Desde la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), rechazamos el asesinato de William Vargas Peña, Kiwe Thegna (guardia indígena) oriundo de la vereda San Antonio del Resguardo de Jambaló en el departamento del Cauca, quien trataba de apoyar a la comunidad que estaba en medio de combates entre grupos armados.
Según las denuncias de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN, desde las 11:30 am del día miércoles 3 de mayo del presente año, se presentó fuertes combates entre las disidencias de las FARC – Frente Jaime Martínez y miembros del ELN. Inicialmente en el territorio indígena de Pioyá, municipio de Caldono y posteriormente se trasladó a la vereda de Solapa del municipio de Jambaló, donde la comunidad alerta a los Kiwe Thegnas (guardia indígena) y autoridades ancestrales sobre los hechos. Estos proceden a realizar la verificación de la información y una vez en el lugar, la comisión humanitaria queda en medio del fuego cruzado y resulta herido el Kiwe Thegnas William Vargas Peña, quien no pudo ser trasladado a un centro de salud debido a los fuertes combates por lo que posteriormente fallece debido a la gravedad de las heridas.
De igual modo la Çxhab Wala Kiwe – ACIN, denunció que debido a la «situación crítica humanitaria de los combates, se reporta en Jambaló el confinamiento en la Institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola Jambaló, donde 39 estudiantes no lograron retornar a sus hogares para salvaguardar sus vidas, por lo cual se pide acompañamiento de organismos de como ONU, Defensoría del Pueblo de Colombia, MAPP OEA y Personería Municipal, para que actúen en aras de garantizar el retorno a sus viviendas«.
Desde este espacio nos solidarizamos con la familia de William Vargas Peña, con las Autoridades Ancestrales del resguardo de Jambaló, con el resguardo de Pioya y con comunidad de los Robles que aun se encuentran en medio de los enfrentamientos que sostienen los grupos armados en la zona. El conflicto armado se sigue intensificando en los territorios indígenas y la vida de la población civil está en inminente riesgo.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a todas las instituciones competentes para que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, a los grupos armados que respeten a la población civil. Instamos a que se realicen acciones urgentes que permitan garantizar la vida y pervivencia de los pueblos indígenas del país.
El pasado 26 de abril de 2023, concluyó la audiencia del caso U’wa Vs. el Estado Colombiano en Santiago de Chile. En la audiencia fueron escuchados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los delegados de la nación U’wa, quienes hablaron de las múltiples violaciones de sus derechos por parte del Estado colombiano.
Como parte de la comitiva participó Berito Kuwar’uwa, líder U’wa, reconocido internacionalmente por llevar el testimonio de su pueblo durante décadas. Igualmente, lo acompañó Daris Cristancho, Ebaristo Tegría en compañía del equipo jurídico de Earth Rights International ERI, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR, Camilo Niño Secretario Técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, quien participó como perito ante la CIDH, Fabio Villamizar Director Territorial de Parques Nacionales y los declarantes por parte del Estado colombiano.
Luego de décadas de lucha y resistencia por violaciones de sus derechos humanos y colectivos, la Nación U’wa, finalmente fue escuchada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia histórica. Pese a las contundentes pruebas presentadas por la Nación U’wa y a pesar de que la representación del Estado admitiera que se tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas, el Estado no reconoció responsabilidad internacional en el caso U’wa por las múltiples violaciones de derechos ocurridas durante más de 26 años.
Una posición que contradice el reciente discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro Urrego, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el 18 de abril, donde reconoció la importancia de la lucha del pueblo U’wa para la conservación ambiental y los riesgos de la extracción petrolera para el futuro de la humanidad.
Este caso evidencia la imposición de un modelo desarrollo depredador sobre un pueblo indígena que se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. Para los U’wa, en cambio, el desarrollo es “vivir en libertad y armonía con la naturaleza, la Madre Tierra y el planeta azul”, visión necesaria en un contexto de crisis climática.
Durante la audiencia, realizada en el marco del 157º Periodo de Sesiones de la Corte IDH, Daris Cristancho, llevó la palabra de la Nación U’wa exponiendo los impactos que ha sufrido la comunidad por culpa de las actividades extractivas y turísticas: “Cuando destruyen nuestro territorio para nosotros es como morir lentamente; es aceptar que está muy cerca la muerte espiritual y cultural de nuestro pueblo”.
Asimismo, Ebaristo Tegría, abogado y docente U’wa, explicó cómo el derecho a la consulta y consentimiento más que un derecho, ha sido entendida por el Estado como un trámite y no en un instrumento que respete la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios: “Nos dijeron a viva voz: esto es una reunión de información porque la decisión de que si se ejecuta o no se ejecuta el proyecto es única y exclusivamente del gobierno colombiano”.
Por su parte, Camilo Niño, perito de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI. En su declaración realizó un contexto de imposición de proyectos extractivos y militarización del territorio, “el Estado no ha adoptado medidas para proteger nuestros derechos”. En ese sentido, su argumento fue respaldado por Laura Posada, abogada de Earth Rights International ERI, quien expresó ante el Tribunal que el Estado colombiano ha señalado que los proyectos extractivos generan desarrollo y bienestar a toda la población, “paradójicamente esto no ocurre en territorio de la nación U’wa”. Además, agregó que “El Estado no realizó esfuerzos para consultar a la Nación U’wa sobre los proyectos extractivos, pese a las múltiples evidencias de ocupación ancestral del territorio y al alto valor espiritual que para la Nación U’wa tienen las zonas en donde se implantaron los proyectos”.
Las organizaciones representantes demostraron las sistemáticas vulneraciones culturales y territoriales de las que el Estado colombiano es responsable. En aras de un pretendido desarrollo se han impuesto en el territorio una serie de proyectos no consentidos por la Nación U’wa, que sólo han traído destrucción y conflicto.
A su vez la Comisión IDH enfatizó que los acuerdos establecidos entre el 2014 y 2016, entre el Estado y la Nación U’wa, no exime la competencia de la Corte para pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales que venían desde antes de la suscripción del acuerdo conforme al derecho internacional.
Ahora, la protección de los derechos de la Nación U’wa está en manos de las juezas y los jueces de la Corte IDH, por lo cual, desde los representantes, ERI, el CAJAR, la ONIC y la Secretaría Técnica indígena de la CNTI confían que la Corte emita una sentencia favorable, que el Estado colombiano se haga responsable por sus acciones y los U’wa obtengan una decisión que dé respuesta a sus exigencias de protección territorial, respeto a la autodeterminación y cuidado de la naturaleza en tiempos de crisis climática.
Desde la Secretería Técnica indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI informamos y rechazamos ante la opinión pública la orden de lanzamiento – amparo policivo emitida el día 24 de abril de 2023 por la Inspección Municipal de Policía de Riohacha, bajo amparo policivo por Auto 0018 del 10 de mayo de 2022, a favor de la señora Alicia Josefina Rodríguez Iguara, contra la comunidad indígena Santa Clara del Pueblo Wayuu en la que se advierte que dicho procedimiento será realizado el día de hoy 26 de abril de 2023.
La comunidad Santa Clara del Pueblo Wayuu se encuentra en el kilómetro 7 de la vía a Valledupar, conformada en su mayoría por mujeres, niños y adolescentes indígenas. La conforman familias que habitan ancestralmente el lugar, reconocido legalmente como parte de un sistema de sitios sagrados denominado Línea Negra, por Decreto presidencial 1500 de 2018, según consta el Oficio de la Subdirección de asuntos Étnicos de las Agencia Nacional de Tierras. Esta comunidad viene siendo violentada en su derecho al territorio por autoridades del distrito, quienes emiten la orden de desalojo de sus tierras ancestrales.
En ese sentido, hacemos un llamado a la entidades competentes como la Inspección Municipal de Policía de Riohacha, Alcaldía Municipal de Riohacha, Personería Municipal de Riohacha, Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, Defensoría del Pueblo Delegada para Asuntos Étnicos, Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras – ANT y Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica para que de manera urgente y prioritaria eviten las acciones violentas de desalojo que puedan generar desarmonías en el territorio y se les garantice sus derechos. Además, de que se realice una caracterización de las familias y advertir garantías de reubicación de conformidad con la sentencia T-391 de 2022 para así garantizar la pervivencia como pueblos indígenas.
El pasado 19 de abril, La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, asistió a una reunión en Villavicencio con la Agencia Nacional de Territorios ANT, con el fin de discutir alternativas sobre las solicitudes de protección del territorio ancestral para las comunidades de Barrulia, San Rafael de Warrojo, Iwitsulibo y Tsabilonia, pertenecientes al Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta.
En este espacio, participaron la alcaldía de Puerto Gaitán, la Gobernación del departamento del Meta, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, la organización Unuma, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, Astolfo Aramburo Vivas, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Territorios ANT y la Sociedad Activos Especiales SAE, quienes propusieron, bajo el procedimiento de seguridad jurídica establecido en el decreto 2333 de 2014, la entrega provisional de algunos predios para garantizar de manera transitoria el acceso a la tierra para el desarrollo, uso y costumbres de las cuatro comunidades del Pueblo Sikuani.
En ese sentido, desde la ANT, a través de la Sociedad de Activos Especiales SAE, propuso administrar un predio en el que las cuatro comunidades pudieran ser ubicadas mientras que la agencia resolviera las solicitudes de protección ancestral en curso para estas comunidades. Esto obedece, a que los procesos que la ANT está llevando a cabo tomarán más tiempo de lo previsto. Por esta razón, la agencia propuso que un predio rural de más de 9 mil hectáreas, como una medida de ubicación provisional para las comunidades mientras se resuelven los procedimientos administrativos.
Durante esta presentación, las comunidades solicitaron aclaraciones, realizaron preguntas y plantearon otros temas. Posteriormente, se pasó a un escenario autónomo para valorar la propuesta, y así, las comunidades pudieran tomar una decisión al respecto.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades bajo un escenario de interlocución y ajustes de acuerdo a la propuesta de la ANT, tomó la decisión de que el predio propuesto solo podría ser ocupado por la comunidad de Tsabilonia, ya que esta ubicado en el territorio solicitado en protección por esta misma comunidad. Por lo tanto, las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Warrojo consideran que no podrían ocupar este territorio ya que no forma parte de su solicitud de protección.
De esta manera, las delegaciones de las cuatro comunidades propusieron a la Agencia Nacional de Territorios que este predio fuera un lugar transitorio exclusivo para la comunidad de Tsabilonia, y que se continuara al mismo tiempo con los procesos y las solicitudes de protección ancestral de las otras tres comunidades que no habrían de ocupar el predio, así como las cuatro revocatorias que debe resolver la ANT para el caso de Barrulia.
La reunión fue un escenario de interlocución, de escucha y de respeto mutuo. La comunidad de Tsabilonia cumplirá, a través de la Agencia Nacional de Territorios, un acuerdo mediante el cual se gestionará su ubicación provisional en el predio propuesto por la Sociedad Activos Especiales SAE. Además, el Ministerio del Interior se comprometió a hacer un seguimiento de las condiciones y medidas de seguridad.
