La Nación U’wa que habita los territorios ancestrales ubicados en los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, luego de 25 años buscando justicia será escuchada este próximo 25 y 26 de abril de 2023 durante la 157°periodo de sesiones de La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH que se llevará a cabo en Santiago de Chile.
En este hecho histórico la Nación U’wa, participará con una delegación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de la Nación U’wa AsoU’wa, La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, EarthRights International-ERI, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR y el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, quienes expondrán el caso ante Corte IDH, quien tendrá que tomar una decisión frente a la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de este pueblo indígena en Colombia.
Ante el tribunal internacional los delegados de la Nación U’wa hablarán de las reiteradas violaciones de las que ha sido víctimas en su territorio. Heber Tegría, miembro de la Nación U’wa, aseguró que “se trata de un momento determinante, no sólo para los U’wa, sino también para los demás pueblos indígenas de Colombia, pues esta será una audiencia en la que podrán ser escuchados de viva voz y a través del legítimo ejercicio de defensa del derecho a la vida, al territorio y a la integridad cultural, para exigir que el Estado colombiano garantice su protección de manera efectiva como pueblos ancestrales”.
Cabe mencionar que, luego de acudir a instancias nacionales y no obtener respuesta, la Nación U’wa presentó su demanda ante el Sistema Interamericano en 1997. De este modo, su participación en una audiencia es un hito, pues es, el primer pueblo indígena del país que ha logrado llegar a la Corte IDH en un juicio contra el Estado colombiano por la violación a sus derechos territoriales y culturales. Según Juliana Bravo Valencia directora del programa Amazonía de EarthRights International mencionó que “la Nación U’wa lleva décadas buscando justicia para que su territorio, su autonomía y su cultura sean respetadas, por ello la relevancia de que la Corte Interamericana los escuche y establezca medidas de reparación que garanticen su supervivencia”.
Esta será la primera vez que el Estado colombiano responda ante un tribunal internacional por siglos de discriminación y abandono de los pueblos indígenas, así como por la apropiación y explotación de los recursos naturales de sus territorios. Además, “en medio de la crisis climática que atraviesa el planeta es fundamental que los pueblos indígenas sean escuchados y por la importante labor que cumplen en la protección del medio ambiente”, puntualizó Juliana.
Por su parte, Alejandra Escobar Cortázar, coordinadora del equipo de litigio internacional del CAJAR señaló que “esta es una oportunidad para que el Estado colombiano desarrolle su política de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, y repare integralmente a una Nación cuyos derechos han sido vulnerados durante siglos. La Nación U’wa ha defendido el buen vivir, la cultura y el territorio ancestral en medio de un continuum de violencias, consecuencia de un modelo de desarrollo extractivista impuesto que concibe el territorio tan sólo como un acumulado de recursos por explotar”.
Igualmente, desde la Secretaria Técnica de la CNTI se aportará las pruebas recogidas de las declaraciones de peritos que se realizó sobre las diferentes afectaciones que viene padeciendo el pueblo U’wa en materia de sus derechos territoriales debido a las explotaciones petroleras que atentan contra su espacio sagrado.
Las reparaciones solicitadas por la Nación U’wa ante la justicia internacional giran en torno a cuatro componentes como las medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías para la no repetición y medidas de compensación. Finalmente, la Nación U’wa espera que la Corte IDH falle a su favor y que su caso contribuya con la reivindicación de derechos de los pueblos étnicos, pues esto representaría el reconocimiento de la resistencia y la lucha de la Nación U’wa, y su rol como guardianes de la Madre Tierra. Además, puede convertirse en un referente para otros pueblos ancestrales en Colombia y el resto de Latinoamérica.
Una de las obligaciones a cargo del Estado colombiano en el marco de su responsabilidad de garantizar el derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas, la seguridad jurídica de los territorios, así como el disfrute interdependiente de todos los derechos que allí se ejercen.
Con el comienzo de este nuevo gobierno, más concretamente en octubre del año pasado, en el marco del evento “Colombia, un país diverso y multiétnico: formalización de territorios indígenas e intercambio de saberes ancestrales” la Agencia Nacional de Tierras anunció al país la entrega PROTOCOLARIA de las resoluciones tendientes a la formalización de 10 resguardos que abarcaban 297mil hectáreas. Es importante aclarar que estas hectáreas hacían referencia a predios sobre los cuales ya se había tomado una decisión de formalización en gobiernos anteriores, que la fecha de creación del registro de cada una de estas decisiones también tuvo lugar en el periodo del gobierno anterior, de este modo la única actividad del actual gobierno asociada a dichas entregas en ese momento, solo tuvo que ver con el reporte de algunas de esas formalizaciones al sistema de metas de cumplimiento del Estado -Sinergia-, lo cual constituye un paso ajeno a la consolidación de los derechos territoriales en estricto sentido.
Valga señalar que, en el marco de un proceso de formalización de un territorio indígena, posterior al cumplimiento de múltiples trámites que comprenden un estudio socioeconómico, un estudio de títulos, adquisiciones de predios en caso de ser necesario, y conceptos de diversas entidades -lo cual suele demorarse al punto de ser necesario repetir las etapas por desactualización de los datos, y existen solicitudes de formalización radicadas hace más de treinta y cinco años y en el promedio su culminación está alrededor de los diez años.
Superado este filtro este Consejo -que está conformado por 11 miembros en representación de diversas entidades del gobierno – expide la resolución que constituye, amplía, sanea o clarifica la vigencia del título de un resguardo, de ahí en adelante, lo que procede es registrar dicha decisión ante la oficina de instrumentos públicos con el fin de dar publicidad de esta decisión con efectos hacia terceros y en caso de que la comunidad no esté en posesión del predio respectivo se procede a la entrega material. De ahí en adelante, para efectos de reporte de resultados de la entidad, el respectivo caso se sube al sistema Sinergia como parte del cumplimiento de metas a cargo de la Agencia Nacional de Tierras tal cual lo hacen todas las entidades públicas (ver imagen 1).
Imagen 1 Síntesis del proceso de formalización resguardos indígenas
A continuación está la tabla 1 que relacionado los resguardos que fueron entregados en dicha jornada. Tabla 1 Actos de formalización entregados por parte de Agencia Nacional de Tierras en octubre de 2022
Fuente: elaboración propia con base en ANT (datos de 2023)
Lejos de ser un hecho aislado, desde su inicio, la divulgación de este tipo de información puede llegar a presentarse para interpretaciones erróneas sobre la gestión del nuevo gobierno en materia de dotación de tierras para pueblos indígenas, situación que se ha venido reiterando a un punto que más allá de mostrar resultados, puede estar actuando en desmedro de la transparencia, y por el contrario puede ser el detonante absolutamente evitable de nuevos conflictos inter étnicos, el cual sería el escenario menos deseado durante este cuatrienio como lo pasamos a describir.
Así, en noviembre de 2022, al cierre de los primeros cien días del gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras hizo un nuevo anuncio en la ciudad de Valledupar sobre la formalización de 256 mil hectáreas de tierras en el marco de lo que fue presentado por la entidad como “la titulación masiva de comunidades étnicas más grande que se haya realizado hasta ahora” en la que se hizo la entrega de las resoluciones de constitución o ampliación de lo que en su momento se anunció que involucraba a 32 resguardos indígenas.
Una vez más aclaramos, que los resguardos involucrados según la información reportada por la Agencia Nacional de Tierras a la Secretaría Técnica Indígena del espacio de diálogo nacional en materia de tierras de los pueblos indígenas con el gobierno nacional, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (en adelante STI-CNTI), además de responder al listado de 30 y no 32 resguardos como lo anuncia la publicidad, hacían referencia a predios que también habían sido formalizados en gobiernos anteriores, por ejemplo, algunas adoptadas desde el año 2019 (Naexal Lajt, El águila), razón por la cual, en este caso, no se evidencia ninguna gestión por parte del gobierno actual, salvo que, el registro de algunas de estas resoluciones hayan tenido lugar en los últimos 10 meses, información que no fue aportada por parte de la Agencia.
Aquí podemos destacar el caso del Resguardo Monilla Amena, del pueblo Murui Muina, ubicado en el departamento del Putumayo, el cual fue constituido en noviembre de 2021 y la fecha de reporte a Sinergia de este acto figura en diciembre de 2021. Cada uno de los casos de este segundo anuncio publicitario por parte de la ANT puede verse en la tabla 2. Cabe insistir en que, sobre este segundo anuncio no fue posible acceder a las respectivas fechas de registro, lo cual nos limita a precisar o tener mayor claridad sobre los alcances de la gestión de cada gobierno.
Tabla 2 Actos de formalización entregados en Valledupar el 11 de noviembre de 2022
Fuente: elaboración propia con base en ANT (2023)
Con estos dos anuncios presentados a la opinión pública, al parecer se está dando a entender que ya se trataría de al menos 553mil ha formalizadas para pueblos indígenas en el marco del presente gobierno nacional. Razón por la cual la STI-CNTI prendió sus alarmas, y en aras de tener mayor claridad sobre los datos que venía anunciando la ANT, justo el día de la entrega de las resoluciones en Valledupar, en sesión formal de la CNTI del 11 de noviembre de 2022, la STI presentó una declaración pública dirigida al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras en la que se indicó que la entrega de las resoluciones en relación con esos 32 resguardos como producto del trabajo de este gobierno, no se correspondía con un hecho cierto, en la medida que dichos reconocimientos estaban asociados a gestiones gubernamentales y de los pueblos indígenas en vigencias anteriores.
Publicidad marzo 1 de 2023 Publicidad marzo 10 de 2023
Es preciso destacar que, si bien los trinos del 1 y 10 de marzo de 2023 se refieren a ¨entregas¨, una posterior publicidad de este mismo mes parece ofrecer un comparativo de las hectáreas formalizadas para cada sector beneficiario, es decir, que se podría fortalecer la idea de que no se trata de entregas de títulos sobre las tierras si no de formalizaciones impulsadas durante este gobierno. Al respecto también precisar que la constitución de una Zona de Reserva Campesina no necesariamente implica una formalización y no se asemeja a la consolidación de una propiedad colectiva como ocurre con un resguardo.
Frente a estas cifras, hasta donde tiene conocimiento la STI-CNTI, en el marco del consejo directivo de la Agencia, el actual gobierno ha dado a conocer la formalización, de por lo menos 10 casos. Siete (7) de ellos de constitución de resguardo y tres (3) de ampliación, los cuales suman un total de 114.350 hectáreas. Esta cifra reportada sería la que el actual gobierno podría presentar como parte de su gestión y no la cifra publicada el 10 de marzo en sus canales de comunicación. Lo anterior, con la salvedad que no se cuenta con la certeza del registro de dos de estas resoluciones como paso final con efectos de publicidad a terceros sobre la propiedad colectiva.
En el entender de la STI-CNTI, al momento de la última publicidad del 10 de marzo, a la gestión del gobierno Petro le son atribuibles 114.550 hectáreas que favorecen 10 resguardos indígenas. Respecto de las 553mil hectáreas que favorecieron a 40 resguardos indígenas, se atribuyen en principio al gobierno anterior, en la medida en que todos los actos administrativos son previos al gobierno actual. Se hace necesario corroborar en qué fecha se procedió al registro de dichos casos, datos que hasta el momento, como ha sido mencionado, no fueron aportados por la Agencia a la STI-CNTI.
Relación de hectáreas formalizadas a pueblos indígenas mencionadas en notas de prensa de la Agencia Nacional de Tierras durante este gobierno
Sumando las dos cifras anteriores (114.350 + 553.828) con el objetivo de entender por qué se llegó a anunciar la formalización de 910mil ha en el reporte más reciente, quedarían aun 243mil ha sobre las cuales no se tiene información.
Valga señalar que posterior a esta publicidad del gobierno han sido adoptadas otras cuatro resoluciones por parte del consejo directivo, las cuales abarcan la formalización, mediante dos constituciones de resguardo y dos ampliaciones de resguardo, de 44.869 hectáreas sobre las que aparentemente faltaría garantizar el respectivo registro. Lo anterior, sin perjuicio de otras pocas resoluciones que hayan podido expedirse en días recientes.
Formalización de territorios indígenas durante el gobierno Petro
Fuente: elaboración propia con base en ANT (2023)
Por todo lo anterior, desde la STI-CNTI hacemos un llamado al gobierno nacional para que de precisión a la opinión pública sobre cuáles son las cifras de formalización de territorios para pueblos indígenas gestionadas durante el actual gobierno, diferenciando cuáles casos hacen parte las gestiones adelantadas y culminadas en el gobierno anterior.
En el mismo sentido, para los pueblos indígenas es de suma importancia que el gobierno nacional pueda dar todas las claridades pertinentes sobre los procesos de formalización de territorios indígenas, tanto de la gestión de gobiernos pasados como los casos que le corresponde a la gestión del actual gobierno. Información que también es importante para las demás poblaciones rurales y la ciudadanía en general. Y de este modo se pueda evidenciar precisión y coherencia con el compromiso manifestado por este gobierno con los pueblos indígenas.
Es claro que en algunos casos las nuevas administraciones recogen la cosecha de los anteriores gobiernos, por lo que necesario que haya veracidad en la información que se comparte con la ciudadanía colombiana a fin de evitar malentendidos o general posibles conflictos innecesarios entre la población indígena y otros sectores de la sociedad. De igual modo este gobierno esperamos que no caiga en esas viejas prácticas de la desinformación o información parcializada, contrario a ello esperamos que con cifras ciertas, claras y veraces podamos seguir construyendo entre todos esa tan anunciada reforma agraria.
La secretaría técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, se reunió el día 11 de abril del 2023, con Astolfo Aramburo Vivas, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Territorios ANT, para revisar la ruta que se ha implementado desde la agencia para dar respuestas de fondo a la problemática que viene padeciendo la comunidad de Barrulia del pueblo Sikuani, quienes vienen solicitando el reconocimiento de su territorio ancestral. Además, de resolver el tema de la revocatoria directa donde se tenía que oficializar la suspensión de los desalojos policivos que se presentó en la comunidad.
En ese sentido, desde la Secretaria Técnica en cabeza de Camilo Niño, comentó que desde la ANT se debe actuar para no seguir esperando si hay una recusación, ya que no se puede continuar presentando una demanda para que la entidad actúe, puesto que para eso se ha dialogado, para a su vez, generar la confianza con la comunidad. Este caso requiere de celeridad, puesto que desde el mes de marzo del 2022 se emitió una resolución para dar solución al tema Barrulia, pero continúan las revocatorias, las cuales ya están cumpliendo su periodo y hasta el momento no hay una respuesta. Igualmente, en los meses de mayo, junio y julio de 2022, se esperaba que la ANT diera respuesta sobre los elementos que encontraron y cómo se pensaba resolver, pero esto no se dio y en cambio, los menonitas que ocupan parte del territorio no se han detenido y continúan acaban con la pradera y lo que queda del territorio.
Esto ha generado un problema de derechos humanos, ya que los niños se están enfermando tanto el estómago como de la piel por la contaminación de químicos que están llegando a los morichales. La preocupación desde la CNTI es que no se logra resolver el problema de fondo y solo se está dilatando a través de reuniones donde no hay una respuesta concreta para dar solución a la comunidad.
Por su parte, el subdirector de la ANT, mencionó que se continúan recopilando los elementos de prueba para el auto y así darle una salida a esta problemática. En este proceso participarán un equipo de topógrafos, profesionales sociales, abogados e intérpretes quienes harán las visitas en campo. Además, aclaró que este es un nuevo equipo que acompañara en este proceso quienes están comprometidos para darle una salida a este tema.
También desde la ANT están considerando varios elementos en el auto de prueba, los cuales reposan en los expedientes que se tienen sobre el caso de Barrulia. Es decir, que no harán caso omiso sobre lo que ya se ha realizado, sino que esto será considerando en la etapa probatoria para así tomar una decisión frente al caso.
Finalmente se mencionó en promover una reunión interinstitucional para tocar este asunto donde se cuente con las garantías que busca tanto de la CNTI como la comunidad de Barrulia. Es decir, vinculando a la Unidad de Restitución de Tierras URT, La Procuraduría, La Defensoría y otras organizaciones para abordar el tema del pueblo Sikuani y darle la importancia y la magnitud que tiene este caso. Puesto que se entiende que desde la ANT tiene la responsabilidad en resolver o reconocer el tema del territorio ancestral, las otras entidades puede garantizar la situación de derechos humanos. Porque si bien, se han detenido los desalojos por parte de la policía, hay una amenaza latente, por el solo hecho de estar presentes en la comunidad, quienes están en un estado complejo de nerviosismo, porque en cualquier momento los pueden desalojar nuevamente.
Los U’wa son un pueblo indígena ubicados en los departamentos de Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Este pueblo indígena lucha desde hace más de 20 años en contra de las distintas empresas petroleras que están explotando hidrocarburos en su territorio ancestral. Cuenta con una población de 7.581 personas según el Censo DANE de 2005.
Su lucha por cuidar el territorio es su principal objetivo, siendo este un espacio sagrado, un ser vivo con espíritu propio que cumple la función de brindar armonía y equilibrio. Donde todo ser vivo tiene sangre, es decir todo árbol, vegetal y animal. La sangre (ruiria petróleo) es quien da la fuerza y representa la sangre de la madre tierra que circula a través de las venas que se encuentra en el mundo de abajo, según la cosmovisión U’wa. Razón por la cual, es fundamental y determinante para la vida y pervivencia como nación U’wa.
Aunque, han dado su lucha por la protección de los recursos naturales, el Estado colombiano no ha reconocido su derecho de propiedad colectiva sobre su territorio ancestral, ni les garantizado los derechos territoriales. En cambio, ha otorgado contratos de concesión para la exploración y explotación de petróleo, carbón y otros minerales que colocan en riesgo la vida de este pueblo.
De acuerdo, a lo anterior a través de esta línea del tiempo se hace el recuento histórico de lo que ha sido su lucha por el territorio y las afectaciones que han tenido durante estos años.
1995: El Estado colombiano concedió la primera licencia a la Occidental Petroleum Corporation OXY una multinacional estadounidense dedicada a la búsqueda y explotación de petróleo, para estudios sísmicos en el bloque Samoré. Debido a esto, los U´wa interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, y la Oxy por haber otorgado una licencia ambiental para estudios sísmicos en la zona de Samoré sin consultar previamente a los U’wa.
1997: Como consecuencia de la Acción de Tutela interpuesta por la Nación U’wa, vinculada con la licencia ambiental. La Corte Constitucional determinó que no se había garantizado el derecho a la consulta previa, vulnerando las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Constitución Política de Colombia.
De este modo, la Corte ordenó que la consulta se realizara en un plazo de 30 días, condicionando la vigencia de la tutela a la decisión pendiente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, la consulta nunca ocurrió.
Para ese mismo año debido al incumplimiento, los U’wa con ayuda de otras organizaciones colombianas e internacionales presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la concesión de la licencia de Samoré y la falta de consulta previa.
1998: La OXY pidió al Ministerio de Medio Ambiente una nueva licencia de exploración en una zona conocida como Gibraltar. Aunque para ese mismo año el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA emitió la resolución 056 donde se mencionó la creación del Resguardo Unido U’wa, dicha ampliando dejó por fuera el área de explotación del pozo de Gibraltar desconociendo la totalidad del territorio ancestral de la Nación.
2000 para este año el Estado colombiano con las Fuerzas Armadas bloquearon el acceso a los alimentos, el agua y otras necesidades con la finalidad de forzar a los U’wa a salir de la zona de Gibraltar, el cual estaba marcada para la perforación.
En ese sentido los U’wa interpusieron otra acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y OXY, oponiéndose a la licencia ambiental que habilitó la perforación exploratoria de Gibraltar, puesto que vulneró el derecho a la consulta previa de la Nación U’wa. Con esta acción de tutela se logró detener temporalmente la perforación del Gibraltar.
Sin embargo, mas adelanten esta decisión fue revocada por El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y la OXY prometió reanudar la construcción. Los U’wa apelaron la decisión al Tribunal Constitucional. Pero, el Tribunal se negó a escuchar el caso.
En 2001: Los U’wa presentaron una acción de nulidad contra la Resolución 80851 mediante la cual el Ministerio de Minas reservó un área alrededor del Bloque Gibraltar 1 para uso exclusivo de explotación de hidrocarburos a favor de OXY.
2002: La OXY se retiró del Bloque Samoré y la concesión fue transferida a Ecopetrol, para luego redefinirlos límites del Bloque Samoré y separarlo en los bloques Siriri y Catleya.
2003: Ecopetrol solicitó el inicio de una consulta previa para los bloques Sirirí y Catleya.
2004 y 2005 Se realizaron 14 cursos de capacitación y seis talleres vinculados con los bloques Siriri y Catleya. Las reuniones iniciales no se celebraron con el co-peticionario AsoU’wa y solo involucraron la participación de Ascatidar, otra organización representativa de la Nación en el departamento de Arauca.
En mayo de 2005, los U’wa rechazaron el proceso de “consulta” y se negaron a asistir a otros actos. No obstante, el Ministerio del Interior y Ecopetrol llegaron a la conclusión de que los bloques Sirirí y Catleya no violaban los derechos de los U’wa ni la integridad de la comunidad.
Aunque Los U’wa no participaron en la consulta y rechazaron todos los proyectos de desarrollo petrolero en su territorio. A finales de año, el Ministerio del Interior pidió que el más alto tribunal administrativo de Colombia, el Consejo de Estado, declararar que las reuniones de 2004 y 2005 eran suficientes para satisfacer los requisitos de la consulta.
2006: El Consejo de Estado decidió a favor de Ecopetrol que las reuniones eran suficientes para la consulta previa de los bloques Sirirí y Catleya.
2007: Se firmó el contrato para la concesión de minería de carbón GKT-081 que se superpone al territorio U’wa.
2009: Un batallón militar ocupó y destruyó un lugar sagrado. Las autoridades indígenas presentaron una queja a la oficina del fiscal en Cocuy pero no recibieron respuesta. Se firmaron contratos para otras dos concesiones de minería de carbón. El Ministerio de Medio Ambiente concedió una licencia ambiental a Ecopetrol para la construcción del gasoducto de Gibraltar.
2010: Ecopetrol presentó documentos al Ministerio del Medio Ambiente solicitando un estudio ambiental para el Área de Perforación Exploratoria (APE) de Magallanes.
2012 El gasoducto de Gibraltar comenzó a funcionar.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorgó una licencia ambiental a Ecopetrol para el APE Magallanes. Los U’wa argumentaron que la evaluación de impacto ambiental era deficiente e incompleta.
2014: Los ataques al oleoducto de Caño Limón por parte de agentes armados no estatales, frecuentes desde su construcción, siguieron afectando la paz y la tranquilidad de los U’wa. Los ataques al oleoducto provocan contaminación por el derrame de petróleo, afectan la flora y fauna y tienen un impacto especialmente negativo en elementos sagrados para la Nación U’wa.
En octubre de ese mismo año, Colombia presentó sus objeciones a la admisión de la petición de los U’wa a la CIDH.
2015: AsoU’wa presentó una acción de nulidad contra la evaluación de impacto ambiental del APE Magallanes.
En septiembre, fue aprobada la solicitud de la Nación U’wa para la creación del Resguardo Indígena Kuitua.
EarthRights se unió al caso ante la CIDH como co-peticionario, apoyando a la Nación U’wa en su búsqueda de justicia. AsoU’wa también presentó información adicional a la CIDH sobre las nuevas y continuas violaciones.
El 15 de octubre de 2015, la CIDH publicó el informe de admisibilidad reconociendo su competencia sobre la petición presentada por la Nación U’wa contra Colombia.
El Estado convocó una segunda reunión de consulta previa relacionada con las concesiones mineras de carbón. Los U’wa rechazaron cualquier intento de consulta previa porque el territorio no está abierto a las empresas multinacionales.
2016: Los U’wa ocuparon la planta de gas Gibraltar en protesta por el incumplimiento de los acuerdos de 2014 por parte del Estado.
AsoU’wa solicitó el cierre del Parque Nacional Cocuy/Zizuma, debido a los impactos negativos del turismo. Parques Nacionales Naturales de Colombia aprobó el cierre temporal del Parque Nacional Cocuy/Zizuma.
2017: El Parque Nacional Cocuy/Zizuma se reabrió con una mayor regulación de los visitantes. La Nación U’wa y Parques Nacionales Naturales acordaron una evaluación de impacto ambiental.
2018 y 2019: El Estado de Colombia presentó su informe con las observaciones de fondo del caso y luego otro informe adicional a la CIDH.
El 27 de noviembre de 2019, la CIDH adoptó el informe de fondo del caso, encontrando a Colombia responsable por las violaciones de derechos humanos bajo la Convención Americana. El informe confidencial contenía una serie de recomendaciones que Colombia debe seguir para cesar las violaciones y garantizar los derechos de la Nación U’wa, evitando así que el caso sea enviado a la Corte Interamericana.
2020: AsoU’wa y los peticionarios presentaron información a la CIDH sobre el asesinato de un líder U’wa a manos del Ejército Nacional de Colombia durante un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La CIDH envió el caso del Pueblo Indígena U’wa vs. Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2023: Por primera vez la Corte IDH tendrá que tomar una decisión frente a la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de un pueblo indígena en Colombia.
De este modo, se realizará una audiencia tendrá lugar el próximo 25 y 26 de abril, durante el 157° periodo de sesiones que se llevará a cabo en Santiago de Chile. Donde a su vez, participará la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI en cabeza del secretario técnico Camilo Niño, quien aportará las pruebas recogidas mediante las declaraciones de peritos que se realizó sobre las diferentes afectaciones que viene padeciendo el pueblo U’wa en su territorio, debido a las explotaciones petroleras que atentan contra su espacio sagrado.
Luego de una espera de más de 25 años, será escuchada por un tribunal internacional para exponer las reiteradas violaciones de las que ha sido víctima para ser reparados ante la justicia internacional, en los cuales están cuatro componentes como medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías para la no repetición y medidas de compensación por la violación a sus derechos territoriales y culturales.
El día de hoy 31 de marzo, Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), participó del conversatorio sobre las “Deudas del Estado colombiano y los Pueblos Indígenas-Declaración de la Asamblea Permanente” en la plaza Che de la Universidad Nacional de Colombia, en compañía de las organizaciones estudiantiles de la facultad de derecho y ciencias políticas.
Durante el evento, Camilo, destacó la importancia de la CNTI, como un espacio de dialogó y concertación entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional para resolver la deuda histórica en materia territorial y garantizar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas del país. Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de avances en las más de 1.300 solicitudes existentes ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
El secretario técnico indígena, señaló que los Pueblos Indígenas se han declarado en Asamblea Permanente por la defensa de los acuerdos pactados y por el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios en el marco de la Ley 21 y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se manifestó que dichos acuerdos se debían mantener y respetar.
Por otro lado, manifestó que, en Colombia los Pueblos Indígenas están enfrentando una serie de amenazas y confinamiento. Además, de encontrarse en un riesgo de exterminio físico y cultural. En particular, más de 34 pueblos originarios indígenas en el pacifico colombiano por el conflicto armado y en la Altillanura por el no reconocimiento de sus territorios. Sin embargo, los gobiernos han reconocido dichos territorios indígenas a empresarios y a iniciativas minero energéticas mediante mecanismos administrativos y jurídicos que han generado situaciones preocupantes para los pueblos.
Ante esta situación, los Pueblos Indígenas demandan una solución de fondo que incluya la formalización y protección de sus territorios ancestrales, así como una apropiación presupuestal para tal fin. En caso contrario, los pueblos originarios se movilizarán a nivel nacional, teniendo en cuenta que existe la solidaridad de otros sectores sociales y populares por la defensa de los derechos fundamentales y territoriales.
¡El intercambio de saberes entre los mayores indígenas y los estudiantes, es fundamental para preservar la riqueza cultural y ancestral de nuestro país!
Las Organizaciones nacionales e internacionales firmantes, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestra preocupación por el aumento de violencia que Colombia ha venido atravesando en los últimos días. Además de extender nuestra solidaridad a todas las personas que han sido víctimas de esta situación.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) manifestamos nuestra preocupación frente al reciente atentado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, ocurrido en la vereda Campo Alicia dentro del Resguardo del Pueblo Indígena U´wa del municipio de Curaba, Boyacá.
Es importante recordar que el pueblo U´wa ha reiterado en varias ocasiones que las industrias extractivas solo han traído daños ambientales y violencia al territorio, al tiempo de exponer a la comunidad a ataques armados con las consecuencias humanitarias y ambientales que ello conlleva.
En ese sentido, desde este espacio, le solicitamos al Estado colombiano que atienda las solicitudes históricas de la Nación U´wa, mediante la conformación de una comisión especial que analice y valore los daños causados por el atentado, en coordinación de las autoridades indígenas U´wa, con el fin de que se tomen las acciones necesarias para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a presentar en contra de los pueblos originarios del país.
Por ende, consideramos que es necesario que las autoridades y demás entes competentes tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades, en especial de aquellas que han sido históricamente vulneradas que hoy luchan por su permanencia y pervivencia en un contexto cada vez más complejo. Desde la CNTI, seguiremos atentos a la situación en Colombia y apoyaremos todas las iniciativas que busquen la construcción de una sociedad más justa, solidaria y en paz.
¡Es de suma importancia salvaguardar los derechos y el respeto a la vida de todas las comunidades afectadas por la violencia y la explotación en Colombia!
Fuente: elaboración propia con base en ANT (datos de 2023)
