por CNTI | Ene 12, 2019 | Noticias
Falta de garantías para el ejercicio del derecho a exigir y defender nuestros territorios
En calidad de órgano asesor y coordinador de interlocución y concertación de carácter permanente entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas para los asuntos propios de nuestros derechos territoriales, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI creada por el Decreto 1397 de 1996 se permite denunciar y poner en conocimiento la actual y sistemática violación a los derechos a la vida e integridad de nuestras autoridades, líderes y lideresas. Esta situación de violencia se vincula y ve agravada con la brecha en el reconocimiento, la restitución y protección de los derechos sobre nuestros territorios, la cual no solo debilita el ejercicio de nuestra autonomía, sino además pone en riesgo nuestra pervivencia física y cultural.
Los Pueblos Indígenas hemos expresado y reafirmado nuestro indeclinable compromiso con el diálogo, la construcción de la paz en el país, y con ello nuestro apoyo al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y la ex guerrilla de las FARC, cuya firma celebramos con la esperanza de que sea este un aporte a esa paz en nuestros territorios. Hoy, sin embargo, los asesinatos y amenazas a nuestros líderes y lideresas continúan siendo no solo una constante, sino que actualmente son también un fuerte y fundado motivo de preocupación e incertidumbre para nuestros pueblos frente a la verdadera voluntad del Estado colombiano con el proceso de paz, la reparación a sus víctimas y la protección reforzada a los Pueblos Indígenas.
El escenario del posacuerdo es entonces ya un nuevo y agudizado capítulo de esta victimización y conflicto en los territorios. Tan solo entre los meses de agosto de 2016 – una vez incluido el Capitulo Étnico en el Acuerdo Final de Paz- y su posterior firma en el mes de noviembre del mismo año, fueron asesinados 9 líderes indígenas. Desde entonces puede afirmarse un crecimiento exponencial porque en 2017 asesinaron 39 indígenas (33%) y en 2018 se ha registrado hasta el momento el asesinato de 69 indígenas (59%), es decir, se registra una tasa de crecimiento del 77% de los casos reportados. Los Pueblos Indígenas que han sido más afectados por el incremento de la violencia son el Pueblo Nasa con el 37% de las víctimas, seguido por el Pueblo Awá con el 31% y la nación Emberá con el 20% de los casos.
Tal situación pone hoy de manifiesto la incapacidad del Estado colombiano para reconocer y enfrentar esta crisis humanitaria y la actual situación de violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas en términos de prevención, investigación de las estructuras armadas responsables y su respectiva sanción penal. La situación es de tal gravedad que las amenazas hoy vienen incorporando un precio a la vida de nuestras autoridades y comuneros (as) Indígenas, una situación favorecida por la impunidad que se alimenta de la indiferencia de las entidades y organismos responsables de la protección de nuestro derecho a la vida.
Esta victimización sistemática es clara y no debe haber lugar a dudas, sigue vinculándose estrechamente a la legítima exigencia de nuestros derechos territoriales, a su defensa en el marco de un modelo extractivo de desarrollo económico, ante la presencia y reconfiguración de actores armados y con ocasión del ejercicio de nuestra autonomía y control territorial.
Al respecto es preciso advertir sobre el rezago en la formalización de nuestros derechos territoriales que es factor subyacente y vinculado a nuestra victimización, el mismo se expresa hoy en el trámite inconcluso de cerca de 934 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, los nulos avances de cerca de 124 solicitudes para la protección de la posesión sobre nuestros territorios ancestrales y los irrisorios resultados en la restitución de los territorios despojados por el conflicto.
Por esta razón, las Organizaciones Indígenas de la CNTI expresamos nuestro rechazo ante el silencio e impunidad como respuesta del Estado colombiano ante el genocidio que están viviendo nuevamente los Pueblos Indígenas en Colombia y hoy en un contexto de paz. Por ello hacemos un llamado concreto para que se convoquen a todos los espacios nacionales de concertación con los Pueblos Indígenas y el alto nivel del Gobierno Nacional para que se discutan y adopten medidas estructurales sobre la prevención, protección y justicia, que permitan enfrentar la situación de violencia en nuestros territorios.
“El llamado a la posición es a mantenernos, si nos vamos a mantener como territorio, si vamos a ser fuertes debemos empezar por ahí, no tolerando que nos sigan matando (…) el llamado puntual es avanzamos más y enfatizamos más en el control territorial (…) yo creo que ese es el llamado, y que no nos de miedo […] Sin ningún interés podemos dar la vida por el territorio.”
por CNTI | Oct 16, 2018 | Noticias
El proceso de constitución y titulación de los resguardos Awia Tuparro con 146.877 hectáreas para el pueblo Sikuani y Nacuanedorro con 96.038 hectáreas para el pueblo Mapayerri, son una realidad.
Hace más de 19 años el Pueblo Mapayerri inició su lucha por la constitución y titulación de su territorio ancestral en Nacuanedorro, ubicado al sur oriente del municipio de Cumaribo – Vichada, inspección Santa Rita. Hoy la comunidad se encuentra conformada por apenas 70 personas en riesgo de extinción física y cultural y ha transformado su esencia nómada, como consecuencia del intercambio cultural y los conflictos territoriales con comunidades sedentarias, colonos, actores armados y económicos.
En 1999 inició el proceso para la constitución y titulación de su resguardo. Un proceso que ha concluido a pesar de las dificultades administrativas presentes en el mismo, de que la Corte Constitucional les reconociera el derecho como grupo étnico a la propiedad colectiva para su pervivencia, el goce efectivo de sus derechos territoriales, la identidad cultural, la autodeterminación, la vida digna, al debido proceso y de que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio dictaminara medidas cautelares para la protección de su territorio.
A la resistencia de los Mapayerri se unió la comunidad indígena vecina de Awia Tuparro del pueblo Sikuani, con la que mantienen contacto directo y de intercambio económico. La cercanía de estos dos pueblos los llevó a solicitar ante la Alcaldía de Cumaribo la constitución del resguardo interétnico Marimba Tuparro, que incluía a Nacuanedorro y a los predios que pretendían constituir los Sikuani.
Camino a la constitución y titulación
Entre los años 2008 y 2012 se realizaron diferentes acciones para impulsar el proceso, entre ellas reuniones interinstitucionales y la priorización de este proceso en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y las demás organizaciones indígenas con asiento en la misma. Todas ellas sin resultado. En el año 2013 por primera vez la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reconoció las dilaciones injustificadas y ordenó al INCODER culminar dentro de seis meses el proceso de reconocimiento del resguardo Marimba Tuparro. Decisión que fue confirmada ese mismo año por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Corte Constitucional se pronunció cinco veces a favor de los Mapayerri en las sentencias T-379 de 2014, c, T-213 de 2016, T-110 de 2016 y el auto 266 de 2017. Después de cuatro años de la primera decisión, aparecieron nuevas dilaciones que buscan la separación de los expedientes Awia Tuparro del pueblo Sikuani y Nacuanedorro del pueblo Mapayerri, considerando que una titulación de resguardo interétnico puede ser perjudicial para la identidad cultural de la segunda comunidad.
En el año 2017 la Agencia Nacional de Tierras solicitó un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya que los terrenos se traslapaban en gran medida con una zona de explotación de recursos minero energéticos. A pesar de que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Vichada emitiera la certificación de falta de registro sobre los predios donde se construyeron los resguardos que jurídicamente se entienden como tierras baldías, para la cosmovisión de los pueblos indígenas en Colombia no existe tal término ya que estos terrenos han sido heredados por sus antepasados y hacen parte del territorio ancestral étnico de sus comunidades.
Después de que se identifican como baldíos, inician diálogos interinstitucionales entre Parques Nacionales Naturales, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Ambiente y Ministerio del Interior para unificar criterios legales en la constitución de los resguardos, acciones que dilataron el proceso 1 año más.
En el año 2018 el Ministerio del Interior, Parques Nacionales Naturales y Ministerio de Ambiente emiten pronunciamientos indicando que no era necesaria la identificación previa a la legalización de los territorios de estos pueblos como baldíos, como sostuvo la Agencia Nacional de Tierras debido a que los pueblos Sikuani y Mapayerri ejercían derechos sobre ese territorio ancestral y por el contrario esta interpretación resultaba contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así pues, a finales del mes de Julio el Consejo directivo de la ANT aprobó la constitución y legalización de los resguardos Awia Tuparro con 146.877 hectáreas para el pueblo Sikuani y el resguardo de Nacuanedorro con 96.038 hectáreas para el pueblo Mapayerri.
Por otra parte, en el marco de las sesiones de la CNTI de 2017 – 2018 se celebraron varios acuerdos, entre estos uno que busca la no aplicación del Decreto 1858 de 2015 ya que este representa una interpretación restrictiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otro que vincula a la articulación de las dependencias de la ANT para agilizar los procedimientos. A la fecha, ninguno de los dos acuerdos ha sido cumplido.
Como Secretaria Técnica de la CNTI, celebramos la constitución de los resguardos Awia Tuparro y Nacuanedorro. Continuaremos en nuestro quehacer por la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia.
