro Gerardo Vega, director de la ANT, se comprometió y manifestó su voluntad política y de disposición de su equipo técnico para resolver los casos expuestos, donde afirmo que al finalizar el año 2022 espera que dichos territorios ya estén formalizados.
En efecto, desde el desde el Observatorio de Derechos Territoriales de la Secretaría Técnica Indígena realizaremos el seguimiento y el acompañamiento que sea necesario para la garantía de los derechos territoriales de los casos ya expuestos, respetando la autonomía y el derecho propio para vivir el wët wët Fxi’zenxi. Además de apoyar al Pueblo Indígena Nasa de los Resguardos de Canoas, Munchique y el cabildo Playón Nasa Naya en su sueño y lucha por la formalización del territorio.
El Pueblo Indígena Nasa, seguirá empuñando su bastón de mando con orgullo y valentía en defensa de la vida, el territorio y la paz.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Sep 17, 2022 | Nota de prensa
La historia de Colombia ha estado marcada por gobiernos que no han favorecido los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La constante violación y pisoteo de promesas incumplidas llevó a que el movimiento indígena se organizara y pudiera escribir la propia historia. Hoy con un gobierno alternativo parece haber una esperanza para los pueblos. ¿Será posible contar con un gobierno aliado?
El movimiento indígena comenzó la agenda en la Mesa Permanente de Concertación desde el 12 de septiembre de 2022, para planear la metodología de la ruta de Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo para los 4 años de gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Por su parte la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el secretario técnico Camilo Niño, presentó propuestas en materia territorial como el decreto 2333 que es parte de los acuerdos del PND, solicitudes de procesos agrarios, ampliación, saneamientos, solicitudes con el decreto 1824, entre otros.
Ver https://bit.ly/3BMtw5m
Posterior a este encuentro autónomo, el día 16 de septiembre se dió inicio la sesión ampliada número 3 de la MPC con el Gobierno Nacional en donde confluyeron, por parte del movimiento indígena, las 7 organizaciones, exconstituyentes y senadores indígenas. Por parte del Gobierno Nacional, los ministerios e instituciones que tienen una injerencia directa con los pueblos indígenas.
El Movimiento Indígena reitera que la ruta de consulta debe fortalecer las apuestas de los pueblos indígenas en donde se garanticen los tres pasos de la consulta y así mismo, todo el presupuesto necesario para llevar a cabo lo que requieren los pueblos. De igual manera, se solicita un presupuesto no regresivo durante los 4 años de gobierno. Por otro lado, la Reforma Agraria no debe tener únicamente la voz del gobierno, sino una construcción que tenga en cuenta los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, por lo tanto, debe originar un debate político que conlleve a un impacto jurídico.
A partir de este mandato, la Mesa Permanente de Concertación presenta la ruta metodológica que consiste en tres etapas. Una primera fase de pre-consulta de elaboración del documento que integra la participación integral de los pueblos. Una segunda fase de consulta con sus respectivos convenios, despliegues, consolidación, radicación y concertación. La tercera lleva al seguimiento de los acuerdos de la PND hasta su cumplimiento.
