Resguardo Unido U’wa, Cubará Boyacá, 27 de marzo de 2023
Siendo aproximadamente las 3 pm, del día 27 de marzo de 2023, nuevamente es afectado nuestro territorio ancestral Kera Shikara, como producto de un atentado al Oleoducto Caño Limón Coveñas. De acuerdo a la información preliminar, dicho atentado al oleoducto se presentó en nuestro Resguardo Unido U’wa legalmente constituido por la resolución 056 de 1999, comunidad indígena de Rotarbaria, jurisdicción al municipio de Cubará, departamento de Boyacá.
La voladura del oleoducto Caño Limón en este tramo de nuestro territorio ancestral, atenta nuevamente contra la integridad de nuestras comunidades, daña la armonía de nuestro territorio y de los recursos faunísticos e hídricos de la zona. Estas acciones ponen en riesgo nuestras vidas y nuestra pervivencia física y cultural.
Nuestras autoridades tradicionales lo han dicho muchas veces, la industria petrolera en nuestra región solo ha traído daños ambientales, desarmonía espiritual y cultural, miseria y espejismos de buenos recursos económicos para los sarareños, que en esencia no es más que las migajas de Ecopetrol.
Hacemos un fuerte llamado a los diferentes actores armados de la región, para que se respete nuestro territorio ancestral. A Ecopetrol y al Gobierno Nacional le requerimos no adelantar acciones de reparación o mitigación de los daños acaecidos en el lugar de los hechos, sin coordinación con nuestras autoridades indígenas. Solicitamos a la Defensoría del Pueblo y demás entidades de control público, a los garantes de los derechos humanos, se conforme una comisión especial para que se haga presencia en el lugar de los hechos y se valore los daños.
Exigimos al Gobierno Nacional y al Estado colombiano, garantizar el ejercicio de nuestros derechos territoriales, culturales, la armonía y la paz en nuestro territorio ancestral, Kera Shikara.
Pueblo U’wa, Guardianes de la madre tierra, el planeta azul.
Pronunciamiento de los Pueblos y Organizaciones Indígenas frente al incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados con el gobierno nacional del Presidente GUSTAVO PETRO URREGO
Los 115 Pueblos Indígenas, hablantes de 64 lenguas y con vocería de los Pueblos Indígenas no contactados o en aislamiento voluntario, con una territorialidad legalmente reconocida en un 33% del país, con presencia en 31 Departamentos, en ejercicio de los Gobiernos Propios, en unidad espiritual y territorial con fundamento en los mandatos y principios entregados en la Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio, Ley Natural y Palabra de Vida; representados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO “Por la Pacha Mama”, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC Nacional) y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), como Movimiento Indígena congregado en la Mesa Permanente de Concertación – MPC, señalamos lo siguiente: En el marco de la unidad los Pueblos Indígenas nos movilizamos y apoyamos hasta lograr la elección del presidente Gustavo Petro y respaldamos las trasformaciones sociales que requiere el país, sin embargo, hasta la fecha se han venido dando una serie de incumplimientos que no han garantizado el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas y que por el contrario dificultan y ponen en riesgo la construcción de la Colombia pensada. Vemos con gran preocupación y rechazamos el limitado avance en la ejecución de las salvaguardas para la protección del territorio, el Gobierno Propio y la puesta en marcha de nuestros sistemas propios (salud, educación, justicia, ambiente), la lucha contra el cambio y la crisis climática, las dificultades para la construcción de la paz total y protección de los DDHH, y la falta de diálogo directo del Presidente con el Movimiento Indígena. Por lo anterior:
1. EXIGIMOS el respeto por el Consentimiento Libre, Previo e Informado y la Consulta Previa como derechos fundamentales e irrenunciables de los Pueblos Indígenas, de conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas, esto es, el Convenio 169 de la OIT ratificado mediante la Ley 21 de 1991, la declaración de las Naciones Unidas y la declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido solicitamos al Gobierno Nacional el levantamiento de las reservas o veto a la “Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” para que sea adoptada en su totalidad por el Estado Colombiano.
2. EXIGIMOS al Gobierno Nacional y a la Rama Legislativa RESPETAR, ACATAR, PROTEGER Y CUMPLIR los acuerdos pactados con los Pueblos Indígenas en el marco del proceso de Consulta, Previa, Libre e Informada del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Además de garantizar su implementación concertada por conducto de nuestras estructuras propias y autoridades representativas correspondientes.
3. DENUNCIAMOS las violaciones a los derechos Humanos de los Pueblos Indígenas graves y sistemáticas, van más de 500.000 víctimas Indígenas a causa del conflicto interno desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, las agresiones más recurrentes por parte de los grupos armados son las amenazas, confinamientos, los asesinatos, el reclutamiento forzado, los desplazamientos, las violaciones sexuales, los cultivos de uso ilícito, la deforestación, la minería ilegal y la contaminación con residuos y metales pesados. Por lo tanto, exigimos la protección de todas las formas de vida, la activación de las rutas propias de protección culturales, la reactivación de los diálogos entorno a la construcción de la Política Pública de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la declaratoria de emergencia y crisis humanitaria, la implementación de programas para la atención de Indígenas víctimas del conflicto armado y el cumplimiento irrestricto del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
4. ALERTAMOS por el incumplimiento sistemático y generalizado del Gobierno Nacional a los acuerdos suscritos, pactados y protocolizados con los Pueblos Indígenas en el marco de la MPC hasta la fecha, con relación a: la implementación de la política para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes de los Pueblos Indígenas, no se presentan avances por parte del ICBF; las rutas metodológicas para la garantía del derecho fundamental a la Consulta Previa en cuanto a la coordinación de la JEI con la Jurisdicción Ordinaria; la materialización de los cambios estructurales que requiere el país en la lucha contra el cambio y la crisis climática; finalmente dos de los asuntos fundamentales para nuestra pervivencia están siendo dejados al final de la agenda incumpliendo incluso los constantes acercamientos que hemos propiciado con el Gobierno Nacional en materia de salud y educación.
5. EXHORTAMOS al Gobierno Nacional a que garantice las acciones necesarias para poner en funcionamiento nuestros territorios como Entidades Territoriales, haciendo efectivo nuestro estatus como autoridades estatales, garantizando nuestra gobernabilidad y el apoyo institucional para la real implementación de los sistemas propios de educación, salud, ambiente, justicia, entre otros. Como un paso inmediato, se debe expedir la norma que reconoce competencias ambientales a los territorios Indígenas que ya han sido protocolizadas en el pasado.
6. ALERTAMOS la posible configuración de un incumplimiento al fallo judicial de la Corte Constitucional SU-245 de 2021 por la NO expedición del decreto del Sistema Transitorio de Equivalencias para los dinamizadores y educadores indígenas ya concertado y protocolizado. Así como la ausencia del Ministerio de Hacienda para abordar el componente administrativo del SEIP.
7. MANIFESTAMOS nuestra voluntad permanente e indeclinable de continuar con el diálogo constructivo, propositivo y transformador, pero no renunciamos a la movilización. Hemos confiado en que un gobierno que hace una apuesta por el cambio estará a la altura del momento histórico que vivimos, y que podremos materializar todos los acuerdos suscritos en favor de la pervivencia como Pueblos y alcanzar de manera conjunta la apuesta de la Paz Total. Seguiremos caminando la palabra convencidos de honrar las luchas históricas de nuestros Sabios, Sabias y Autoridades Tradicionales, levantando nuestra voz para forjar el presente de nuestras futuras generaciones. Invitamos al Presidente Gustavo Petro a un diálogo directo donde a partir de la palabra tejamos país.
Finalmente, hacemos un llamado a las bases del Movimiento Indígena Colombiano para que sigamos en sesión permanente desde nuestros espacios propios de gobierno, para la defensa y el cuidado de la vida de los Pueblos Indígenas de Colombia, siempre en alerta para respaldar este posicionamiento político.
Desde el pasado 27 de febrero hasta el 1⁰ marzo del 2023, Jairo Guerrero, delegado indígena por Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pacha Mama ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), acompañó junto con la Agencia Nacional Tierras (ANT) y las comunidades Indígenas del Pueblo de los Pastos, el adelantamiento del proceso de rectificación de un área de seis hectáreas en la vereda conocida como El Desio, en el municipio de Samaniego departamento de Nariño, acción realizada en el marco del proceso en la constitución del resguardo indígena La Montaña del Pueblo Indígena de los Pastos.
Dicha actividad, que contó con la participación de delegados de la ANT, CNTI, AICO por la Pacha Mama, la guardia indígena, las autoridades del Cabildo Indígena y cerca de 250 personas de la comunidad, se logró avanzar en acuerdos concretos los cuales quedaron plasmados con las firmas de las actas de compromisos para continuar con el proceso de constitución del resguardo Indígena La Montaña, proceso que se ha venido desarrollando desde el año 2007.
Cabe recordar que este procedimiento se da por la incidencia socio jurídica adelantada por el Observatorio de Derechos Territoriales de la Secretaría Técnica Indígenas de CNTI, quienes tuvieron que interponer una acción de tutela, para exigir que se diera cumplimiento de esta solicitud realizada por el Cabildo La Montaña, la cual ha venido siendo dilatada administrativamente por más de 14 años.
En ese sentido, el trabajo realizado durante el mes de febrero y marzo del 2023, con acompañamiento del delegado Indígena ante la CNTI, Jairo Guerrero, es de suma importancia porque permitió evidenciar el cumplimiento en temas de derechos territoriales, y así poder obtener la titulación de su propiedad colectiva, como espera la comunidad de La Montaña del Pueblo Indígena de los Pastos.
El pasado 15 de marzo, la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígena CTNI en cabeza de Camilo Niño, se reunió con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE con la finalidad de hacer incidencia y aunar esfuerzos para fortalecer el Sistema de Información Geográfica SIG que se está desarrollando desde la CNTI.
En esta oportunidad, Camilo Niño socializó el avance del SIG, el cual permitirá evidenciar la diversidad cultural y ambiental de los territorios para su conservación en beneficio de la humanidad. Este sistema tiene como propósito construir líneas base para la formulación conjunta de políticas públicas, con el fin de aportar y garantizar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas expresó el interés de fortalecer el SIG mediante las alianzas con el DANE, siendo una oportunidad para que ambas instituciones puedan consolidar una información más completa en una sola plataforma y de esta manera se pueda manejar los mismos datos, puesto que en ocasiones las instituciones manejan información diferente que a veces no corresponde a la realidad de los territorios.
Realizar este acercamiento fue fundamental para que el DANE conociera la herramienta que se maneja desde la CNTI, y este modo se generen los cruces de información que servirá para retroalimentar y fortalecer la capacidad de información que tiene en el sistema del SIG a futuro. También se mencionó que se han tenido acercamientos con el Ministerio del Interior y con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Por su parte, desde el DANE se mencionó que las alianzas son necesarias para manejar información acorde a los territorios a nivel nacional. Y se hace necesario trabajar en herramientas como REDATAM (Recuperación de Datos para Áreas pequeñas por Microcomputador) que es un sistema computacional de carácter social e interactivo que facilita el procesamiento, análisis y diseminación web de la información de censos, encuestas, registros administrativos, indicadores nacionales y regionales y otras fuentes de datos. Una herramienta utilizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, con la cual están trabajando desde el DANE, tanto para el fácil manejo de la información como por seguridad de la misma.
Finalmente, trabajar con los Sistemas de información geográfica, permiten obtener y guardar información de todos los territorios, los cuales pueden ser consultados de manera pública en los territorios indígenas. además, contará con la seguridad necesaria para proteger la información que será almacenada en los servidores.
En el auditorio Luis Carlos Galán del Ministerio del Interior el día 14 de marzo del presente año, se realizó la audiencia de seguimiento para atender las problemáticas del Pueblo Indígena Sikuani. Un pueblo ubicado en la región de la altillanura colombiana. La audiencia tuvo como finalidad hacer un seguimiento a los compromisos pactados entre la comunidad y la institucionalidad frente a la problemática que se viene presentando por el reconocimiento de sus territorios ancestrales.
En este espacio participaron la Viceministra para el Diálogo Social la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Directora de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Meta, el Director Asuntos Étnicos Rom y Minorías, Defensoría Regional del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Restitución de tierras, la Directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, Alcaldía del Meta, La Directora de Justicia Formal del Ministerio de Justicia, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Nacional, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y los representantes de las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia.
En el desarrollo del espacio las comunidades indígenas afectadas, manifestaron que esperan que las instituciones presentes les puedan dar una salida a la situación en su territorio, porque como pueblos indígenas no son invasores, puesto que las tierras que hoy ocupan son heredadas de sus abuelos, siendo su territorio ancestral.
En ese sentido, se recordó las solicitudes que como pueblo han enviado a la Agencia Nacional de Tierras para que les sea reconocido sus territorios ancestrales, pero estas solicitudes no han sido resueltas de manera favorable, contrario a ello para el año 2022 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT, resolvió no reconocer su ocupación histórica del territorio ancestral por no haber ejercido la ocupación continuada sobre el mismo. Esto generó una problemática territorial con una congregación religiosa de origen extranjero conocidos como los menonitas, dicha comunidad comenzó a colonizar esta región con la compra de predios que estaban ubicados al parecer en los territorios ancestrales indígenas, los mismo que hoy están siendo reclamados por las comunidades indígenas del Pueblos Sikuani de Puerto Gaitán, Meta.
Además, de las problemáticas mencionadas anteriormente, las comunidades manifiestan que las prácticas de siembras abusivas se repiten una y otra vez en sus territorios, lo que genera daño en sus tierras y se les contamina sus aguas. “Nosotros queremos proteger nuestros sitios sagrados, pero los colonos no entienden nuestra tradición cultural”, mencionó uno de los líderes indígenas.
En esta disputa por el reconocimiento de sus territorios, las comunidades han sufrido confinamiento y desplazamiento forzado, e incluso desalojos, maltratos por reclamar sus derechos frente al territorio “hoy aún nosotros seguimos perdiendo allá en esos territorios. Siempre hemos sido maltratados. Siempre hemos sido vulnerables a todo, incluso hasta con el gobierno nacional” manifestó uno de los participantes. Razón por la cual, esperan que mediante el diálogo desarrollado con las entidades competentes se les dé una salida o solución que les permita gozar del territorio.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo comentó que el pueblo Sikuani en su condición cultural nómada y seminómada se ha trasladado de su territorio, pero que eso obedece que son recolectores y cazadores, lo cual no significa que abandonen sus territorios, por tanto, la institucionalidad y los colonos deben entender esa tradición. Además, otro aspecto a tener en cuenta dentro de sus costumbres, se debe a que los indígenas dejan descansar la tierra por más 5 años para que esta vuelva a producir. Entonces hay un deber de entender la comunidad y sus costumbres culturales y no expulsarlos de su territorio por su no ocupación.
Igualmente, Camilo Niño Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI en su intervención recordó los compromisos pactados desde el año 2022 donde se le ordenó a la alcaldía del Meta suspender los desalojos policiales en la comunidad de Iwitsulibo, Babilonia y San Rafael de Warrojo pero no se cumplió. Y hasta ahora no se les garantiza la protección de sus derechos porque el problema no está siendo resuelto de fondo. “Las dilaciones institucionales está generando un conflicto local y no se está siendo claro con los empresarios ni con las comunidades frente a la ocupación territorial. Entonces, mientras los menonitas siguen avanzando en la expansión de sus siembras y la comunidad siga ejerciendo su derecho al reclamo de su territorio y el conflicto va a continuar”, concluyó.
Finalmente, teniendo en cuenta el diálogo realizado se concluye realizar un cronograma de trabajo que permita llevar a cabo las acciones para poder avanzar en primera medida con el restablecimiento de derechos que se han ocasionado por la problemática de tierra. Suspender los desalojos hacia las comunidades indígenas, mientras se dé la clarificación de la propiedad real de los territorios en el marco de la Constitución y de la ley. Además de revisar la disponibilidad de tierras que se pudieran adjudicar a las comunidades indígenas, un trabajo que se debe adelantar desde la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Restitución de Tierras.
Creación y desarrollo de la Comisión en el marco del Decreto Ley 902 de 2017 y la ley 55 en el marco de la Mesa de Concertación para realizar una mesa técnica que permita una reunión entre las partes comunidades indígenas propietarios, ANT, ART y Ministerio del Interior para así identificar la oferta voluntaria de tierras para las comunidades indígenas del Pueblos Sikuani.
Y, por último, avanzar en el proceso preliminar de la participación de las comunidades que permita avanzar en un proceso de restitución de tierras con el Pueblo Indígena Sikuani del municipio de Puerto Gaitán, Meta. Así los compromisos desde la Dirección de Asuntos Étnicos Minorías realizarán visitas para la creación de una ruta para que permita la priorización de la realización de estudios antropológicos a partir del mes de abril y el reconocimiento de la Asociación de Cabildos de zona.
La Secretaría Técnica Indígena y su Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), viene realizando una serie de acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones con personalidades e instituciones públicas, privadas, así como de los organismos de Naciones Unidas; con el propósito de fortalecer las apuestas de este importante espacio de concertación nacional, en especial de las estrategias encaminadas a la defensa y la seguridad jurídica de los territorios indígenas de Colombia.
Encuentro con el Ministerio de las TIC
Teniendo en cuenta lo anterior, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI y su equipo de trabajo, se reunieron con el Viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC, Sergio Octavio Valdés Beltrán y Margareth Silva Montaña directora de la Oficina de Fomento Regional de tecnologías de la información y las comunicaciones del Ministerio de las TIC. En dicho encuentro se expuso la estrategia de comunicación que viene desarrollando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, en especial el uso y apropiación de repertorios tecnológicos para la producción de contenidos radiales, sonoros, audiovisuales y transmediales.
En ese orden de ideas se socializó la iniciativa radial que viene desarrollando la CNTI, en especial la creación de la emisora virtual “Nuwam Radio” y la plataforma web para la gestión del acervo sonoro de los Pueblos Indígenas denominado “Radiotea Indígena Nuwam”, una iniciativa que viene construyendo el equipo técnico de la CNTI a fin de poder tener a futuro una especie de “Spotify Indígena”, donde los usuarios puedan encontrar contenidos sonoros indígenas como: podcast, series radiales, música indígena y paisajes sonoros, no solo producidos por la CNTI, sino también por los diferentes colectivos y emisoras indígenas del orden nacional.
De igual modo, se le presentó al Ministerio de las TIC, el Sistema de Información Geográfica (SIG) que viene consolidando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, el cual tiene como meta consolidarse como uno de los principales referentes de información geográfica sobre los Pueblos Indígenas de Colombia.
Teniendo en cuenta que al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le compete muchos de estos temas como cartera ministerial, la CNTI le solicitó al Viceminitro y su equipo de trabajo poder establecer alianzas que permitan no solo consolidar todas las iniciativas que se vienen desarrollando desde la estrategia de comunicación de la CNTI, sino también apoyo en la gestión con otras entidades adscritas al sector de las TIC, para poder difundir y ampliar el alcance comunicativo que viene desarrollando este espacio de concertación y su observatorio de derechos territoriales.
Por ello, después de este primer encuentro se establecieron una serie de compromisos y acuerdos entre las partes, a fin de poder consolidar una alianza estratégica entre la CNTI y dicho Ministerio de las TIC, de este modo avanzar en el fortalecimiento de la estrategia de comunicación de la CNTI y la promoción y difusión de los contenidos de comunicación producidos por los Pueblos y Organizaciones Indígenas que hacen parte de este espacio de concertación nacional.
Diálogo con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Continuando con este ejercicio de acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI), sostuvo un encuentro con el equipo de trabajo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, para dialogar en torno al mandato de dicha misión en especial al seguimiento y monitoreo a lo establecido en el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz (AFP).
Gabriela Olguín, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, informó que su presencia en el país se debe al mandato de la Misión de Verificación, definido por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el seguimiento y verificación de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz), acordado entre el Gobierno Nacional de Colombia y la Guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. En lo que corresponde a los Pueblos Indígenas, dicha Misión de la ONU ha venido trabajando en la verificación de la situación actual de los Pueblos Étnicos.
En ese marco de acciones se están realizando seguimientos a los casos étnicos que viene desarrollando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las acciones del gobierno nacional para cumplir con lo establecido en materia de reforma rural integral del AFP, así como lo definido en el capítulo étnico de dicho acuerdo. En lo que tiene que ver con derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, la Misión de verificación le ha solicitado al Gobierno Nacional información oportuna y veraz sobre la situación territorial de los Pueblos Indígenas, entre ellas el mapeo de la formalización los territorios Indígenas, así como las demás acciones de reparación territorial (individual y colectiva) que vienen desarrollando las entidades del gobierno sobre dicho tema.
Sin embargo, Camilo Niño llamó la atención a los representantes de la Misión de Verificación de la ONU, porque al parecer lo reportado por el Gobierno Nacional no corresponde con la realidad o hay una disparidad de información, dado que los datos entregados por el Gobierno no corresponden con la realidad. También al parecer se está interpretando la norma según como le favorece al Gobierno. Lo anterior teniendo en cuenta que según la información con la que cuenta el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI analizada por ejemplo en los informes (Balance de la implementación del Decreto Ley 4633, el Fraude de la Paz, Presupuesto Invertido para los procesos de dotación de los Territorios Indígenas y el informe La Formalización y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígenas en el 2021), la asimetría con lo reportado por el gobierno nacional en materia territorial indígena es abismal.
Evidencia de ello es que a la fecha de este documento, desde dicho espacio de concertación, como lo es la CNTI, el Gobierno Nacional no se ha informado sobre cuál es el porcentaje real del fondo de paz que le corresponde a los Pueblos Indígenas, no hay información clara sobre los planes de ordenamiento territorial, hay un rezago histórico en materia de formalización (constitución, saneamiento, ampliación o reorganización de los territorios indígenas) al que no se le ha dado celeridad para ser resuelto. Se han propuesto estrategias como la implementación de planes de formalización masiva para desentrabar más de mil (1000) rezagados, pero nada de esto se ha podido concretar por falta de voluntad política del Gobierno Nacional.
A todo lo anterior se le suma que al parecer hay una duplicidad en las cifras, debido que todo el rezago histórico de lo que corresponde al tema territorial indígena de Colombia previo al Acuerdo Final de Paz, no es claro. Es decir, pareciera que todos los temas históricos de formalización de los Territorios Indígenas se mezclaron con lo establecido en el capítulo étnico y el tema reforma rural integral étnica del AFP, situación que deja con muchas preocupaciones a los Pueblos Indígenas.
Es por ello por lo que las Secretarías Técnicas Indígenas de la CNTI y la CDDHHPI acordaron con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, fortalecer las acciones de diálogo e interlocución, por medio de una metodología de acciones conjuntas a fin de poder reportar y dar información oportuna desde los Pueblos Indígenas, y de este modo dicha misión pueda contar con más fuentes de información para sus ejercicios de análisis, monitoreo y seguimiento de la implementación del Acuerdo Final de Paz, en especial para los informes que periódicamente elabora dicha Misión de Verificación.
Incidencia estratégica con Congresistas Indígenas
Por otro lado, y en el marco de las acciones de incidencia, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, sostuvo reuniones y encuentros con congresistas indígenas como el Senador Polivio Leandro Rosales Cadena (Pueblo Pasto) Senador de la República por partido AICO, Aida Quilcué Vivas (Pueblo Nasa) Senadora de la República por partido MAIS y Javier Alexander Sánchez (Pueblo Sikuani) Representante a la Cámara por el Vichada del partido Cambio Radical. Todas estas reuniones estuvieron encaminadas en la gestión de apoyos para buscar alianzas que permitan evidenciar la situación de vulneración territorial que padecen muchos Pueblos Indígenas en la actualidad, entre ellos el caso de despojo territorial que están atravesando las comunidades indígenas del Pueblo Sikuani que habitan en Puerto Gaitán departamento del Meta.
Este caso tiene que ver con varias acciones de desalojo que las entidades públicas y policiales de Puerto Gaitán han venido ejecutando contra los miembros de las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani, el cual es un Pueblo seminómada y nómada que históricamente ha tenido que sobrevivir siendo víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, con pocas o casi nulas garantías de sus derechos territoriales.
Por ejemplo, entre los años 2016 y 2019, las comunidades indígenas anteriormente mencionadas, solicitaron ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quien funge como máxima autoridad en materia de tierras en Colombia, la protección de sus territorios ancestrales, tomando como base jurídica lo establecido en el Decreto 2333 de 2014, el cual tiene por objeto lograr la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas del país y según lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, después de más de cinco años de dilaciones, el día 17 de mayo del 2022 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT dio respuesta a una de todas estas solicitudes del Pueblo Sikuani (es decir, la de la comunidad de Barrulia). La ANT, según su interpretación del Decreto 2333 de 2014, decidió no reconocer la ocupación histórica del territorio ancestral por no haber ejercido “ocupación continuada sobre el mismo”. Ello sin considerar el carácter nómada y seminómada de la comunidad y del pueblo indígena Sikuani, y sin valorar el contexto histórico de violencia que le ha dificultado su libre movilidad y ocupación territorial, o el tipo de ocupación de una comunidad víctima de desplazamiento, así como de confinamiento del que han sido sometidos por años. Al parecer, la mala interpretación de la ancestralidad territorial y la negación del derecho al territorio que desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT se ha establecido, hoy no ha resuelto de fondo dicha posesión ancestral, por lo que se corre el riesgo de responder de manera negativa las otras tres solicitudes que las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael Warrojo aún siguen sin ser solución.
Ahora, dichas comunidades Indígenas quienes continúan sin que se les resuelva la situación de sus territorios ancestrales, están enfrentadas a los procesos policivos de desalojos por parte de las autoridades ordinarias municipales, de igual modo las comunidades vienen denunciando que sobre sus territorios ancestrales hay muchos intereses económicos por parte de colonos y empresas privadas, así como comunidades religiosas como es el caso de los “menonitas”, quienes quieren apropiarse de dichos terrenos, todo estos actores al parecer son los responsables de la presión ante las entidades municipales de Puerto Gaitán para estas ejecuten lo más pronto dichos desalojos contra las comunidades Indígenas del Pueblo Sikuani.
Por su parte, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, se ha sumado al trabajo de denuncia que vienen realizando las mismas comunidades Sikuanis, organizaciones defensoras de derechos humanos como la Corporación Claretiana, Organizaciones Indígenas como la ONIC, entre otras organizaciones, que han venido evidenciando a la opinión pública esta situación que viven estas comunidades, de igual modo se han realizado acciones de orden jurídico para buscar por qué medio de esta vía se pueda garantizar y respetar los derechos territoriales que tienen estas comunidades indígenas.
Es por eso, que desde las gestiones con algunos de los congresistas indígenas (Senado y Cámara de Representantes) Así como de otras entidades e instituciones competentes, se logró que para el día 14 de marzo de 2023 a las 8:30 AM en el Congreso de la República, salón de Constitución, el Ministerio del Interior lleve a cabo una Audiencia Pública “Para atender los problemas del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, Meta”. A dicha audiencia fueron citadas las entidades Ministerio de Defensa, Alcaldía de Puerto Gaitán, Personería de Puerto Gaitán, Comando de la Policía del Meta, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Reuniones con la Defensoría del Pueblo
En el marco de la incidencia estratégica para la defensa de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, la Secretaría Técnica Indígena realizó varios encuentros o jornadas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, en especial con Julio Luis Balanta Mina, delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de dicha entidad. Durante estos encuentros se acordaron acciones en el marco de las función de dicho ministerio público para que puedan realizar un seguimiento y acompañamiento oportuno a las comunidades y así ayudar a garantizar los derechos de esta población Indígena que hoy está en una situación de vulneración, no solo por los procesos policivos de desalojo sino también por las condiciones de saneamiento básico, alimentación y movilidad en la que se encuentran a causa de las continuas destrucciones de sus viviendas y bases alimentarias.
De este modo, el día sábado 11 de marzo de 2023, el delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de Defensoría del Pueblo con su equipo de trabajo y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, partieron desde Bogotá D.C. a Puerto Gaitán, Meta, en una comisión de verificación de la situación de afectación y vulneración que viene atravesando las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani.
El propósito de esta misión fue que la Defensoría pudiera hablar con las autoridades y comunidades indígenas Sikuanis, sobre la situación de despojo y vulneración de sus derechos, de los cuales están siendo víctimas a causa de la inseguridad jurídica de sus territorios y la no garantía de sus derechos territoriales como originarios que son de dichas tierras ancestrales.
Finalmente, la CNTI por medio de sus delegados y su Secretaría Técnica Indígena, así como el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, continuará fortaleciendo las acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones con personalidades e instituciones públicas, privadas, así como de los organismos de Naciones Unidas, para ello continuará buscando más alianzas, así como fortaleciendo las ya afianzadas, con el fin de avanzar en la consolidación de las garantías y goce efectivo de los Derechos de los Pueblos Indígenas en materia territorial.
Secretaría Técnica Indígena (STI) Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
Teniendo en cuenta lo anterior, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI y su equipo de trabajo, se reunieron con el Viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC, Sergio Octavio Valdés Beltrán y Margareth Silva Montaña directora de la Oficina de Fomento Regional de tecnologías de la información y las comunicaciones del Ministerio de las TIC. En dicho encuentro se expuso la estrategia de comunicación que viene desarrollando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, en especial el uso y apropiación de repertorios tecnológicos para la producción de contenidos radiales, sonoros, audiovisuales y transmediales.
De igual modo, se le presentó al Ministerio de las TIC, el Sistema de Información Geográfica (SIG) que viene consolidando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, el cual tiene como meta consolidarse como uno de los principales referentes de información geográfica sobre los Pueblos Indígenas de Colombia.
Gabriela Olguín, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, informó que su presencia en el país se debe al mandato de la Misión de Verificación, definido por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el seguimiento y verificación de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz), acordado entre el Gobierno Nacional de Colombia y la Guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. En lo que corresponde a los Pueblos Indígenas, dicha Misión de la ONU ha venido trabajando en la verificación de la situación actual de los Pueblos Étnicos.
Sin embargo, Camilo Niño llamó la atención a los representantes de la Misión de Verificación de la ONU, porque al parecer lo reportado por el Gobierno Nacional no corresponde con la realidad o hay una disparidad de información, dado que los datos entregados por el Gobierno no corresponden con la realidad. También al parecer se está interpretando la norma según como le favorece al Gobierno. Lo anterior teniendo en cuenta que según la información con la que cuenta el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI analizada por ejemplo en los informes (
Este caso tiene que ver con varias acciones de desalojo que las entidades públicas y policiales de Puerto Gaitán han venido ejecutando contra los miembros de las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani, el cual es un Pueblo seminómada y nómada que históricamente ha tenido que sobrevivir siendo víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, con pocas o casi nulas garantías de sus derechos territoriales.
Ahora, dichas comunidades Indígenas quienes continúan sin que se les resuelva la situación de sus territorios ancestrales, están enfrentadas a los procesos policivos de desalojos por parte de las autoridades ordinarias municipales, de igual modo las comunidades vienen denunciando que sobre sus territorios ancestrales hay muchos intereses económicos por parte de colonos y empresas privadas, así como comunidades religiosas como es el caso de los “menonitas”, quienes quieren apropiarse de dichos terrenos, todo estos actores al parecer son los responsables de la presión ante las entidades municipales de Puerto Gaitán para estas ejecuten lo más pronto dichos desalojos contra las comunidades Indígenas del Pueblo Sikuani.
En el marco de la incidencia estratégica para la defensa de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, la Secretaría Técnica Indígena realizó varios encuentros o jornadas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, en especial con Julio Luis Balanta Mina, delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de dicha entidad. Durante estos encuentros se acordaron acciones en el marco de las función de dicho ministerio público para que puedan realizar un seguimiento y acompañamiento oportuno a las comunidades y así ayudar a garantizar los derechos de esta población Indígena que hoy está en una situación de vulneración, no solo por los procesos policivos de desalojo sino también por las condiciones de saneamiento básico, alimentación y movilidad en la que se encuentran a causa de las continuas destrucciones de sus viviendas y bases alimentarias.