El Pueblo Barí enfrenta una grave crisis humanitaria en el Catatumbo. La violencia de los actores armados y la imposición de decisiones estatales sin participación del pueblo indígena afectan su territorio y amenazan su existencia. Exigimos acción inmediata del Estado para garantizar sus derechos territoriales, humanos y fundamentales.
El Pueblo Barí es una nación Indígena que habita el Catatumbo, en el nororiente de Colombia. Desde hace un siglo su territorio ancestral Chiyi Ishtana (Madre Tierra) es amenazado por la lógica extractivista, la acción militar y la omisión estatal afectando el goce efectivo de sus derechos.
El Pueblo Barí sufre desplazamiento, violencia, despojo y confinamiento territorial. El incumplimiento del Acuerdo Final de Paz permitió el avance de actores armados en el territorio del Catatumbo, aumentando el riesgo de desapariciones, asesinatos, reclutamiento a menores de edad y demás violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Incumplimiento del Estado Colombiano
El Gobierno Nacional ha sido ineficiente ante los fallos judiciales que ordenan la protección del territorio Barí. Sentencias como la T-880/2006, T-052/2017 y T-498/2023 han sido sistemáticamente incumplidas, dejando al pueblo en una situación de extrema vulnerabilidad.
El Decreto 062/2025 declaró la Conmoción Interior en el Catatumbo. Sin embargo, en lugar de garantizar la paz y la protección de los derechos indígenas, ha facilitado la militarización y el avance de políticas sin la participación y consulta a la Nación Barí.
Ante la Conmoción Interior el Gobierno ha priorizado el diálogo con organizaciones sociales y campesinas, excluyendo al Pueblo Barí de los procesos que inciden sobre su territorio. Esta exclusión desconoce el gobierno indígena propio, la autonomía y viola el derecho a la Participación y Consulta Previa, Libre e Informada, obligatorio en cualquier decisión que afecte su territorio.
El Pueblo Barí, en Asamblea Permanente, exige el reconocimiento y respeto de su territorio ancestral, el cumplimiento de los acuerdos suscritos en materia territorial y la garantía integral de sus derechos. Rechaza la militarización y demanda el cumplimiento de sentencias que protegen su existencia.
La Nación Barí exige a todos los actores armados, legales e ilegales, retirarse de su territorio. Piden respeto por la vida, la integridad de sus comunidades y la implementación de medidas humanitarias verificables, como el desminado y la protección de sus líderes.
Respaldo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
La CNTI DENUNCIA la inasistencia del Gobierno Nacional a la Mesa de Diálogo e interlocución citada para los días 17 a 21 de febrero y respalda la lucha del Pueblo Barí. Así mismo EXIGE al Gobierno el respeto por la autonomía y el gobierno propio, la implementación del Mecanismo Especial de Consulta y la activación de espacios de diálogo legítimos, sin exclusión ni imposición de intereses ajenos a la comunidad.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos y a la sociedad civil a presionar al Gobierno colombiano para que cumpla sus obligaciones y garantice la protección del Pueblo Barí.
Si el Estado no actúa, la Nación Barí tomará medidas políticas, jurídicas y espirituales para defender su territorio y sus derechos. No permitirán más despojo ni violencia. ¡El Pueblo Barí resiste y seguirá luchando por la pervivencia y existencia!
¡El Pueblo Barí sigue en pie, su lucha es nuestra lucha!
La crisis humanitaria que enfrenta el Pueblo Barí en el Catatumbo no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de desarrollo que desconoce los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. La imposición de proyectos extractivos, la militarización y la falta de voluntad política para cumplir con las decisiones judiciales han puesto en riesgo su supervivencia. La vulneración sistemática de sus derechos demanda una respuesta inmediata del Estado, no solo con medidas reactivas, sino con una política estructural que garantice su territorio, su cultura y su forma de vida en armonía con la naturaleza.
La resistencia del Pueblo Barí es un mensaje claro de dignidad y lucha, no sólo para su nación, sino para todos los Pueblos Indígenas de Colombia y del mundo. La comunidad nacional e internacional no puede permanecer en silencio ante esta crisis. Es urgente una movilización colectiva que exija el respeto por su autonomía, el cumplimiento de las sentencias que protegen su territorio y la implementación de medidas efectivas para garantizar su seguridad. La pervivencia del Pueblo Barí es una causa de justicia, y su lucha, un llamado a defender la vida y la dignidad de los Pueblos Indígenas.
La defensa del territorio Barí es la defensa de la vida, la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas. ¡Defender los territorios, es defender la vida!
El pasado 21 y 22 de febrero se realizó el Pacto por la Tierra y por la Vida, con el fin de acordar las bases para un plan decenal de la Reforma Agraria, en el Espinal, Tolima. Este encuentro reunió a actores clave en la transformación agraria de Colombia y en la defensa y cuidado de los territorios. Participamos Pueblos Indígenas, organizaciones campesinas, comunidades afrodescendientes, entre otros sectores de la sociedad.
¿Qué propone el gobierno?
Promover un consenso social y político para democratizar la propiedad de la tierra en Colombia. El objetivo es superar las barreras históricas que han limitado la reforma agraria y promover un desarrollo rural inclusivo, equitativo y sostenible.
Se necesitan acuerdos plurales y vinculantes que garanticen el acceso y la recuperación de los territorios despojados, el reconocimiento de los derechos territoriales y la implementación de políticas públicas que fortalezcan la autodeterminación de los pueblos, la justicia social y ambiental.
¿Cuál es nuestra propuesta?
Planteamos una reforma agraria con justicia histórica, que garantice la plena identificación, recuperación y protección de nuestros territorios tradicionales y ancestrales. Posicionamos como necesaria una concepción actualizada de las conjuntas exigencias de reforma agraria en el que se incorpore el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del pacto constitucional de 1991, el respeto a nuestros sistemas propios de conocimiento y el cumplimiento a los actuales estándares internacionales de protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Las comunidades y Pueblos Indígenas desempeñamos un papel fundamental en este pacto porque nuestra relación con el territorio es espiritual, ancestral e integral. La tierra no es solo un recurso, es la base de nuestra vida, cultura y pervivencia como pueblos. Nos convoca a este encuentro la superación del despojo, la violencia y el desplazamiento de nuestros territorios. Una reforma agraria transformadora debe partir en tal sentido por la reparación de estas injusticias, priorizando la recuperación de nuestros territorios ancestrales y la garantía efectiva de nuestros derechos de autonomía.
La reforma agraria debe reconocer y garantizar los derechos territoriales indígenas, asegurando la identificación y reconocimiento de los territorios de posesión tradicional o ancestral, así como la recuperación de los territorios despojados. Este proceso debe ser un pilar fundamental para garantizar la justicia territorial y la pervivencia de los Pueblos Indígenas. Reducir el rezago histórico en la titulación y ampliación de nuestros territorios es una deuda pendiente. Sin este reconocimiento y recuperación, no hay justicia territorial ni garantía de nuestros derechos.
Nuestra participación es clave para garantizar que la reforma agraria respete y fortalezca nuestros derechos territoriales, culturales y sociales, asegurando que nuestros sistemas de conocimientos, nuestras formas de vida y gobierno propio sean reconocidos y protegidos. No podemos hablar de reforma agraria sin garantizar la protección de los territorios ancestrales, el respeto por la autonomía de los pueblos, la preservación de las fuentes de agua y el cuidado de la naturaleza. Nuestra relación con la Madre Tierra es sagrada y va más allá de la propiedad de la tierra.
Participación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
Desde la CNTI participamos activamente en el Pacto por la Tierra, los Territorios y la Vida, reafirmando nuestros derechos territoriales y nuestra autodeterminación. Iniciamos la jornada expresando la importancia de recuperar nuestros territorios ancestrales despojados y nuestra voluntad de construcción colectiva para una reforma agraria justa.
En el panel «Tierra, justicia y futuro», compartimos nuestras principales exigencias como Pueblos Indígenas, exigiendo el reconocimiento pleno de nuestros derechos territoriales, culturales y sociales. Cerramos la jornada con un diálogo entre pueblos y organizaciones indígenas, consolidando las líneas estratégicas que deben ser incluidas en el pacto. Nuestro conocimiento ancestral y nuestra visión integral del territorio son clave para garantizar una reforma agraria que respete la biodiversidad y la identidad cultural de nuestros pueblos.
No puede haber reforma agraria sin la participación efectiva de los Pueblos Indígenas. Nuestra voz, nuestra lucha y nuestros conocimientos son fundamentales para garantizar un verdadero cambio en la tenencia y el cuidado de la tierra.
La COP16 se reanuda en Roma y la CNTI está presente. Tras la suspensión en Cali, la COP16 de biodiversidad se retomará en Roma del 25 al 27 de febrero. Las negociaciones buscan cerrar acuerdos en financiamiento y monitoreo de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad (MMB). Desde la CNTI, seguimos exigiendo que los Pueblos Indígenas sean reconocidos como actores clave en la protección de la biodiversidad y la implementación de estos acuerdos.
Avances logrados en Cali
Creación de un fondo global para distribuir beneficios del uso de Información de Secuencia Digital (DSI). Este fondo asignará el 50% de sus recursos a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, ya sea directamente o a través de los gobiernos.
Aprobación del Programa de Trabajo del Artículo 8(j) y del «Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) y Otras Disposiciones del Convenio». para garantizar la participación de Pueblos Indígenas y comunidades locales.
Definición de Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica (EBSA) para conservar el 30% de los océanos en 2030.
Estos avances reflejan el papel fundamental de los Pueblos Indígenas en el cuidado de la biodiversidad. Sin embargo, para que estos avances se materialicen en verdaderos cambios, es esencial garantizar mecanismos efectivos de implementación, monitoreo y rendición de cuentas que incluyan la participación directa de los Pueblos Indígenas y comunidades locales. La distribución equitativa de los beneficios del uso de la Información de Secuencia Digital (DSI) debe reconocer y respetar los conocimientos tradicionales asociados, evitando su apropiación indebida. Asimismo, el Programa de Trabajo del Artículo 8(j) debe traducirse en acciones concretas que fortalezcan el gobierno propio y la autodeterminación de los pueblos. La conservación del 30% de los océanos en 2030 no puede desvincularse de los derechos territoriales de quienes han sido sus guardianes ancestrales.
¿Qué quedó pendiente?
Financiamiento: Sin recursos suficientes, las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad (MMB) no podrán implementarse ni monitorear antes de 2030.
Monitoreo: Se requiere un marco de seguimiento claro para evaluar los avances en las 23 metas del acuerdo global.
Desde la CNTI, exigimos que la financiación llegue directamente a los Pueblos Indígenas y que se reconozca nuestra contribución en los mecanismos de monitoreo. Además, es fundamental que los Pueblos Indígenas seamos actores centrales en la toma de decisiones sobre la asignación y uso de los recursos financieros, asegurando que estos lleguen de manera directa y sin intermediaciones que diluyan su impacto. El monitoreo debe incorporar indicadores culturalmente apropiados que reflejen la relación integral de los Pueblos Indígenas con la biodiversidad y no sólo métricas técnicas ajenas a nuestras realidades. Sin este enfoque diferencial, el Marco Mundial de Biodiversidad corre el riesgo de convertirse en un acuerdo sin capacidad real de transformar la crisis ecológica y de garantizar los derechos territoriales de quienes históricamente hemos protegido la vida en el planeta.
Financiamiento: una brecha alarmante
La meta 19 establece 200 mil millones de dólares anuales para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad ha recaudado solo 407 millones de dólares, mientras que las necesidades reales oscilan entre 722 mil y 967 mil millones de dólares anuales. ¿Cómo cumplir las metas sin garantizar el flujo de recursos necesarios? Sin un financiamiento adecuado y accesible para los Pueblos Indígenas y comunidades locales, la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad será solo una promesa vacía, incapaz de responder a la magnitud de la crisis ecológica que enfrentamos.
Nuestra exigencia: financiamiento directo
Los Pueblos Indígenas protegemos y defendemos el 80% de la biodiversidad mundial, pero recibimos menos del 1% de los fondos globales. Desde la CNTI exigimos mecanismos de financiamiento directo y accesible, que reconocen y garantizan los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y su papel en la protección de la vida. El reconocimiento de nuestro rol en la protección de la biodiversidad debe traducirse en compromisos reales, con financiamiento directo, justo y sin intermediarios, que fortalezca nuestra autonomía y garantice la pervivencia de nuestros territorios y saberes.
La COP16 debe definir cómo se evaluarán los avances en las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad. Se propone una evaluación global en 2026 y 2030, pero aún faltan acuerdos sobre indicadores y metodologías. Desde la CNTI exigimos que los sistemas de monitoreo incluyan indicadores bioculturales que reflejen y reconozcan los sistemas de conocimiento indígena. Los Pueblos Indígenas hemos desarrollado sistemas de monitoreo propios basados en el conocimiento ancestral y la observación de los ciclos naturales. Exigimos que estos sistemas sean reconocidos y financiados dentro del Marco Mundial de Monitoreo de la biodiversidad. Sin nuestra participación, los procesos de seguimiento serán incompletos y no reflejarán la realidad de los territorios.
Integración de agendas: biodiversidad y clima
La biodiversidad y el clima están interconectados. Sin ecosistemas sanos, no hay capacidad de adaptación al cambio climático. La COP16 debe sentar bases sólidas para la COP30 de Cambio Climático en Belem, Brasil. Desde la CNTI exigimos una agenda integral que reconozca e integre la visión de los Pueblos Indígenas y garantice la pervivencia de nuestros territorios.
La protección de la biodiversidad no puede seguir siendo un discurso vacío. Necesitamos compromisos vinculantes y mecanismos claros de implementación. Desde la CNTI reafirmamos que la justicia ambiental sólo es posible con justicia territorial. Proteger la biodiversidad es proteger los derechos de los Pueblos Indígenas. Solo con el reconocimiento pleno de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y su rol fundamental en la protección de la vida, la integración de las agendas de biodiversidad y clima será efectiva y podrá enfrentar la crisis ecológica de manera justa y sostenible.
Los Pueblos Indígenas estamos en el centro de la discusión. Exigimos: Financiamiento directo y accesible para implementar acciones desde los territorios. Reconocimiento de nuestros sistemas de monitoreo y protección de la biodiversidad. Participación plena y efectiva en la toma de decisiones. No hay conservación sin derechos. No hay biodiversidad sin territorios indígenas.
Entre los meses de marzo, abril y julio de 2024, el equipo técnico del Observatorio de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas -ODTPI, en compañía de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, realizaron un recorrido territorial en el departamento del Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villagarzón y Orito, con el objetivo de establecer un relacionamiento y articulación con cinco organizaciones indígenas en este departamento.
Las organizaciones fueron la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS), la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí (AMPII CANKE), Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón (ACIMVIP), las cuales representan y agrupan a comunidades de los pueblos indígenas Koreguaje, Cofán, Nasa, Inga, Murui, Siona, Kichwa, Embera y Awá.
La iniciativa del recorrido responde a que este departamento cuenta con el mayor número de solicitudes de formalización y protección de territorios indígenas, aunque esta en conocimiento de la administración, no hay mayores avances por parte de la institucionalidad agraria y buena parte de estas no están resueltas.
Como resultado del recorrido, el ODTPI realizó un informe denominado situación territorial de los Pueblos Indígenas en el departamento del Putumayo donde hace un análisis de contexto y se menciona la situación territorial en este departamento. Además, se realizó unas recomendaciones que permiten repensar e interpretar las problemáticas territoriales de los Pueblos Indígenas, analizando y explicando los factores que subyacen a los conflictos territoriales, presentes en la problemática por el derecho al territorio y el reconocimiento de la ancestralidad de los Pueblos Indígenas de Putumayo.
Gracias a este relacionamiento con las comunidades, se logró comprender la situación y el estado de la seguridad jurídica de los territorios en este departamento. Durante los espacios de interlocución se identificaron de manera preliminar algunos de los conflictos territoriales de los pueblos indígenas, al igual que las acciones y estrategias que las organizaciones indígenas han empleado para la búsqueda y materialización de sus derechos territoriales.
Los diálogos sostenidos posibilitaron conocer directamente de las organizaciones las condiciones territoriales en que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas. Se reconoció una serie de obstáculos que resultan ser transversales en los diferentes municipios del departamento, y que a raíz del trabajo desarrollado por la Secretería Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI, y el ODTPI, se identificó que son problemáticas comunes a nivel nacional; por un lado, lo que refiere a los obstáculos de los territorios que se encuentran en proceso de formalización, y por el otro, los que presentan aquellos territorios que aunque ya formalizados, siguen presentando situaciones que impiden a los pueblos el goce efectivo de sus derechos territoriales.
La incidencia realizada logró mejorar la capacidad de incidencia y conocimientos de las organizaciones sobre los procedimientos para la garantía de sus derechos y seguridad jurídica en materia territorial e identificar y responder al impulso de las solicitudes mediante la asesoría técnico-legal. No obstante, desde el ODTPI se espera que el acompañamiento pueda ser permanente e integral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico en el que se declara la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos del pueblo U’wa. Una decisión que ocurre después de treinta años de lucha por la justicia, caso en el cual la Comisión Nacional de Territorios Indígenas actuó como perito.
Con esta decisión se confirma la responsabilidad de Colombia por no proteger de manera efectiva los derechos ancestrales sobre el territorio del pueblo U’wa, en parte por permitir que allí se ejecuten actividades extractivistas y turísticas, sin realizar consulta previa, libre e informada, lo cual ha afectado el plan de vida de este pueblo, desde lo cultural, territorial y espiritual.
El fallo reconoce que “la cosmogonía U’wa se fundamenta en el permanente equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y su universo cósmico, de modo que la defensa del territorio ha sido una parte central de su identidad y modo de vida. Particularmente el Zizuma (nevado en castellano), constituye una fuente hídrica del territorio y un espacio de gran importancia cultural y espiritual del Pueblo U’wa”. Este equilibrio ha sido alterado de manera significativa por acciones que externos que rompieron la armonía del territorio.
En este caso, la CIDH analizó de manera particular siete proyectos extractivos, varios de ellos ejecutados dentro del resguardo U’wa. Además, se tomó en cuenta la afectación a los derechos por actos de violencia ejecutados por el Ejército Nacional y grupos armados ilegales que realizan sus acciones de control en su territorio.
Además, se encontró que a más de 23 años de la creación del resguardo hay una clara violación al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los estados a delimitar y titular los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Esto queda en evidencia en el traslape que existe entre el resguardo U’wa y el Parque Nacional Natural El Cocuy, lo que ha llevado a que los indígenas hayan solicitado el cierre del parque porque esta situación no les permite ejercer su autonomía.
Algunas de las decisiones más importantes de la CIDH frente a las obligaciones del Estado con el pueblo U’wa son las siguientes: Saneamiento integral del resguardo Unido U’wa y resguardo Kuita.
Involucrar al pueblo U’wa en la administración y conservación de la zona en la que se traslapa el resguardo con el Parque Nacional Natural El Cocuy.
Realizar proceso de participación para los proyectos extractivos vigentes y vigilar los que se encuentran en áreas cercanas al resguardo.
Realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por permitir la violación de los derechos del pueblo U’wa.
Reparar el daño generado a la participación en la vida cultural, la vida digna y la integridad personal de los miembros del Pueblo U’wa.
Esta es una decisión histórica, producto de años de luchas, que se puede convertir en un referente importante para los pueblos indígenas de América Latina que enfrentan una situación similar de violación sistemática de sus derechos ancestrales por parte de los estados.
La crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad han alcanzado niveles alarmantes y los Pueblos Indígenas del mundo, especialmente en Colombia, han decidido alzar su voz ante la comunidad internacional. Este llamado no solo busca preservar la naturaleza, sino también que se reconozca el papel esencial que ellos juegan en su cuidado. Además de que se comprenda que la única forma de asegurar un futuro sostenible para la humanidad es estableciendo una relación más profunda y respetuosa con la tierra, basada en sus conocimientos ancestrales y en la defensa de sus territorios.
Para los Pueblos Indígenas, la relación con la naturaleza es un principio fundamental; sus territorios son lugares de profunda conexión espiritual, cultural y ecológica. Sin embargo, estos han sido objeto de despojo y explotación por parte de políticas coloniales y extractivas. Hoy, se exige un reconocimiento integral de los derechos territoriales, pues solo a través de la protección de estos será posible restaurar el equilibrio del planeta.
La sabiduría indígena es otro de los pilares que que se destaca como esencial para enfrentar la crisis ecológica. Estos sistemas de conocimiento, que han sido transmitidos a lo largo de generaciones, están basados en una comprensión profunda de los ecosistemas y una relación respetuosa con la naturaleza. Integrarlos con las ciencias modernas no es solo una posibilidad, sino una necesidad urgente para lograr soluciones efectivas a los problemas ambientales. La visión indígena de la conservación no se limita a la protección de especies o áreas específicas, sino que contempla una gestión integral de los territorios, donde la biodiversidad, la cultura y el bienestar humano son elementos inseparables.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Marco Mundial de Biodiversidad, ofrecen herramientas clave para que los Pueblos Indígenas exijan el respeto de sus derechos. Estas iniciativas internacionales pueden y deben incluirlos como actores fundamentales en la lucha contra la crisis climática y en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, este reconocimiento no puede limitarse a simples formalidades, debe implicar un compromiso real con la autodeterminación y el respeto por los sistemas de conocimiento propios.
A la hora de implementar los compromisos internacionales en torno a la biodiversidad, los Pueblos Indígenas insisten en que las políticas no deben quedarse en planes abstractos o promesas incumplidas. Es necesario que se traduzcan en medidas concretas, respaldadas por recursos financieros y voluntad política.
Por esta razón, los acuerdos internacionales deben tener un enfoque que valore y respete a los Pueblos Indígenas como socios en la conservación. Esto incluye la asignación de recursos que fortalezcan las iniciativas locales y el apoyo a la implementación de proyectos que respeten los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Una parte fundamental de este reconocimiento es garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, especialmente aquellos que han sido despojados a lo largo de la historia. El Estado debe asumir la responsabilidad de proteger estos territorios, asegurando que las comunidades puedan seguir gestionándolos de acuerdo con sus tradiciones y sistemas de gobernanza. El reconocimiento de la posesión ancestral de estos territorios no solo implica la protección de su propiedad, sino también el respeto por el derecho a decidir sobre el manejo y uso de los recursos naturales. La restitución de territorios y la garantía de su conservación son pasos fundamentales para garantizar la autonomía y autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
El futuro de la biodiversidad, y por ende de la vida en la Tierra, depende en gran medida de una transformación en las relaciones entre los Pueblos Indígenas y el resto del mundo. Para que esto suceda, es imprescindible que las políticas internacionales y los compromisos globales incluyan de manera plena las voces y las perspectivas indígenas.
Es hora de que las naciones reconozcan que la defensa de los territorios indígenas es, en última instancia, la defensa del planeta. Solo trabajando juntos, en un marco de respeto y colaboración, podremos asegurar un futuro más armonioso y equilibrado para todas las formas de vida.
La COP16 debe definir cómo se evaluarán los avances en las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad. Se propone una evaluación global en 2026 y 2030, pero aún faltan acuerdos sobre indicadores y metodologías. Desde la CNTI exigimos que los sistemas de monitoreo incluyan indicadores bioculturales que reflejen y reconozcan los sistemas de conocimiento indígena. Los Pueblos Indígenas hemos desarrollado sistemas de monitoreo propios basados en el conocimiento ancestral y la observación de los ciclos naturales. Exigimos que estos sistemas sean reconocidos y financiados dentro del Marco Mundial de Monitoreo de la biodiversidad. Sin nuestra participación, los procesos de seguimiento serán incompletos y no reflejarán la realidad de los territorios.
