Las autoridades y el movimiento indígena, esperan que se materialice y se superen los obstáculos que se han presentado con el gobierno anterior, en materia de derechos territoriales de los pueblos originarios.

“Este es un momento histórico”, menciona Camilo Niño Izquierdo, el secretario técnico indígena de la CNTI, en la apertura de la primera sesión mixta con el actual gobierno. Por su parte, los delegados mencionan que se espera que este gobierno actual sea un aliado para garantizar los derechos territoriales y jurídicos de los pueblos indígenas.

Luego de casi 1 año de espera para continuar los diálogos con el nuevo Gobierno Nacional, se abre la primera sesión mixta que se realiza desde los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Bogotá.

Este espacio inició con la vocería de los delegados de La Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, El Instituto Agustín Codazzi y las cinco organizaciones indígenas a nivel nacional en compañía de los ex constituyentes, el equipo técnico de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y con la veeduría de los delegados de la Procuraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación.

Allí se abordaron varios puntos sobre los balances y avances por parte de las instituciones competentes, entre ellos se socializa el Presupuesto ejecución a 2022 (Acuerdo 1 sesión II 2018 y Acuerdo 5 Sesión II 2021); El protocolo, mecanismo y ruta para la solución y la efectiva inscripción de los actos administrativos que formalizan territorios indígenas (acuerdo 5 sesiones ii 2020 y acuerdo 1 sesión IV 2021); las aclaraciones de áreas (gestor catastral competente ANT o IGAC); los Avalúos territoriales, entre otros temas.

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Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras inició con su informe anual, resaltando el cumplimiento de los acuerdos pactados en la primera Sesión II de 2018 y los acuerdos de la quinta Sesión II de 2021, en un total de 95%.Estos acuerdos refieren al cumplimiento de la meta acordada con la CNTI de 20 casos puntuales en restitución de tierras y 2 casos de territorios de protección de origen ancestral.

Sin embargo, esta información no es clara para los delegados indígenas, debido a que en la actualidad existen 1450 casos de solicitudes pendientes, por lo siguiente, no se podría afirmar el cumplimiento en 95%. “No llegaría a representar ni el 5 % del cumplimiento de los casos faltante” enfatizó Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pacha Mama.

Otro de los puntos que se socializa en este primer día de sesión mixta, fue el Protocolo para inscripción de actos administrativos no registrados y el mecanismo de verificación de registro de actos administrativos de formalización a comunidades indígena, construido durante la plenaria de la quinta sesión mixta de la CNTI de la vigencia 2019; que tiene como propósito,  crear una ruta para analizar y garantizar el efectivo registro del total de resoluciones expedidas por las autoridades de tierras y que se desarrollaba con la participación del Sistema de Notaría y Registro, IGAC y la ANT.

En ese sentido, la Superintendencia de Notaria y Registro- SNR reportó que, en la verificación de la información suministrada por la Agencia Nacional de Tierra, referente a los 1001 actos administrativos relacionados con comunidades étnicas en el 2019, a la fecha reportan que solo hay661 actos administrativos se encuentran debidamente registrados, 305 se encuentran en etapa de diagnóstico y 35 actos sin registro.

Adicionalmente, la SNR agregó que, en los dos años de la implementación del protocolo, se logró el avance de 6 acuerdos para modificar, aclarar y corregir las órdenes relacionadas con los registros. Por su parte, manifiestan que lo que busca este protocolo, es que sirva como herramienta de apoyo a los procesos de formalización de tierras, más no busca que los reemplace.

Luego de la intervención de los funcionarios de la ANT, los delegados indígenas hacen una reflexión sobre la metodología y las formas en que se han estado llevando los acuerdo y cumplimientos por parte de los funcionarios. Entre ellos, se le recomienda a este nuevo gobierno un cambio de pensamiento, ser conscientes de los retos y los desafíos por los que han atravesado los pueblos indígenas. Pues se recalcó, una vez más, que estamos en una era del cambio y se debe trabajar en función de derechos de los pueblos que han sido discriminados históricamente y que no se pueda seguir revictimizando a los pueblos originarios en temas de derechos territoriales.

“Los pueblos indígenas llevan 50 años solicitando al gobierno que tierras que han sido nuestras ancestralmente y de estudios que ya se han hecho, pero que no avanzan” dice Rojas Birry, ex constituyente indígena.

En esa misma línea de cambio que representa y esperan los pueblos indígenas de este nuevo gobierno, La Unidad de Restitución de Tierra-URT, reportó en su informe cambios que han realizado para aliviar los cuellos de botellas y que se garantice los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entre ellas, se presenta un cambio en el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero, Energéticos e Infraestructura, sobre los sesgos y estándares que este grupo daba frente a las pretensiones territoriales y las disponibilidades de las ofertas institucionales.

Otro de los reportes mencionados por la URT, es que durante su ejecución en el 2021 se realizaron 66 estudios preliminares en 24 departamentos, hicieron la caracterización de afectaciones territoriales de 48 informes para comunidades indígenas, se proyectaron 49 demandas de restitución de derechos territoriales y 20 medidas cautelares.

Adicionalmente, en el balance general que presentó la URT para el 2022, se han revisado 98 casos de no recomendaciones de caracterización, 225 casos de estudio preliminar y 52 casos en fase de caracterización.

Por último, la URT dejó un mensaje sobre los procesos de restitución territorial en pueblos indígenas, mencionó que debe ser una vía de reconciliación para la vida y que las víctimas no sean consideradas como un usuario más, sino que sean protagonistas en las tomas de decisiones frente a los casos de restitución.

Otras de las intervenciones en esta sesión fue del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde reportó 84 avalúos comerciales a junio del 2022, que se distribuyen en 20 casos para la vigencia del 2021 y 64 realizados durante el 2022.

Además, manifestaron que se ha avanzado con el Sistema de Información Geográfica Indígena, con la creación de un catálogo de objetos con más de 20 capas de información geográfica sobre territorios ancestrales, que facilita a las comunidades hacer seguimiento a sus territorios y así mismo, que responda a las peticiones de la CNTI.

Otros de los puntos mencionados en esta sesión, fue la propuesta de la creación de una dependencia de asuntos étnicos en el instituto, sin embargo, el IGAC mencionó que ya existe una mesa de asuntos étnicos donde se avanza en todo lo relacionado con territorios indígenas, por lo siguiente no se considera viable.Para finalizar, el IGAC habló sobre los retos que tiene en la materialización de los ajustes institucionales acordados con las entidades indígenas, así como en el desarrollo de nuevas funcionalidades para que sean implementadas en el SIG indígena y el fortalecimiento de la articulación con la Dirección de Gestión Catastral para la revisión de los diferentes procesos emitidos por la ANT.Por último, el secretario técnico, Camilo Niño, manifestó que se debe seguir trabajando para consolidar la garantía de los derechos territoriales, porque a pesar de tener altas expectativas, teniendo en cuenta que este gobierno es considerado amigo por los Pueblos Indígenas y que se valoran las iniciativas que tienen las entidades en este primer encuentro, aún hay muchas situaciones y cuellos de botella por resolver.Por eso se espera que para este viernes 11 de noviembre que se llevará a cabo la otra sesión mixta, se pueda contar con los funcionarios (directores y ministros) del respectivo del gobierno para poder tener unos acuerdos pertinentes en los avances de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia.

Luego de tres días de sesión autónoma y mixta, los delegados, el equipo técnico de la CNTI y el gobierno nacional, dieron apertura a la mesa de concertación, para acordar metas y avances para las garantías de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.

Esta sesión mixta inició con la intervención de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien entregó un balance de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas durante y el estado presupuestal ejecutado durante el año 2022. A partir de este análisis y de las problemáticas identificadas, la institución presentó unas propuestas, además de una proyección presupuestal para el cumplimiento de las garantías jurídicas y territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia para el 2023.

Por ello, la CNTI le exigió a la ANT acordar metas que se adelanten de manera anual para los procesos de formalización (constitución, ampliación y saneamiento) Protección de territorios ancestrales e implementación del decreto 1824 de 2020, adquisición de predios y mejoras. Y en caso de que se presente la conversión de reservas a resguardos indígenas.

Otras de las discusiones que se dio en el marco del espacio con la ANT, fue el protocolo, mecanismo y las rutas para la efectiva inscripción de los actos administrativos que formalizan los territorios indígenas. Metas con las que se espera trabajar, concertar y tener en cuenta para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

Por su parte, el Instituto Agustín Codazzi (IGAC), también presentó una propuesta y análisis para el año 2023, frente al balance del año 2022. Allí, se retomó el acuerdo de la creación de la dependencia de asuntos étnicos en dicha institución, con la iniciativa que hace referencia al acuerdo N.º 3 de la sesión III del 2022 y el acuerdo 9 de la sesión III del 2021.

Por otro lado, en la mesa indígena se acordó que el IGAC y el Ministerio del Interior deben coordinar una reunión con el DIMAR y los cuatro pueblos indígenas de la sierra nevada de Santa Marta para dar continuidad al decreto 1500.

Así mismo, le solicitó a la institución comprometerse de manera permanente a fortalecer el Sistema de Información Geográfica de los pueblos indígenas, construido con un cronograma de trabajo. Además, de agilizar la entrega de los estudios de los avalúos de los 24 predios, cuyas solicitudes serán remitidos por la ANT el 15 de noviembre por el 2022.

En cuanto a la intervención con La Unidad de Restitución de Tierras (URT) se debatió sobre el documento prórroga del decreto ley 4633 del 2011, del cual hizo parte la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en su construcción, que busca ser un principio de coordinación interinstitucional para hacer efectiva la restitución de derechos territoriales, que plantea un conjunto de medidas específicas para que ambas sean institucionales y se dé avances en la seguridad jurídica y el goce efectivo de los territorios indígenas.

Otra de las recomendaciones que hace el movimiento indígena a la unidad, es que así no sea la competencia exclusiva de la DAE-URT, esta también puede promover el impulso procesal en los casos de solicitudes de restitución en etapa judicial y mediante convenios de cooperación con el Consejo Superior de la Judicatura y defensoría del pueblo, generar acciones para superar los cuellos de botella que dilatan los procesos.

Con ello, el movimiento indígena llego a los acuerdos con La URT, de presentar el análisis de la viabilidad de construir un proyecto de inversión específico para la garantía y materialización de la restitución de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Finalmente, también se acordó con la ANT, analizar una ruta que impulse la ampliación del Resguardo Indígena Arhuaco con respecto a los 10 predios sobre los cuales se adelantaron procesos catastrales con efectos registrales. Lo anterior será presentado en la segunda sesión mixta de la CNTI del 2022 para su respectivo seguimiento.

Otro del compromiso, que deberá asumir la ANT deberá realizar una mesa técnica en el departamento de Arauca, para el 6 de diciembre del 2022 con las autoridades de los pueblos Sikuani, Macaguán, Hitnú, Inga y Betoy, para revisar los casos de ampliación y constitución.

Con la finalidad de hacer muchos más eficiente y agilizar sesión mixta que se llevará a cabo los días 30, 1 y 2 de diciembre, se acordó realizar una mesa de trabajo con las siguientes entidades; el 23 de diciembre con la URT con el fin de acordar un cronograma de trabajo donde se materialice el desarrollo de los puntos acordados de documento de la prórroga de los 10 años del Decreto ley 4633 del 2011.

Para el 24 de noviembre, se acordó avanza con la ANT, articulación y adecuación institucional, presupuesto, metas de formalización en el cuatrienio. Por último, el 25 de noviembre en horas de la mañana se trabajará con el IGAC en un cronograma donde se abordará los puntos como son: el fortalecimiento del SIG indígena, la adecuación institucional, entre otros. Además de mirar estrategias para que los nombres propio, indígena o toponimias sean integrados en la cartografía oficial de Colombia.

Finalmente, con el ministerio del interior se acordó abordar el cumplimiento del fallo de tutela sobre racismo estructural, mecanismo para avanzar en los conceptos previo para la ampliación de resguardos, así como, la inscripción de autoridades indígenas y el avance de implementación del Decreto Ley 1500 del 2018.

El Secretario Técnico Indígena de la CNTI y las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, interpusieron una acción de tutela en contra de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del departamento del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán, la Unidad Restitución de Tierras – URT y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para solicitar el amparo de los derechos territoriales de las cuatro común idades.

El pasado 15 de noviembre de 2022, en decisión de segunda instancia, la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión tomada por el Juzgado Penal para Adolescentes que negó las pretensiones de los accionantes y finalmente concedió el amparo de los derechos fundamentales de estas cuatro comunidades indígenas a la autonomía y al debido proceso.

La acción de tutela interpuesta argumentó que las tierras ancestrales de las referidas comunidades del pueblo Sikunai se ubican en las veredas La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frio, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena de Puerto Gaitán, Meta, las cuales, al no contar con un título colectivo, han sido despojados por cuenta de la titulación a terceros como es el caso de la comunidad religiosa de Los Menonitas. Por este motivo, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la protección de sus territorios en el marco de la implementación del decreto 2333 de 2014; solitudes que en el caso de las comunidades de Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo siguen sin ser resueltas por la agencia, y una, la de la comunidad de Barrulia, al no concedérsele la protección, interpuso ante la entidad el Recurso de reposición y en subsidio el de apelación, sin que respecto a este y a la fecha, exista pronunciamiento alguno.

Las comunidades referidas han ejercido diferentes acciones ante la administración local, la inspección de policía y solicitado impulso procesal ante la ANT. Asimismo, han presentado varias peticiones de suspensión de los diversos procesos policivos de restitución de posesión o propiedad; no obstante, mediante ordenes de desalojo, las comunidades han sido atropelladas, desmanteladas sus viviendas, y quemados sus bienes y enseres por integrantes de comisiones oficiales que han acompañado al inspector de policía del municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Por ello interpusieron acción de tutela por la violación de sus derechos fundamentales al territorio, a la protección de territorios ancestrales y tradicionales, a la propiedad colectiva, a la autonomía, a la autodeterminación, a la diversidad étnica y cultural, a la vida digna, al debido proceso administrativo, a la reparación integral, a la seguridad alimentaria, a la vivienda adecuada, al mínimo vital y al trabajo rural.

La Asociación Indígena Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía (UNUMA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Las Autoridades Indígenas de Colombia “Por la Pacha Mama” (AICO) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en coadyuvancia y en apoyo a la defensa de los derechos territoriales del pueblo Sikuani, también coadyuvaron el fallo de primera instancia.

En el reciente fallo de segunda instancia, la sala evidencia que en algunos casos han pasado más de cuatro años sin que la ANT haya decidido las medidas de protección en favor de las comunidades Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo. Aunque la ANT como entidad demandada se ha excusado en la dificultad para notificar a los propietarios de los terrenos sobre los cuales estas revindican su posesión ancestral, lo cierto es que ha excedido por mucho el plazo razonable para resolver las solicitudes de pendientes.

En síntesis, el fallo revoca la decisión de primera instancia; ampara de los derechos fundamentales a la autonomía y al debido proceso de las comunidades Indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsabilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán; ordena a la ANT para que resuelva la medida de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las comunidades de Iwitsulibo,  San Rafael de Warrojo y Tsabilonia; y ordena a la Gobernación del del Meta, a la Alcaldía de Puerto Gaitán y a la Inspección de Policía de ese municipio que se suspendan todos los procesos policivos de perturbación en la posesión de los predios objeto de solicitud de medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las Comunidades Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, hasta que la ANT los resuelva mediante acto administrativo ejecutoriado.

Frente a los puntos de la agenda que corresponden a la cuarta sesión autónoma de la CNTI, se dio un espacio para que la Corporación Opción Legal, creada con el fin de hacer un ejercicio de consultoría jurídica para la población que se encuentre en situación de vulneración de derechos humanos. Este equipo, expuso una serie de procesos a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) que vienen adelantando en pro de materializar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas

En el marco del espacio, esta corporación alertó la situación de vulneración al derecho fundamental a la vida digna y al acceso al territorio,  que algunas de las comunidades del Pueblo Indígena Murui Muina vienen presentando, ya que tuvieron que abandonar el Resguardo Inga Calenturas, ubicado en el departamento del Putumayo, a causa del desplazamiento masivo generado por el frente 32 de las Farc-ep.

Frente a esta situación, establecieron contacto con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) donde se acogieron al Auto 008 del año 2018, como medida cautelar para adelantar un proceso de compra en aras de poder retornar a su territorio. A pesar de llegar a unos acuerdos con la entidad, esta no ha brindado las garantías necesarias, la asesoría, ni ha realizado el respectivo acompañamiento para avanzar en la solicitud de ampliación del resguardo, y culminar con el proceso de compra de predios necesario. Aunque desde el año 2017, vienen presentando varias solicitudes de adquisición, todas han sido rechazadas. En el año 2020 y 2021, radicaron dos solicitudes de ofertas de compra, de las cuales aún no se obtiene respuesta por parte de la entidad.

¿Por qué las entidades no atienden las solicitudes?

De acuerdo con el seguimiento y acompañamiento que ha realizado Opción Legal, ha identificado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no ha realizado el respectivo avalúo comercial de los predios ofertados y por otra parte la ANT, ha argumentado que por situaciones de orden público no puede ingresar al territorio, para realizar las visitas y el levantamiento topográfico.

¿Existen otros casos en el departamento de Putumayo?

Actualmente, el Gran Predio Putumayo, es el resguardo más grande del país con 5.818.702 hectáreas, donde hacen presencia la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo-ACILAPP, acogen a 24 comunidades de las cuales todas presentan una diversidad de problemáticas a nivel territorial. Sin embargo, existen seis casos de comunidades de las que Opción Legal, vienen realizando un acompañamiento de los procesos con el fin de incidir en la defensa de los derechos territoriales de estos pueblos.

Dentro de los casos, se encuentra el Cabildo Siona-Nuevo Amanecer, con el predio Las Margaritas, ubicado en Puerto Asís, Putumayo, donde han realizado dos procesos de ofertas de compra ante la Agencia Nacional de Tierras, pero la entidad no ha avanzado de manera significativa para culminar estos procesos, para avanzar en la constitución del resguardo ya que esta comunidad se encuentra actualmente habitando en una hectárea, situación que aumenta el riesgo de vulnerabilidad.

Por otro lado, se encuentra el caso Inga José Homero, ubicado en el municipio de Mocoa, Putumayo, quienes han presentado cuatro ofertas para adquisición de predios priorizando el predio Paula Alejandra, que colinda con los territorios de San Carlos y Campo Bello. Sin embargo, la ANT no avanza de manera ágil a pesar que existen unas ordenen judiciales de fallo de segunda instancia  a favor de la comunidad.

Adicional a este, se encuentra el bloque de terreno de la Samaritana, conformado por tres comunidades, donde han solicitado la ampliación del Resguardo Gran Predio Putumayo, con el fin de evitar la intensificación de la ganadería extensiva y la colonización de terceros. Sin embargo, tampoco ha recibido respuesta por parte de la ANT.

Finalmente, manifestó que el único proceso que ha tenido un avance significativo es el caso de la solicitud de ampliación del resguardo Jiri Jiri, presentada en el año 2019, ya que cuenta con el acompañamiento por parte de Amazon Conservation Team (ACT), quienes celebraron un convenio con la Agencia Nacional de Tierras, para adelantar los estudios socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras.

Es así, como en el cuarto espacio autónomo de la CNTI, los delegados de las organizaciones indígenas, manifestaron que realizarán el respectivo seguimiento a las entidades gubernamentales para conocer cuáles serán las garantías de retorno al territorio para el Resguardo Inga Calenturas, cuáles de esas medidas van con el objetivo de proteger el territorio y cuáles serán las acciones que va a implementar el gobierno actual para evitar dichas problemáticas y para darle celeridad a las solicitudes de formalización existentes.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Solicitudes de Formalización (SIMOSOF) del Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI, el departamento del Putumayo, es el territorio con el mayor número de solicitudes en los procesos de constitución, ampliación y saneamiento. Por eso, seguiremos trabajando por la garantía al derecho fundamental a la vida y al territorio, para brindar una seguridad jurídica por la pervivencia de los Pueblos Indígenas del país.